Cada quien con su responsabilidad!

 Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

            Estamos transitando por una de las etapas más importantes en nuestra historia republicana, puesto no existen normas pertinentes de Derecho Público  que deban regir la coyuntura política vernácula en lo sucesivo.

            Tradicionalmente se debate sobre los hechos,  descubrimientos o  los inventos básicos para la humanidad. Algunos hablan de  la rueda  o del fuego, porque abrieron la posibilidad de desarrollar actividades y construir obras útiles imposibles de ejecutar sin su existencia. Para otros es la penicilina, o el motor. Obviamente cada circunstancia histórica, hallazgo o invención tiene valor intrínseco y colectivo, que evaluamos según nuestro oficio o actividad. Pienso que si bien no es el prioritario, un hecho fundamental lo determina la metódica recopilación de las normas jurídicas, porque es lo que más contribuye para la convivencia pacífica.

            La codificación no respondió a una decisión única y aislada, aunque se atribuye a Justiniano, quien la ordenó naciendo así el Derecho Romano, origen remoto de nuestras ciencias jurídicas. Hasta entonces solo había  normas sueltas que pasaron a formar parte del Corpus Iuris Civililis, a su vez integrado por leyes que  clasificamos como privadas, otras imperiales o públicas  y por compendios como el Digesto y las Enseñanzas.

El Derecho es hoy el regente de la vida humana que trata de igualar a  pobres y ricos; a poderosos y débiles; a patronos y trabajadores; al Estado, los administrados y las sociedades intermedias. Por eso, la  solución a problemas de cualquier magnitud debe buscarse primero en la norma escrita, con subsidiaria aplicación de las demás fuentes del Derecho.

            Hoy 03 de julio de 2026 se inicia en Venezuela una etapa que debemos calificar como  falta absoluta del Presidente de la República, reduciendo la apreciación únicamente bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1999, por las circunstancias que detallé en mi escrito anterior inserto en este blog.

            No es un hecho inédito, ya lo vivimos el 05 marzo del 2013 fecha oficial del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Pero a diferencia de la actual, se aceptó en aquella oportunidad, aunque con algunas discrepancias afortunadamente superadas, el inicio de 30 días que determina para esos casos la ley Suprema, dentro de los cuales se debe realizar la elección del nuevo Presidente de la República.

            Debido fundamentalmente a una interpretación opaca y apresurada de la Sala Constitucional en fecha 03 de enero del 2026, se acogió la tesis de la existencia de una Jefatura Interina del jefe del Estado, no prevista expresamente en la CN1999 que solo impone las faltas absolutas y las faltas temporales, como residuo, es decir, cualquier otra razón que no conforme el listado de las absolutas previstas en el artículo 233 de la Constitución.

            La imprevisión legal debería cubrirla la propia Sala Constitucional, llamada a suplir las lagunas y falta de leyes o actos de los Poderes Públicos, pero desgraciadamente se adelantó sentenciando sobre hechos que tenían previsión y solución escrita y aplicables, para la fecha de la decisión.

Correspondería entonces que una nueva Sala constituida con los suplentes decidiera, pero muchas circunstancias más que todo de corte político, lo impiden.

             De manera que debe buscarse un método determinado por el liderazgo nacional, conjuntamente  entre el oficialismo y la oposición, aplicando la lógica, sobreponiendo los intereses colectivos por encima de los grupales, para salir lo mejor posible del caos jurídico y de hecho en el cual nos encontramos.

            Lejos de buscar puntos de convergencia, el gobierno insiste en la existencia de la presidencia interina, mientras el sector opositor vario pinto,  en el llamado a desconocer lo establecido, sin determinar apropiadamente la forma y órgano que deba ejercer en el futuro inmediato, la conducción del Estado.

Sin acuerdos mínimos ambos  están fomentando la apertura de una caja de Pandora con consecuencias imprevistas, sobre todo en unas circunstancias complejas signadas por los terremotos, como catástrofe natural; por el hecho cierto del tutelaje extranjero y el impropio manejo de la situación por el gobierno nacional.

He leído diferentes criterios aupando la creación de una Junta o la designación de un presidente (a) ad hoc por diferentes personas o instituciones. Lógicamente ninguno produciría fruto debido,  si no hay un acuerdo entre las partes. Pero el tema es que esa salida no tiene cabida legal, menos constitucional.

Es mi opinión que si el Consejo Nacional Electoral, como órgano y jerarquía de Poder Público independiente, no dicta un acto convocando a elecciones presidenciales en lapso determinado, o la Sala Constitucional reconstituida no dicta una decisión apropiada, considerando los entuertos en los cuales nos conseguimos y si la oposición organizada no hace un llamado a la cordura, deberán correr todos y cada uno con su responsabilidad ante la historia y su propia conciencia. Deberán tener en consideración que soltar demonios no es tan difícil, lo complicado es recogerlos.

La situación del país debe anclarse en lo que más se aproxime a la constitucionalidad, si ésta no es posible. Debe ser pacíficamente aceptada la continuidad de la Dra. Delcy Rodríguez, en el ejercicio interino de la Presidencia de la República, durante el segmento fijado por el Consejo Nacional Electoral. No sé si quienes la desconocen y están asomando la falta absoluta a partir de hoy, entienden que están reconociendo su ejercicio y solo la cuestionan hacia el futuro.  

