La causa de la causa no es la causa.

-       *Pobre generación donde los jueces deban ser  juzgados.

-      * De la responsabilidad civil de los jueces.

-     *  La obstrucción del referendo revocatorio como fuente de responsabilidad múltiple.

Me pidió un amigo ampliar  mi comentario en artículo anterior (Del lado correcto para labrar el futuro) sobre el concepto de falta de jurisdicción como mácula irreparable en las decisiones judiciales, acotación que hice dentro del contexto de la suspensión del referendo revocatorio por unos tribunales con competencia penal. A pesar de su abundante tratamiento en doctrina y jurisprudencia, no pocas veces el señalado vicio es ignorado o mal interpretado. Jurisdicción es la potestad que tienen todos los jueces para aplicar o dictar  el Derecho al  sentenciar, facultad  cuasi ilimitada, que admite dos excepciones, cuando la decisión corresponde a un juez extranjero o está atribuida a la esfera administrativa del Estado, en cuyo caso, el juez sólo puede conocer sobre la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo producido previamente.

Siendo entonces que conforme al artículo 293 constitucional, es materia atribuida al Poder Electoral lo relacionado con la organización, administración, dirección y vigilancia de los referendos, la suspensión del revocatorio solicitado contra el Presidente de la República sólo podía determinarla su órgano máximo, el Consejo Nacional Electoral. Sí hubiese correspondido a la función jurisdiccional   la revisión del dictamen del CNE, aunque por cierto, al actuación de jueces penales también les significaba incurrir  en el vicio de incompetencia, porque en este caso  está  atribuida expresamente a la Sala Político Administrativa, según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta referencia meramente teórica, quiero ampliarla y darle aplicación práctica con el siguiente comentario: Entre los múltiples y variados  episodios violatorios de la Constitución y de las leyes, durante este segmento que hemos vivido desde finales del siglo XX, hay dos fundamentales que en mi concepto generan las dolorosas e imprevisibles circunstancias que se ciernen hoy sobre el país. La primera fue la arbitraria enmienda del 2009 en vínculo con la fallida reforma constitucional del año 2007, ambas con la finalidad de extender indefinidamente la posibilidad de reelección presidencial. La segunda, la interrupción del referendo revocatorio solicitado oportunamente contra el presidente Maduro.

Si el presidente Chávez no hubiese postulado para su tercera elección consecutiva (re reelección: 2000, 2006 y 2012) excluida la de 1998 o en todo caso, cumplida ésta, si el presidente Maduro hubiese permitido la celebración del referendo revocatorio con las incidencias y tropiezos normales en el 2016 no estuviésemos, como ahora, en las puertas de la dimensión desconocida. Muchos funcionarios públicos, fundamentalmente de los Poderes Ciudadano y Electoral, además de varios  operarios del sistema judicial deberán  ser procesados y declarados culpables civil, penal, administrativa y moralmente de cuanto suceda a los habitantes de este país. Las consecuencias de los tres últimos aspectos de responsabilidad  son exclusivas de los causantes directos, bien sea por actuación dolosa o bien culposa, esta última conformada por acción imprudente, inexperta o por inobservancia de leyes y reglamentos. Pero la primera, que implica resarcimiento civil,  se extenderá igualmente a sus causahabientes, quienes quedan obligados a reparar los daños civiles  causados, en su doble vertiente patrimonial y moral.

No pueden pretender los funcionarios públicos de primera línea, como ministros, directores, jefes, gobernadores, ni los de mediana y baja categoría, que podrán excepcionar sus conductas en el hecho de haber recibido órdenes superiores (artículo 25 constitucional). Tampoco los funcionarios del sector justicia podrán hacerlo. No, de ninguna manera, todas esas sentencias dictadas con vicios de incompetencia, falta de jurisdicción,  violaciones de derechos humanos y específicamente  procesales como a la defensa, tramitación del juicio conforme a las pautas preestablecidas, juez natural, discriminación etc., generan responsabilidad directa a los jueces que dictaron las decisiones y separadamente, a quienes colaboraron en ellos, secretarios, alguaciles, auxiliares. También tienen responsabilidad autónoma quienes ejecuten las decisiones forzosamente, como integrantes de las fuerzas policiales y armadas. No se cuál es la nominación de los delitos tipificados o el grado de responsabilidad conforme las distintas actuaciones, obviamente que la imputabilidad penal es personalísima, de manera que será calificada en cada caso, con penalidades diferentes. También la conciencia morderá a cada uno con distinta intensidad, según su formación personal, familiar y religiosa.

Pero en el campo de la responsabilidad civil, ya los sabios exegetas del Derecho Romano aplicaban una máxima, conforme a la cual “la causa de la causa no es la causa del daño”. De manera que las órdenes recibidas de sus superiores jurisdiccionales o administrativos por los jueces, no son causas justificadas para infectar sus decisiones productoras de lesiones patrimoniales y morales. Cada quien deberá responder por su conducta y no sólo mediante el Recurso de Queja (artículos 829 y siguientes del Código de Procedimiento Civil) que limita en el fondo y en la forma, la responsabilidad de los jueces en materia civil, ya que la ampliación de los derechos humanos y procesales de los usuarios del servicio de justicia en la Constitución de 1999, abre una mayor gama de procedimientos para procurar resarcimiento de daños sufridos por los errores en estrados. 

Dios nos dio discernimiento, hasta allí su responsabilidad para con nosotros. Dios proteja a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

28/07/2017