Cumplir el contrato social.

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

Todas las actividades del hombre deben regirse por un orden preestablecido, para ser efectivas; así como a todas las cosas debemos dar un uso apropiado, para que puedan ser útiles. Ese orden y ese uso son regulados y descritos de manera ideal y abstracta en las leyes, donde se prevé una sanción por el incumplimiento, que debe ser la excepción. Toda norma tiene entonces dos partes, el supuesto normativo y la consecuencia jurídica. La primera  es la descripción general de la conducta de las personas o del uso de las cosas y, la segunda, es la pena por el desacato. La ley es el producto final de las deliberaciones multidisciplinarias del Poder Legislativo; el Poder Judicial las interpreta,  individualiza y aplica en un caso concreto, dictando una decisión que debe ser cumplida voluntariamente por los ciudadanos, sino el gobierno se encarga de ejecutar la ley en general y la sentencia en particular, haciendo uso de la fuerza pública y fuere necesario.

          Esa es la doctrina de Charles Barón de Montesquieu. El justo equilibrio de los poderes permite el armónico funcionamiento  del Estado. En Venezuela existen formalmente los tres poderes, más dos adicionales, pero no está funcionando apropiadamente el Estado, ya que no genera felicidad o bienestar a los ciudadanos, que es su fin. La culpa no es de Montesquieu, sino de la falta de complemento entre su teoría y la tesis de Jean Rousseau, expuesta en el Contrato Social, que simplemente se refiere al hecho que cuando el hombre hace la ley, asume automáticamente el compromiso de obedecerla. Ahí está la falla venezolana. Designamos legítimamente un Poder Ejecutivo, fallamos los ciudadanos, no concurriendo a votar para designar un Poder Legislativo equilibrado, independientemente de quien hubiese obtenido mayoría y entre ellos dos, desnivelaron al Estado designando un Poder Judicial cuyos integrantes no cumplen en su mayoría, con las normas de idoneidad e imparcialidad con lo cual crearon, como lo admitió una magistrada, un solo poder amalgamado.

          Estas reflexiones las hago porque se comenta que con la mayoría parlamentaria, la oposición debería reformar las leyes correspondientes, para designar ocho magistrados en la Sala Constitucional, superando así a los siete actuales cuidando, me decía un amigo, que sean magistrados con excelente currículo, vida personal ejemplar e incuestionable conocimiento jurídico. Para redondear su idea me comentó: no pueden decir nada, porque fue lo mismo que en su oportunidad hizo Chávez.

          Para mí esa conducta es impropia, es seguir circulando un billete falso. Esos abogados insignes, desde que vistan una toga negra por fuera y azul por dentro, perderán su prestigio y su honor, sus conocimientos no servirán de nada porque no van a administrar justicia, sino a hacer política.

          La solución no es otra que cumplir el contrato social. En la Constitución están previstas las formas de impugnar los nombramientos, de restituir la legalidad, de consultar al ciudadano que es la más amplia expresión de la soberanía y constituir un Estado poderoso, fuerte, capaz de generar bienestar y felicidad a sus súbditos. Es simple, cumplamos el contrato social.

jesusjimenezperaza@gmail.com