Venezuela 1811 - Venezuela 2026.

Jesus A. Jiménez Peraza.

A mediados de 1811 dos sabios juristas, don Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio, recibieron la difícil tarea de buscar para Venezuela una hoja de ruta para determinar  nuestra estructura como Estado y abordara soluciones a los males colectivos.  Era tarea social y jurídicamente complicada en extremo, porque la población estaba dividida entre quienes permanecían fieles a la corona española, incluso después de los hechos del 19 de abril  1810 y quienes dieron inicio a  la Guerra de Independencia, declarada en teoría el 5 de julio de 1811, pero que militarmente no se concretaría hasta una década después. 

Estaba  en boga la influencia de los ideales democráticos de los pensadores clásicos de finales del siglo XVIII, que sirvieron de base  a la Constitución de Estados Unidos  y la Revolución Francesa, pero esos modernos principios no eran fáciles de aplicar en territorios separados y con población dividida.  

Los ilustres juristas iniciaron su trabajo fijando las bases, cuál fue redactar el pacto constitucional y confederar las siete provincias, más las que luego aceptaron agregarse, conservando su régimen interno excepto en lo delegado a la Autoridad General de la Confederación y unos objetivo, procurar el bien común, una mejor administración de justicia, ejercer la defensa territorial, consolidar la libertad, la unión y cumplir con los principios básicos similares.

 Quedaron comprometidos los venezolanos a respetar la autoridad que emana del pacto,  confiada a distintos cuerpos independientes entre sí y en sus respectivas facultades, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así fue como vió la luz la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la primera de Iberoamérica, sancionada por  Congreso Constituyente en Caracas, el día 21 de diciembre de 1811, que tuvo corta vigencia pero fue el embrión de lo que sería la República de Venezuela.

El año 2026 nos consigue con problemas distintos, pero igualmente graves, que pudiéramos englobar como desinstitucionalización de la república, fundamentalmente porque se ha mancillado  un mandamiento preliminar del Pacto inicial:

“Los individuos que fueren nombrados para ejercerlo se sujetarán inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitución se les prescriben para el cumplimiento y desempeño de sus destinos”. 

Nuestra desinstitucionalización no comenzó el 3 de enero del presente año, sino mucho antes con la violación de las normas por quienes debían aplicarlas, pero indudablemente ese día se marca un hito histórico importante, que podemos tomar como un reinicio.

 Pero a diferencia de 1811 tenemos  la base, la Constitución Nacional de 1999, ella ha sido violentada y tergiversada por autoridades  e incluso por el principal órgano encargado de su defensa, la Sala Constitucional; fue indebidamente y caprichosamente enmendada, pero existe y tenemos todos que aplicarla como pacto común entre los venezolanos. En su oportunidad podremos reformarla, reescribirla, pero por ahora en medio del temporal, no queda más alternativa que aplicarla. 

También tenemos una estructura, un Estado de derecho y de justicia,  dentro de un sistema democrático que se rige por normas internas e internacionales, suficientemente conocidas y vividas con anterioridad.

No obstante esta directriz ideal, con fundamento jurídico e histórico, comenzamos el rescate del Estado con la formación de una Mesa de Diálogo, no con fines de asesoramiento que es permisible, sino ejecutivo. La Mesa  determinó en su reunión inicial como primer punto de la Agenda  el Fortalecimiento de la democracia, y dentro de este objetivo incluyó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Pero como no tiene  sujeción constitucional, principio obligatorio desde nuestra primera Carta Magna, en la reunión siguiente  asoma como prioritario el tema social y tutela de derechos ciudadanos genéricos, y después otros por lo que intuyo como consecuencia obligada, el incumplimiento de todos los propósitos. 

Aunque  es evidente la ilegitimidad de origen y la confusión de funciones, la desinstitucionalización y  anarquía que asoma en el panorama nacional justifica su actuación, previo llamado para que cumplan. Ya asumieron una delicadísima función y deben ejecutarla, en orden lógico. 

La primera tarea debe ser, como aprobaron inicialmente, la renovación del Consejo Nacional Electoral, porque a este Poder Público corresponde:

Artículo 293, 5 CN1999.-  La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. 

La designación de los Rectores Electorales, no es tarea difícil, la CN1999, dice al respecto:

Artículo 295.  El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 296.  El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas.

Es cierto que  la Asamblea Nacional cambió sustancialmente por ley especial esas condiciones, permitiendo que los diputados integren  el Comité de Postulaciones, porque ellos forman parte de la sociedad civil,  y es verdad que la Sala Constitucional le dió el visto bueno, pero  ésta actuó aplicando una figura conocida como  verdad formalmente radical, sin plantearse que no debe decidir quien postula, porque no es ético, lo que permite inaplicar  la ley y la sentencia, sino cumplir con la letra literalmente interpretada de la Constitución, debiendo de inmediato proceder a recibir las postulaciones y pasarlas, como corresponde, al Poder Ciudadano y después a la Asamblea Nacional. No hay excusas, para omitir ese sencillo trámite y proceder.

Coetáneamente pueden iniciar la elección de los Magistrados, como es lo acordado y aceptado por los ciudadanos, con la advertencia que es necesario entender que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia no será suficiente para fortalecer nuestra deteriorada democracia, a menos que en paralelo se adelanten otras iniciativas para lo cual deben cesar las funciones extraordinarias de la Mesa y se inicia la actuación de los órganos públicos, con la elección del Presidente de la República, mediante el cronograma aprobado por el CNE, porque él tiene las altísimas funciones que lo convierten en  líder insustituible y básico para la recuperación institucional. Pero no pierdan más tiempo…..porque no hay mucho tiempo para perder. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

21/09/2026

El principio de Peter y el teorema Baglini.

Jesús A. Jiménez Peraza.

En algún momento, quiera Dios más temprano que tarde, debemos superar lo que  algunos llaman pomposa y orgullosamente el tutelaje, situación que sin mayor esfuerzo aprueba ese mismo sector poblacional porque, en su criterio,  determinó  la salida de Nicolás Maduro, hecho imposible de alcanzar  con la utilización de nuestros propios mecanismos legales o los previstos por los organismos multilaterales en Tratados signados por Venezuela con anterioridad, con el frágil argumento que no teníamos  soberanía por defender, porque desde hace mucho tiempo la habíamos perdido, con las políticas entreguistas ante rusos, cubanos y chinos.

Ese momento trascendente  nos presentará en su justa dimensión la realidad de un país con niveles similares a los del siglo XIX, una economía pauperizada; sin infraestructura básica, consecuencialmente, sin servicios públicos aceptables  y un nivel educativo que se pudiera generalizar como analfabetismo, porque un número bastante alto de nuestros bachilleres y profesionales universitarios, no tienen preparación aceptable para comprensión lectora y/o no están plenamente preparados para el ejercicio de la profesión.  

Quizás para entonces hayamos entendido el error de aceptar órganos constituidos fuera de las previsiones legales y constitucionales,  para determinar la conformación de los tribunales de la república y otros órganos del Estado; la imposición en el dictamen de leyes sensibles para nuestro desarrollo y la suscripción de contratos leoninos para la exploración, explotación y distribución de nuestros hidrocarburos y minerales tradicionales.

Una vez pagado el precio y superada nuestra condición como botín de guerra volveremos a los problemas y virtudes de ser venezolanos; a aplicar y respetar la Constitución Nacional vigente, que deberemos reformar pero en la forma que ella prevé, para no tropezar con la misma piedra que nos llevó a derogar la CN1961 mediante mecanismos no previstos en ella, hecho determinante permitido por la extinta Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, para abrir el camino al socialismo del siglo XXI o Quinta República. Llegará así el momento de escoger nuestra dirigencia en elecciones libres, directas, universales y secretas.

Hablo en futuro pero obviamente ya estamos inmersos en ese panorama. Generalmente los políticos medios son  productos de circunstancias. La gran mayoría entiende su accionar  como un oficio, no como instrumento para servir sino un medio para vivir. No se preparan para  regir alguna instancia de gobierno, sino para acompañar a cualquiera en quien presuman  posibilidades de ocupar  cargos importantes dentro del Estado, porque con ese solo hecho se resuelven el futuro.

Los ciudadanos  en general, tampoco están plenamente conscientes de lo que deben exigir. Se limitan a oír las promesas  con absoluta independencia de las bondades abstractas que constituyen  el bien común. El todo conforma una ensalada  obscena: planes y ofertas amplias independientes de su factibilidad;  lineamientos sobre  justicia social pretendiendo titularidad de  derechos sin obligaciones y la indefectible tesis de la igualdad. No les importa la elaboración de un modelo estructurado de gobierno, ni  hacen un balance entre las necesidades públicas y  las posibilidades reales y humanas de las que dispone  el Estado para decidir con conciencia. 

