Los jueces y la maldición que los persigue.

Jesús A. Jiménez Peraza.

Entre las múltiples obligaciones de  Poncio Pilato,  como gobernador de Roma en Judea, le correspondía  administrar justicia. Ante un caso sencillo, no obstante ser a la postre  el juicio más importante en la historia de la humanidad,  sintió presión, temor y reverencia, sentimientos vedados en la conducta de un juez. 

Jesús de Galilea había sido acusado  de sedición e impedir el pago de tributos al imperio. Aunque Pilatos sabía que la acusación era infundada   prefirió lavarse las manos y que la sentencia fuera dictada por el pueblo. Falló Pilatos al delegar su misión y falló el tribunal popular al decidir, ambos se equivocaron.  Así comenzó una especie de maldición que impide a los hombres administrar  debida justicia y designar a  quienes deben hacerlo.  

Estamos enfocados actualmente en el tema de la renovación del Máximo Tribunal de la República. Cada día se agregan ingredientes que hacen pensar que la administración de justicia y en general, el Poder Judicial,  es la génesis de nuestros males. Acaba de salir a conocimiento público la coacción ejercida sobre una ex magistrada para inhabilitar a María Corina Machado y otros personajes, pero esta es solo una pequeña arista en el iceberg que apenas asoma. 

Por cierto, es un tema sobre el cual no he visto mayor interés colectivo, lo que me parece muy grave, porque lo tomamos como ordinario y no con la connotación que merece. Las razones no están previstas como causa de nulidad de sentencia, menos en tribunal colegiado, tampoco dentro de las jurisprudencialmente aceptadas como procedentes para el recurso de revisión en la Sala Constitucional. 

Pero la paz de la República pasa por la celebración de elecciones presidenciales, con los parámetros legales internos e internacionales generalmente admitidos  y ello no sería posible sin la intervención activa de Maria Corina, lo que aconseja un rápido y bien sustentado acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral y los diversos sectores políticos. 

El TSJ forma parte de un sistema. A él corresponde conocer un mínimo de casos. Si no adelantamos coetáneamente la corrección en los vicios de toda la pirámide judicial, la ciudadanía no podrá gozar del servicio de justicia. 

Pero no es fácil designar jueces. En el mundo se han probado diferentes mecanismos, ninguno es absolutamente seguro ni confiable. Con las calificaciones obtenidas en la universidad durante el pregrado y en posgrado, o con un concurso bien estructurado de conocimientos y credenciales podemos tener una idea de la capacitación necesaria para ocupar la magistratura dentro de cualquiera de las instancias judiciales, sin embargo la probidad, la honorabilidad y la responsabilidad son valores intrínsecos, innatos que solo pueden ser valorados durante el desempeño de sus funciones. 

La elección popular tampoco es idónea, ya que los elegidos quedan sometidos a compromisos políticos y factores externos e imponderables. Igual dificultad se presenta en el caso de la escogencia de los jueces por los demás Poderes del Estado, tanto en forma directa como indirecta, que fue el impuesto por la CN1961, inicialmente a través del Ministerio de Justicia y en una segunda etapa, por el Consejo de la Judicatura.    

Quizás la forma más apropiada es la auto germinación, en ella los jueces nacen dentro del propio Poder Judicial y escalan la pirámide con sus estudios,  esfuerzos, experiencia positiva y control institucional y popular. Es una fórmula que lleva tiempo para perfeccionarse pero   podemos pensar en ella a largo plazo. 

Debemos partir del principio que la función del juez es diferente, en cuanto al enfoque del Derecho como ciencia, en relación  a la aplicada por los abogados en general. De manera que se pueden escoger experimentalmente algunas Facultades de Derecho en universidades élites  del país (UCV, UCAB, Carabobo, LUZ, ULA etc). Durante los tres primeros años el pensum sería común, el cual por cierto, es necesario revisar y corregir. 

Dependiendo del requerimiento de personal  para integrar la Magistratura, que debe ser precisado, se escogen los mejores alumnos para cursar durante los dos últimos años, materias especiales (técnicas de  conciliación y arbitraje, redacción, informática y sus novedosos métodos,  investigación criminal, ciencias financieras,  lógica etc). 

Al concluir el quinto año de sus estudios de pregrado, el abogado inicia la carrera judicial especializada en las diferentes áreas, con un posgrado judicial teórico y práctico; firma un compromiso de servicio permitiendo la revisión de sus estados financieros de por vida; tendrá un salario,  y trabajará en los diferentes tribunales de la categoría inferior. Esta etapa se puede calcular en seis años.   

