Los jueces: verdugos y víctimas.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp 

No voy a ahondar en los adjetivos que se multiplican en las redes sociales y demás medios de comunicación social para calificar, a favor o en contra,  la conducta de la juez Susana Barreiros, célebre por haber condenado a Leopoldo López. Simplemente la tomo como ejemplo para graficar una acción añeja y dañina para el país, como es haber politizado la justicia, faena de la cual existen muchos responsables,  no sólo en el oficialismo actual, quien a pesar del férreo control que ha mantenido desde hace muchos años sobre la Asamblea Nacional, no ha cumplido con el mandato constitucional (artículo 255)  de propender a la profesionalización de los jueces, obligación en la que expresamente  se impuso a las universidades nacionales la delicada función de organizar la especialización judicial, deuda que por una u otra razón está aún latente.

Pero antes, desde la llamada Cuarta República, un ilustre venezolano como el Dr. René Lepervanche Parpacén ya describía al Poder Judicial como “refugio de aspirantes al cargo público ejecutivo, plaza de premio por labor política cumplida, o desecho de actividad profesional, con las meritísimas excepciones que confirman la regla”. Es que, en efecto, a raíz de la caída de la dictadura en 1958, se atribuyó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, la sublime potestad de designar a los jueces, a excepción de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo eran por las Cámaras en sesión conjunta. Siendo que durante los dos primeros gobiernos pos Pérez Jiménez, el partido Acción Democrática, tuvo además del Poder Ejecutivo, la mayoría parlamentaria aunque compartida por el Pacto de Punto Fijo, los llamados partidos del status designaban y controlaban a los jueces, sin asegurase que en verdad tuviesen la independencia, eficacia, disciplina,  decoro y garantía de una carrera judicial, objetivos que fueron atribuidos a un organismo, el Consejo de la Judicatura, que sólo vio la luz diez años después, cuando ganó el Dr. Rafael Caldera, iniciando su primer gobierno en 1969 sin haber ganado el Parlamento. De manera que el Consejo de la Judicatura no tuvo realmente la finalidad de profesionalizar y dar independencia a los jueces, sino que la razón teleológica de su génesis, fue  quitar al Ejecutivo la función de nombrarlos. La Ley de creación del Consejo de la Judicatura fue vetada por el Presidente Caldera, acción declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, quien por cierto, legalmente tenía atribuida la potestad de controlar la designación de los Jueces Superiores, a través de unos concursos que nunca se dieron.

El desprestigio del Poder Judicial fue ampliamente aprovechado por el entonces candidato Hugo Chávez Frías, quien ofreció la corrección de esta situación anómala a través de  una Asamblea Nacional Constituyente, su principal oferta electoral, cuyo producto está establecido desde el artículo 253 en delante de la Constitución Nacional de 1999, pero en teoría, porque ni el Tribunal Supremo de Justicia ni los organismos administrativos, como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura han hecho lo necesario, en la práctica, para despolitizar la justicia, sino que al contrario, la han convertido cada vez más en factor dependiente de los fortalecidos poderes Ejecutivo y Legislativo.

Para su extinción la Asamblea Nacional Constituyente entregó la batuta de la suprema dirección del Estado y sus distintos componentes, a la llamada Comisión Legislativa Nacional, conocida popularmente como el Congresillo, a quien se atribuyó la potestad de “nombrar a las autoridades y funcionarios cuya designación corresponda a la Asamblea Nacional de conformidad con la constitución aprobada o al extinto Congreso de la República de acuerdo con la legislación vigente”. Con estas bases fue intervenido el Poder Judicial para entonces existente, que en general había sido mejorado.  Fueron jubilados muchos jueces con experiencia, otros “renunciados”, otros  sentimos la necesidad de renunciar, categoría en la cual me incluyo, porque no avizorábamos que desde allí pudiéramos cumplir con nuestra función cuasi divina de administrar justicia.

Estamos hoy ante un Poder Judicial deslegitimado, desprestigiado, cuyos integrantes son verdugos y víctimas a la vez. Pero la solución no es quitar las esposas a Leopoldo López de ganar la próxima Asamblea, como ofrecen algunos políticos, porque él y todos los venezolanos  seguiríamos siendo presos. La respuesta debe ser, perdónenme la utopía pero no veo otra,  un gran acuerdo nacional para profesionalizar y despolitizar la designación de los jueces, hacer de la justicia como escribiera Rudolf Stammler, un hermoso templo, con piedras bien talladas como cimiento, con paredes de cristal, donde  los jueces, cual sabios y silenciosos sacerdotes puedan dar a cada quien lo suyo, con segura mano y cumpliéndose inexorablemente lo decidido.

No corresponde al pueblo juzgar a los jueces, ni administrar justicia, ya Poncio Pilatos hizo el experimento y cometió el más grande error judicial de la historia.

jesusjimenezperaza@gmail.com