domingo, 15 de noviembre de 2026

La ley del Odio, derogar o reformar?

 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

            Con ocasión a la disputa pública sobre si la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, debe ser reformada integralmente o derogada, entendiéndose esta última como  su abolición absoluta, como si nunca hubiese existido, he querido hacer las siguientes reflexiones en las cuales no comparto, para nada, algunos aspectos realmente infundados, como su denominación impropia, porque el odio como sentimiento humano no puede ser reglamentado; su presunto rango constitucional, categoría que no existe en nuestro tinglado legislativo; su aprobación por Asamblea Constituyente, órgano que no es competente para sancionar leyes, menos la del 2017 cuya convocatoria fue usurpada por el Presidente de la República, autorizado únicamente para tomar la iniciativa y, con  final imprevisto y violatorio del artículo 347 CN1999, puesto no transformó al Estado, no creó un nuevo ordenamiento jurídico ni redactó una nueva Constitución. Mi conclusión es que no obstante sus desatinos, la ley Contra el Odio no puede ser derogada, sino reformada en forma integral.

Todas las leyes, cualquiera sea su jerarquía, son actos que regulan hechos políticos o sociales, que lógicamente pueden variar con el tiempo por lo que deben reformarse para su adaptación a la nueva realidad. Como el grueso de las circunstancias se mantienen, incluso con una revolución, no tiene sentido derogar enteramente la ley porque varias disposiciones pueden o deben conservarse, lo que implica que ameritan es una reforma, integral o parcial, según corresponda.

            En nuestra primera Constitución Nacional, la Federal de 1811, el proceso de formación de una ley era complicado porque no teníamos una compilación autóctona, cambiamos nuestra estructura política colonial y debía pasar por dos Cámaras, Senado y Representantes antes de la aprobación definitiva por el Ejecutivo. De manera que se facilitó la derogación de las leyes aprobadas por las Legislaturas provinciales en cuanto contravinieran la autoridad de la Confederación, para incorporar a las Provincias.

            La CN1830 ideó la fórmula conforme a la cual la ley que modifica la anterior, debe redactarse y publicarse incluyendo las normas que siguen vigentes y declarar abolida la original. En la práctica no deroga, aunque así lo expresa, tipificando de fondo una reforma absoluta. Expresamente impuso que las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites establecidos.

            La CN1947, simplifica el dispositivo imponiendo que “las leyes sólo se derogarán por otras leyes, y podrán ser reformadas total y parcialmente”. No hace expresa alusión al procedimiento de reforma total, pero si a la parcial conforme a la cual la ley reformada en ambas Cámaras se debe publicar e imprimir en un solo texto, sustituyéndose los artículos reformados por los nuevos, corrigiéndose la numeración en caso de adición o supresión.

            La CN1953 dedica varios artículos a regular la reforma de la Constitución, pero en lo relacionado con las leyes dice simplemente (artículo 94): “las leyes se derogarán por otras leyes y podrán ser reformadas parcialmente”. No establece el mecanismo de la reforma total, para lo cual creo se aplicaría el régimen anterior por el principio de la permanencia de las disposiciones constitucionales.

            Observo que fue utilizada durante su vigencia, la técnica de derogar leyes sin seguir un procedimiento propio o exclusivo, por ejemplo, el Código de Comercio sancionado en julio de 1955, derogó expresamente su similar de 1904, pero a la vez, derogó leyes relacionadas sin reformarlas, como la Ley de Bolsa de 1917, La Ley de Sociedades Cooperativas, también de 1917 y la de Sociedades Constituidas en países Extranjeros de 1918.

            La CN1961 acoge una redacción similar a la CN1947, puesto contempla la reforma total y la parcial y, en este último caso, ordena la publicación entera en un solo texto incorporando las modificaciones aprobadas.

            La CN1999, debió haber previsto un régimen más preciso porque impone, por primera vez en nuestra historia constitucional, el referendo abrogatorio para la abolición total o parcial de una ley. Sin embargo, se limita a establecer en el artículo 218 que “las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

            Aunque para la reforma parcial se sigue la tradición constitucional, como vimos e igualmente se permite la total, en la primera parte del dispositivo resalta una distinción entre reforma total o parcial (por la Asamblea Nacional) y la abrogación que equivale a una derogatoria total, conforme lo previsto en el artículo 74 constitucional que a la letra asienta:

            “Artículo 74.- Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.

            Aunque entre los órganos públicos puede darse competencias concurrentes, en este caso, tratándose del Poder Popular y la Asamblea Nacional, debió dejarse al primero la potestad exclusiva para solicitar la abrogación de las leyes y a la Asamblea Nacional, la de reformar total o parcialmente una ley.

            Finalmente debo recordar un caso en el cual la Asamblea Nacional  derogó totalmente una ley sin recurrir a la reforma total, se trata de la Ley Derogatoria de Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos, del 08 de marzo del 2021, GO N° 42.082, en cuyo artículo único se lee: “Queda derogada, en su totalidad, la Ley de Regulación de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, publicada en Gaceta Oficial N° 6.013 Ext del 23 de diciembre del 2010”, agregándose solo la disposición final donde ordena la vigencia desde la publicación en Gaceta Oficial.

            Como colofón creo que debe reservarse el referendo abrogatorio, en manos del Poder Popular, para derogar, abolir o erradicar enteramente una ley y,  el mecanismo de la reforma total o parcial, relacionado con cambios en el supuesto normativo y consecuencias jurídicas, bajo potestad de la Asamblea Nacional. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

15/noviembre/2026.

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