Las elecciones presidenciales con participación abierta, sin inhabilitaciones, puede ser perfectamente convocada para ser celebradas en el término de seis (6) meses. Este no es lapso caprichoso puesto está legalmente establecido como mínimo en nuestras leyes electorales para modificar las normas que deben regir el proceso en curso.  Esta es una salida legal y con toda seguridad va a tranquilizar al país nacional. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

03/07/2026.

Después del 3 de julio qué?

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

Me planteo si es oportuno y pertinente conversar sobre temas electorales en estos momentos aciagos que vive el país. Creo que sí,  en medio de la tragedia vemos lo desorientada que se encuentra nuestra dirigencia oficial, incluso para lo más inmediato como el rescate de los numerosos fallecidos y heridos, con una infraestructura destruida e inoperativa por el paso del tiempo y la desidia. Dependemos de la ayuda extranjera, de manera que se hace indispensable tener claro cuándo será la sustitución del actual por un gobierno fuerte y legitimado, que imponga autoridad, que participe en  la comunidad internacional entre pares y no como súbditos.

Mi comentario es exclusivamente como abogado basado en el texto constitucional. Entiendo que excepcionalmente los órganos competentes del Estado deberán extender plazos y suavizar condiciones, pero que en el pueblo llano entendamos que vamos en la vía lentos pero seguros, que podamos ir recorriendo caminos a la par de enterrar dolores y pasado. Dios Bendiga a Venezuela!

  El próximo 03 de julio del 2026 se cumple el lapso máximo previsto en la CN1999 para decidir las consecuencias que debe producir, conforme al texto escrito,  la evidente ausencia del Presidente de la República, quien como es público, notorio y comunicacional no se encuentra en territorio nacional desde ese día, bien sea por circunstancias que puedan calificarse como  falta absoluta (artículo 233) o como falta temporal  (artículo 234), que son las únicas definidas en la carta magna.

            Antes de exponer mi criterio sobre la tipificación de cada una de ellas es necesario precisar la actuación de la Sala Constitucional, que en la misma fecha dictó una sentencia (Expediente 26-0001), donde dice actuar “en cumplimiento de la atribución conferida por el artículo 335 de la CRBV como máximo y último intérprete de la Constitución”, lo que le sirvió de fundamento para basar su competencia y, proceder de oficio “a interpretar los preceptos constitucionales aplicables”, relacionados con los hechos acontecidos ese día  “a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación,  ante la ausencia forzosa del Presidente de la República, a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de su función” (comillas y cursivas son copia textual de la sentencia).

En primer lugar, creo que la potestad como máximo y último intérprete de la Constitución corresponde a Sala Plena, aunque por reiteración jurisprudencial la Sala Constitucional es quien ha ejercido como tal.

En efecto, el artículo 262 de la CN1999 dice textualmente “El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica. La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores”. Claramente la norma transcrita prevé la existencia de  dos cuerpos distintos: la Sala Plena y el conjunto de las otras seis Salas, que incluye  la Constitucional.

El artículo 335 de la CN1999 impone  que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo y último intérprete de la Constitución y debe velar por  su uniforme interpretación y aplicación.  Esto implica que tan delicada misión corresponde (según la Constitución) a la Sala Plena.  

Como competencia exclusiva de la Sala Constitucional enumera el artículo 336 CN1999: declarar la nulidad total o parcial de las leyes y actos con rango de ley nacional, de los estados y municipios; verificar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de los estados de excepción; controlar la constitucionalidad por omisión de los poderes (en sentido vertical) del Estado; resolver las colisiones entre disposiciones legales y las que se susciten entre los órganos del Poder Público y; revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley orgánica respectiva

Esta potestad de revisión la ha desarrollado la Sala Constitucional también por vía jurisprudencial,  con la finalidad de uniformar criterios constitucionales, así como evitar decisiones que lesionen los derechos y garantías que consagran la Carta Magna  (cf. Sents. 44/2000; 1760/2001 y 1862/2001).

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2004, cambió el mandato de la Ley Suprema,  confiriendo potestad a Sala Plena solo para determinar el mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República y otros altos funcionarios. La Ley del 2010 mantiene estas competencias, agregando resolver los conflictos negativos de competencia planteados entre los tribunales, cuando no tengan un superior común y otros temas que puedan ser expresamente señalados en las leyes, las cuales se mantienen igual en la reforma del 2022 y la última del 2026.

            Ahora bien, siendo pacífica y reiterada la interpretación sobre la referida competencia de Sala Constitucional, establecida por sentencias aunque reitero, no en la letra constitucional, debemos admitir que esta se pronunció la misma mañana del día 3 de enero siendo competente pero sin que se hubiese producido vacío alguno en el ejercicio del más alto cargo ejecutivo, porque el artículo 234 CN1999, el mismo que dice interpretar, determina sin duda alguna que las ausencias temporales del Presidente de la República las suple el Vicepresidente Ejecutivo, hasta por noventa días, que se cumplieron inexorablemente el 03 de abril  del 2026.

            Del texto de la sentencia se deduce que la Sala interpretó la falta como temporal cuando asienta:

“Por lo expuesto precedentemente, esta Sala estima existen elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del Presidente, contemplada genéricamente en el artículo 234 de la CRBV, y estima igualmente esta Sala que la Constitución en su artículo 239.8 atribuye al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del Presidente” (subrayado y negrillas, nuestras)

            Como quiera que la Sala se fundamenta en el artículo 234 CN que regula  las faltas temporales y en el artículo 239, ordinal 8° eiusdem, que a la letra dice: “Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo  o Vicepresidenta Ejecutiva…8°. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República”, es porque la Sala califica de esa manera la ausencia aunque hace algunos comentarios adicionales.