Hoy, con la experiencia vivida,  tenemos la responsabilidad social de escoger no un buen  candidato (a), sino el mejor. Debemos buscar un venezolano (a) capaz de dirigir un equipo de primer orden, de insertarnos en el concierto mundial y reconciliar al país. A tales fines los votantes, podemos utilizar algunos métodos idóneos, como  recurrir al apoyo informático, a las hemerotecas, a testimonios o cualquier otro medio que nos permita una objetiva revisión de conductas pasadas, porque este candidato (a) óptimo no lo conseguiremos en el sombrero de un mago,  ni lo podemos  improvisar.

Entre quienes ejercen la política en Venezuela  y se postulen para la jefatura del Estado, debemos captar las limitaciones de Peter, principio que grafica el nivel de competencia para el ejercicio de una función privada o pública y, de esta manera, impedir el ascenso de quien no está capacitado para tan altísima responsabilidad. 

Muchos concejales y parlamentarios pasaron por las Cámaras sin hacer aportes de ideas, leyes  y proyectos para mejorar la vida local o nacional, precisamente porque llegaron al tope de sus posibilidades. En contracara  gerentes, profesionales y  académicos  tienen derecho e incluso la obligación de participar para orientar la nación hacia nuevos horizontes, siempre que hayan sido efectivos en el ejercicio de sus funciones en las diferentes áreas. 

Otro instrumento  para una adecuada escogencia entre la amplia gama de  candidaturas es la aplicación del teorema de Baglini, según el cual los programas  u ofertas electorales son inversamente proporcionales al chance del propulsor, cuando éste no tiene formación para el servicio sino que se rige conforme  las variaciones en las encuestas. En caso de no tener  algún candidato posibilidad de ganar una elección, hace ofertas irreales o planteamientos inconvenientes, porque sabe que no tendrá la responsabilidad de cumplir; a  medida que suben las oportunidades, comienzan a cambiar los planes o pensar en las excusas para  el futuro.

No es el caso de un estadista formado para servir a la república, quien con fe y seguridad en sus decisiones estudia las necesidades y proyecta las soluciones requeridas, independientemente de las tendencias electorales, porque está centrado en los requerimientos del país y los instrumentos materiales y humanos de los cuales dispondrá.

Me parece que ofrecer $5.000 a 250.000.000 de votantes, independientemente del monto de la deuda pública, del Producto Interno Bruto de EEUU y otros factores económicos y sociales a ponderar, es la materialización en extremo del teorema Baglini. No puede constituirse el oferente en nuestro modelo a seguir y, por el contario, nos obliga a buscar con urgencia nuestra propia dirigencia. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

13/09/2026.

Un aspecto de la sentencia de SC del 03/01/2026, en relación a la celebración de contratos de interés público.

Jesús A. Jiménez Peraza.

Las funciones más importantes del Presidente de la República de Venezuela, están listadas en el artículo 236 de la CN1999, aunque tiene otras especialmente atribuidas en la propia carta magna y distintas leyes de menor rango. 

A los efectos de estas reflexiones invoco expresamente:  celebrar convenios, tratados o acuerdos internacionales y suscribir contratos de interés nacional.

El Vicepresidente queda investido directamente con dichas atribuciones sin trámite especial y expreso,   cuando asume la Presidencia de la República  por falta absoluta del jefe del Estado, la cual tiene una duración máxima prevista por 90 días, o bien ante la falta temporal, hasta un máximo de 180 días, aspecto sobre el cual se ha escrito mucho durante los últimos meses en el país, sin que se haya llegado a un acuerdo pacífico entre los diversos intérpretes de la Constitución, sobre los alcances de la norma. 

Pero estamos ante un caso especial y extraordinario, por lo que no son aplicables las normas ordinarias.

Con ocasión de lo sucedido en el Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas durante la madrugada del 03 de enero del 2026, la Sala Constitucional dictó de oficio y con el voto unánime de todos los Magistrados, una sentencia en la cual calificó los hechos como una agresión militar extranjera para perpetrar el secuestro del presidente Nicolás Maduro, por lo que se entendió habilitada (la Sala) para efectuar una “interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del Presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro”. 

Resaltó el tribunal que su decisión no implica el pronunciamiento sobre la calificación jurídica de la falta (absoluta o temporal), sino  que su pretensión es establecer una hoja de ruta para la preservación del orden constitucional. 