Dependiendo de su rendimiento y según la necesidad de servicio tiene posibilidad de ser promovido a Primera Instancia, donde  será designado juez titular, con la estabilidad y condiciones determinadas en la ley orgánica. Esta etapa calculada en cinco años, si la concluye satisfactoriamente le confiere derecho a optar por un Tribunal Superior o de Alzada, con servicio mínimo de  cinco años. 

Entre cada etapa tendrá un año sabático para perfeccionamiento y actualización en la Escuela de la Magistratura (dos años en total). Concluidos todos estos ciclos, tendrá derecho a postularse al Máximo Tribunal de la República, según requerimiento de servicios (doce años), todo lo cual implica una carrera de treinta  años y posteriormente el derecho a la jubilación vitalicia.  Sin esta carrera judicial cumplida, no se podrá aspirar a ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. 

Quienes no puedan ascender en la carrera por alguna razón no reñida con la moral, sino por cargos insuficientes o ser superados por otros concursantes, tienen derecho a permanecer como conjueces, asociados, auxiliares o como docentes en la Escuela de la Judicatura.

De inmediato y mientras pueda ejecutarse el plan indicado,  corresponde suplir las faltas en todos los  órganos judiciales, pero siempre dentro de las previsiones de la Constitución vigente, como debe ser, porque mientras mayor sea la crisis más imperativo se hace regirnos por las normas previamente establecidas. Improvisar es agregar un problema mayor.

Nuestro sistema político requiere de los otros Poderes Públicos para que actúen de manera armónica para el fortalecimiento del sistema y de la nación. El Judicial es inoperante sin un Poder Ejecutivo encargado de suministrar los recursos económicos  y ejecutar las sentencias de manera forzosa. También es necesario revisar, reformar y promulgar las leyes que fueren necesarias. Dios bendiga a Venezuela! 

jesusjimenezperaza@gmail.com

12/10/2026

 La Ley Contra el  Odio no puede ser derogada por la AN con efectos ex tung.

He estado oyendo con mucha insistencia  opiniones referentes a la necesidad de derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, porque ha causado mucho daño social. Por la idea proyectada  se refieren los peticionarios a anularla o abolirla completamente, como si nunca hubiese existido.

Dicha ley fue sancionada por la  Asamblea Nacional Constituyente del 2017, con iniciativa   y  convocatoria irregulares, pero que en todo caso forma parte como tal constituyente, de la historia  legislativa del país durante el oscurantismo jurídico - político que persiste a estas alturas  del siglo XXI.

Pero en Venezuela sólo la Asamblea Nacional como cuerpo legislador puede sancionar leyes (artículo 202), que debidamente sistematizadas se denominan Códigos. También puede aprobar además de las ordinarias, las leyes orgánicas y las habilitantes, aprobadas por mayoría especial para autorizar  al Presidente de la República a legislar en las materias que le fueren atribuidas, durante lapso determinado.

Por otra parte, la función de una Asamblea Constituyente es transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, no promulgar leyes. 

Si en forma complaciente e interpretación ampliada, aducimos que innovar en los tipos de leyes establecidos, incrustando las leyes constitucionales en el tinglado orgánico implica la “creación de un nuevo ordenamiento jurídico”, debió elaborarse un sistema al respecto, incluirlo en una reforma de la Constitución y someterla a referendo. Lejos de hacerlo de esta manera, la Constituyente del 2017 concluyó su labor declarando sus voceros principales, que durante su vigencia se había institucionalizado el país e implantado la paz pero que no era necesario reformar la Constitución vigente, porque continuaba siendo perfecta. 

De manera que no obstante su nominación, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, debió haber sido declarada nula por inconstitucional en sentencia de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Constituyente no tiene facultades para legislar y rebasó sus competencias. Sin embargo, la Sala Constitucional declaró su constitucionalidad y fue publicada en Gaceta Oficial, por lo que mal puede ser hoy abolida o anulada enteramente por la Asamblea Nacional con efectos ex tung, es decir, de manera retroactiva desde el momento original del acto, sin que caigamos en el negativo efecto espejo de suplir un acto nulo a través de un procedimiento igualmente irrespetuoso y violador de la Constitución Nacional. Al contrario,  el país debe buscar estabilidad política e institucionalidad, lo que puede realizarse sólo mediante el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las formalidades diseñadas por ellas.

Lo que puede aprobar el cuerpo legislativo es la reforma total o parcial, anulándola hasta ese momento pero promulgando y ordenado la publicación de otra que la sustituye hacia el futuro. 