            Siendo que corresponde a la Vicepresidente suplir automáticamente y por expreso mandato constitucional las faltas temporales del Presidente de la República,  no era “necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta”.

            Era impertinente en una causa que se inició de oficio y sin aportes probatorios (porque no se analizan en la sentencia) calificar los hechos  de “agresión militar extranjera” y “el secuestro del Presidente Nicolás Maduro Moros”, que por cierto, posteriormente han resultado incompatibles con los acuerdos y políticas mutuas seguidas por la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de América, durante los meses subsiguientes.

            En el dispositivo principal de la sentencia  “Se ORDENA que la ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ASUMA Y  EJERZA  en condición de ENCARGADA todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”.

            El carácter de ENCARGADA que asume la Vicepresidente, si bien no se menciona expresamente en la faltas temporales si lo asienta el artículo 233 CN, segundo aparte, al regular las faltas absolutas, imponiendo: “….Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se ENCARGARÁ de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo…”.

            La suplencia ejercida por la Vicepresidente conforme al artículo 234 CN1999 es “hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”. El texto expreso implica que el día 03 de abril del 2026 debió la Asamblea pronunciarse al respecto, pero nada decidió el Parlamento lo que hacía operativo lo dispuesto en el artículo 336.7 de la Constitución, o sea, que la Sala Constitucional declarara  la inconstitucionalidad del Poder Legislativo Nacional por haber omitido dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley Suprema. No lo hizo porque ya se había pronunciado en forma anticipada, como analizamos.

            La falta de pronunciamiento tanto de la Asamblea Nacional como de la Sala Constitucional el día 03 de abril, produce el hecho cierto indicado en el  único aparte del artículo 234 de la Constitución, o sea, la prórroga de la falta temporal por noventa días consecutivos (hasta el 03 de julio del 2026), entendiéndose que la falta temporal se hizo absoluta, lo que conforme al segundo aparte del artículo 233 CN implica, por haber ocurrido dentro de los primeros cuatro años del período constitucional,   se proceda “a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

            El 03 de julio del 2026 se agotarán los lapsos constitucionales previstos de manera expresa, por lo que debe el Consejo Nacional Electoral proceder a la convocatoria para “una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. No tengo dudas que se trata de un segmento temporal muy corto e imposible de cumplir,  porque se requiere de una serie de actos previos para una elección ajustada a Derecho, por lo que la máxima autoridad electoral deberá dictar un acto debidamente motivado fijando uno apropiado, el cual por supuesto podrá ser sujeto a impugnaciones ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

            De no cumplir el órgano electoral competente con la convocatoria, deberá la Sala Constitucional ante la omisión, decidir lo pertinente llenando el vacío legal. Sin embargo, como quiera que los miembros de la Sala Constitucional se pronunciaron previamente, habrán de inhibirse y conformar una Sala con las pautas de los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

            El procedimiento no es fácil ni rápido, tiene varios baches en el camino, pero es lo previsto y por ende, el pertinente.

            Solo creo que debo agregar ante la afirmación de un connotado jurista hace algunos días en RRSS, que no es posible que la actual Vicepresidente trate de alargar la arruga para llegar al último bienio del período, de manera de mantenerse encargada de la Presidencia de la República y seguir en ejercicio del cargo hasta el vencimiento del mismo. Eso lo prevé el último aparte del artículo 233CN1999 cuando “la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional”. En este caso concreto la ausencia se produjo antes, durante los cuatro primeros años, por lo que el procedimiento es el analizado.

jesusjimenezperaza@gmail.com

29/06/2026.

 

Funcionamiento de la Sala Constitucional es tema obligado.

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

El Dr. Ramón Escovar León ha publicado algunos videos relacionados con decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, llamando la atención sobre sus constantes cambios de criterios, no obstante lo cuidadosa que debería ser ante la altísima función de garantizar la supremacía  y efectividad de las normas y principios constitucionales, ser el máximo intérprete de la carta magna y guardián en su aplicación. Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento del profesor Escovar León.

            Desde su creación y primeras actuaciones, dicha Sala  ha exagerado su naturaleza orgánica, que denomina máxima expresión de la jurisdicción constitucional. Así  sintió en el año 2000 la necesidad de adaptar el recurso de Amparo a la nueva CN1999, pero no ha mantenido un criterio uniforme en segmentos importantes de este procedimiento, como lo es el desacato.

            En el 2002 estableció las condiciones para declarar el desacato, el cual  debía ser decidido y ejecutado por el Tribunal  de la causa, quedando a salvo las defensas recursorias. En el 2014, ante un politizado amparo que involucraba a dos alcaldes, impuso la ejecución per saltum, de manera que debía ser decidido pero no ejecutado sin autorización de la Sala. En el 2019 pidió que los tribunales de Instancia le renviaran previamente el caso antes de decidir y actualmente volvió al criterio del 2014. En todos los casos la tesis la impone como de obligatorio acatamiento.

            El desacato es un tema importante cuya procedencia y sanción merecen  consolidación jurisprudencial, aunque el concepto tiene fuente doctrinaria más que legislativa. Inicialmente se tenía como una forma de advertir a la sociedad, estimulando la obediencia a las órdenes y sentencias que emanan de la potestad del Estado, por ser estos elementos fundamentales para la convivencia.

            La interpretación del  la separación de los poderes, vital en el sistema democrático, tampoco ha sido precisado por la Sala. Este principio nace también como criterio político, planteado en el siglo XVIII por Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu en su inmortal obra “El espíritu de las leyes”, dentro del marco de la existencia de tres sistemas de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico.

