Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
El bicentenario del Discurso de Angostura,
pronunciado por Simón Bolívar en el acto
de Instalación del Congreso con ese nombre, el 15 de febrero de 1819, aunque
había sido convocado originalmente para el 22 de octubre del año anterior, pero
postergado por las vicisitudes propias de las guerras de independencia tanto de
Venezuela como de Colombia, debería ser
un punto de reflexión para los máximos dirigentes de la llamada Revolución
Socialista del Siglo XXI, ya que sus bases
programáticas dicen estar conformadas por los ideales de El Libertador,
contenidos en sus múltiples cartas, discursos y proclamas.
En dicha Asamblea, Bolívar define al sistema de gobierno más
perfecto como “aquel que produce
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor
suma de estabilidad política”.
Esa felicidad no es posible para un
pueblo viviendo en nuestras actuales condiciones, caracterizadas por la
obligatoria separación familiar, la
escasez de productos básicos, la delincuencia desbordada, las dificultades de
transporte urbano y extra urbano, independientemente de la causa, vale decir,
el factor poco creíble de la guerra económica o la incompetencia, según el
respectivo enfoque del oficialismo o de la oposición, lo cierto es que son
males que objetivamente padecemos y ello
nos impide ser felices.
La visita de los Miembros de la Comisión de
Avanzada enviada por la Dra. Michelle Bachelett dejaron al descubierto,
la poca operatividad de nuestras instalaciones hospitalarias, no obstante de la
vocación y humanidad característica del personal que allí labora y, ello
implica la ausencia de seguridad social,
a lo cual podemos agregar incluso la imposibilidad de suscribir y mantener una
póliza de servicios médicos eficaz, por lo costoso y por la rapidez con la cual
se pierde la cobertura mínima, producto de la inflación.
Finalmente, exigía El Libertador la mayor suma de estabilidad política. El
hecho de las sempiternas cadenas de radio y televisión en las cuales el
Presidente o alguno de sus altos funcionarios deben dar explicaciones de lo que
hacen, implica la inestabilidad del gobierno quien mantiene como política
diaria, el dar mensajes de aliento a sus cada vez más escasos partidarios.
No debe tomar a la ligera o pasar
por alto el gobierno, que más de 50 países significativos por su importancia
mundial lo desconocen. También el enroque colectivo de los ministros como se
anuncia, significa que no estamos ante un gobierno firme, que sienta estar
cumpliendo satisfactoriamente con sus planes mediatos e inmediatos, lo cual
sustituye con ofertas repetitivas e incumplidas.
La falta de estabilidad proviene de
la circunstancia de haber abandonado los
caminos trazados por el Estado de Derecho, delineado fundamentalmente por la
Constitución Nacional aprobada en referendo popular. Son varios los episodios
que nos han llevado a estas circunstancias, como haber permitido que el partido
de gobierno se adueñara de todos los Poderes Públicos en el 2005. La
democracia, como sistema de gobierno, pacífica y legalmente aceptada por el
pueblo de Venezuela, está divorciada del hecho de existir instituciones
públicas incapaces de controlarse mutuamente y de cumplir de manera soberana
sus funciones propias.
Fue mutilado nuestro Estado de Derecho
cuando en el 2015 se castró a la Asamblea Nacional, de manera ilegítima, de la
mayoría calificada que le habíamos otorgado y con ello, la imposibilidad de
legislar y controlar. También es muy grave cuando se nos impidió el derecho de
revocar el mandato presidencial en el 2016, a través de la fórmula del
referendo revocatorio que transcurría tempestivamente, conforme al Reglamento
elaborado a los efectos por el Consejo Nacional Electoral, pero que fue interrumpido
con medidas cautelares, dictadas por unos jueces penales que como tales
actuaron fuera de su competencia objetiva e incluso, sin jurisdicción.
No podemos olvidar el nefasto proceso
electoral del 2018, con candidatos y partidos arbitrariamente inhabilitados,
durante el ejercicio de una Asamblea Nacional Constituyente, de la que por
cierto no se conocen resultados ni proyectos.
