La paz como producto de la ley, la justicia y la política.

 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

En la misa de Inicio del Año 2023 en el Vaticano, SS Francisco hizo una exhortación   a la Virgen María a fin que intercediera por la paz. Como tal se entiende no solo la ausencia de guerra entre los países, normalmente por territorios, riquezas o problemas raciales y religiosos;  sino también la unión, la armonía, la concordia entre los  hombres, base para la convivencia y el avance de la humanidad. La iglesia le atribuye tal importancia, que la petición de su existencia es el único acto permitido como interrelación y expresión oral, entre los feligreses que asisten a la santa misa.

La continuación de la confrontación Rusia – Ucrania; las consecuencias del ataque terrorista de Hamás a Israel y la respuesta masiva de éste, aun en desarrollo; la guerra civil en Siria y la yemení; la de  Etiopía; las amenazas y eventos beligerantes de Corea del Norte contra sus paisanos del Sur o los de China – Taiwán; de Venezuela con Guyana y, en menor medida las protestas gremiales constantes, las manifestaciones de inconformidad social y huelgas sectoriales reprimidas, en Venezuela y el mundo,  no significa que la Madre de Dios y nuestra,  haya desatendido la súplica.

Simplemente  Dios dotó a los seres humanos de discernimiento y sabiduría, por lo que las consecuencias de la indebida aplicación de dichas virtudes,  son imputables solo a nosotros mismos, quienes vivimos en estado permanente de conflagración, porque no respetamos la ley, no atendemos a los llamados de la justicia y nos hemos desviado en la interpretación de la política, como disciplina, que son los elementos que pueden proporcionarnos sosiego interior, paz social y la entendida en sentido amplio, como  antípoda de la guerra, tres formas de interpretar el significado de la paz.

Las leyes son actos sancionados por un Poder Público independiente, investido con la fuerza que le proporciona el hecho de ser electo directamente por el pueblo. Ellas responden a todo un proceso de formación que incluye discusión; consulta popular y técnica, además de la promulgación por el Ejecutivo, para garantizar recursos económicos y administrativos de sustentación, lo que traduce que sean realmente efectivas para precaver litigios entre los ciudadanos  o de ellos contra el Estado.

El proceso legislativo en Venezuela está absolutamente distorsionado, asunto en el cual lastimosamente se incluye al Sistema Judicial, encargado de su aplicación e incluso, al sector opositor, quien debe ser una voz para la denuncia procedente, para la educación pública y para controlar el poder,  no para la conchupancia. Todo el entramado de leyes en Venezuela, impropiamente redactadas, indebidamente aplicadas y sin control opositor ha sido nefasto para nuestro proceso de paz interna.

El desconocimiento del valor justicia por los diferentes órganos nacionales encargados de su aplicación, también atenta contra la paz. No me refiero a la justicia como principio moral de dar a cada quien cuanto le corresponde, según la definición de los sabios juristas romanos, sino a la rectitud, equidad, a la probidad en los funcionarios administrativos y jurisdiccionales.

La noción de justicia es amplia y compleja, la retributiva nos obliga a dar a los demás el mismo tratamiento que aspiramos para nosotros mismos. La justicia distributiva, permite colocar las riquezas y recursos para el beneficio de todos por igual y la restaurativa, para la reinserción del victimario además de la compensación a la víctima. Ninguna tiene  aplicación clara en el país y, mientras no suceda de esa manera, difícilmente consigamos la paz social.

La política es un arte, una ciencia, que guarda relación con la apropiada regencia de la cosa pública y la forma como debe organizarse la sociedad. A través de ella se estudian problemas y procuran soluciones mediante acuerdos, para que el beneficio sea el óptimo y en forma horizontal, dando cobertura a todos.

Las mesas de trabajo o de conciliaciones para superar los gravísimos problemas sociales y económicos que nos aquejan han servido de poco, porque siempre se buscan beneficios individuales o grupales, no nacionales y en proyección, mundiales.

Estamos en año electoral, con un gobierno y un país ahogados en problemas de todo tipo que en mucho se mitigarían, si tan solo el órgano competente sin injerencia de los demás, sino atendiendo a sus facultades propias, legales y constitucionales fijara un cronograma electoral.

Las Elecciones Presidenciales tienen que celebrarse en este año 2024, para que el nuevo Presidente de la República tome posesión de su cargo el 10 de enero del 2025 (artículo 231 CN1999) o para que reasuma el actual, porque tiene derecho según una controvertida enmienda constitucional a participar como candidato indefinidamente (artículo 230 ejusdem).

Ya deberían estar definidas las candidaturas, hay mucho por explicar sobre programas, equipos de gobierno, orientación económica, nuestra pretendida ubicación dentro del panorama regional y mundial, porque todo está complicado y en todas partes. Lejos de esta elemental lógica política, estamos esperando que la Sala Político Administrativa dé Despacho y con ello la posibilidad de  determinar la cualidad de potenciales candidatos, para que luego otros Poderes del Estado  manifiesten a su vez, dentro de los límites de sus competencias propias si la sentencia producirá o no efectos prácticos. Esa situación no es legal, no es justa, no es política. Dios bendiga a Venezuela!                                                                 

 jesusjimenezperaza@gmail.com 

18/01/2024.