En el primero, el poder se distribuye entre los ciudadanos, pudiendo a su vez clasificarse en  democrático cuando lo ejerce por igual todo el pueblo o, aristocrático donde corresponde a la clase social más favorecida. En el segundo, el gobierno absoluto corresponde al  rey, quien gobierna  mediante leyes que él mismo dicta y aplica unilateralmente y, el tercero, es igual al monárquico pero sin leyes preestablecidas. Estas ideas de Montesquieu inspiraron las Constituciones de Inglaterra, de Estados Unidos y, por supuesto la Revolución Francesa, movimiento que dio al traste con el absolutismo.

          La magistrada Luisa Estela Morales (ver Expediente N° 07-1607, sentencia 28/11/07), quien más tarde en declaraciones de prensa morigeró la existencia de la separación de poderes, actuando como ponente en el caso de una acción  popular de inconstitucionalidad contra el proyecto de reforma de la CN1999 propuesta por el presidente Hugo Chávez, analizó el control jurisdiccional en la actividad del Estado como principio universal, “que responde a la visión contemporánea del principio de separación de poderes”, el cual comporta la noción de control del ejercicio del Poder Público, para asegurar la sujeción del obrar del Estado a reglas y fundamentos del Derecho, destinado a hacer efectiva la sujeción de los órganos del Poder Público al bloque de la constitucionalidad.

          En las sentencias de los días 15 y 22 de marzo de 2022 (Expedientes 2022-00182 y 2022-00209) la  Sala Constitucional declara sin lugar las demandas de nulidad de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia de enero de ese año, intentada por los doctores José González Puerta y Pedro Rondón Haaz,  negando la procedencia del vicio delatado por los referidos juristas, en el sentido que la ley violenta el principio democrático de la separación de los poderes, cuando se arrebata por parte de la Asamblea Nacional, la potestad del Tribunal Supremo de Justicia de designar al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela de la Magistratura (artículos 81 y 83 de la Ley del TSJ).

          Sostuvo la Sala en relación a este vicio específico, que el principio orgánico dogmático de la separación de poderes trasciende la concepción monopólica, que en sus orígenes tuvo justificación en la idea de evitar tanto el despotismo legislativo como el absolutismo ejecutivo y pasó a recoger la noción de colaboración. Recurre el tribunal colegiado a proyectar la idea que en la actualidad se impone es el principio de la colaboración de los Poderes, confiriendo operatividad al Estado para servir a la comunidad.

            En ambas sentencias textualmente  se dice: “De este modo, se abrieron paso sendas fórmulas de colaboración de poderes, una basada en lo que Loewenstein (Teoría de la Constitución. Barcelona. 1965. P. 132) denomina la interdependencia por coordinación, la cual supone la existencia de puntos de contacto conforme a los cuales el desarrollo de una función determinada, demanda cooperación de al menos dos poderes del Estado, ….”. La segunda fórmula la explica la sentencia en el hecho que la distribución del Ius Imperio, sin que las funciones del Estado se atribuyan de manera exclusiva a cada una de las ramas del poder, ellas ejercerán sus funciones naturales siempre que tenga atribuida la competencia por disposición normativa.

            Karl Loewenstein, en la obra que cita la sentencia lo expone claramente, señalando  que ha sido Thomas Jefferson, quien entendió en la forma más adecuada el principio de la separación de los poderes, cuando en las Notas del Estado de Virginia escribió: “Un despotismo electivo no fue el gobierno por el que luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese solo fundado por los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes del gobierno estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ninguno pudiese trascender sus límites legales, sin ser efectivamente controlado y restringido por los otros”.

La verdad no alcanzo a entender a cabalidad cual es la orientación de la Sala al exponer estas fórmulas de las cuales, en ninguna forma, implican la negación del principio de la separación de los distintos poderes del Estado y ambas concluyen en lo mismo: Cada rama del poder público tiene sus propias funciones, pero todas deben colaborar entre sí para evitar que uno neutralice al otro.

          En esta materia la CN1999 deja poco margen a una interpretación más allá de la meramente gramatical puesto es muy clara al respecto, cuando en el artículo 136 in fine,  repite lo dispuesto en el artículo 118 de la CN1961, en el sentido que “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

Desde nuestra primera Constitución, denominada  Federal de los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811, fue impuesto sin ninguna duda los principios de  la separación de poderes y el de la colaboración mutua,  cuando sancionó el artículo 189, en los siguientes términos: “Los tres departamentos esenciales del Gobierno, a saber, el Legislativo; el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven tan separados, e independientes el uno del otro, cuando lo exija la naturaleza de un Gobierno libre o cuanto es conveniente con cadena de conexión que liga toda la fábrica de la Constitución en un modo indisoluble de amistad y unión”.

Claramente se observa del accionar de la Sala Constitucional, desde su creación, no  propiamente oposición a la separación de poderes, sino una eterna sujeción al Ejecutivo y al Legislativo, cuando este último está conformado mayoritariamente por el oficialismo.

Los anteriores no son solo los temas que ameritan ser analizados en el trabajo de la Sala Constitucional, sino muchos otros tanto en el aspecto adjetivo como el sustantivo, que analizaremos posteriormente. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

16/06/2026.

Porqué esperar el nudo gordiano?

