Jesús
A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
Con ocasión a la disputa pública
sobre si la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia,
debe ser reformada integralmente o derogada, entendiéndose esta última como su abolición absoluta, como si nunca hubiese
existido, he querido hacer las siguientes reflexiones en las cuales no comparto,
para nada, algunos aspectos realmente infundados, como su denominación impropia,
porque el odio como sentimiento humano no puede ser reglamentado; su
presunto rango constitucional, categoría que no existe en nuestro tinglado
legislativo; su aprobación por Asamblea Constituyente, órgano que no es
competente para sancionar leyes, menos la del 2017 cuya convocatoria fue
usurpada por el Presidente de la República, autorizado únicamente para tomar la
iniciativa y, con final imprevisto y
violatorio del artículo 347 CN1999, puesto no transformó al Estado, no creó un
nuevo ordenamiento jurídico ni redactó una nueva Constitución. Mi conclusión es
que no obstante sus desatinos, la ley Contra el Odio no puede ser derogada,
sino reformada en forma integral.
Todas las leyes, cualquiera sea su jerarquía,
son actos que regulan hechos políticos o sociales, que lógicamente pueden variar
con el tiempo por lo que deben reformarse para su adaptación a la nueva
realidad. Como el grueso de las circunstancias se mantienen, incluso con una
revolución, no tiene sentido derogar enteramente la ley porque varias
disposiciones pueden o deben conservarse, lo que implica que ameritan es una
reforma, integral o parcial, según corresponda.
En nuestra primera
Constitución Nacional, la Federal de 1811, el proceso de formación de una ley
era complicado porque no teníamos una compilación autóctona, cambiamos nuestra
estructura política colonial y debía pasar por dos Cámaras, Senado y
Representantes antes de la aprobación definitiva por el Ejecutivo. De manera
que se facilitó la derogación de las leyes aprobadas por las Legislaturas provinciales
en cuanto contravinieran la autoridad de la Confederación, para incorporar a
las Provincias.
La CN1830 ideó la fórmula conforme a
la cual la ley que modifica la anterior, debe redactarse y publicarse incluyendo
las normas que siguen vigentes y declarar abolida la original. En la práctica
no deroga, aunque así lo expresa, tipificando de fondo una reforma absoluta. Expresamente
impuso que las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos
trámites establecidos.
La CN1947, simplifica
el dispositivo imponiendo que “las leyes sólo se derogarán por otras leyes,
y podrán ser reformadas total y parcialmente”. No hace expresa alusión al
procedimiento de reforma total, pero si a la parcial conforme a la cual la ley
reformada en ambas Cámaras se debe publicar e imprimir en un solo texto,
sustituyéndose los artículos reformados por los nuevos, corrigiéndose la
numeración en caso de adición o supresión.
La CN1953 dedica varios
artículos a regular la reforma de la Constitución, pero en lo relacionado con
las leyes dice simplemente (artículo 94): “las leyes se derogarán por otras
leyes y podrán ser reformadas parcialmente”. No establece el mecanismo de
la reforma total, para lo cual creo se aplicaría el régimen anterior por el
principio de la permanencia de las disposiciones constitucionales.
Observo que fue utilizada durante su
vigencia, la técnica de derogar leyes sin seguir un procedimiento propio o
exclusivo, por ejemplo, el Código de Comercio sancionado en julio de 1955,
derogó expresamente su similar de 1904, pero a la vez, derogó leyes
relacionadas sin reformarlas, como la Ley de Bolsa de 1917, La Ley de
Sociedades Cooperativas, también de 1917 y la de Sociedades Constituidas en
países Extranjeros de 1918.
La CN1961 acoge una redacción
similar a la CN1947, puesto contempla la reforma total y la parcial y, en este
último caso, ordena la publicación entera en un solo texto incorporando las
modificaciones aprobadas.
La CN1999, debió haber previsto un
régimen más preciso porque impone, por primera vez en nuestra historia
constitucional, el referendo abrogatorio para la abolición total o parcial de
una ley. Sin embargo, se limita a establecer en el artículo 218 que “las
leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las
excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o
parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo
texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.
Aunque para la reforma
parcial se sigue la tradición constitucional, como vimos e igualmente se
permite la total, en la primera parte del dispositivo resalta una distinción
entre reforma total o parcial (por la Asamblea Nacional) y la abrogación
que equivale a una derogatoria total, conforme lo previsto en el
artículo 74 constitucional que a la letra asienta:
“Artículo 74.- Serán sometidas a
referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación
fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de
los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y
electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.
Aunque entre los órganos públicos
puede darse competencias concurrentes, en este caso, tratándose del Poder
Popular y la Asamblea Nacional, debió dejarse al primero la potestad exclusiva
para solicitar la abrogación de las leyes y a la Asamblea Nacional, la de
reformar total o parcialmente una ley.
Finalmente debo recordar un caso en
el cual la Asamblea Nacional derogó
totalmente una ley sin recurrir a la reforma total, se trata de la Ley
Derogatoria de Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos, del 08 de
marzo del 2021, GO N° 42.082, en cuyo artículo único se lee: “Queda
derogada, en su totalidad, la Ley de Regulación de los Períodos
Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales,
publicada en Gaceta Oficial N° 6.013 Ext del 23 de diciembre del 2010”,
agregándose solo la disposición final donde ordena la vigencia desde la
publicación en Gaceta Oficial.
Como colofón creo que debe
reservarse el referendo abrogatorio, en manos del Poder Popular, para derogar,
abolir o erradicar enteramente una ley y, el mecanismo de la reforma total o parcial,
relacionado con cambios en el supuesto normativo y consecuencias jurídicas, bajo
potestad de la Asamblea Nacional. Dios bendiga a Venezuela!
15/noviembre/2026.