Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
En
Venezuela estamos viviendo momentos de mucha angustia. Nos estamos desdibujando
como nación y alejando, peligrosamente, de los cauces normales que en lo
personal y en lo jurídico nos permitirían vivir en paz, con posibilidad de alcanzar los bienes y servicios
necesarios dentro de los estándares universalmente aprobados.
Sin
adentrarnos en las causas remotas de la anormalidad que nos acogota, porque
realmente que son muchos los factores a considerar, algunos resabios de nuestra formación como república
y otros por la tradicional e inapropiada dirección desde el Estado, donde se ha
implantado un modelo que el Dr. Eduardo Fernández, evocando al Dr Mario Briceño
Iragorry, ha bautizado como la traición de los mejores, permitiendo
que una clase profesional, bien formada académica y éticamente, hayan huido del
ejercicio de los cargos públicos,
dejándolos en consecuencia, en manos inexpertas y corruptas, salvo las
excepciones que por ser minoritarias no han logrado, al menos la compensación
para establecer regímenes que nos permitan un desarrollo armónico.
La
anomalía y distorsión de la venezolanidad en su expresión más pura, la
apreciamos fácilmente con la interrupción atípica del período constitucional y
la asunción extranjera en la gerencia en minas e hidrocarburos, pero como el gobierno ciertamente no ha
demostrado su legitimidad de origen y de desempeño, lo justificamos. Pues no,
las dos conductas están mal. Debemos
exigir que los venezolanos podamos elegir un gobierno democrático con la
urgencia que requiere la normalidad perdida, y por otra parte, que podamos
administrar nuestros recursos, bajo la rectoría de los mejores venezolanos, de
los más capaces.
Este es el mismo panorama en el Poder Judicial. Con la reforma constitucional en 1999 se juró, como propósito de enmienda al implantar un nuevo sistema de justicia, en el cual por cierto se incluyó a los abogados autorizados para el ejercicio, con ingreso impoluto a la carrera judicial mediante el sistema de concursos de oposición públicos, que si bien se reconocía no es perfecto, garantizaría la idoneidad y excelencia. Además con la profesionalización de los jurisdicentes se les exigiría responsabilidad, dentro de las previsiones de ley, por error, retardo u omisiones injustificadas.
Los
procesos judiciales, que materializan la actuación de jueces y abogados,
también serían debidamente controlados de manera de constituirlos en
instrumentos fundamentales para la realización de la justicia, por la celeridad
y gratuidad.
Después
de veintisiete años no hemos obtenido resultados satisfactorios, al contrario,
desmejoramos. Lo peor es que el Judicial continúa siendo un Poder Público
cenicienta. No podemos esperar que se reformen los entuertos del Ejecutivo y
del Legislativo para que empiecen a orientar las reformas del Judicial.
Es
necesario comenzar de una vez con los jueces, escogiéndolos en un régimen de
transitoriedad auténtica, no como tradicionalmente se hace que lo temporal se
torna permanente. Pero en estos tiempos atípicos debemos tener urgentemente un Poder
Judicial lo más cercano a la perfección, para que ellos sean el instrumento
para la institucionalización de Venezuela.
Se
puede crear un Comité de Postulaciones ad hoc, con los mejores representantes
de los diferentes sectores de la sociedad, aplicando variantes necesarias y
acordadas en los dispositivos constitucionales y legales, para entrar de una
vez en los correctivos. Empecemos. Dios bendiga a Venezuela!
15/03/2026.
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