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

La metáfora del  nudo gordiano procede de una leyenda griega según la cual los habitantes de Frigia, actual Turquía,  necesitaban precisamente elegir un rey, por lo que recurrieron a las instrucciones de un oráculo, quien describió al potencial elegido como quien pudiese entrar  por la Puerta del Este, acompañado de un cuervo posado sobre su carro y su lanza.

Estas condiciones fueron cumplidas por un labrador llamado Gordias, sin riquezas materiales, quien como agradecimiento a Zeus fundó la ciudad de Gordio y le ofreció su única propiedad, un carruaje el cual ató junto a su lanza y un yugo al templo de su Dios. Dicho nudo sería imposible de desatar como símbolo de permanencia eterna, a pesar de constituir una situación anómala, compleja e insoluble.

A lo largo de la historia nacional los diferentes problemas que pudiéramos graficar como nudos, por estar conformados por un amalgamiento de situaciones difíciles, han  concluido generalmente, en sendas reformas constitucionales. 

Durante el siglo XIX los conflictos de común respondían a hechos  guerreristas entre las montoneras y revoluciones intestinas. Quien tomara el poder promulgaba su Constitución. En la primera mitad del siglo XX los cambios fueron pacíficos, controlados por Juan Vicente Gómez para legalizar el cargo que quisiera ejercer durante el período, o para tranquilizar al país, como cuando tuvo el objetivo específico de prohibir propaganda comunista o subversiva.

A través de la segunda mitad de la centuria, las reformas respondieron más a situaciones políticas, como la muerte de Gómez que dio paso a la CN1936; la autorización para la actuación directa de los miembros del partido comunista, reconocida en la CN1945; el Decreto Revolucionario de 1946 que permitió la constituyente del siguiente año, de corta vigencia;  la Constitución de 1953 fue acto reflejo del golpe de octubre, que había derrocado al presidente Rómulo Gallegos, hechos que a su vez generaron gran inestabilidad política  y produjeron la renovación del militarismo. La  CN1961,  vio la luz a consecuencia de la caída de Marcos Pérez Jiménez,  marcando el inicio y el término de la República Civil.

Diferentes conflictos sociales, el gigantismo repentino del Estado, la falta de democracia interna en los partidos políticos y otros, recomendaban a gritos una reforma constitucional, lo que  fue encomendado a una Comisión Bicameral presidida por el doctor Rafael Caldera, quien incluso llegó a presentarlo ante el Congreso Nacional, pero nunca fue discutido en las Cámaras.

La CN1999 ciertamente constituye  un hito histórico, ella fue producto de una asamblea constituyente originaria, lo que en principio pareció conformar un gran consenso nacional, pero el problema estuvo en que no había previsión legal para su formación, causando alteraciones en la conformación lógica y democrática del órgano deliberante.

Aunque la Constitución de 1999, tiene marcados aspectos positivos en cuanto al  reconocimiento de los derechos humanos, ha sufrido a lo largo de su vigencia una opaca interpretación tanto literal como descriptiva o axiológica, cuya responsabilidad descansa fundamentalmente en la Sala Constitucional, creada para ser su custodio y máximo intérprete. Es enorme la responsabilidad de esta Sala puesto que además del control concentrado, que le permite declarar nulidad de actos y leyes, tiene atribuido el deber de proteger la ley suprema.

Pero precisamente,  los problemas puntuales en la vida  actual del país, devienen del hecho que la Sala Constitucional no ha corregido entuertos mediante esa función interpretativa amplia que tiene atribuida, porque si bien es cierto que la actual Constitución siguiendo la línea de la CN1961, no tiene unas instrucciones directas para corregir y solucionar los conflictos que puedan suscitarse entre los Poderes Públicos, si  tiene atribuida a diferencia de la anterior, las herramientas o mejor dicho,  el órgano competente  para hacerlo, solo que éste no ha cumplido su cometido.

Ejemplo diáfano es la gravísima situación creada por los hechos del pasado 03 de enero del presente año. Su análisis y la solución sin base firme ni legal,  presentada por la Sala Constitucional ha creado un panorama de mayor confusión, cuando bien pudo establecer mecanismos cónsonos, con plazo prudente pero preestablecido, puesto la circunstancia es novedosa con  efectos nacionales e internacionales de gran calibre.

La necesidad urgente de la reinstitucionalización del país, incluida la reorganización del Poder Judicial; renovación de otras autoridades y la designación de un  jefe del Estado, son materias que deben ser abordadas por la Sala Constitucional, porque es imposible recurrir en esta situación concreta, a reformas legislativas como colcha de retazos o, a una revisión constitucional, como ha sido lo tradicional.

La falta de intervención convincente y cristalina de la Sala Constitucional puede crear un verdadero nudo gordiano; su grandeza y justificación histórica es evitar la formación del nudo. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

21/05/2026.

El Tribunal Supremo de Justicia, sus leyes y el número de Magistrados.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 

Conforme a la CN1961 el más alto Tribunal de la República era la Corte Suprema de Justicia, cuya integración y competencia estaba delegada en la ley Orgánica respectiva. La última ley bajo el imperio de esta Carta Fundamental fue la de julio/1976, que a su vez derogó la ley de la Corte Federal de agosto/1953 y en paralelo, la ley de la Corte de Casación de julio/1956, reformada en noviembre/1959, que  siguieron en vigencia por disposición de la Disposición Transitoria décima quinta de la CN1961.