En el dispositivo la sentencia ratifica de manera clara, lacónica e incontrovertible:

1. Que ordena a la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, que asuma y ejerza en condición de ENCARGADA, las atribuciones, deberes y facultades del Presidente de la República “con el fin de garantizar la continuidad administrativa del Estado, la gestión del gobierno y la defensa integral de la Nación”.

2. Confiere a la decisión el carácter de actuación “cautelar urgente y preventiva”

3. Le atribuye a la sentencia carácter excepcional y advierte que en ninguna forma se  sustituyen las competencias de otros órganos del Estado.

Debemos entonces destacar dentro del marco de dicha sentencia, dictada por el máximo intérprete de la constitucionalidad:

1. Que las funciones de la Presidente Encargada son excepcionales, es decir, no tiene las funciones ordinarias atribuidas al Presidente de la República ni las que habría adquirido al suplirlo por faltas absolutas o temporales,  puesto esta alternativa según recalcó la decisión, no forma parte del thema decidendum,

2. Que la medida  tiene un fin expresamente delimitado, cuál es  garantizar la continuidad administrativa, la gestión del gobierno  y la defensa de la Nación, 

3. Que se trata de una medida cautelar, lo que implica en Derecho que no es definitiva.

Ahora bien, constituye un hecho público, notorio y comunicacional que el gobierno interino de Venezuela, en actuaciones que parecieran materializar el síndrome de Estocolmo, ha celebrado o está en proceso de celebración de unos convenios cuyo objeto lo constituye la exploración, explotación y venta de un volumen muy significativo, en relación a nuestras reservas de petróleo, negociación que por supuesto sería plausible porque pudieran mitigar nuestras principales necesidades, presentes y futuras, pero trasciende de manera evidente lo previsto por la Sala Constitucional en cuanto a las competencias del interinato.

Siendo que la sentencia es la fuente única para interpretar y regular los hechos acontecidos el 3 de enero del 2026, porque tal y como señala la parte motiva, son absolutamente excepcionales, atípicos, producto de fuerza mayor y no previstos en nuestro tinglado jurídico.

Aunque no tenemos claro el contenido contractual anunciado inicialmente, no a través de canales oficiales sino en las redes sociales del señor Presidente de EEUU y poco se ha informado públicamente, es indudable que la suscripción de tales convenios escapan de las competencias atribuidas excepcionalmente a la ciudadana Vicepresidente, al exceder de la simple gestión para la continuidad administrativa de la nación, pero además, por ser de evidente interés público nacional, pudieran requerir  la aprobación por la Asamblea Nacional y el mayor consenso posible, vista la situación especial que en todos los aspectos atraviesa el país.

Es de tanta trascendencia e importancia la celebración de este contrato que contribuye significativamente al bienestar integral de los venezolanos, que debemos todos cuidar su formalidad para preservarlo de cualquier nulidad futura, aunque cambien los gobiernos  que rigen en Venezuela y en Estados Unidos, porque la alternabilidad es un hecho previsible en los sistemas democráticos.   Además, es conveniente no correr el riesgo de que por su potencial y previsible incumplimiento forzoso, podamos ser condenados al pago de daños y perjuicios. Dios bendiga a Venezuela! 

jesusjimenezperaza@gmail.com

03/09/2026

El punto de inicio!

 Jesús Alberto Jiménez Peraza.

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia fue considerada por la Comisión designada bajo las instrucciones del llamado tutelaje, como punto de inicio para la reinstitucionalización del país. Confieso que no acabo de entender  la legitimidad de este órgano ni la determinación inicial,  pero lo acepto.  

Es evidente que hemos perdido el estado de derecho de manera paulatina y sostenida, durante las últimas tres décadas.  De ello dan cuenta la aceptación generalizada de existencia de presos políticos en nuestras cárceles,  situación que  habíamos jurado erradicar desde que el poeta cumanés Andres Eloy Blanco clamó por echar los grilletes al mar para siempre. 

Las invasiones urbanas y rurales admitidas por las autoridades constituidas, con lo cual desconocen principios vetustos de derecho privado, ratificados por tratados internacionales  signados por la República y la CN1999, también dan cuenta de ello. El Estado no protege formalmente a la familia como institución básica y fundamental de la sociedad. El matrimonio, por jurisprudencia de los tribunales, es decir, sin que lo haya aprobado una consulta popular paso obligatorio para sancionar una ley, se puede disolver de mutuo acuerdo, como si fuese un contrato que no interesa a terceros.

