Omisiones externas y acciones internas, pero venceremos!

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

Los avances tecnológicos  en todos los sentidos, incluido el militar y variantes en la economía, entendida como capacidad de producir y distribuir bienes de obligatorio consumo, requeridos para la satisfacción de necesidades del hombre, han venido creando mayores e insalvables diferencias entre los países desarrollados, educados, con salud pública y bien administrados, con los del tercer mundo, que aun cuando tengan recursos minerales no son capaces de agregarles trabajo humano creador para producir riqueza. Este cuadro ha hecho variar conceptos en  sociología política,  ahora con categoría de ciencia, por cuanto combina instituciones y métodos con el fin  de organizar y dirigir agrupaciones complejas como el Estado e incluso, entidades de menor significación jurídica, pero magnificadas por los grandes recursos humanos y financieros que maneja, lo que les da un estatus político superior a muchos países. Siento que estas corporaciones, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros similares en objetivos e influencias,  son especies de Estados sin población ni territorio, con  mayor autoridad global que muchos territorios poblados densamente pero sin recursos integrales significativos.   

Las grandes potencias desarrolladas económica y tecnológicamente, que además han invertido sus recursos en educación y salud, se integran en los llamados  Grupos, como el de los  Doce, formado originalmente por Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, socios primarios del Fondo Monetario Internacional  y a los cuales se unió  Suiza, manteniendo el nombre, constituyen organizaciones de indudable presencia mundial, a la par de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya acción eficaz está morigerada por tratados y compromisos.

Dentro de ese contexto  se hace imperativo preguntar cómo es que pequeños países como San Vicente y Granadina, Bermudas y no sé quién más, puedan obstaculizar decisiones multilaterales para conseguir una solución razonable a la crisis política que vive Venezuela.

Tienen que ser revisados los tratados y leyes que rigen los organismos internacionales, para que pueda tener sentido su existencia. Incluso tienen que ser examinados los conceptos de dictadura y democracia, al igual que el derecho de autodeterminación de los pueblos y la operatividad de los sistemas de protección, para que permitan tutelar de manera efectiva y oportuna a las personas y sus derechos elementales, por encima de la legislación nacional. Cierto es que existen normas y comisiones, tribunales y cortes con tal competencia específica, pero cuando se llega a ellos y ejecutan sus decisiones, ya el mal está producido. Habría que pensar en algo así como la ejecutoriedad ab initio de las medidas cautelares que se produzcan en esta materia.

No es posible que el mundo cierre los ojos ante el horror que vive Corea  del Norte, en manos de un psicópata o la situación de las mujeres en Afganistán, por absurda e inhumana interpretación religiosa. Alguien debe hacer algo al respecto. Debe conseguirse una forma legal para que la armadura de autodeterminación de los pueblos, por una parte y la actuación paquidérmica de los organismos ultra nacionales pueda ser penetrada, por organismos de superior entidad jurídica que sean capaces de revisar incluso el principio de soberanía, cuando el sistema jurídico interno, sanamente apreciado desde el exterior, no funcione y cuando se extralimite la actuación de los mandatarios según el parámetro de los derechos universales del hombre.

Es, en este sentido, revisable la situación de Venezuela. Formalmente estamos regidos por la Constitución Nacional de 1999,  sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada por el presidente Hugo Chávez, como fuente de derechos sociales e individuales y lo es  en teoría, pero  en la práctica y en el momento de aplicarla para la protección de garantías primarias de los venezolanos ha servido de muy poco. Igual ha sucedido con la Carta Interamericana, el Estatuto de Roma y demás tratados y leyes que adornan el Derecho Internacional. Utilizo, a propósito el verbo adornar más que regir, porque están más cerca de la literatura que del Derecho en su aspecto coercitivo, cuando es necesario imponer la racionalidad.

Los hechos acontecidos el 5 de julio del 2017 en el Palacio Legislativo, son de extrema gravedad. Impidió el gobierno la celebración pacífica y solemne de nuestra más augusta fecha patria valiéndose de una fuerza irregular y mercenaria,  protegida por los órganos públicos y legales de seguridad, e igualmente con la presencia del vicepresidente Tarek El Aissami, con un séquito militar, rompiendo la tradición en la conmemoración  reservada históricamente al Poder Legislativo. En el Salón Elíptico reposa el Acta de Independencia, aunque la llave del Arca  la mantiene en custodia el Jefe del Estado. Imagino que  el significado no es otro que resaltar que en los actos patrios importantes deben tener participación, en colaboración, los diferentes Poderes Públicos.  Esas dos  especiales circunstancias, más que la trasgresión a la integridad de los señores diputados y sus invitados especiales marca para el futuro, la impronta de una flagrante violación  a la dignidad y a los derechos humanos de todos los venezolanos.

He oído algunas intervenciones que tratan de relacionar las semejanzas entre el asalto al Congreso el 24 de enero de 1848, por las huestes de José Tadeo Monagas, con este del 5 de julio de 2017. Pero hay una diferencia que impide cualquier parangón, aquellos fueron bajo la vigencia de la Constitución de 1830 donde si bien ya habíamos adoptado el concepto de Nación, la soberanía que residía en el pueblo se agotaba al concurrir a las elecciones de primer grado. De manera que cada poder político ejercía la soberanía plena que le había sido delegada en los comicios, al ejercer sus respectivas competencias.  En el año 1848 el Ejecutivo y el Legislativo eran Poderes Supremos, nadie estaba sobre ellos como si lo está hoy el Pueblo de Venezuela, quien vencerá las omisiones externas y las acciones internas, porque es su voluntad. Dios nos bendiga siempre!

jesusjimenezperaza@gmail.com

09/07/2017