Jesús A.
Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/JMR-Memphis1.jpg)
La política es una actividad humana destinada a mejorar integralmente la
sociedad, por eso Aristóteles la clasificó como una ciencia práctica. Solemos confundirla con la búsqueda obligatoria del poder público, cuando perfectamente puede
estar orientada a contra restar su
ejercicio por otros. Si un grupo es minoría, pues simplemente debe tratar de
convencer a más ciudadanos para obtener su respaldo y mientras, calmar a quien gobierna. También
puede la política dedicarse sólo a orientar a los ciudadanos, para ayudarlos a
formar conciencia de sus derechos y sus obligaciones, sin pretender el
ejercicio efectivo del mando, muchas organizaciones no gubernamentales lo hacen
con éxito. Pero cierto es que la política está presente en todas las acciones humanas.
El derecho se rige por una fuente fundamental que es la ley, compuesta por un supuesto normativo y una
sanción, pero como se redacta en frío y generaliza en la descripción de
conductas, no pocas veces resulta odiosa ante un problema determinado. Adaptar lo escrito al hecho
concreto, convierte en cuasi divina la función del juez quien puede violentarla
en dos formas, cuando aun siendo clara e
indubitable, la interpreta en contrasentido a lo establecido, como ha sido
común en las sentencias de la Sala Constitucional durante los últimos tiempos
o, cuando deja de aplicarla porque supuestamente el hecho no se acopla a lo descrito en
su texto, sin reparar que puede hacerla justa recurriendo a conceptos,
instituciones, a ciencias auxiliares y elementos éticos o humanos, incluso
fuera de las ciencias jurídicas.
La religión nos impone igualmente cánones de conducta para buscar lo
justo, pero con la diferencia que son de acatamiento íntimo. Ella nos
compromete internamente a hacer cuanto fuere en bien de nuestros semejantes y
así engrandecemos el colectivo. Haremos abstracción de esta vía ya que no es
vinculante para una sociedad en conflicto, aunque obviamente constituye
orientaciones para los protagonistas. Si antes de disparar en horizontal, el
guardia nacional mirara dentro de sí, cuántas muertes se hubiesen evitado!
Venezuela es una Nación, se formó de esa manera porque tenemos territorio,
idioma, costumbres, raza e idiosincrasia comunes y, se supone que
por esas características podemos convivir armoniosamente. Sin embargo, estamos
en guerra, una guerra sin razón válida aparente. Entiendo que algunos pueblos sean
enemigos porque el territorio es pequeño para compartir, o sin posibilidad
de producir alimentos o recursos suficientes para todos o tienen un origen
étnico diferente que los hace repelerse,
pero entre los venezolanos no existe nada de eso. Claro que como seres
humanos imperfectos tenemos diferencias que nos llevan a confrontar, pero me
niego que sea en forma armada y a costa
de sangre joven. En verdad no tenemos un trance que el derecho y la política,
conjuntamente, no puedan resolver.
Vamos entre todos a, primero, delimitar el conflicto actual y luego,
buscar una solución pacífica. Obviamente cada quien o cada grupo enfocara ambos
puntos desde distintos ángulos, pero el norte debe ser el mismo: solucionar ese
problema que determinemos, al menor costo humano y material posible. No es
justo, de justicia entendida como valor supremo, que nos matemos entre nosotros
mismos y que destruyamos la infraestructura urbana que requerimos para vivir
cómodamente.
Creo que el problema que hoy
vivimos, se generó y está centrado al desconocerse la necesaria y oportuna alternabilidad
de los Poderes Públicos y la ruptura en el equilibrio del sistema democrático.
Ambas circunstancias están garantizadas por la Constitución Nacional, cada
determinado período deben renovarse de forma ordinaria, el presidente de la
República, los diputados, los miembros del Poder Moral, los rectores del
Consejo Nacional Electoral y los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia. Con
éstos últimos se violentó en diciembre del 2015, por anticipación, el
proceso de renovación parcial. Se impidió por la Sala Electoral, de manera arbitraria,
que la oposición legítimamente victoriosa en la consulta electoral para
conformar nuevo Parlamento pudiera ejercer su mayoría calificada y de paso, el
Consejo Nacional Electoral truncó el referendo revocatorio activado, según la
Carta Magna y los Reglamentos prexistentes, contra el jefe del Estado. Todo
esto trajo como consecuencia la fractura
en el equilibrio de los Poderes Públicos, que es regla de oro en la
democracia. Eso es precisamente, lo que va a registrar la historia, porque es
la verdad sustancial. Podrá imponerse la fuerza, pero alguna vez en las páginas
de los libros de Historia de Venezuela, se
asentarán estos hechos y se subrayarán
los nombres de los magistrados de la
Sala Constitucional, quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de imponer la
ley y enderezar entuertos, pero no lo hicieron apropiadamente, sino de manera
parcializada, contrariando mandatos claros de Dios.
Junto a este aspecto jurídico
corre en paralelo, el político, conformado por lo social y lo económico, lo que debe ser
obligatoriamente considerado por los gobernantes. El pueblo tiene hambre y se han multiplicado sus enfermedades; no
están cubiertas sus necesidades básicas y no hay perspectivas de mejorar, ni con
el Plan de la Patria ni con la Constituyente; la corrupción administrativa
resalta ante la escasez y la inflación, fenómenos económicos desconocidos históricamente
para los venezolanos. La prestación de servicios públicos fue desmejorada al igual
que la infraestructura. El socialismo fue aceptado bajo el disfraz y dádivas del
rentismo petrolero, no con sacrificios
absurdos y sin precedentes.
La solución pasa entonces por garantizar la alternabilidad y restituir
las funciones propias de cada una de las ramas del Poder Público, tanto nacional como
descentralizado. Los gobernadores y los alcaldes en ejercicio efectivo deben
ser los electos por el pueblo y no por un dedo omnipotente. Ciertamente el
presidente Maduro fue electo hasta el 2018, pero los acontecimientos
sobrevenidos impiden el cumplimiento del lapso natural, quedando como
alternativas legal y política la renuncia al cargo o la continuación del
referendo revocatorio suspendido indebidamente por el Consejo Nacional
Electoral, confabulado en la aplicación de unas medidas cautelares dictadas por
jueces incompetentes por la materia. De esa manera se restituiría la normalidad
de inmediato y la provisión del cargo presidencial se haría en 30 días.
Igualmente la Sala Electoral debe decidir el caso, bajo trámite, de los
diputados de Amazonas. La Sala Constitucional conformada por suplentes y con
jueces no limitados por causales de inhibición – recusación, debe conocer y
decidir sobre la nulidad de la designación de los magistrados en diciembre del
2015.
Corresponderá a la Asamblea Nacional discutir y sancionar una ley ad hoc para los procesados por los
acontecimientos ocurridos durante todos estos años oscuros en Venezuela y,
por qué no, para los actuales gobernantes que hayan incurrido en delitos contra
la cosa pública. Ya existe un proyecto de Ley de Amnistía truncado, es cuestión
de ampliarla y adaptarla a los nuevos
hechos ahora lastimosamente enrojecidos con la sangre de nuestros jóvenes. Por supuesto, los militares deben replegarse a sus cuarteles a cumplir
con sus funciones propias.
Creo, sinceramente, que estas soluciones son apropiadas, refrendadas por
el derecho, la política y la lógica. Ellas llegarán con toda seguridad, lo
importante es acortar caminos para evitar acrecentar la tragedia que hoy nos
enluta. Dios proteja a Venezuela!
jesusjimenezperaza@gmail.com
02/07/2017
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