 Y, por sobre todo, hemos perdido el principio de soberanía nacional.

Restituir el estado de derecho, que implica diseñar y ejecutar una política general del Estado como el que se espera reiniciar, no corresponde a los Tribunales de ningún grado, cuya función primordial es administrar justicia en casos concretos, a menos que se piense gobernar a través de actos especiales que requieran de control permanente por la Sala Constitucional. 

 Si bien es cierto que podemos pensar que la debacle de nuestro sistema tiene su génesis en múltiples decisiones del Máximo Tribunal de la República, puesto se prestó para lavar las desatinadas políticas emprendidas desde los ya viejos tiempos del presidente Chavez, cuando  tergiversa  el referendo revocatorio permitiendo después una  cuestionada enmienda constitucional y con ella la soñada posibilidad de la presidencia vitalicia, con renovaciones cada sexenio. 

También se prestó el Tribunal en cuestión para atomizar la labor de la Asamblea Nacional electa para el periodo  2015 - 2020, temerosa a pesar de contar con un respaldo bastante robusto de los electores, que le atribuyó la mayoría calificada a la oposición y, que aún reducida a una mayoría absoluta por abusiva decisión de la Sala Electoral, pudo hacer más de lo que hizo para fortalecer la democracia. 

La Venezuela que despierta requiere la reorganización y diseño de toda la estructura de un Estado y para ello la autoridad competente es el gobierno, el Poder Ejecutivo encabezado con un líder legítimo y a la par un Poder Legislativo, para la aprobación y reforma de las leyes necesarias. El trabajo de los tribunales es  controlar los actos producidos y aplicar las leyes. 

Sí es necesario reestructurar de urgencia nuestro Poder Judicial (no solo el TSJ) conforme lo establecido en la CN1999 porque está muy desprestigiado y corrompido por las imposiciones de los demás organismos del Estado e incluso,  por los abogados en ejercicio. Pero tendremos que  soportar sus imperfecciones mientras se conforma uno apropiado para los tiempos por venir. 

Por ahora  debemos controlar la labor judicial a través de denuncias estructuradas ante la dependencia administrativa competente o ante el Ministerio Público, y sobre todo analizar y comparar sus  decisiones en ambiente especializado como Facultades de Derecho o Colegios de Abogados, porque es común conseguir sentencias contradictorias con otras recientemente publicadas, sin la debida fundamentación por el cambio de criterio. 

Un buen juez requiere, por lo menos, de las siguientes condiciones para su designación y durante su desempeño: capacitación, honorabilidad y responsabilidad.

La primera implica conocimientos profundos en la materia para la cual le es atribuida competencia, pero también principios básicos sobre las demás ramas del Derecho; en fuentes aplicables como doctrina y jurisprudencia y en general,  en las artes y ciencias requeridas para la formación integral del hombre como lógica,  historia, filosofía, sociología etc. El juez debe ser buen lector y saber escuchar para entender los argumentos que aportan las partes, también saber escribir para que se entienda lo que quiso decir en sus autos y sentencias.

La honorabilidad implica  honradez, rectitud y decencia por lo que ha de ser capaz de transmitir respeto y confianza. Uno de los Libros de la Biblia se denomina precisamente “Jueces” ambientado en una etapa histórica en la cual los seres creados se olvidaron de Dios, quien envía líderes llamados jueces, para salvarlos. En Grecia antigua la potestad de administrar justicia se atribuía a los areópagos, especie de templo en una colina en  la cual se reunía un consejo de ancianos sabios que, con el mismo nombre, administraban justicia.

La responsabilidad es una cualidad que nos obliga a cumplir fielmente con lo que las costumbres pacíficamente aceptadas, las leyes y la moral nos ordenan. Dicha virtud conlleva entender que estamos sometidos a normas sociales y que su transgresión nos ocasiona consecuencias. 

Esta especie de baremo es tan complejo que se dificulta conseguir la forma de designar a los jueces.  En Venezuela tenemos infinidad de catedráticos, quienes pueden disertar sobre complejos temas jurídicos o escribir tratados sobre Derecho Público o  Derecho Privado, pero esa es una labor distinta a dictar una sentencia lacónica que  atribuya a cada quien cuanto le corresponda y, además que esté dispuesto a hacerlo. Dios bendiga a Venezuela!

jesusajimenezp@gmail.com

27/08/2026.

 La ley Patriota.

