Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
El
gobernador de un Estado occidental, anunció la adjudicación al Instituto
Nacional de Tierras de las fincas cuyos propietarios prestaran sus maquinarias
para cerrar las calles, porque eso tipifica según su criterio, el delito de
terrorismo y para militarismo. No anunció fórmula de juicio ni ley de sustento,
sino directamente amenazó con lo que en cascada constituiría la violación de
los artículos 115 y 116 constitucionales. Este ultimátum conlleva la aplicación
de dos figuras restrictivas del derecho de propiedad, que requieren sentencias previas motivadas en causales, analizadas y decididas por un funcionario competente. La expropiación
sólo se permite en casos de utilidad pública o interés general y pago previo, oportuno y justo. La confiscación
procede únicamente sobre bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito
a costa del Estado o mediante tráfico de sustancias psicotrópicas o
estupefacientes. Como corolario argumenta el señor gobernador, que en el
ejercicio de su cargo “ha ayudado mucho a los productores”, como si no fuera esa su obligación. El
funcionario configura la renovada concepción de Luis XIV, el absolutismo en su
máxima expresión: Soy el Estado, doy cuanto y como quiera a cambio de
obediencia absoluta. El llamado Rey Sol,
no requería tribunales porque disponía y ejecutaba por sí. Esas
amenazas traducen de fondo conatos de
muerte para el Derecho y en consecuencia, un futuro incierto para el
país. El Derecho es una ciencia conformada por normas de conducta, conceptos, órganos,
instituciones que si bien no son pétreas porque se pueden modificar para ser
adaptadas a la evolución de los
fenómenos sociales, tampoco son moldeables a voluntad caprichosa de sus
operarios.
Nuestro
sistema jurídico se fundamenta en el Derecho Romano que rigió en Roma y sus
dominios, desde mucho antes de Cristo. Previo a su entrada en vigencia sólo
existían hechos que el hombre determinó requerían protección, en provecho de sí
mismo y del conglomerado donde se desenvolvía. La evolución del Derecho como
ciencia implica cientos de años para la consolidación de usos, costumbres y de
los mandatos innatos de la moral. Se han perfeccionado procedimientos para
llegar a establecer un camino posible hacia la obtención de la justicia, que es
el valor último para una sociedad. Nos ha costado siglos de sangre, sudor y
lágrimas para regular normas de conducta aplicables por igual a poderosos y
simples ciudadanos y para que un Estado omnipotente acepte que sus súbditos
tienen derechos que existen, incluso, antes de su creación.
Las
primeras normas escritas del Derecho Romano, se dice fueron insertas en la
Ley de las XII Tablas, de cuya
existencia no queda vestigio alguno porque al parecer fueron destruidas con el
saqueo a Roma en el año 360 AC. El contenido de esa y otras leyes originarias
fueron desarrollados con el estudio, adaptación, clasificación e interpretación
por filósofos, juristas y pensadores durante siglos. Es imposible entonces
imaginar un mundo sin el Derecho. No hay acción humana capaz de desconocerlo,
de desarraigarlo por turba, funcionario o régimen alguno. Pueden saltarse
algunas disposiciones, amañarse sentencias, imponerse desatinos, pero el
Derecho termina por aplicarse y es esa la única forma de garantizar la
convivencia presente y futura.
Es
de recordar, por otra parte, que el
artículo 68 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los previstos en la ley. Si
la utilización, durante la ejecución de una protesta, de un tractor o maquinaria implica la comisión de un
delito, debe demostrarse la relación de causalidad entre ese hecho y el supuesto
del tipo penal, además de aplicarse una pena preestablecida, gestión que
corresponde a un juez y no a un gobernador. Dios, ilumínanos!
26/05/2017
esas políticas de confiscar la propiedad privada, ilegal e inmoral por motivos de persecución política se ha vuelto costumbre en este régimen totalitario.
ResponderEliminarEn algún momento el río volverá a su cause. Las políticas del gobierno, para hacer valer, imponer o mantener su posición, ha sido siempre la amenaza, amparado por la mirada disimulada de la justicia, que como quien no quiere la cosa, voltea para no ver como se tuerce el derecho a voluntad y querencia de una parcialidad política. Situación ésta a la que como "auxiliares de la justicia" o como sencillos Ciudadanos no deberíamos consentir ni tolerar. Desafortunadamente, todo lo que expropia el gobierno tiende a dejar de producir. Sorprendida quedé cuando el gobernador en cuestión, daba su tan inoportuna y desdichada alocución, le escuche decir, muy ofendido y traicionado, palabras mas o palabras menos "yo los he protegido", en seguida me pregunté ¿de qué o de quienes, los protegía? si todo en este país funciona perfectamente bien.
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