La única forma de derogar sin reforma una ley es a través de un referendo abrogatorio,  conforme el artículo 74 de la CN1999, por iniciativa del 10% del padrón electoral o del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Textualmente tanto la CN1961 como la CN1999, imponen que las leyes se derogan por otras leyes, porque la reforma que se apruebe, bien total bien parcial, implica que se promulgue y publique un nuevo texto que, en la práctica, constituye una nueva ley,  quedando abolida la anterior. Pero para que el texto sea excluido enteramente del sumario de leyes nacionales debe recurrirse a un referendo abrogatorio, el cual existe solamente a partir de la promulgación de la Constitución de 1999.

Esta diferencia resalta fácilmente apreciable en el artículo 177 de la CN1961, que decía: “Las leyes sólo se derogan por otras leyes, y podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

Mientras que el artículo 218 de la CN1999, reza: “Las leyes se derogan por otras leyes, y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.  Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

Como quiera que es difícil la convocatoria  y celebración de un referendo abrogatorio, pudiera la Asamblea Nacional plantearse una reforma general, eliminando los dispositivos sobre delitos de odio y aprobando una Ley sobre tolerancia ciudadana   relacionada con normas de convivencia, al estilo de algunas Ordenanzas existentes en varios Municipios del país. Dios bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com 

05/10/2026

Cuándo diga la Constitución.

Jesús A. Jiménez Peraza.

El Dr. César Pérez Vivas acaba de publicar un interesante artículo relacionado con una respuesta que el Dr. Jorge Rodríguez dió a una periodista, quien le preguntó cuándo serían celebradas las elecciones en Venezuela, puesto que en su discurso ante la Organización de Naciones Unidas, la presidenta interina de la República Dra. Delcy Rodríguez la incluyó como noticia importante, a pesar que es un acto ordinario, elemental, dentro de la democracia porque implica el cumplimiento de  la alternabilidad, como característica básica del sistema. 

La frase que tomo como título de estas reflexiones, fue la información que rápidamente dió el presidente de la Asamblea Nacional, que indudablemente califico como galimatías.  

Pérez Vivas aborda la línea incuestionable del incumplimiento a la Carta Magna, cuando a pesar de la falta por más de 180 días, contados desde el 3 de enero del 2026, aún no se ha celebrado el acto electoral destinado a elegir un nuevo jefe de Estado, que es lo que corresponde por haberse producido la ausencia dentro de los primeros 4 años del sexenio, a estas alturas sin importar que sea temporal o absoluta del señor Nicolás Maduro, quien ejercía el cargo por re relección desde el 10 de enero del 2025, conforme Resolución  del Consejo Nacional Electoral.

Esa misma respuesta me sirve como base para advertir sobre un esguince en nuestra Constitución vigente, que también conseguimos en la CN1961. En efecto, ninguna de las dos determina un lapso o  un día dentro del cual  se debe celebrar   el acto electoral para elegir al Presidente de la República, limitándose ambas a fijar solo el de la Toma de Posesión.  

Dentro de los 10 días siguientes a la Instalación de las Cámaras, del primer año cuando comience el período constitucional, imponía la Constitución de 1961. Con su promulgación se estableció dicha instalación el 2 de marzo y luego, con la Segunda Enmienda se fijó el 23 de enero.  La CN1999 impuso un día determinado,  el 10 de enero del primer período. Obsérvese que ambas prevén el día de la instalación del Poder Legislativo y la toma de posesión del Presidente de la República, pero no expresamente cuando se elige.

Me parece importante fijar un día o un lapso y no dejarlo  por vía legal o por el órgano superior electoral, porque se puede prestar fácilmente a fijar el día más provechoso para el gobernante de turno, con más razón si existe la posibilidad de reelección, para un día cualquiera de todo el período. 

Las Constituciones de 1947 y de 1953, si precisaban de manera taxativa que las Cámaras se instalarían el 19 de abril del primer año del período y el día de elección del Presidente de la República, debía fijarse dentro de los tres meses anteriores a la instalación de los órganos legislativos. 

Este lapso de tres meses, sin embargo, fue respetado durante los actos electorales donde se eligieron los Presidentes regidos por la Constitución de 1961, seguramente en aplicación del principio de la permanencia de las disposiciones constitucionales, que le otorgan vigencia aunque se reforme la Carta Magna, a menos que expresamente se imponga lo contrario. Incluso el presidente Chávez se sometió a él durante su última reelección, porque fue elegido a principios del mes de octubre del 2012, de manera que se mantuvo dentro del trimestre inmediatamente anterior a la instalación legislativa el 5 de enero del 2013.

