Con la usurpación muere la libertad, pero deben empinarse la política y el derecho.

-        Al amigo, Dr. Nelson Chitty La Roche. 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

El último día del año recién finalizado, con  justificado interés leí y releí un pronunciamiento bajo el título “Con la usurpación muere la libertad”, que  emitieron los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional, de mi querida y siempre presente Alma Máter, la Universidad Central de Venezuela, que precisamente entra en su año tricentenario ([i]).

El comunicado es un campo abierto a la polémica. No obstante su posición académica del más alto nivel, advierten los firmantes que no pueden limitarse al aspecto meramente constitucional, por cuanto “no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho”, sentencia que debería ser ponderada por el oficialismo, para el bien de sí mismo y del Estado que dirige, porque proviene del cuerpo profesoral de Derecho Constitucional de la universidad más importante del país.

Es un grito de angustia y alarma de venezolanos con credenciales suficientes, que combinan el análisis político con el jurídico sobre la situación que atraviesa el país. Esa dualidad en el enfoque es importante, porque las decisiones políticas sólo pueden producirse con propiedad,  cumpliendo con  instituciones jurídicas, mientras que el derecho tiene como disciplina auxiliar a la política, porque la norma se perfecciona con el entrecruce de criterios contrapuestos y, es  a través de  la política que adquiere sentido y proyección universal. 

Se puede estar de acuerdo totalmente o no con los lineamientos señalados en el comunicado, también puede ser admitido parcialmente, pero no debe ser ignorado por ningún sector de la vida nacional, puesto es evidente que Venezuela tiene gravísimos problemas que debemos afrontar nosotros mismos y, que bueno, que podamos contar con un diagnóstico diseñado desde altas esferas de la materia relacionada con la formación, desarrollo y fines del Estado,   que es precisamente la institución en crisis.

Los catedráticos se fundamentan en ocho puntos para hacer propuestas formales:

1)    La violación de derechos individuales y colectivos fundamentales, pérdida de la soberanía y crisis humanitaria, debido a la ineficiencia y corrupción del gobierno.

2)    La existencia de un Estado forajido y fallido, que desconoce el principio fundamental de la legalidad, lo que cimentan en una serie de circunstancias como protección a grupos armados paramilitares, depredación de los recursos de la nación, comprometiendo la integridad del territorio, de sus recursos naturales  y la soberanía.

3)    El concepto del Estado fallido la justifican por la imposibilidad de cumplir con la carga obligacional para con la población, creándose después de Siria, el mayor movimiento migratorio en  el mundo.

4)    Consideran que la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015, es la única institución legítima, quien pudo constituirse y funcionar no obstante las acciones desproporcionadas cumplidas, fundamentalmente, por el Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial.

5)    En las  vías de hecho cumplidas contra los diputados electos en diciembre del 2015, a quienes se desconocieron sus funciones propias, han sido torturados, perseguidos y enjuiciados indebidamente, agregando la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, que no dudan en calificar como una farsa.

6)    Resaltan el contenido del Informe Detallado de la Misión de Determinación de los Hechos, surgido de la Comisión de DDHH de la ONU, uniéndole otros documentos de fuente internacional dependientes de  la OEA, Comisión Interamericana de DDHH y  Organismos No Gubernamentales nacionales y extranjeros, como Provea, Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional y Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

7)    El proceso electoral parlamentario culminado el 06 de diciembre del 2020, que califican como fraude continuado, sobresaliendo la confiscación de los Partidos Políticos, sus símbolos, colores y tarjetas.

8)    El último punto constituye más que una exposición de hechos, una conclusión que desarrollan posteriormente, considerando que el proceso electoral viciado concluido el 6 de diciembre del 2020, autoriza la continuidad de la Asamblea Nacional electa en el 2015.

Estos puntos así listados les llevan a concluir en la consumación del Estado Constitucional y la existencia de un proceso, en marcha, para la entrega de la soberanía nacional, fundados en la falta de control territorial, suministrando datos precisos sobre la magnitud de la crisis migratoria; el desmantelamiento de nuestra principal industria petrolera;  otorgamiento de concesiones sin previsiones de preservación al medio ambiente; la asunción de  compromisos u obligaciones financieras indebidamente documentados y la ausencia de autorización del Parlamento para suscribir instrumentos de interés nacional, como ordena la CN1999.

