Gigante con pies de barro.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp 

En las anteriores entregas hemos analizado, por supuesto como campo abierto al debate, el funcionamiento inapropiado de los cinco Poderes Públicos constitucionales. Esa distorsión  imposibilita el cabal cumplimiento en la ejecución de los actos atribuidos a cada uno de ellos, ya sean instados por algún ciudadano o por requerimiento de un dispositivo legal, lo que a su vez acumula puntos para la eventual pérdida del estado de Derecho, como norte de todo sistema político.

Esos cinco poderes, en principio, sólo son controlables  entre ellos mismos y operan dentro del espacio geográfico que se corresponde con el ocupado por la Capitanía General de Venezuela, antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, donde habita un grupo de ciudadanos algunos en diáspora, cuyo reconocimiento y calificación son celosamente aceptados  en el propio texto constitucional. La suma de los tres elementos  conforma la República Bolivariana  de Venezuela, que es un Estado federal y descentralizado.

Si el sistema de autocontrol en cada uno de los Poderes y el control recíproco dejaran de funcionar, debemos intervenir todos y cada uno de nosotros, en conjunto como  pueblo, porque  así tenemos superior jerarquía ya que no podemos ser deslegitimados ni variar nuestra finalidad teleológica. Lo contrario implica la disolución del Estado lo que, de hecho y de Derecho,  no es fácil que pueda suceder.

En efecto, en el pueblo reside  el poder político supremo, es decir, la soberanía y es custodio de los principios, valores y bienes inmateriales, que constituyen la Nación venezolana, que es el mismo Estado, pero agregándole nuestra idiosincrasia, cultura, folklore, costumbres, idioma, dialectos.

El problema de esta instancia superior es su naturaleza etérea. No tiene un órgano que permita su actuación directa ni se rige por una cadena de mando. Los medios de participación y protagonismo expresamente admitidos  para su ejercicio en la práctica, son la elección de cargos públicos; el referéndum; la consulta popular; la revocatoria del mandato; la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente; el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos.

Cabe entonces  preguntar cómo podemos intervenir? No es un secreto para nadie que la postulación por iniciativa propia a algún cargo de elección popular, tiene muy pocas por no decir ninguna posibilidad de éxito, porque el mecanismo electoral está concebido para partidos políticos y, estos han sido en su mayoría intervenidos por órdenes del Poder Judicial; las opiniones populares que puedan surgir de las consultas a través de los cabildos o asambleas de ciudadanos, son difíciles de enrumbar y de hacerlas cumplir por los órganos visibles del Estado; la revocatoria del mandato ha sido torpedeada de manera firme por tribunales incompetentes y de inferior jerarquía, cuyas decisiones sin obstáculo alguno cumple el CNE. Capítulo aparte de analizar, es la iniciativa constituyente de 2017, que comenzó sin la formalidad de la convocatoria popular  y concluyó sin cumplir el mandato “de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico ni redactar una nueva Constitución”.

Hasta la capacidad de protestar pacíficamente y sin armas ha sido morigerada, con base a algunas sentencias de la Sala Constitucional que impuso, más allá de sus capacidades y competencias, unos requisitos abiertamente contrarios al principio programático de la carta suprema.

Estas realidades concretas hacen del Poder Popular un gigante con pies de barro, lo que  obliga a materializarlo.

El presidente Chávez trató de hacerlo en su propio provecho, proponiendo una reforma constitucional que entre otras decisiones suponía una “nueva geometría del poder”, constituyendo a la ciudad como unidad política primaria en la organización territorial nacional. La ciudad, a su vez, estaría integrada por comunas, definidas como células sociales del territorio y núcleo del “Estado Socialista venezolano”.

A partir de las comunas se desarrollaría el Poder Popular, constituyéndose la Ciudad Comunal, que se daría un autogobierno siempre dependiente de Decreto del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. El primer gran problema que debió enfrentar el presidente Chávez, fue que el pueblo de Venezuela se negó a  reformar  la Constitución  en consulta referendaria en el año 2007. Dos años más tarde fue propuesta nuevamente, esta vez bajo la figura de una enmienda improcedente, porque ella es una de las categorías previstas como Reforma Constitucional, según el Título IX de la CN1999 y no puede proponerse por más de una vez en el mismo período.

Sin embargo, sentencia del 03 de febrero del 2009 (Expediente N° 2008-001617) de Sala Constitucional, al analizar algunos dispositivos sometidos al recurso de interpretación, permitió el nuevo referéndum que esta vez le fue favorable, porque según la Sala “es necesario destacar que la Constitución de 1999 presenta una clara tendencia hacia el fortalecimiento de medios democráticos de participación ciudadana”, principio que no ha sido constante para interpretar la consulta sobre referendo revocatorio.

Poco tiempo después se conoció la enfermedad del presidente Chávez, a postre mortal, y con él la ausencia de un robusto liderazgo para abanderar la implantación del Poder Popular mediante el Estado Comunal. No obstante el 21 de febrero del 2010, en Gaceta Oficial N° 6.011, fue publicada la Ley Orgánica del Poder Popular, aunque su existencia no está contemplada constitucionalmente dentro de la estructura del Poder Público, el cual se divide en forma vertical  en Municipal, Estadal y Nacional (artículo 136 CN1999), siendo los municipios la unidad política primaria (artículo 168 ejusdem).

Hoy, entiendo que se agregarían varios problemas adicionales para la creación de un Estado Comunal como hilo conductor del Poder Popular: el electorado que sostiene al oficialismo está diezmado en extremo, lo que no garantiza el ejercicio del poder desde la base; la idea de un Estado democrático regido por un gobierno diferente al electivo, descentralizado, alternativo y revocable impuesto por el artículo 6 CN1999, alejaría las ansiadas y fundamentales inversiones, además sería obsceno plantearse una nueva reforma constitucional, porque la recién extinguida Asamblea Nacional  consideró que la  Constitución vigente, está perfectamente habilitada para regir la vida nacional.

Por todas las circunstancias analizadas es de concluir que el Poder Popular descrito en nuestro sistema constitucional y legal, sigue siendo un gigante con pies de barro, pero que  el pueblo de Venezuela tiene que hacerlo valer, a través de la propia Constitución y aun en contra de la resistencia de los Poderes en función, fundamentalmente concurriendo a los actos electorales, además ideando otros episodios legítimos como hacer miles de asambleas de ciudadanos, al mismo tiempo a lo largo y ancho del territorio nacional. De inmediato estas asambleas y cabildos abiertos deben ser para impedir el nuevo embate del gobierno tratando propulsar ciudades comunales, expresamente negadas por el pueblo venezolano en el 2007.

Decía  Mahatma Gandhi, líder de la resistencia pacífica que para imponer acciones fructíferas, sólo se requiere “la fuerza de la confianza en sí mismo, valentía y tenacidad”.  Tenemos concretamente en nuestras manos, la posibilidad de accionar el referendo revocatorio, como forma de ejercer el Poder Popular y nuclear al pueblo de Venezuela en su verdadero deseo, que es salir de este gobierno por caminos pacíficos. Habrá dificultades para ello, unas conocidas y otras que impondrán las autoridades, claro que sí, pero se puede romper ese cerco, con confianza, unidad, valentía y tenacidad. Dios bendiga a Venezuela! 

jesusjimenezperaza@gmail.com

18/03/2021.