Este recuento he querido hacerlo para resaltar la importancia de interpretar y cumplir siempre con la letra expresa de la Constitución Nacional, en todo cuanto prevea, independientemente de la conveniencia o no que pueda surgir en determinada circunstancia. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

28/09/2026

Venezuela 1811 - Venezuela 2026.

Jesus A. Jiménez Peraza.

A mediados de 1811 dos sabios juristas, don Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio, recibieron la difícil tarea de buscar para Venezuela una hoja de ruta para determinar  nuestra estructura como Estado y abordara soluciones a los males colectivos.  Era tarea social y jurídicamente complicada en extremo, porque la población estaba dividida entre quienes permanecían fieles a la corona española, incluso después de los hechos del 19 de abril  1810 y quienes dieron inicio a  la Guerra de Independencia, declarada en teoría el 5 de julio de 1811, pero que militarmente no se concretaría hasta una década después. 

Estaba  en boga la influencia de los ideales democráticos de los pensadores clásicos de finales del siglo XVIII, que sirvieron de base  a la Constitución de Estados Unidos  y la Revolución Francesa, pero esos modernos principios no eran fáciles de aplicar en territorios separados y con población dividida.  

Los ilustres juristas iniciaron su trabajo fijando las bases, cuál fue redactar el pacto constitucional y confederar las siete provincias, más las que luego aceptaron agregarse, conservando su régimen interno excepto en lo delegado a la Autoridad General de la Confederación y unos objetivo, procurar el bien común, una mejor administración de justicia, ejercer la defensa territorial, consolidar la libertad, la unión y cumplir con los principios básicos similares.

 Quedaron comprometidos los venezolanos a respetar la autoridad que emana del pacto,  confiada a distintos cuerpos independientes entre sí y en sus respectivas facultades, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así fue como vió la luz la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la primera de Iberoamérica, sancionada por  Congreso Constituyente en Caracas, el día 21 de diciembre de 1811, que tuvo corta vigencia pero fue el embrión de lo que sería la República de Venezuela.

El año 2026 nos consigue con problemas distintos, pero igualmente graves, que pudiéramos englobar como desinstitucionalización de la república, fundamentalmente porque se ha mancillado  un mandamiento preliminar del Pacto inicial:

“Los individuos que fueren nombrados para ejercerlo se sujetarán inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitución se les prescriben para el cumplimiento y desempeño de sus destinos”. 

Nuestra desinstitucionalización no comenzó el 3 de enero del presente año, sino mucho antes con la violación de las normas por quienes debían aplicarlas, pero indudablemente ese día se marca un hito histórico importante, que podemos tomar como un reinicio.

 Pero a diferencia de 1811 tenemos  la base, la Constitución Nacional de 1999, ella ha sido violentada y tergiversada por autoridades  e incluso por el principal órgano encargado de su defensa, la Sala Constitucional; fue indebidamente y caprichosamente enmendada, pero existe y tenemos todos que aplicarla como pacto común entre los venezolanos. En su oportunidad podremos reformarla, reescribirla, pero por ahora en medio del temporal, no queda más alternativa que aplicarla. 

También tenemos una estructura, un Estado de derecho y de justicia,  dentro de un sistema democrático que se rige por normas internas e internacionales, suficientemente conocidas y vividas con anterioridad.

No obstante esta directriz ideal, con fundamento jurídico e histórico, comenzamos el rescate del Estado con la formación de una Mesa de Diálogo, no con fines de asesoramiento que es permisible, sino ejecutivo. La Mesa  determinó en su reunión inicial como primer punto de la Agenda  el Fortalecimiento de la democracia, y dentro de este objetivo incluyó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Pero como no tiene  sujeción constitucional, principio obligatorio desde nuestra primera Carta Magna, en la reunión siguiente  asoma como prioritario el tema social y tutela de derechos ciudadanos genéricos, y después otros por lo que intuyo como consecuencia obligada, el incumplimiento de todos los propósitos. 

Aunque  es evidente la ilegitimidad de origen y la confusión de funciones, la desinstitucionalización y  anarquía que asoma en el panorama nacional justifica su actuación, previo llamado para que cumplan. Ya asumieron una delicadísima función y deben ejecutarla, en orden lógico. 

