Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Desde
una semana antes del primero de mayo el presidente Maduro comenzó a hablar sobre
la necesidad de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente, que inicialmente
llamó comunal, después militar y juvenil, calificativos que no tienen ningún
significado práctico, porque la institución no es otra cosa que una profunda
revisión, reforma integral y sustitución de la Constitución Nacional de 1999
por una nueva (artículo 347 CN), con el fin de transformar al Estado y
modificar el ordenamiento jurídico. Deben los dirigentes oficialistas hablarles
claro a sus seguidores en el sentido que no se trata de fortalecer algunas
instituciones para constitucionalizarlas, como lo han insinuado, sino de
cambiar la Carta Magna de 1999 que según han venido reiterando durante todos
estos años es el legado del presidente Chávez, destinada según él, a mantenerse durante 500 años. Aristóbulo Isturiz
debe actuar con honestidad y decirle a sus seguidores que esa nueva
Constitución significa que no está contemplado el socialismo en la de 1999 como
sistema de Estado y que las leyes dictadas a partir del fracaso de la Reforma Constitucional
en 2007, no tienen base alguna sino que contrariaron abusivamente la
Constitución al sancionarlas, error que quieren reparar a estas alturas del
proceso. Debe explicar igualmente que siendo el nuestro un sistema democrático,
la votación del referendo consultivo debe ser directa, universal, secreta y
personalizada.
Corresponde al jefe del Estado Nicolás
Maduro explicar cómo es que en su decreto N° 2.830 del 01 de mayo del 2017,
publicado en la Gaceta Oficial convoca
a una Asamblea Nacional, cuando claramente esta acción corresponde es al pueblo
de Venezuela (artículo 347 CN) y que su potestad, que se reduce simplemente a
la de tomar la iniciativa (artículo
348 CN) se agota con la solicitud al Consejo Nacional
Electoral, para que organice y vigile un referendo consultivo preguntando en
primer lugar si el pueblo de Venezuela, entendiendo como tal a todos quienes
estamos inscritos en el padrón electoral, queremos o no celebrar una Asamblea
Nacional Constituyente, cuyas bases y límites
ya están determinados en los artículos 347 y 350 constitucionales, y de ser
afirmativa esa primera respuesta nos
correspondería por mayoría y en igualdad de condiciones, designar un número de
constituyentistas que una vez instalados fijarán su propia agenda, porque no
estarán sometidos a los poderes constituidos.
Deben
aclararle también al pueblo chavistas que de su seno, llámese comunas, claps, misiones,
consejos comunales u otras organizaciones reconocidas por el oficialismo pueden
escoger, no constituyentistas directamente, sino candidatos en números
similares a los que pueden escoger las organizaciones opositoras entre gremios,
sindicatos, organizaciones estudiantiles, cámaras de productores y comerciantes
y de allí, por votación con todos los condicionantes del derecho del sufragio
reconocidos en el artículo 63 de la Constitución Nacional y en tratados
internacionales sobre derechos humanos, es de donde saldrían los miembros de la
Asamblea Constituyente.
Confieso
que jamás he sido partidario de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente
porque ya tenemos un Estado Constituido desde 1811, con una efímera pero gran
Constitución que reconoció la confederación de provincias, adoptó los
principios de libertad, igualdad y propiedad de la Revolución Francesa y el
equilibrio de los Poderes del Estado. Algunas
llamadas Asambleas Constituyentes a lo largo de la historia nacional no han sido más que excusas para alargar períodos presidenciales, o darles relevancias a hechos históricos
determinados como los Congresos de Angostura, el de Cúcuta, la separación de la
Gran Colombia en 1830, la de 1864 por la Federación y la de 1947 para darle
preeminencia a la revolución de octubre. La Constitución de 1961, a pesar de su
importancia por el retorno a la democracia, fue producto de una reforma
integral de la de 1953 y finalmente, la de 1999 que si fue indudablemente
producto de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, aprobada en
referendo popular, que ha marcado una época importante, para bien o para mal en
nuestra historia, y que no merece ser sustituida por un procedimiento
incoherente, improponible o inconstitucional como el insinuado el 01 de mayo
del 2017.
Durante
esta semana que concluye, fui invitado a tres interesantes jornadas de análisis
sobre este incipiente proceso, un Cabildo abierto en la población de Quíbor,
una Asamblea ante el gremio Médicos de Lara y en la Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado. En todas hubo mucha participación del público y lo más
alentador de jóvenes, quienes entre otras cosas plantearon dos inquietudes que
respondí según mi criterio, pero que quiero trasladarlas a los dirigentes de
oposición y de gobierno, respectivamente: 1) Qué pasa si no obstante las arbitrariedades e
inconstitucionalidad de la “convocatoria”, el Consejo Nacional Electoral llama
a referendo conformado con el ámbito sectorial propuesto por el Presidente, lo
que implica elecciones de segundo grado y un ámbito territorial que no se corresponda
con la densidad poblacional de cada municipio?. 2) Porqué el oficialismo convoca ahora a una
Asamblea Nacional Constituyente, si tiene la posibilidad ya establecida de
reelección y es evidente que no tienen el respaldo mayoritario de la población.
Repito este par de interrogantes, porque conllevan el fin perseguido según dijo
el presidente Maduro, que no es otro que la búsqueda de la paz nacional. Dios
nos proteja a todos!
12/05/2017
Algunas veces pienso que estamos en un callejón sin salida, ante la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, que quieren llevar a cabo contra viento y marea, si participamos como no lo hagamos, siempre estaremos silenciados por mas que gritemos, de paso tratados como minoría, siendo realmente una gran mayoría. La solución ideal es que no se realizara la ANC, la cosa está en como lograrlo.
ResponderEliminar