Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
En reciente programa “Wladimir a la Una” por Globovisión,
el Dr. Felipe Mujica presidente del partido Movimiento al Socialismo (MAS), según respuesta a una pregunta formulada por
el moderador, señaló que no respalda el
llamado que el Ing. Juan Guaidó, presidente
de la Asamblea Nacional, hace para la participación de los ciudadanos en
Cabildos Abiertos como preámbulo a la masiva concentración del 23 de Enero.
Entre las razones esgrimidas por Mujica para
restar importancia a la actividad, destaca que no se establece con claridad
cuál es la conducta posterior a seguir; agregó que él quiere una salida
constitucional, electoral y pacífica a la gigantesca crisis que vivimos en el
país. Recalcó, además, la circunstancia
que dichos eventos no son homogéneos, ya que en unos se consideran temas
distintos a los tratados en otros.
No pretendo en forma alguna dar ilustraciones
al Dr. Mujica, quien es un conocido político, bien formado, me parece sincero en cuanto al
auto convencimiento de sus ideas y opositor al gobierno sin duda alguna, aunque
no tengamos coincidencias ideológicas ni en la manera de expresar nuestra forma
de rechazo al presidente Maduro, ni a la revolución Bolivariana que representa.
Aunque no soy vocero ni integrante de
agrupaciones formales de la oposición, tomo su intervención televisiva para dar mi
apreciación personal sobre el tema, dando de paso respuesta a algunos amigos quienes
me han planteado el punto genérico.
La Constitución de 1999 distribuye el Poder
Público en forma vertical: el Municipal, Estadal y el Nacional, este último sub
dividido en forma horizontalizada, es decir, el Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Ciudadano y Electoral, cada uno con funciones propias, por lo que
deben ser autónomos, permitiéndose sólo su colaboración recíproca para el
cumplimiento de los fines supremos del Estado venezolano.
Sin embargo, actualmente el gobierno los
controla todos, en la práctica se ha hecho dueño del país a través diferentes
acontecimientos jurídico – políticos, en extremo importantes, que a la larga
aparecen concatenados. Algunos de estos sucesos están ya diluidos por la memoria frágil del venezolano.
Destaco la nefasta Ley del Tribunal Supremo de
Justicia de 20 de mayo del 2004, que en sólo 23 artículos ininteligibles y
kilométricos, elevó a 32 el número de magistrados para permitirle al presidente
Chávez el control del Tribunal Supremo de Justicia; el llamado a no votar en
las elecciones parlamentarias del 2005, que dieron una mayoría calificada al
gobierno y con ello la posibilidad de designar incondicionales como cabezas de
todos los Poderes Públicos.
No olvidemos la designación de Magistrados de
la Sala Constitucional afectos al PSUV, acortando los lapsos por una Asamblea Nacional
con período casi vencido para diciembre
del 2015, mientras se castraba mediante diversos mecanismos las funciones legislativas
y contraloras del actual Parlamento (2015 – 2020), esta vez con mayoría
calificada para la oposición; la forma ilegal
como se truncó el seguro referendo revocatorio en el 2016 y la designación sin
voto popular directo de una Asamblea Nacional Constituyente, sin convocatoria
legítima, con ilimitadas funciones violatorias a las específicas señaladas en
el artículo 247 constitucional y sin duración definida.
El
proceso electoral del 20 de mayo del 2018, extemporáneo por contrariar
nuestra tradición en la materia, unido a la falta de un candidato opositor con
el aval del vasto sector contrario al gobierno, con evidente ausencia de
votantes en todos los centros
electorales y celebrado a petición de la Asamblea Nacional Constituyente, sin
tener esa atribución, no contribuye en nada a la legitimidad de la máxima
autoridad ejecutiva.
Estas circunstancias han morigerado nuestro
Estado de Derecho y cerrado caminos de acceso al gobierno por la oposición
venezolana, en evidente, clara e indiscutible mayoría. De manera que es
legítimo, pacífico y constitucional recurrir al Poder Soberano, al cual están sometidos todos los órganos del
Estado y que puede ejercerse en lo político, de manera directa por el pueblo (artículos
5 y 62 CN) entre otras formas, a través de cabildos abiertos y asambleas de
ciudadanos (artículo 70 ejusdem), según la agenda sea abierta como en nuestro
caso o cerrada.
No puede el convocante, vale decir, el Presidente de la Asamblea Nacional,
establecer la conducta a seguir posteriormente como aspira el Dr. Felipe Mujica,
porque ello dependerá precisamente de las instrucciones que reciba del pueblo
consultado, quien es el titular y amo absoluto de la soberanía.
Es obvio que no pueden existir coincidencias total
o absoluta entre los distintos cabildos,
porque estos son territoriales, de manera que además de los problemas
nacionales comunes como la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas,
la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos y de infraestructura,
existen dificultades propias en cada región, en cada estado, municipio,
parroquia y barrio.
La intervención de fincas productivas no
tiene la misma connotación en el Estado Portuguesa que en el Estado Bolívar,
por ejemplo, donde los sistemas de
explotación minera son prioritarios.
En resumen, creo que lo que decida Venezuela en ejercicio de su soberanía y del
Poder Popular estando, como está,
cualquier otra alternativa cerrada por el secuestro de los Poderes
Públicos es constitucional y legítima.
Seguramente será pacífica, porque así ha sido
siempre nuestra conducta y electoral, ya que es la forma como en democracia
se accede al ejercicio del poder
político.
Necesaria si es la unión de todos. El Dr.
Felipe Mujica como integrante de un ilustre grupo de venezolanos que no está de
acuerdo con la convocatoria del Poder Popular mediante cabildos abiertos, puede
leer el recurso contencioso electoral de nulidad que ante la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia intentó el Dr. Henry Falcón, para determinar la
serie de irregularidades en el irrito proceso concluido el 20 de mayo del 2018
y la decisión dictada por la Sala el 13 de junio del mismo año (Expediente N° AA70-E-2018-000042), inadmitiéndolo, de donde se desprende que no existen
instituciones públicas en Venezuela actualmente, capaces de poner coto al
desastre que ocasiona el gobierno nacional con sus políticas, cuyos resultados
en lo económico y social no es necesario detallar porque son hechos públicos,
notorios y comunicacionales. Dios bendiga a Venezuela!
20/01/2019.
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