Es una obligación ciudadana: Luchar por alcaldías y ocupar las gobernaciones.

Jesús A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp.
 

 “Si nos ponemos a discutir sobre las cosas que vemos diferentes, vamos a pasar una vida discutiendo; si trabajamos en lo que estamos de acuerdo, vamos a pasar una vida trabajando”. Raúl Sendic.

He estado leyendo algunas opiniones en artículos de presa y redes sociales, donde se plantea el tema sobre las elecciones de alcaldes, su oportunidad  y la conveniencia de participar o no en las mismas. Quiera Dios que para entonces haya pasado el contagioso virus de la abstención, cuyo germen alteró los resultados lógicos el pasado 15 de octubre. El alcalde es el funcionario más cercano a las comunidades y quien tiene bajo su competencia los problemas más sentidos y sensibles de la población. De manera que no podemos ni por un instante desentendernos de dicho proceso comicial. Es comprensible un inicial rechazo al tema, la excesiva política, los esfuerzos no compensados, los extraños resultados en la designación de gobernadores, la debilidad de nuestra democracia, la situación económica del país, la burla e irrespeto de los altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Electoral, producen hastío y melancolía. No conseguimos un análisis adecuado por lo irreal que resultó perder 18 de 23 gobernaciones, cuando la realidad política, social y económica que vive el país refleja posibilidades contrarias.

Si de algo sirve, es fácil determinar con los propios números oficiales aportados por el Consejo Nacional Electoral, que el enemigo principal de la oposición fue la oposición misma. El PSUV – gobierno, a pesar de la intensa campaña desplegada desde diciembre del 2015, cuando perdieron por mucho la Asamblea Nacional a tal punto que la oposición logró una holgada mayoría calificada que, para enervarla, debió el oficialismo recurrir a la Sala Electoral, quien en una decisión vergonzosa analizada en otros artículos anteriores, dictó medida cautelar innominada sin requisitos ni elementos de procedibilidad, suspendiendo la proclamación de los candidatos de Amazonas.  Esa intensa campaña del gobierno desde el 2015, además de las acciones de amedrentamiento, fue muy agresiva en la divulgación de mensajes a través de los medios de comunicación social. Por cierto, el presidente Maduro suele quejarse afirmando que los medios privados no aceptan la publicidad del PSUV ni da cabida a sus líderes en los programas de opinión, obviando decir que a cada rato hace cadena nacional para transmitir mensajes políticos, no oficiales de divulgación programática, que son gratuitos y causan graves daños a las emisoras y anunciantes. Además intensificó tres programas puntuales dirigidos a la búsqueda incesante de votos: los clap, la chamba juvenil y el carnet de la patria, “que sirve para todo”. Sin embargo, el PSUV-gobierno tuvo una votación muy similar entre diciembre del 2015 (5.599.025) y octubre del 2017 (5.817.344), si bien los elegidos no eran los mismos órganos, puesto en el primer caso se trata de votos listas por diputados y en el segundo para gobernadores, la polarización de nuestra política nacional marca una tendencia que permite la comparación. Es cierto, igualmente, que en las elecciones de gobernadores no se suman los votos de la ciudad de Caracas que no participa, pero ello pudiera compensarse con los de venezolanos en el exterior, obviamente de mayoría opositora, que tampoco sufragaron, pero todos lo harán Dios mediante, en el 2018 para un nuevo Presidente de la República.

Visto el estancamiento de la votación del PSUV- gobierno y que la evidente abstención en el proceso de octubre 2017, se produjo con mayor proyección en las zonas de fortaleza opositora, nos hace pensar que la elección de alcaldes marcará un cambio de rumbo electoral en Venezuela. Entiendo el desánimo, si creo que hay un fraude masivo en el proceso comicial, pero es una oportunidad de participación directa que no debemos dejar pasar por alto, como preparatorio de la importantísima y quizás, decisiva elección presidencial del 2018. Es por esta razón que debemos concurrir en masa a elegir nuestros alcaldes, con la particularidad que los candidatos los escojamos directamente en cada circuito, no en primarias con candidatos propuestos por los factores políticos activos. Los partidos deben reunificarse, firmar convenios de cooperación claros y públicos, participando activamente pero los candidatos deben ir a las comunidades y sociedades intermedias u organizadas, a exponer sus planteamientos y recoger firmas de respaldo, que deben ser constatadas por representantes de los demás pretendientes. Quien más firmas obtenga, será el candidato de todos.

Finalmente debo manifestar mi opinión sobre la comparecencia o no de los gobernadores opositores electos el 15 de octubre, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ya he manifestado que la convocatoria vía presidencial, a quien sólo le correspondía la iniciativa para que el pueblo de Venezuela convocara o no, la vicia de nulidad absoluta. Es además, muy revelador que el CNE haya anunciado que los constituyentes fueron refrendados por 8.089.320 votos y que dos meses y medio después a pesar de la intensa campaña desplegada, los candidatos oficialistas a las gobernaciones obtuvieran 5.817.344 sufragios. Por otra parte, la función única de la Constituyente es redactar una nueva Constitución que debe ser aprobada por el pueblo en referendo nacional. Ella puede proponer la transformación del Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, pero esos puntos deben ser incluidos  en la propuesta de nueva Carta Magna.  Ahora bien, aunque parece incongruente creo que los gobernadores deben presentarse ante ella por razones prácticas. Es obvio que si no lo hacen no podrán instalarse, se anulará su designación dijo ayer el Presidente en Barquisimeto, no se valido de que atribución ni como pueden crearse sanciones después de sucedidos los hechos, contrariando el régimen jurídico de universal aceptación. La presencia de los gobernadores no convalida un vicio absoluto producido ab initio, así deben expresarlo y denunciarlo, simplemente van a cumplir con un requisito formal sobrevenido, con el único fin de poder asumir la gobernación del Estado, que es el mandato popular.

La obediencia o no a las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente, vista su peculiar instalación, es un tema que enfocado jurídicamente es muy complejo.  Anteriormente en Venezuela y el Derecho Comparado, la obediencia debida a una autoridad legítima, constituía una causa de justificación por lo que no era antijurídica la conducta de quien obedecía, sin embargo, esta posición ha variado universalmente, estableciéndose como principio general que el ejercicio del Poder Público, acarrea responsabilidad individual en los casos de abuso, desviación de poder o violación a la Constitución (artículo 139), tesis imperante por influencia del tema de los Derechos Humanos. De esta forma la Constitución Nacional de 1999, siguiendo el cauce impuesto por la  de 1961 (artículo 46), ratificó el principio de la nulidad de todo acto dictado en ejercicio del Poder Público, cuando menoscabe o violente los derechos y garantías que ella confiere (artículo 25), responsabilizando civil, penal y administrativamente tanto a la autoridad que ordene como al funcionario que acate la orden.   

Por la jerarquía que, artificiosamente, se ha atribuido a la Asamblea Nacional Constituyente por el Tribunal Supremo de Justicia y  los Poderes Ejecutivo y Electoral, creo que la comparecencia de los gobernadores electos tanto oficialistas como de oposición a juramentarse,  constituye una causa de justificación para ellos y por ende, una eximente de responsabilidad, no aplicable a los miembros de la Constituyente.

Venezuela no puede seguir esta diatriba política sin sentido, es necesario enfrentar desde todos los niveles de gobierno, los cruentos problemas que la agobian. Dios bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com

21/10/2017.