La primera tarea debe ser, como aprobaron inicialmente, la renovación del Consejo Nacional Electoral, porque a este Poder Público corresponde:

Artículo 293, 5 CN1999.-  La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. 

La designación de los Rectores Electorales, no es tarea difícil, la CN1999, dice al respecto:

Artículo 295.  El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 296.  El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas.

Es cierto que  la Asamblea Nacional cambió sustancialmente por ley especial esas condiciones, permitiendo que los diputados integren  el Comité de Postulaciones, porque ellos forman parte de la sociedad civil,  y es verdad que la Sala Constitucional le dió el visto bueno, pero  ésta actuó aplicando una figura conocida como  verdad formalmente radical, sin plantearse que no debe decidir quien postula, porque no es ético, lo que permite inaplicar  la ley y la sentencia, sino cumplir con la letra literalmente interpretada de la Constitución, debiendo de inmediato proceder a recibir las postulaciones y pasarlas, como corresponde, al Poder Ciudadano y después a la Asamblea Nacional. No hay excusas, para omitir ese sencillo trámite y proceder.

Coetáneamente pueden iniciar la elección de los Magistrados, como es lo acordado y aceptado por los ciudadanos, con la advertencia que es necesario entender que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia no será suficiente para fortalecer nuestra deteriorada democracia, a menos que en paralelo se adelanten otras iniciativas para lo cual deben cesar las funciones extraordinarias de la Mesa y se inicia la actuación de los órganos públicos, con la elección del Presidente de la República, mediante el cronograma aprobado por el CNE, porque él tiene las altísimas funciones que lo convierten en  líder insustituible y básico para la recuperación institucional. Pero no pierdan más tiempo…..porque no hay mucho tiempo para perder. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

21/09/2026

El principio de Peter y el teorema Baglini.

Jesús A. Jiménez Peraza.

En algún momento, quiera Dios más temprano que tarde, debemos superar lo que  algunos llaman pomposa y orgullosamente el tutelaje, situación que sin mayor esfuerzo aprueba ese mismo sector poblacional porque, en su criterio,  determinó  la salida de Nicolás Maduro, hecho imposible de alcanzar  con la utilización de nuestros propios mecanismos legales o los previstos por los organismos multilaterales en Tratados signados por Venezuela con anterioridad, con el frágil argumento que no teníamos  soberanía por defender, porque desde hace mucho tiempo la habíamos perdido, con las políticas entreguistas ante rusos, cubanos y chinos.

Ese momento trascendente  nos presentará en su justa dimensión la realidad de un país con niveles similares a los del siglo XIX, una economía pauperizada; sin infraestructura básica, consecuencialmente, sin servicios públicos aceptables  y un nivel educativo que se pudiera generalizar como analfabetismo, porque un número bastante alto de nuestros bachilleres y profesionales universitarios, no tienen preparación aceptable para comprensión lectora y/o no están plenamente preparados para el ejercicio de la profesión.  

Quizás para entonces hayamos entendido el error de aceptar órganos constituidos fuera de las previsiones legales y constitucionales,  para determinar la conformación de los tribunales de la república y otros órganos del Estado; la imposición en el dictamen de leyes sensibles para nuestro desarrollo y la suscripción de contratos leoninos para la exploración, explotación y distribución de nuestros hidrocarburos y minerales tradicionales.

Una vez pagado el precio y superada nuestra condición como botín de guerra volveremos a los problemas y virtudes de ser venezolanos; a aplicar y respetar la Constitución Nacional vigente, que deberemos reformar pero en la forma que ella prevé, para no tropezar con la misma piedra que nos llevó a derogar la CN1961 mediante mecanismos no previstos en ella, hecho determinante permitido por la extinta Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, para abrir el camino al socialismo del siglo XXI o Quinta República. Llegará así el momento de escoger nuestra dirigencia en elecciones libres, directas, universales y secretas.

Hablo en futuro pero obviamente ya estamos inmersos en ese panorama. Generalmente los políticos medios son  productos de circunstancias. La gran mayoría entiende su accionar  como un oficio, no como instrumento para servir sino un medio para vivir. No se preparan para  regir alguna instancia de gobierno, sino para acompañar a cualquiera en quien presuman  posibilidades de ocupar  cargos importantes dentro del Estado, porque con ese solo hecho se resuelven el futuro.