Evidentemente que el diálogo es la
primera de las fórmulas mágicas para recuperar nuestro sistema jurídico para la
convivencia. El problema es que no existen condiciones objetivas para ello,
desde la reunión de República Dominicana, cuando antes de sentarse las partes
en conflicto, ya se conocían las propuestas que cada uno quisieron imponer y
que eran incompatibles.
Pero no significa que el litigio
debe resolverse con la fuerza de las armas. La inmensa mayoría del pueblo
venezolano rechaza la guerra y la intervención extranjera. También esta tesis
es admitida por los organismos multilaterales como el Grupo de Lima, la Unión
Europea, la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Seguridad de la
ONU.
Personalmente creo que el Estatuto
Para la Transición aprobado por la Asamblea Nacional, es constitucional y
políticamente impecable. Sin embargo, vista la profundidad de la crisis y la
necesidad de buscar advenimientos, me
parece pudiéramos comenzar con algunas decisiones perfectamente legales, como
es que la Sala Electoral revoque la medida cautelar dictada el 30 de diciembre
del 2015 (Exp. E-205-000146), cuando ordenó como medida provisional e inmediata, un amparo cautelar
suspendiendo los efectos de los actos de totalización, adjudicación y
proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional
Electoral, respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y
representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de
2015, en el estado Amazonas para elección de diputados a la Asamblea Nacional.
Así dicho organismo recuperaría sus funciones propias
y puede sustanciar y decidir sobre la instalación de un nuevo Consejo Nacional
Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, como manera de ir a un proceso de
convocatoria del pueblo de Venezuela, máximo exponente de la soberanía, para
designar una nueva Asamblea Nacional y a todos los funcionarios públicos a
quien le corresponde, como Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes y
Concejales.
Por cierto, oí
en un programa meridiano al Dr. Claudio Fermín, manifestando que el Estatuto para
la Transición se contradice cuando ofrece redención a los militares acusados de
violentar Derechos Humanos y propone recurrir, conforme al artículo 70 de la
Constitución Nacional a la consulta popular inmediata. Lo primero es falso, el
artículo 20.3 del Estatuto sólo ofrece a los civiles y militares, la amnistía
por delitos políticos o comunes conexos conforme a la Ley del 2016, no los
exime por violación de derechos fundamentales que son universales,
imprescriptibles y no sujetos a redención.
Recurrir de
inmediato a cualquier consulta con el actual Consejo Nacional Electoral es
imposible. Basta con analizar cómo es que el gobierno imputa a una guerra
cibernética contra las computadoras del Guri, el reciente apagón nacional. De
ser cierta la versión oficial, qué seguridad pueden proporcionar los ordenadores
del CNE, de cuyo cabal funcionamiento duda la propia empresa que las instaló.
Me extrañó mucho
la tesis del Dr. Fermín justificando la construcción de edificios, con
filtraciones y sin ascensores, sin cuestionar la ausencia de otorgamiento del
documento de propiedad ni preguntarse
por los costos, porque entre los grandes males del gobierno está la falta de
control de los dineros públicos.
Es conveniente
que revise, Dr. Fermín, el concepto de nuda
propiedad, una limitación en ese derecho fundamental que permite la
utilización o usufructo del bien pero sin tener nunca la propiedad plena. Para
el Derecho Romano ese sistema ya constituía una capitis
di minutio, es decir, una limitación en los derechos de los hombres.
La consulta
popular es posible y pacífica, pero debe tener niveles de credibilidad como se
señala en el artículo 22 del Estatuto Para la Transición, que sólo podrían proporcionar Rectores
distintos a los actuales.
El Dr. Fermín tiene
perfecto derecho a expresar sus opiniones, a conformar una nueva fuerza política
o aliarse al gobierno. Lo que no tiene derecho es a tratar de dividir a una
oposición que luce compacta, que ha conseguido después de varios años, un
liderazgo y un programa confiables y creíbles, como lo demuestra la respuesta masiva a cualquier convocatoria
que se le haga. Dios bendiga a Venezuela!.
19/03/2019.
Excelente.
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