La permanencia  de estas disposiciones durante tantos años, extendida incluso durante la transición perezjimenista a los gobiernos de la República Civil, iniciada en 1959, se mantuvo por sobre la necesidad de sancionar una nueva ley del Supremo Tribunal, a cuyos efectos se hicieron varios intentos, resaltando el trabajo  del Dr. Martín Pérez Guevara, pero ciertamente, cumplieron a cabalidad la misión principal del Máximo Tribunal sobre el control de la legalidad y constitucionalidad de los actos del Poder Público, además, entre otras potestades específicas, conocer y decidir los recursos de casación en materia penal, civil, mercantil y del trabajo.

La CN1999 crea un Sistema de Justicia en cuya cabeza está el Tribunal Supremo de Justicia, el cual prevé que funcione en Salas Plena y en Salas Constitucional, Político administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, integrada esta última por la Casación agraria, la laboral y la de menores.

La Asamblea Nacional Constituyente, en evidente extralimitación de sus funciones decretó, publicándolo en Gaceta Oficial N° 36.857 del 27/12/1999, reimprimido conforme G O N° 36.859 del 29/12/1999 el llamado Régimen de Transición del Poder Público, en el cual designó una Comisión Legislativa Nacional (Congresillo) como órgano provisional que ejerció el Poder Legislativo en Venezuela, disolviendo el Congreso de la República, hasta que fueran elegidos y tomaran posesión de sus cargos los nuevos diputados.

Según el artículo 17 del Decreto la Corte Suprema de Justicia y sus dependencias pasaron a formar parte del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, creando las nuevas Salas (Constitucional, Social y Electoral) y, en el artículo 19 designó a los Magistrados de cada una, incluida la Directiva del cuerpo colegiado, reservándose la potestad de designar también a los Suplentes, hasta que constituida la Asamblea Nacional, esta hiciera nuevos nombramientos o los ratificara definitivamente. En esta oportunidad el Máximo Tribunal quedó conformado por 20 Magistrados, 5 en la Sala Constitucional y 3 en las otras.

La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones reestructuró el Tribunal reemplazando por diferentes mecanismos a los Magistrados originales, valido de la Ley Especial para la Ratificación o Designación de Funcionarios, publicada en Gaceta Oficial del 14/11/2000, mediante consultas y mesas de diálogos, para darle alguna formalidad al acto.

El 18/mayo/2004 la Asamblea Nacional sanciona la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, derogando la de la Corte Suprema de Justicia de 1976 e imponiendo en el artículo 2, una nueva conformación en las diferentes Salas, esta vez con 7 Magistrados para la Sala Constitucional y 5 para cada una de las demás Salas, es decir, Político Administrativa, Civil, Penal, Social y Electoral, con lo cual el Alto Tribunal de la República quedaría integrado por 32 Magistrados. Razones políticas influyeron definitivamente en esta decisión, tan es así que para no alargar la segunda discusión en el Parlamento, donde la aprobación de una ley requiere en la segunda discusión, que se realice artículo por artículo, se recurrió a una redacción infame con supuestos normativos larguísimos, que lo hacían incompresibles.

Aunque ciertamente era necesaria una nueva ley del más Alto Tribunal de la República porque la CN1999 había innovado materias no tratadas por la anterior, como la jurisdicción administrativa y la constitucional, además crear  nuevas Salas, la influencia política del presidente Chávez obligó a la promulgación de la Ley del 2004 en forma intempestiva para la designación de un pleno que le fuera afín.

En las elecciones parlamentarias del 2010 los partidos oficialistas obtuvieron una mayoría absoluta lo que les permitió reformar la ley, publicando una nueva, donde continuó conformado el TSJ por 32 Magistrados, pero se tecnificó la redacción, haciéndola más operativa.

Durante su vigencia es de destacar que las Salas hicieron uso de su potestad de control difuso para desaplicar normas que colidan con la Constitución y, en exclusiva, la Sala Constitucional ejerció el control concentrado para declarar la nulidad de las normas, aunque abusando de su potestad dictaba normas sustitutivas.

En Gaceta Oficial N° 6.684 del 19/01/2022 se publicó la última reforma, hasta hoy, de la Ley del TSJ en la cual se vuelve a 20 Magistrados, como en las del 2004 y 2010, pero creo que ese no fue el motivo fundamental para reformar la ley, la razón verdadera pudo ser limitar la facultad extendida que se había otorgado la Sala Constitucional, aclarando que el control concentrado no permite que realice una modificación legislativa, sino que de considerarlo necesario debe referirla a la Asamblea Nacional para que esta, de considerarlo necesario, inicie el procedimiento para la aprobación de una ley. Ello es obvio, las normas aprobadas por Sala Constitucional adolecían de pasos fundamentales como la previsión presupuestaria, el impacto económico y la consulta popular, entre otros.

En esta ley del 2022 también se hicieron cambios importantes en el mecanismo para la designación de Magistrados y Suplentes, regulaciones en el Comité de Postulaciones, de la Inspectoría General de Tribunales y Escuela de la Magistratura.

No conozco las razones que impulsan ahora en el año 2026, el regreso a 32 Magistrados, seguramente como en el 2004, hay dificultades entre los actores políticos para integrar el Máximo Tribunal. Pero creo que está justificado que la Sala Constitucional tenga más Magistrados porque su competencia es sensible y de importancia capital. En cuanto a las demás Salas habría que determinar si el volumen de expedientes manejados lo justifica. Pero es cierto que algún control debe tener el ejercicio de la Magistratura en el TSJ, lo cual no puede hacerse más que mediante el análisis de sus sentencias en medios académicos, para determinar que cuando haya cambios en el enfoque jurisprudencial, sea justificado, pero esto es materia de otras reflexiones. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

08/05/2026.

 

 

La Constitución Nacional no es una quimera (*).

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

Los venezolanos aceptamos sin discusión alguna que somos una nación. A todos nos gustan los tequeños, las arepas y las empanadas, con las variantes del relleno propio de cada región;  disfrutamos por igual ser campeones mundiales del béisbol amateur (1941) o profesional (2026); acompañamos incondicionalmente a la Vinotinto el su período de formación y cantamos al unísono el Alma Llanera.

            Pero el concepto de Estado como  organización de carácter jurídico – administrativo, que funciona a través de instituciones de corte político y, fundamentalmente regido por una Constitución Nacional, lo interpreta cada quien a su manera y  beneficio grupal.

Creo que en este punto  debemos aplicar el principio de la alteridad, para llegar a acuerdos políticos y poder superar la enorme crisis que nos acogota desde hace años. Algunos temas pueden ser rechazados por un sector, pero es menester admitir que son compensados con otros.

El  ítem básico o fundamental, además que constituye el inicio de un proceso derivativo, porque de allí surgen los demás, es rechazar la idea que la CN1999 es una quimera y respetarla como ley suprema y pacto político. Ha sido, en efecto, varias veces mal interpretada o violentada incluso por sus custodios. Pero si empezamos de nuevo debe aplicarse, como ordena la doctrina universalmente admitida, mediante  interpretación estricta o descriptiva, por el significado propio de cada palabra y, en caso de dudas mediante el método prescriptivo (antepone los DDHH) o el axiológico (sentido de justicia).

La vigencia de la Constitución pre supone el respeto por el estado de derecho y el imperio de la ley. Esto es fundamental, nos recuerda que el hombre entró a la civilidad olvidando los actos de fuerza como primer recurso para resolver litigios.

Debemos salir del círculo formado por la serpiente que se muerde la cola, admitiendo la existencia y la  legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro. Es necesario para aceptar la cantidad de hechos y actos jurídicos que nacieron durante su ejercicio, incluida la ausencia (ya la analizaremos) actual.

Quien no lo  admita y con ella la legitimidad de la asunción de la presidencia por parte de la vicepresidente Delsy Rodríguez, por ejemplo, tendría que concluir que estamos en una situación de hecho, no regulada, por lo que no podría aspirar a un acto de renovación de autoridades o de elecciones.

La Constitución prevé dos grupos de faltas del Presidente de la República, las absolutas (artículo 233) ninguna de las cuales se corresponde con los hechos acontecidos en la madrugada del 03 de enero y, las temporales que se caracterizan por ser indeterminadas, por lo que son todas las no expresamente calificadas como absolutas.

Las faltas temporales son cubiertas por la Vicepresidente, hasta por noventa días que se cumplieron el 03 de abril, “prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por la mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”. No conozco que se haya producido esta decisión expresa, por lo que entiendo que el silencio implica la extensión del lapso, es decir, hasta el 03 de julio. No hay más previsión constitucional.

Esta laguna debe ser cubierta por la Sala Constitucional, pero resulta que el mismo día 03 de enero por ponencia conjunta, dicha Sala decidió:  

“Se ORDENA que la ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ASUMA Y EJERZA en condición de ENCARGADA todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación” (mayúsculas de la Sala).

Sobre esta sentencia observo:

1.    Aunque para ese momento la decisión debió considerarse intempestiva porque la situación, fuera falta absoluta o temporal, la misma CN1999 regula la asunción del cargo por la Vicepresidente, o sea, no era necesaria la intervención del alto Tribunal, pero si fue conveniente para seguridad y afianzamiento del acto, ante hechos complejos y absolutamente inéditos.

2.  Me parece que en ese momento la Sala consideró la falta como temporal, porque en la parte motiva de la sentencia dice: “… omissis…y estima igualmente esta Sala que la Constitución en su artículo 239.8 atribuye al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva la función de suplir las FALTAS TEMPORALES del Presidente…” (mayúsculas nuestras).

3. Creo que el término de Presidente ENCARGADA  que utiliza la Sala es apropiada, ya que  el segundo aparte del artículo 233 constitucional dice: “…omissis… Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se ENCARGARÁ de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva” (mayúsculas nuestras).

              Ahora bien, si el presidente Maduro no estuviera en territorio nacional el día 03 de julio del 2026, la lógica y la interpretación axiológica de la carta magna nos conduciría a pensar que estamos ante una falta absoluta, lo que implica que “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes” (en nuestro caso contados desde el 03 de julio del 2026).

Tema a conversar por las distintas fuerzas políticas e institucionales, que hacen vida activa en el país es determinar si ese lapso es suficiente, para organizar y celebrar un proceso electoral de tanta trascendencia. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

13/04/2026.

 

(*) Quimera: En la mitología clásica, monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón.  Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.

 

 

 

Reforma constitucional? Empecemos: Poder Judicial.

 

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 

Me dispongo plantear algunas ideas sobre la necesidad de hacer una revisión y la consecuencial reforma de la Constitución Nacional. Una reforma parcial para volver a algunos aspectos desmejorados por procedimientos posteriores a su promulgación el 17 de noviembre de 1999. Otros distorsionados por interpretaciones, al menos discutibles, realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia.

La oportunidad de la reforma debe ser  atinada, partiendo del hecho        que el texto constitucional  es norma jurídica y a la vez,  pacto político. La iniciativa deben tomarla  la mayoría simple de la propia  Asamblea Nacional o el Presidente (a) de la República en Consejo de Ministros o el 15% de la data electoral. El proyecto debe ser aprobado en referendo popular.

