La candidatura presidencial dentro del marco de los derechos y deberes constitucionales.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp
 

- "Mi libertad es el derecho de hacer lo que las leyes me permiten".
                                                                       Barón de Montesquieu.

Determinar la candidatura presidencial opositora en las próximas elecciones, es una tarea muy compleja, no solo por la cantidad de aptitudes necesarias y que debemos analizar a profundidad  por su importancia en el futuro inmediato del país, sino por la objetividad requerida  tanto para proponerla como para su admisión por quien la asuma.

Los venezolanos creemos tener muchos derechos y garantías y que nuestras obligaciones son pocas. Esto deviene quizás, porque si leemos la Constitución Nacional de 1999 y en proporciones distintas, igual era la de 1961, se listan los derechos humanos y garantías individuales a través de ciento diez artículos (desde el 19 al 129), mientras que los deberes son formalmente seis (artículos 130 al 135). Esta circunstancia no es porque tenemos una Constitución garantista, la respuesta no es así de sencilla, sino que se corresponde con el hecho que asumimos una posición muy cómoda para no aceptar que los derechos individuales de cada quien, suponen una obligación para los demás, cada privilegio idealmente concebido para un ciudadano, implica la carga obligacional para todos de hacer que se respete aquél derecho.  Cuando la carta magna  confiere la posibilidad de manifestar pacíficamente y sin armas, por ejemplo, surge la obligación para las autoridades y los demás ciudadanos de permitir toda protesta pública con esas características. Otra razón es que tenemos una serie de obligaciones colectivas por las cuales muchos no se sienten afectados, ello los lleva a pregonar “no voto porque no confío en el sistema!”,  “no soy político, en consecuencia no me interesan las elecciones!”, “no me llama la atención ningún candidato!”, “me da lo mismo cualquier candidato opositor, voto por cualquiera”.  Con todos estos razonamientos se abstienen de cumplir una obligación en extremo compleja e importante, constituida por la solidaridad y participación social contemplada en el artículo 132 CN, que textualmente dice: “Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. Del dispositivo nace no sólo un deber individual para cada venezolano como ser humano, sino además como integrante de un núcleo social, precisamente porque la actuación de éste se corresponde con la suma de decisiones individuales. Lo primero es el hombre, quien debe actuar conforme a su discernimiento en procura de su felicidad, lo segundo el mismo hombre pero dentro del ente social que cumple el mandato de la mayoría.

Venezuela vive, desde hace varios años,  una profunda crisis social, económica y política. Claro que todos tenemos derecho a solicitar del actual gobierno, quien es el principal responsable como administrador de la Hacienda Pública Nacional, de la planificación y de la política de endeudamiento, que resuelva esos problemas. Pero sabemos que no puede hacerlo, sencillamente es incompetente. En el Programa “José Vicente Hoy” del domingo 26 de noviembre 2017  su conductor analizó una encuesta de Hinterlaces, es hecho conocido que ambos tienen vínculos de solidaridad con el gobierno nacional, allí se concluye que más del cincuenta por ciento (50%) de la población venezolana culpa de la crisis económica a las políticas gubernamentales. Está entonces generalizada la percepción que no es la guerra económica ni las potencias extranjeras nuestros verdugos. Por lo que oigo y veo en las calles no tengo dudas sobre la conclusión de esa apreciación pero  si en el porcentaje, que es evidentemente mayor. La incapacidad gubernamental demostrada con el dicho de sus propios amigos, me lleva a concluir que la solución a los problemas no puede venir sólo por la exigencia de nuestros derechos (que los tenemos) en una mesa de diálogo o por la ayuda de órganos internacionales o mediación de personajes con connotación universal, sino por nuestra activa participación a través del cumplimiento de deberes individuales y colectivos, dentro del marco constitucional y legal, como el voto. El presidente Chávez y sus principales colaboradores, sintieron que la Presidencia de la República era un derecho de la Revolución y se postuló para un tercer período, a sabiendas que no podría cumplirlo pero cabalgando en la falsa premisa que sólo él garantizaba la continuidad. Esta trágica circunstancia, fundamental en nuestra historia contemporánea, debe dejarnos una lección inolvidable: la Presidencia de la República no es un derecho para nadie, menos en estas horas tan menguadas que vivimos. Es un deber de todos buscar un candidato que tenga las cualidades personales y objetivas y es una obligación para el postulado  aceptar la nominación y ejercerla si íntimamente cree que tiene las condiciones, así como declinarla si intuye que existe otra persona  con mejores posibilidades, cualquiera sea la razón, para presidir un gobierno con mayor amplitud y  capacidad para lograr apoyos externos e internos. Así que el deber de los postulantes y del postulado se erige sobre el marco de la responsabilidad social y no dentro del cuadro de los derechos y deberes individuales.