Los ciudadanos  en general, tampoco están plenamente conscientes de lo que deben exigir. Se limitan a oír las promesas  con absoluta independencia de las bondades abstractas que constituyen  el bien común. El todo conforma una ensalada  obscena: planes y ofertas amplias independientes de su factibilidad;  lineamientos sobre  justicia social pretendiendo titularidad de  derechos sin obligaciones y la indefectible tesis de la igualdad. No les importa la elaboración de un modelo estructurado de gobierno, ni  hacen un balance entre las necesidades públicas y  las posibilidades reales y humanas de las que dispone  el Estado para decidir con conciencia. 

Hoy, con la experiencia vivida,  tenemos la responsabilidad social de escoger no un buen  candidato (a), sino el mejor. Debemos buscar un venezolano (a) capaz de dirigir un equipo de primer orden, de insertarnos en el concierto mundial y reconciliar al país. A tales fines los votantes, podemos utilizar algunos métodos idóneos, como  recurrir al apoyo informático, a las hemerotecas, a testimonios o cualquier otro medio que nos permita una objetiva revisión de conductas pasadas, porque este candidato (a) óptimo no lo conseguiremos en el sombrero de un mago,  ni lo podemos  improvisar.

Entre quienes ejercen la política en Venezuela  y se postulen para la jefatura del Estado, debemos captar las limitaciones de Peter, principio que grafica el nivel de competencia para el ejercicio de una función privada o pública y, de esta manera, impedir el ascenso de quien no está capacitado para tan altísima responsabilidad. 

Muchos concejales y parlamentarios pasaron por las Cámaras sin hacer aportes de ideas, leyes  y proyectos para mejorar la vida local o nacional, precisamente porque llegaron al tope de sus posibilidades. En contracara  gerentes, profesionales y  académicos  tienen derecho e incluso la obligación de participar para orientar la nación hacia nuevos horizontes, siempre que hayan sido efectivos en el ejercicio de sus funciones en las diferentes áreas. 

Otro instrumento  para una adecuada escogencia entre la amplia gama de  candidaturas es la aplicación del teorema de Baglini, según el cual los programas  u ofertas electorales son inversamente proporcionales al chance del propulsor, cuando éste no tiene formación para el servicio sino que se rige conforme  las variaciones en las encuestas. En caso de no tener  algún candidato posibilidad de ganar una elección, hace ofertas irreales o planteamientos inconvenientes, porque sabe que no tendrá la responsabilidad de cumplir; a  medida que suben las oportunidades, comienzan a cambiar los planes o pensar en las excusas para  el futuro.

No es el caso de un estadista formado para servir a la república, quien con fe y seguridad en sus decisiones estudia las necesidades y proyecta las soluciones requeridas, independientemente de las tendencias electorales, porque está centrado en los requerimientos del país y los instrumentos materiales y humanos de los cuales dispondrá.

Me parece que ofrecer $5.000 a 250.000.000 de votantes, independientemente del monto de la deuda pública, del Producto Interno Bruto de EEUU y otros factores económicos y sociales a ponderar, es la materialización en extremo del teorema Baglini. No puede constituirse el oferente en nuestro modelo a seguir y, por el contario, nos obliga a buscar con urgencia nuestra propia dirigencia. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

13/09/2026.

Un aspecto de la sentencia de SC del 03/01/2026, en relación a la celebración de contratos de interés público.

Jesús A. Jiménez Peraza.

Las funciones más importantes del Presidente de la República de Venezuela, están listadas en el artículo 236 de la CN1999, aunque tiene otras especialmente atribuidas en la propia carta magna y distintas leyes de menor rango. 

A los efectos de estas reflexiones invoco expresamente:  celebrar convenios, tratados o acuerdos internacionales y suscribir contratos de interés nacional.

El Vicepresidente queda investido directamente con dichas atribuciones sin trámite especial y expreso,   cuando asume la Presidencia de la República  por falta absoluta del jefe del Estado, la cual tiene una duración máxima prevista por 90 días, o bien ante la falta temporal, hasta un máximo de 180 días, aspecto sobre el cual se ha escrito mucho durante los últimos meses en el país, sin que se haya llegado a un acuerdo pacífico entre los diversos intérpretes de la Constitución, sobre los alcances de la norma. 

Pero estamos ante un caso especial y extraordinario, por lo que no son aplicables las normas ordinarias.

Con ocasión de lo sucedido en el Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas durante la madrugada del 03 de enero del 2026, la Sala Constitucional dictó de oficio y con el voto unánime de todos los Magistrados, una sentencia en la cual calificó los hechos como una agresión militar extranjera para perpetrar el secuestro del presidente Nicolás Maduro, por lo que se entendió habilitada (la Sala) para efectuar una “interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del Presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro”. 

Resaltó el tribunal que su decisión no implica el pronunciamiento sobre la calificación jurídica de la falta (absoluta o temporal), sino  que su pretensión es establecer una hoja de ruta para la preservación del orden constitucional. 

En el dispositivo la sentencia ratifica de manera clara, lacónica e incontrovertible:

1. Que ordena a la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, que asuma y ejerza en condición de ENCARGADA, las atribuciones, deberes y facultades del Presidente de la República “con el fin de garantizar la continuidad administrativa del Estado, la gestión del gobierno y la defensa integral de la Nación”.

2. Confiere a la decisión el carácter de actuación “cautelar urgente y preventiva”

3. Le atribuye a la sentencia carácter excepcional y advierte que en ninguna forma se  sustituyen las competencias de otros órganos del Estado.

Debemos entonces destacar dentro del marco de dicha sentencia, dictada por el máximo intérprete de la constitucionalidad:

1. Que las funciones de la Presidente Encargada son excepcionales, es decir, no tiene las funciones ordinarias atribuidas al Presidente de la República ni las que habría adquirido al suplirlo por faltas absolutas o temporales,  puesto esta alternativa según recalcó la decisión, no forma parte del thema decidendum,

2. Que la medida  tiene un fin expresamente delimitado, cuál es  garantizar la continuidad administrativa, la gestión del gobierno  y la defensa de la Nación, 

3. Que se trata de una medida cautelar, lo que implica en Derecho que no es definitiva.

Ahora bien, constituye un hecho público, notorio y comunicacional que el gobierno interino de Venezuela, en actuaciones que parecieran materializar el síndrome de Estocolmo, ha celebrado o está en proceso de celebración de unos convenios cuyo objeto lo constituye la exploración, explotación y venta de un volumen muy significativo, en relación a nuestras reservas de petróleo, negociación que por supuesto sería plausible porque pudieran mitigar nuestras principales necesidades, presentes y futuras, pero trasciende de manera evidente lo previsto por la Sala Constitucional en cuanto a las competencias del interinato.

Siendo que la sentencia es la fuente única para interpretar y regular los hechos acontecidos el 3 de enero del 2026, porque tal y como señala la parte motiva, son absolutamente excepcionales, atípicos, producto de fuerza mayor y no previstos en nuestro tinglado jurídico.

Aunque no tenemos claro el contenido contractual anunciado inicialmente, no a través de canales oficiales sino en las redes sociales del señor Presidente de EEUU y poco se ha informado públicamente, es indudable que la suscripción de tales convenios escapan de las competencias atribuidas excepcionalmente a la ciudadana Vicepresidente, al exceder de la simple gestión para la continuidad administrativa de la nación, pero además, por ser de evidente interés público nacional, pudieran requerir  la aprobación por la Asamblea Nacional y el mayor consenso posible, vista la situación especial que en todos los aspectos atraviesa el país.

Es de tanta trascendencia e importancia la celebración de este contrato que contribuye significativamente al bienestar integral de los venezolanos, que debemos todos cuidar su formalidad para preservarlo de cualquier nulidad futura, aunque cambien los gobiernos  que rigen en Venezuela y en Estados Unidos, porque la alternabilidad es un hecho previsible en los sistemas democráticos.   Además, es conveniente no correr el riesgo de que por su potencial y previsible incumplimiento forzoso, podamos ser condenados al pago de daños y perjuicios. Dios bendiga a Venezuela! 

jesusjimenezperaza@gmail.com

03/09/2026

El punto de inicio!

 Jesús Alberto Jiménez Peraza.

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia fue considerada por la Comisión designada bajo las instrucciones del llamado tutelaje, como punto de inicio para la reinstitucionalización del país. Confieso que no acabo de entender  la legitimidad de este órgano ni la determinación inicial,  pero lo acepto.  

Es evidente que hemos perdido el estado de derecho de manera paulatina y sostenida, durante las últimas tres décadas.  De ello dan cuenta la aceptación generalizada de existencia de presos políticos en nuestras cárceles,  situación que  habíamos jurado erradicar desde que el poeta cumanés Andres Eloy Blanco clamó por echar los grilletes al mar para siempre. 

Las invasiones urbanas y rurales admitidas por las autoridades constituidas, con lo cual desconocen principios vetustos de derecho privado, ratificados por tratados internacionales  signados por la República y la CN1999, también dan cuenta de ello. El Estado no protege formalmente a la familia como institución básica y fundamental de la sociedad. El matrimonio, por jurisprudencia de los tribunales, es decir, sin que lo haya aprobado una consulta popular paso obligatorio para sancionar una ley, se puede disolver de mutuo acuerdo, como si fuese un contrato que no interesa a terceros.