En verdad no sé cuál debe ser la oportunidad apropiada, pero en mi criterio la reorganización de la democracia en la actual Venezuela y el funcionamiento eficaz del Estado requiere de esa reforma, por ende es materia urgente.

No propongo una Asamblea Nacional Constituyente, al contrario creo que este ente debe ser eliminado de su texto, porque nunca ha solucionado crisis alguna  en la historia del país y las normas constitucionales no se eliminan en forma absoluta, solo cambian, se adaptan a las nuevas realidades.

Los 27 años de vigencia de la CN1999, la segunda en duración temporal superada solo por la CN1961, nos obliga a buscar en su estructura la fuente del evidente menoscabo en el sistema democrático, que hemos soportado durante muchos años. Entendamos, en sentido amplio, que la democracia es un sistema de gobierno siempre perfectible, que se caracteriza por la sincronía en el balance y control recíproco entre los diferentes poderes públicos, para garantizar que el Estado pueda cumplir con sus funciones propias, destinado a proporcionar  estabilidad política, seguridad social y la máxima felicidad posible,    según la orientación de El Libertador Simón Bolívar.

“La mayor felicidad para el mayor número”, es además el centro de la teoría filosófica  conocida como el utilitarismo, divulgada por el jurista Jeremy Bentham entre los  siglos  XVIII - XIX, como base para construir un sistema legislativo capaz de enmarcar un buen gobierno. La aplicación de los principios éticos para legislar, sentenciar y gobernar, constituye  el fundamento en la doctrina de Bentham. Me parece que  es por aquí donde debemos buscar las fallas iniciales de nuestra democracia.

Vamos a comenzar por el Poder Judicial. La concepción del Sistema para regirlo según la CN1999, es apropiado, solo que no ha funcionado por razones subalternas y prioritario es que lo haga, en forma autónoma y con la supremacía que según la teoría universalmente aceptada le corresponde.

La CN1999 puso una pesada carga sobre los hombros del Poder Judicial al constituirlo como el protector  de la constitucionalidad y garante de su integridad, a través del control difuso, potestad de todos los jueces por igual y, a la Sala Constitucional atribuyó en exclusiva el control concentrado,  que le permite declarar la nulidad de las leyes (promulgadas por el Legislativo) y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, incluido el Ejecutivo.

Al final de la jornada no sería tan grave que los órganos del Estado puedan desviar sus funciones, abusando u omitiendo el dictamen de actos necesarios para la obtención de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos, si los jueces, cada uno dentro de los límites de sus competencias, fueran capaces de enmendar el entuerto. Pero aquí, en la designación y supervisión de los jueces, hemos fallado.

La potestad de administrar justicia en nombre de la República  emana de los ciudadanos, así que es lógico que a ellos corresponda designar a los jueces, como está previsto. El primer paso para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se atribuye a un Comité de Postulaciones Judiciales, órgano asesor del Poder Judicial (artículo 270 CN1999) cuyo funcionamiento lo delega la Constitución en la ley, pero le impone una limitación en su composición clara y expresa: “estará integrado por los representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.

Esta disposición la tergiversan los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del más Alto Tribunal de la República, al omitir que la asesoría es al Poder Judicial produciendo la impresión que dicha sugerencia (no vinculante) es a la Asamblea Nacional, quien debe tomar la decisión definitiva después de filtrada la lista de postulados por el Poder Ciudadano. El artículo 65 impone un procedimiento y la  integración del Comité, en efecto, de los veintiún  miembros la Asamblea Nacional designa preliminarmente once de su seno (mayoría simple), y los otros 10 serán convocados por ellos de la sociedad civil. En definitiva, es evidente, que el nombramiento de los magistrados deviene del cuerpo legislativo, por previsión de la ley no por mandato de la Constitución, anulando su independencia.

Al morigerarse de esta manera el nombramiento de los magistrados, muchos han asumido el cargo sin cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 263 constitucional, siendo hecho público y notorio que algunos ni tan siquiera han tenido  las credenciales suficientes y por el contrario, ostentan notoria vinculación político partidista, dando al traste con la estructura originalmente prevista para hacer del Poder Judicial un órgano garante de sus altísimas funciones. Los demás jueces que componen la pirámide judicial han sido exonerados de los concursos de oposición públicos para su ingreso y ascenso.

La  Sala Constitucional tiene en su haber una serie de sentencias contradictorias entre sí o con principios generales del derecho. Otras veces se excedió en su labor interpretativa, como el caso de reformar normas o crearlas, cuya función es potestativa de la Asamblea Nacional, a tal punto que en la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2022), le fue advertido que “su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes. En todo caso, en resguardo de la seguridad jurídica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar”.

Al contrario, dicha Sala ha estado en mora de decidir puntos fundamentales para el propio funcionamiento del sistema judicial, como el dictamen definitivo del recurso de nulidad contra el Código de Ética del Juez Venezolano, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 del 28 de diciembre del 2015, que entre otros elementos importantes ha permitido la nefasta designación provisional de jueces, sin cumplir con el requisito de los concursos públicos.

En la potencial reforma de la carta magna, habrá que asegurar la efectiva aplicación del  método de los concursos de oposición públicos para el ingreso y ascenso de todos los jueces al sistema judicial y sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional pero con candidatos provenientes de los Comités de Postulaciones como dice el texto constitucional, no la Ley,  previo visto bueno del Poder Ciudadano. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

01/04/2026.