Se subraya en el comunicado la postración, debilidad y parcialidad de la Fuerza Armada Nacional, al incumplir sus funciones propias, fundamentalmente en el resguardo de la necesaria salida electoral como solución final del conflicto venezolano. Como condiciones para esta salida pacífica, electoral, constitucional, proponen el grupo de profesores de Derecho Constitucional de la UCV: la inmediata liberación de los presos políticos; desmilitarización del proceso que es eminentemente civil; cumplir con las condiciones de un proceso electoral democrático, libre, competitivo y universal ya consignadas ante el Consejo Permanente  de la Organización de Estados Americanos  el 15/02/2019, incluida la observación del mencionado organismo multilateral regional y de la Unión Europea; definición de un Consejo Nacional Electoral auténticamente independiente y soberano; definición de un espacio para el debate igualitario; conformación de un nuevo padrón electoral; restitución del financiamiento y funcionamiento del sistema partidista; proscripción de la manipulación de los circuitos electorales, y finalmente, de ser utilizado el sistema automatizado, establecer un módulo creíble de auditorías sobre el mismo.

Abogan igualmente por una nueva instancia organizativa y de dirección para la resistencia mancomunada contra el régimen de facto y por la pervivencia de la Asamblea Nacional, legitimada en diciembre del 2015, por cuanto no se produjo el efecto de la renovación constitucional.

En lo personal me parece apropiado el análisis integral esbozado por el grupo de constitucionalistas que lo suscribe. Igualmente es ponderada la propuesta para una salida pacífica y electoral, pero como ella requiere de la aceptación por parte del oficialismo, es menester que dentro de ese mismo esquema, sea simultáneamente escogido del vastísimo sector oposicionista, la instancia organizativa y de dirección que proponen. Esto lo entiendo como la escogencia de un liderazgo y un programa que pueda motivar al pueblo venezolano.

No comparto la tesis de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional designada en diciembre del 2015. Ese hecho no tiene ningún sostén legal, los principios axiológicos genéricamente aducidos por el grupo de profesores, como argumento  para deslegitimar el proceso del 6D2020, no pueden extenderse a la prórroga del Parlamento anterior.

El Estado es una institución única, compacta, formada irremediablemente, por territorio, gobierno y poder.  Todo debe funcionar para que pueda existir y a falta del todo, no existe nada. El Estado fallido no puede ser considerado en forma parcial, sino existe un gobierno que dirija el Poder Ejecutivo, ni un Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, que hacemos con una Asamblea Nacional que no tendría a quien controlar, ni a quien aprobarle contratos de interés general,  ni completar por si la formación de unas leyes que no tienen quien las aplique.

La Asamblea Nacional 2016 – 2021, debe además rendir las cuentas a las cuales está obligada, con base al principio del ejercicio responsable de las funciones públicas (artículo 6 CN1999). Allí deben incluirse los inmensos recursos recibidos de Estados y organizaciones internacionales, para mitigar las necesidades de muestra diáspora; la administración de Citgo, el caso Polímeros; debe ser explicada en forma convincente la razón por la cual no fueron designados, en su oportunidad,  los Rectores del CNE. Si no se presentaron unos diputados para cumplir el quórum, debe darse una razón de porque no se tuvo la previsión de tener listos los suplentes que podían ser convocados por el Presidente de la Cámara o, fijar sesiones sucesivas e inmediatas, antecedente impuesto para la designación de Magistrados y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de  2015.

Es importante señalar, para justificar su dudosa permanencia,  cuales funciones prioritarias podría cumplir el cuerpo, con una mayoría diezmada después de la deserción de los alacranes y otras. Reconozco que muchos diputados cumplieron fiel y apropiadamente sus funciones, fueron valientes y consecuentes, pero como cuerpo colegiado nos debe muchas respuestas. Permanecer con la antigua Asamblea Nacional como ícono opositor, en estos momentos cuando tanto requerimos de cohesión, fortaleza y conducción para cambiar el gobierno en la forma propuesta por los profesores de Derecho Constitucional de la UCV y con ello reorientar la institución del Estado, puede llevarnos hacia una gran decepción y entrega. Dios proteja a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

04/01/2021.

 

---

([i]) Fundada como Universidad Colonial el 22/12/1721, por el rey Felipe V de España. En 1827 da paso a la Universidad Republicana, bajo el Rectoría del  Dr. José María Vargas, quien conjuntamente con El Libertador Simón Bolívar,  promulgaron los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela.