Jesús
A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
La Revista norteamericana Times, acaba de
publicar una extensa entrevista a la doctora Delcy Rodríguez reproducida por el
diario El Nacional, en su edición del 31 de julio del corriente año, en la cual señala que "Venezuela celebrará elecciones cuando
esté preparada". Igualmente indica que esa preparación previa implica
que “todos los actores políticos del país alcancen un entendimiento y
podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos
preparados".
Con el respeto que me merece la
entrevistada, pienso que expresa una ideas con bases confusas por lo que pueden
calificarse como un claro ejemplo de galimatías.
Durante el siglo XIX y bien
entrado el XX, el venezolano no sabia
cual era el significado y el alcance del sufragio, para qué servía la expresión
de nuestra voluntad. Lo concebíamos como una dádiva del gobernante y no como
derecho ciudadano. Los caudillos se
imponían por la fuerza y no requerían convencer sobre cuáles eran sus políticas
ni que mecanismos utilizarían para alcanzarlas. Normalmente después de tomar la
capital del país reunían al pueblo, como acto simbólico, para anunciar la nueva
Constitución que aprobaría o que ya había
sido reformada por el Congreso bajo su dominio.
Aunque desde finales del siglo XVIII en el viejo continente ya se
conocía el principio de la separación de los poderes públicos, columna
vertebral de la democracia, ni el sistema en general ni la línea divisoria
entre liberalismo y marxismo estaba claro para el común de los europeos, menos
para el nuevo mundo aun en búsqueda de la apropiada conformación del Estado,
como entidad distinta a los pueblos bucólicos y semi autárquicos donde el
venezolano hacía vida.
El caudillo, como candidato a la
presidencia no necesitaba votos, estos
se contaban en tercer grado, por lo que solo tenía comunicación con el diputado
o el senador electo por la Asamblea Legislativa de cada estado. Los miembros de
ésta, habían sido a su vez elegidos por los concejales, nombrados en el
municipio con votos exclusivamente de varones mayores de 21 años, que
tuvieran patrimonio y supieran leer y
escribir. Este complejo procedimiento y reducido padrón electoral se prestaba a chantajes y
manipulaciones. Claro que las Constituciones eran reformadas a menudo, pero
podemos tomar a los efectos de entender la idea que pretendo expresar, el antes
referido.
Con el tiempo entendimos el valor
del voto y aprendimos como ejercerlo. El Decreto N° 217 de la Junta
Revolucionaria de Gobierno, del 15 de marzo de 1946, con la firma de don Rómulo
Betancourt, confirió en su artículo 1 el derecho al sufragio que poco más tarde,
la Constitución Nacional de 1947 impondría de la siguiente manera: “Artículo
81.- Son electores todos los venezolanos hombres y mujeres, mayores de
dieciocho años, no sujetos por sentencia definitivamente firme a interdicción
civil ni a condena penal que lleve consigo la inhabilitación política”.
Al no excluirlos expresamente confería derecho
a votar a los analfabetos y los pobres. Desde entonces estamos preparados
para votar, lo hicimos parte de nuestro ADN y ni tan siquiera es
necesario establecer sanciones por omitir el sufragio porque todos sabemos que
es un derecho y un deber y que a través de él es como podemos ejercer la
soberanía.
Sobre la segunda parte de la declaración en el
Times, no se si los actores políticos puedan alcanzar “un entendimiento”, sería
muy bueno que lo hicieran porque muchas políticas en beneficio del país se
lograrían más fácilmente.
Durante
la República Civil entre 1959 y 1999, hubo acuerdos muy buenos y plausibles, ejemplo
clásico es el Pacto de Punto Fijo y, en específico, excluir la materia petrolera, nuestra gallina
de los huevos de oro, de las diatribas cotidianas; o convenios para lograr equilibrio en la designación de los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; o para que el partido que ganara
las elecciones designara al presidente del Senado, a su vez del Congreso de la República
y el segundo partido en las preferencias de la población, presidiera la cámara
de diputados; que el Contralor General de la República fuera propuesto por el
sector opositor al gobierno y otros.
Pero si los políticos oficialistas, los opositores
y diversos subgrupos dentro de cada fragmento, no llegan a acuerdos previos no
tienen porqué posponer las elecciones. Ante la falta evidentemente absoluta del
Presidente de la República ya que el inicio de su juicio fue fijado para junio
del 2027, tenemos el derecho y la obligación de ir a una consulta popular para
designar uno, no exactamente como impone la CN1999 en 30 días, pero si en
término razonable sujeto a interpretación y acuerdo político. Es la única forma
que los mandatarios adquieran la legitimidad requerida para gobernar.
En general las elecciones se deben celebrar
cada seis años, lastimosamente las Constituciones de 1961 y de 1999, no determinaron
con mayor precisión como en 1947 y 1953 el lapso dentro del cual correspondían,
pero persiste el principio político y lógico que las
diferencias se resuelven precisamente votando.
Es cierto que smartmatic y los operadores del
sistema electoral nos han hecho perder confianza en las máquinas, pero no en el
voto como mecanismo de elección. Dios bendiga a Venezuela!
04/agosto/2026.
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