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

La USA Patriot Act o Ley Patriota  aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, confirió al gobierno federal a través de las Agencias de Inteligencia, una serie de atribuciones que, para algún sector violentaba los derechos humanos pero  otro la consideró necesaria para dar la seguridad interna y externa que el país requiere, previniendo el terrorismo, compartiendo información entre las Oficinas de investigación  y endureciendo penas de los delitos vinculados al terrorismo doméstico e internacional.  

La ley tuvo algunas reformas e incluso un intento infructuoso de unificar los proyectos de cada Cámara. Su vigencia fué hasta el año 2020, pero  sustituida por otros dispositivos como la USA Freedom Act y la de Autorización de Inteligencia, en las cuales permanece el debate básico de la prevalencia entre la seguridad de los ciudadanos y la vigencia de los derechos constitucionales. 

Estados Unidos continúa con un férreo tinglado legal para prevenir y castigar los actos que integralmente pudieran facilitar el terrorismo desde cualquier parte del mundo, ese es su derecho, pero por supuesto muchas normas están en el filo de colidir con la Constitución vigente desde 1787, tratados intenacionales  u otra ley especial cuya interpretación pudiera prestarse para  actuación diametralmente distinta de un Presidente diferente al actual, o por el cambio en la conformacion del Congreso Americano a partir de las elecciones de noviembre o por la decisión autónoma  de un Juez Federal.

Vale decir, debemos mantener apropiada distancia entre las instrucciones recibidas desde el norte y nuestras políticas internas, porque aquellas además de morigerar nuestra libertad política, pudieran cambiar su orientación  sin explicación ni justificación.

No tiene nada que ver lo antes dicho con temor alguno a ver atemperado el proceso que actualmente se sigue al señor Nicolás Maduro y su esposa, ya autorizado por el gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de New York en marzo del 2020, imputándole cargos de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de sustancias prohibidas, pero si pudiera guardar vínculo con actuaciones futuras de interés para nuestro proceso electoral venezolano, por lo cual no debemos vincular este proceso interno irrestrictamente con  órdenes provenientes del Presidente de los Estados Unidos, sino sometido a nuestras leyes nacionales.

Es importante que ante todo hagamos valer nuestra soberanía. Es aceptable que sepamos agradecer la ayuda prestada y si es exigido, que paguemos los gastos ocasionados, pero hasta allí. Obviamente, debemos administrar con entera autonomía nuestros recursos naturales, reorganizar y fortalecer estructuras o designar funcionarios públicos. Pero no podemos aceptar la insinuación de ser un nuevo Estado de la Unión Americana, ni botín de guerra, ni que se nos impongan condiciones para determinar la reorientación de nuestro sistema judicial y en general, el democrático, para lo cual tenemos diseñado procedimientos constitucionales que a su debido tiempo deberemos revisar y reformar, pero que por ahora deben cumplirse.

A principios de su mandato el presidente Trump asomó la posibilidad de anexarse a Canadá y Groenlandia, ahora lo hace con el Estrecho de Ormuz. En los dos primeros  casos recibió respetuosa pero contundente respuesta y la reacción de pueblo y gobierno unido,  proclamando su soberanía, libertad e independencia. 

La posición canadiense fue apropiada, a pesar que su economía se veía fuertemente golpeada con el aumento desproporcionado de aranceles, marcó sus mercancías con su bandera roja y hoja de maple, incentivando al pueblo a consumir productos nacionales, desarrolló políticas llamando a fomentar el turismo interno. El mensaje del presidente Trumph fortaleció el espíritu nacionalista entre los ciudadanos canadienses dentro del sistema de democracia parlamentaria y monarquía constitucional que tienen adoptado desde 1867, revisada y reafirmada en la reforma del 2011. 

En el segundo caso, el gobierno autónomo de Groenlandia y la primer ministro de Dinamarca la señora Mette Frederiksen, pregonaron el derecho a la autodeterminación de la cual son titulares, advirtieron que el territorio insular no está en venta e hicieron valer en comunicados oficiales  su libertad para explotar  recursos naturales, petróleo o  tierras raras. 

Ya tendremos oportunidad de sopesar la posición de Omán e Irán sobre el Estrecho de Ormuz, que seguramente tendrá una connotación bélica, no política. 

Me pregunto si no deberíamos en Venezuela dar a conocer nuestro agradecimiento y a la vez, la ratificación de nuestra inquebrantable libertad e independencia. Dios bendiga a Venezuela!

20/08/2026 

Soberanía y liderazgo.

 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

 

El desconocimiento del concepto  de soberanía y la falta casi absoluta de líderes, son  puntos negativos y relevantes en la actual política nacional.

La soberanía no la percibimos,  simplemente porque no es un derecho individual aunque somos cotitulares en su ejercicio.  Para que apreciemos la dimensión del significado, refiero que ejercemos soberanía directamente como pueblo, cuando la república ejerce el poder en cada espacio físico del territorio (art. 11 CN1999); cuando un juez dicta una sentencia o cuando los diputados sancionan una ley, puesto que indirectamente, pero de manera protagónica,  la hacemos valer cuando designamos los representantes de los Poderes Públicos (art. 5 CN1999).

El ejercicio de la  soberanía conforme al Preámbulo de la Constitución Nacional de 1999,     siguiendo las doctrinas clásicas de  Jean Bodín, John Locke, Jean Rousseau y su materialización con la Revolución Francesa, implica las defensas del sistema democrático que hemos hecho nuestro desde hace mucho tiempo y por el que se ha pagado un precio muy alto, con la vida y la libertad de muchos connacionales a lo largo de nuestra historia; también afianzando el federalismo y la descentralización; aceptando la integración latinoamericana conforme a los principios de la no intervención y autodeterminación; defendiendo nuestro territorio, entre otros actos significativos.  En la práctica al no sentir  la soberanía, estamos dando la espalda a todos estos valores, principios y conceptos.

En contracara, aceptamos la ausencia de soberanía cuando admitimos gobernantes y comisiones ad hoc sin que haya una consulta popular para su designación o cuando nos constituimos  en botín de guerra y pagadores de gastos sin explicación ni regateo.

Todos los poderes del estado perdieron su legitimidad durante el desempeño o lo están desde su origen, de manera que requerimos con urgencia legitimar las autoridades porque son ellas quienes, en nuestro nombre, pueden ejercer los actos que materializan el concepto abstracto y programático de la soberanía.       

El actual proceso político - social para finalizar la etapa socialista del siglo XXI, nominado así solo para separar el  post chavismo, aunque no existe como periodo histórico valido,   requiere de orientación apropiada que nos permita tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos líderes y este es otro menudo problema. En general, quienes  buscan ocupar ese lugar de privilegio dentro de la sociedad venezolana, se acomodan al facilismo y las circunstancias pero esa conducta es antípoda  de apropiada conducción. El líder es quien dice y hace cuanto sea beneficioso para el pueblo, debe proyectar, explicar, mantener y ejecutar ideas, debe parirlas, no repetir lo que sea más fácil o le permita ganar adeptos. Tampoco es líder quien aceptó en el pasado inmediato lo que hoy rechaza por conveniencia.

Líder fue Moisés, condujo a los hebreos a través del desierto hacia la tierra prometida, venciendo al faraón y a las diez plagas que impedían la travesía. Líder fue Simón Bolívar, en sus discursos trazó un camino y con su espada, superando dificultades, liberó cinco naciones. También lo fue sir Winston Churchill, al ofrecer sangre, sudor y lágrimas, ante el Parlamento Británico recién comenzada la II guerra mundial con Inglaterra al borde de la rendición ante los nazis. A pesar de ello no habló de comodidades ni medallas para Adolph Hitler.

La sola insinuación  sobre la creación del Estado 51 y la intromisión en nuestra política local, es un irrespeto de EEUU a nuestra soberanía y la omisión de respuesta contundente, es falta de un líder que la instrumente. Por cierto, la propuesta no tiene fundamento como algunos ad aláteres pregonan, en la renovación de la doctrina Monroe proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, para apuntalar el proceso independentista de las colonias de América Latina contra las potencias europeas. El fin era evitar la expansión europea hacia nuestro hemisferio, no que EEUU se adueñara de nosotros. Dios bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com

12/agosto/2026.

Origen moderno de nuestro derecho al sufragio.

 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

La Revista norteamericana Times, acaba de publicar una extensa entrevista a la doctora Delcy Rodríguez reproducida por el diario El Nacional, en su edición del 31 de julio del corriente año,  en la cual señala que  "Venezuela celebrará elecciones cuando esté preparada". Igualmente indica que esa preparación previa implica que “todos los actores políticos del país alcancen un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos preparados".

