Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Irak, después de la invasión aliada
para erradicar el supuesto arsenal atómico, que trajo como consecuencia
principal el derrocamiento de Saddam Hussein ha sido ingobernable y no ha
tenido paz, no obstante la potencialidad de su riqueza material representada
por la explotación petrolera. La causa de la anarquía o imposibilidad de acordar
un gobierno estable, es la discordia irreconciliable de sus tres principales
grupos étnicos, los chiitas, sunitas y kurdos. Este es un simple ejemplo, entre
los cientos que pudieran corroborar a lo largo de la historia, el mandato
divino ya referido y la secuela por la división de los hombres.
En Venezuela hoy, alrededor del
noventa por ciento de los ciudadanos propugnamos la salida del actual régimen,
causante directo del estado de catástrofe social y económico en el cual se
encuentra el país. El diez por ciento restantes, no conforma un bloque
compacto, vemos a diario como están siendo procesados y sentenciados gran parte
del grupo cívico – militar que acompañó al presidente Chávez durante el golpe
de 1992 y sus dos períodos de gobierno, concluidos en el 2012.
La oposición (90%) está conformada por tres grupos
principales, uno, aceptó ir al proceso electoral diseñado caprichosamente por
el gobierno, después de inhabilitar a los candidatos potenciales que quiso,
para lo cual ordenó la aplicación del artículo 105 de la Ley de la Contraloría
General de la República, utilizando entonces al Poder Ciudadano. Proscribió a
algunos partidos políticos valiéndose de la Asamblea Nacional Constituyente,
quien dictó a los efectos un Decreto el 27 de diciembre del 2017, sin texto
legal que pudiera servir como soporte para ese acto, aduciendo que no
intervinieron en la reciente elección de gobernadores, imponiendo así una
sanción en forma retroactiva y violatoria del principio de la progresividad de
los derechos humanos. Siguiendo la línea fijada por el ejecutivo, el Consejo
Nacional Electoral otro de los Poderes Públicos, diseñó un cronograma moldeable a su antojo,
incluso aún no definitivamente pétreo,
con lo cual se violenta el espíritu, propósito y razón del artículo 298
constitucional según el cual un proceso electoral no puede modificarse dentro
de los seis meses anteriores al acto comicial principal, representado por la
materialización de la expresión de voluntad del elector. De este dispositivo la
Sala Constitucional el 12 de abril del 2004 (Expediente 00566) sólo exoneró,
ante el recurso de interpretación
planteado, a las consultas referendarias ratificando la prohibición cuando se
trate de elecciones previstas en las leyes ordinarias especiales.
Un segundo grupo de ciudadanos, al cual me sumo, está plena y absolutamente de acuerdo con un
proceso electoral para poner fin a este gobierno y la crisis que representa,
pero cumpliendo con los requisitos que según el vigente corpus juris, nuestra
tradición democrática y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
supone el cumplimiento de tres ítems: pluralidad de opciones, equidad en la
participación e inalterabilidad del proceso electoral, con el cumplimiento del
cronograma diseñado previamente. Algunos aducen la inviabilidad de aceptación
de estas condiciones por parte del gobierno. Es cierto y allí está el tema a
discutir. Deberían imponerse de manera pacífica porque tienen fuente legal, al
contrario de las arbitrarias aceptadas
por el grupo anterior. Es válida la oferta de apoyo externo dentro del contexto
de los tratados internacionales suscritos por la República y, así debe ser
solicitado a los países hermanos. También es camino idóneo para imponer las
condiciones, el uso de las protestas dentro del marco constitucional y legal.
El tercer grupo de opositores no acepta la celebración de
los comicios electorales, aunque en teoría sus propuestas son muy semejante al
anterior, ya que propugna la necesidad de elaborar acuerdos a largo plazo con
diseños de políticas de descentralización, para evitar en el futuro un
ejecutivo cuasi omnipotente; cree en la necesidad de reiniciar nuestro sistema
judicial; que los militares deben volver a sus cuarteles sin participar en
política activa y partidista; devolver la autonomía al Banco Central de
Venezuela y con ello, un rediseño de nuestro sistema monetario; cree en la
urgencia de abrir el país para el regreso y la reinversión de capitales
extranjeros; en la libre empresa; justo castigo para los causantes directos de
este desastre, quienes deben ser procesados y en reinsertarnos en el
conglomerado de naciones, regido por tratados. La diferencia estriba en que a
este grupo le parece que el gobierno no puede extenderse hasta el fin natural
de su mandato (enero 2019), argumento que ha sido una constante durante muchos
años, sin señalar expresa y contundentemente cual consideran la forma alterna de
conclusión del actual mandato.
Creo es más lo que une a los tres sectores, que las
razones que los separan. Parece más fácil buscar coser los desacuerdos que
fomentar el distanciamiento, pero he allí el estigma. Alguien dijo,
acertadamente, que Dios condenó a la mujer a parir a los hijos con dolor, pero
la redimió con el excesivo amor de la maternidad; que ganaríamos el pan con el
sudor de la frente, pero suavizó el castigo al dignificar el trabajo. Será que
no existe perdón divino ante la división de criterios? Creo que sí, para ello
el Supremo Creador nos dotó de raciocinio, capacidad de debate y comprensión
para transar! Hagamos valer estos dones Divinos! Venezuela lo merece!
Domingo
de Ramos, 25/03/2018.
Excelente como siempre
ResponderEliminar