Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Según trascendió profusamente en los
medios de comunicación y las redes sociales, el candidato Dr. Henry Falcón a
quien ratifico mi amistad y reconocimiento con el desacuerdo medular que, en
nuestro concepto, no debió presentarse a la contienda electoral sin vasto
consenso para poder garantizar la derrota del oficialismo y sobre todo, amalgamar
la credibilidad y confianza del sector opositor compuesto cual colcha de
retazos, de ideologías, personalidades, partidos políticos y agrupaciones
sociales de diferentes naturaleza, comentó ante la calificada y amplísima
audiencia de César Miguel Rondón, que estas “pudieran
ser la últimas elecciones democráticas en Venezuela, en este gobierno
autoritario y dictatorial”.
Craso error, hay allí una sentencia que
los abogados califican como incongruente, porque un gobierno con esos
calificativos que controla a todos los Poderes del Estado incluido al Electoral,
mal puede convocar a unas elecciones democráticas. La democracia al igual que la preñez, no
aceptan grises, se está o no se está en ella. Teóricamente la democracia es una
forma o sistema de gobierno del Estado, ejercida de manera mediata por el pueblo
e inmediata por las autoridades que reciban el mandato popular, bajo responsabilidad del gobernante, sin
obligación de consultar a sus electores, salvo algunas puntuales excepciones
por vía referendaria. Por eso la alternabilidad, que es otra de las
características fundamentales del sistema, debe ser periódica, por lapsos y
actos prefijados y corroborada en forma cristalina, ya que es a través de ella
como el titular original del poder, el pueblo soberano de Venezuela en nuestro
caso, determina si el gobernante puede continuar porque ejerció mandato
conforme a la voluntad de los gobernados o debe salir del poder cediéndole a
quien sea designado como sustituto.
El solo hecho que todos los órganos
del Estado estén concertados y respondan unánimemente a las propuestas del
Poder Ejecutivo o al partido oficialista, impide el calificativo de democrático
al gobierno y sus actos. Resulta imposible para calificar la existencia de una
democracia sana y robusta en este país, obviar la interrupción del referendo
revocatorio en 2016 gracias a las decisiones interlocutorias que tuvieron
efectos de definitivas, dictadas por unos jueces sin jurisdicción, puesto el acto decisorio
correspondía en primer grado al Consejo Nacional Electoral, como autoridad
administrativa, el cual seguramente no
quiso comprometerse más allá de lo posible, abortando un proceso previsto en la
Constitución Nacional y por vía reglamentaria. En segundo grado, el jurisdiccional,
la competencia corresponde a la Sala Electoral, jamás a un juzgado penal. A
partir de ese momento, por lo menos, ninguna decisión relacionada con la
consulta popular puede tener el calificativo de democrática.
Este punto es trascendental y no
podemos pasarlo por alto, todos los actos electorales para la ratificación o
sustitución del presidente Maduro son írritos, absolutamente nulos, no porque los
haya convocado la Asamblea Nacional Constituyente, aunque su legitimidad está
comprometida, sino porque su celebración
depende de un proceso previo dolosamente fallido: el referendo revocatorio del
2016. Recordemos que el 04 de junio del 2004, aunque de manera tardía, el
presidente Chávez informó en cadena nacional de radio y televisión someterse al revocatorio promovido,
manifestando que dicho acto traducía la siembra de ideas, esperanzas y
proyectos contenidos en la propuesta constituyente presentada por la Quinta
República, el 05 de agosto de 1999. Dijo que desconocer los principios de la
democracia popular, participativa y
protagónica, representada por plebiscitos, referenda y asambleas populares,
sería como reconocer una democracia sin pueblo
o un río sin agua. Manifestó que
aquí funcionaban plenamente las instituciones e hizo suyas las palabras de El
Libertador Simón Bolívar, cuando el 15 de febrero de 1819, dijo: “Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de
las armas de su mando, convoca la
soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”. De manera que
también las ideas del presidente Hugo Chávez, fueron traicionadas cuando se
interrumpió abrupta e ilegalmente el referendo revocatorio hace dos años.
Mal puede calificarse este proceso
electoral como democrático y al mismo tiempo denunciar la desviación del
gobierno hacia el autoritarismo, lo que presupone concentración de poderes en
un individuo o partido con poder y autoridad absolutos y, por ende, estar en
contra cara con la robustez democrática electoral, la que requiere por lo menos: 1) Respeto por los principios
universales del sufragio, reconocido como uno de los derechos humanos, en tal
virtud es inadmisible sin ser libre, directo, personalizado, proporcional y
secreto. Todos estos elementos definitorios han sido trasgredidos con
diferentes acciones u omisiones, induciendo al voto con desequilibrio en la
propaganda, oferta y dádivas de bienes y servicios, cadenas de radio y
televisión arbitrarias e ilegales, con intervención directa de organismos públicos y
de la estructura del Estado. Es, por lo menos indignante, el condicionamiento
de la entrega del carnet de la Patria y su cotillón anexo, al sufragio. En este
aspecto Nicolás Maduro sin rubor cambia pensiones por votos, manifestando “esto es dando y dando”. 2) Fomento de la participación
ciudadana. Por el contrario aquí han sido arbitrariamente inhabilitados
partidos, tarjetas, símbolos y candidatos, de manera que sólo puedan participar
quienes tengan el visto bueno oficialista. 3)
Un arbitraje legítimo, imparcial, confiable. Los Rectores del Consejo Nacional
Electoral y sus órganos auxiliares no responden a estas características
fundamentales. 4) Como quiera que el contenido y el origen
del derecho al sufragio es muy amplio, forma parte y se entrelaza con
todos los derechos políticos con sus características de sensibilidad y
vulnerabilidad, implica que al
desarrollarse dentro de un amplio esquema procesal, la alteración en uno de los múltiples pasos requeridos
dentro del acto comicial, supone la ruptura en cascada de todo el derecho. De
manera que es violación del derecho a sufragar tanto la absoluta opacidad en la
conformación del registro de electores, como haber establecido actos no
expresamente sancionados en la Constitución o las leyes, para que los
gobernadores electos asumieran el cargo.
Estas razones hacen inadmisibles las
excusas de la dirigencia opositora sobre haber ganado algunas consultas, porque
si bien algunos resultados favorables
aunque seguramente alterados, no
pudieron ser desconocidos por el gobierno a la vez PSUV-CNE, fueron
transformados en triunfos pírricos y estériles como les consta a todos quienes
están medianamente informados sobre nuestro acontecer político.
No es verdad que “si participamos ganamos”, porque hacerlo en forma contra legem
simplemente nos convierte en cómplices de la ruptura de la plataforma electoral
lícita y damos pie, obviamente, para que la comunidad internacional incluya a
todos dentro del mismo saco, lo que no es bueno para el futuro de este país y
la restitución de la maltrecha estructura estatal. Dios proteja a Venezuela!
11/05/2018.
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