Los requisitos constitucionales de elegibilidad del Presidente son muy sencillos (art. 227 CN), no requiere ni tan siquiera  saber leer y escribir y esto, entiendo, profundiza nuestro deber de escogencia. El candidato con posibilidades ciertas de ganar, posesionarse y gobernar, debe estar por encima de credenciales y currículo, es más importante la posibilidad que pueda tener de convocar al país nacional, incluido el chavismo no comprometido, de manera que es fundamental observar en cualquier encuesta o sondeo de opinión  más el rechazo mínimo que su respaldo, porque hoy en Venezuela todas las organizaciones y personalidades integran minorías, pero todos entendemos  el deber de  apoyar al candidato escogido, creando así la posibilidad de conjugar en una misma persona al más aceptado con el menos rechazado; es necesario apreciar su capacidad de escuchar y hacerse escuchar; de conformar y dirigir equipos bien formados en políticas públicas, escogidos entre los diversos sectores de la vida nacional. Es fundamental su historia política, aquí todos nos conocemos. La obligación de cada venezolano de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país como establece el artículo 132 CN nos obliga a imponer al candidato, quien a su vez está constreñido a empinarse sobre cualquier dificultad o impedimento. No vamos a conseguir un candidato perfecto, estamos obligados a escoger a quien idealmente sea el mejor, capaz de cumplir una presidencia óptima con respaldo masivo y solidario,  porque así será cuando devuelva la esperanza y la alegría al pueblo de Venezuela. Señor, ilumínanos en la escogencia!

jesusjimenezperaza@gmail.com

28/11/2017.

 

PS.- Terminando de escribir, leo en Noticiero Digital un artículo del Dr. Oswaldo Álvarez Paz titulado “Capítulo venezolano de las Farc”, donde señala que no debemos entretenernos en los asuntos de las candidaturas a la Presidencia de la República o la campaña a las alcaldías, porque con ello se desvían temas puntuales como terrorismo, narcotráfico y corrupción. Es una opinión muy respetable por supuesto, cada opinador de cualquier jerarquía es libre de expresar su tesis en el área que crea apropiada. Pero utiliza un argumento donde pienso debería prestar mayor atención, porque él es un dirigente de mucho prestigio y  pudiera afectar sectores sociales desorientados  en la actualidad. Dice que “Con sólo pensar que este presidente durará por lo menos año y medio más, tolerado por la oposición oficialista, todo se hace más cuesta arriba”. El asunto es que puede el CNE adelantar las elecciones presidenciales para los primeros meses del 2018, dependiendo del evento del 10 de diciembre y la lectura que pueda darle el PSUV o la Asamblea Constituyente y, en ese caso  agarrarían a la oposición, en términos beisbolísticos, fuera de base. Las elecciones de gobernadores mostraron algunos síntomas de cuanto se puede hacer en Venezuela en materia electoral, con independencia del tratamiento meramente legal.  Creo es más importante prepararnos oportunamente con un programa y con un líder, que serán requeridos para reorientar el país y sin los cuales no podrán enmendarse los grandes males como los señalados  por el Dr. Álvarez Paz y otros más terrenales, como producción de alimentos primarios e industrializados, economía, educación etc. JAJP