 Y, por sobre todo, hemos perdido el principio de soberanía nacional.

Restituir el estado de derecho, que implica diseñar y ejecutar una política general del Estado como el que se espera reiniciar, no corresponde a los Tribunales de ningún grado, cuya función primordial es administrar justicia en casos concretos, a menos que se piense gobernar a través de actos especiales que requieran de control permanente por la Sala Constitucional. 

 Si bien es cierto que podemos pensar que la debacle de nuestro sistema tiene su génesis en múltiples decisiones del Máximo Tribunal de la República, puesto se prestó para lavar las desatinadas políticas emprendidas desde los ya viejos tiempos del presidente Chavez, cuando  tergiversa  el referendo revocatorio permitiendo después una  cuestionada enmienda constitucional y con ella la soñada posibilidad de la presidencia vitalicia, con renovaciones cada sexenio. 

También se prestó el Tribunal en cuestión para atomizar la labor de la Asamblea Nacional electa para el periodo  2015 - 2020, temerosa a pesar de contar con un respaldo bastante robusto de los electores, que le atribuyó la mayoría calificada a la oposición y, que aún reducida a una mayoría absoluta por abusiva decisión de la Sala Electoral, pudo hacer más de lo que hizo para fortalecer la democracia. 

La Venezuela que despierta requiere la reorganización y diseño de toda la estructura de un Estado y para ello la autoridad competente es el gobierno, el Poder Ejecutivo encabezado con un líder legítimo y a la par un Poder Legislativo, para la aprobación y reforma de las leyes necesarias. El trabajo de los tribunales es  controlar los actos producidos y aplicar las leyes. 

Sí es necesario reestructurar de urgencia nuestro Poder Judicial (no solo el TSJ) conforme lo establecido en la CN1999 porque está muy desprestigiado y corrompido por las imposiciones de los demás organismos del Estado e incluso,  por los abogados en ejercicio. Pero tendremos que  soportar sus imperfecciones mientras se conforma uno apropiado para los tiempos por venir. 

Por ahora  debemos controlar la labor judicial a través de denuncias estructuradas ante la dependencia administrativa competente o ante el Ministerio Público, y sobre todo analizar y comparar sus  decisiones en ambiente especializado como Facultades de Derecho o Colegios de Abogados, porque es común conseguir sentencias contradictorias con otras recientemente publicadas, sin la debida fundamentación por el cambio de criterio. 

Un buen juez requiere, por lo menos, de las siguientes condiciones para su designación y durante su desempeño: capacitación, honorabilidad y responsabilidad.

La primera implica conocimientos profundos en la materia para la cual le es atribuida competencia, pero también principios básicos sobre las demás ramas del Derecho; en fuentes aplicables como doctrina y jurisprudencia y en general,  en las artes y ciencias requeridas para la formación integral del hombre como lógica,  historia, filosofía, sociología etc. El juez debe ser buen lector y saber escuchar para entender los argumentos que aportan las partes, también saber escribir para que se entienda lo que quiso decir en sus autos y sentencias.

La honorabilidad implica  honradez, rectitud y decencia por lo que ha de ser capaz de transmitir respeto y confianza. Uno de los Libros de la Biblia se denomina precisamente “Jueces” ambientado en una etapa histórica en la cual los seres creados se olvidaron de Dios, quien envía líderes llamados jueces, para salvarlos. En Grecia antigua la potestad de administrar justicia se atribuía a los areópagos, especie de templo en una colina en  la cual se reunía un consejo de ancianos sabios que, con el mismo nombre, administraban justicia.

La responsabilidad es una cualidad que nos obliga a cumplir fielmente con lo que las costumbres pacíficamente aceptadas, las leyes y la moral nos ordenan. Dicha virtud conlleva entender que estamos sometidos a normas sociales y que su transgresión nos ocasiona consecuencias. 

Esta especie de baremo es tan complejo que se dificulta conseguir la forma de designar a los jueces.  En Venezuela tenemos infinidad de catedráticos, quienes pueden disertar sobre complejos temas jurídicos o escribir tratados sobre Derecho Público o  Derecho Privado, pero esa es una labor distinta a dictar una sentencia lacónica que  atribuya a cada quien cuanto le corresponda y, además que esté dispuesto a hacerlo. Dios bendiga a Venezuela!

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27/08/2026.