            Con el respeto que me merece la entrevistada, pienso que expresa una ideas con bases confusas por lo que pueden calificarse como un claro ejemplo de galimatías.

            Durante el siglo XIX y bien entrado  el XX, el venezolano no sabia cual era el significado y el alcance del sufragio, para qué servía la expresión de nuestra voluntad. Lo concebíamos como una dádiva del gobernante y no como derecho ciudadano.  Los caudillos se imponían por la fuerza y no requerían convencer sobre cuáles eran sus políticas ni que mecanismos utilizarían para alcanzarlas. Normalmente después de tomar la capital del país reunían al pueblo, como acto simbólico, para anunciar la nueva Constitución que aprobaría o que ya había  sido reformada por el Congreso bajo su dominio.

            Aunque desde finales del  siglo XVIII en el viejo continente ya se conocía el principio de la separación de los poderes públicos, columna vertebral de la democracia, ni el sistema en general ni la línea divisoria entre liberalismo y marxismo estaba claro para el común de los europeos, menos para el nuevo mundo aun en búsqueda de la apropiada conformación del Estado, como entidad distinta a los pueblos bucólicos y semi autárquicos donde el venezolano hacía vida.

            El caudillo, como candidato a la presidencia  no necesitaba votos, estos se contaban en tercer grado, por lo que solo tenía comunicación con el diputado o el senador electo por la Asamblea Legislativa de cada estado. Los miembros de ésta, habían sido a su vez elegidos por los concejales, nombrados en el municipio con votos exclusivamente de varones mayores de 21 años, que tuvieran  patrimonio y supieran leer y escribir. Este complejo procedimiento y reducido padrón  electoral se prestaba a chantajes y manipulaciones. Claro que las Constituciones eran reformadas a menudo, pero podemos tomar a los efectos de entender la idea que pretendo expresar, el antes referido.

            Con el tiempo entendimos el valor del voto y aprendimos como ejercerlo. El Decreto N° 217 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, del 15 de marzo de 1946, con la firma de don Rómulo Betancourt, confirió en su artículo 1 el derecho al sufragio que poco más tarde, la Constitución Nacional de 1947 impondría de la siguiente manera: “Artículo 81.- Son electores todos los venezolanos hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, no sujetos por sentencia definitivamente firme a interdicción civil ni a condena penal que lleve consigo la inhabilitación política”.

Al no excluirlos expresamente confería derecho a votar a los analfabetos y los pobres. Desde entonces estamos preparados para votar, lo hicimos parte de nuestro ADN y ni tan siquiera es necesario establecer sanciones por omitir el sufragio porque todos sabemos que es un derecho y un deber y que a través de él es como podemos ejercer la soberanía.

Sobre la segunda parte de la declaración en el Times, no se si los actores políticos puedan alcanzar “un entendimiento”, sería muy bueno que lo hicieran porque muchas políticas en beneficio del país se lograrían más fácilmente.

 Durante la República Civil entre 1959 y 1999, hubo acuerdos muy buenos y plausibles, ejemplo clásico es el Pacto de Punto Fijo y, en específico,  excluir la materia petrolera, nuestra gallina de los huevos de oro, de las diatribas cotidianas; o convenios para lograr  equilibrio en la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; o para que el partido que ganara las elecciones designara al presidente del Senado, a su vez del Congreso de la República y el segundo partido en las preferencias de la población, presidiera la cámara de diputados; que el Contralor General de la República fuera propuesto por el sector opositor al gobierno y otros.

Pero si los políticos oficialistas, los opositores y diversos subgrupos dentro de cada fragmento, no llegan a acuerdos previos no tienen porqué posponer las elecciones. Ante la falta evidentemente absoluta del Presidente de la República ya que el inicio de su juicio fue fijado para junio del 2027, tenemos el derecho y la obligación de ir a una consulta popular para designar uno, no exactamente como impone la CN1999 en 30 días, pero si en término razonable sujeto a interpretación y acuerdo político. Es la única forma que los mandatarios adquieran la legitimidad requerida para gobernar.

En general las elecciones se deben celebrar cada seis años, lastimosamente las Constituciones de 1961 y de 1999, no determinaron con mayor precisión como en 1947 y 1953 el lapso dentro del cual correspondían, pero persiste el principio político y lógico que   las diferencias se resuelven precisamente votando.

Es cierto que smartmatic y los operadores del sistema electoral nos han hecho perder confianza en las máquinas, pero no en el voto como mecanismo de elección. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

04/agosto/2026.