Para quién y para qué es la inmunidad parlamentaria (I).

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

Al amigo y diputado larense, Dr. Edgard Zambrano, dedico.

Para analizar el planteamiento que da nombre a estas reflexiones, debemos remontarnos en la historia constitucional venezolana, porque la institución ha estado establecida desde nuestra primera carta magna, la Constitución Federal del 21 de diciembre de 1811, que ya exoneraba de responsabilidad penal a los representantes y senadores, exceptuando la comisión de  delitos de “traición y perturbación a la paz pública”, mientras estuvieran en ejercicio de sus funciones en la Cámara y durante el trayecto hasta sus respectivas residencias.

La Constitución del Estado de Venezuela del 24 de septiembre de 1830, amplía el concepto aclarando que la prerrogativa se iniciaba desde el día de su nombramiento, durante las sesiones y mientras regresaban a sus casas, extendiéndola al fuero civil para protección de los bienes. La única excepción a la regla era por incurrir en un hecho que mereciere pena de muerte. En esta Constitución se exige solicitar de la Cámara su aprobación para la suspensión del encausado, poniéndolo a disposición del juez competente.

Redacción más o menos similar conseguimos en los siete textos constitucionales vigentes en el país, durante los años cuando el general Juan Vicente Gómez rigió nuestros destinos, al igual que la de 1953, con el general Marcos Pérez Jiménez como jefe de Estado.

          Con estos antecedentes, podemos delimitar y aceptar el concepto doctrinario genérico que, en la acepción pertinente, define como inmunidad parlamentaria a la “Prerrogativa de los parlamentarios, que los exime de ser detenidos o presos, procesados y juzgados sin autorización de la cámara a la cual pertenecen salvo en los casos que determinan las leyes”.

           Sin embargo, merece especial señalamiento la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del 12 de julio de 1947 (artículos 147 y 148), porque en mi concepto es muy novedosa en el tema, ya que, la impone más que como derecho del parlamentario, una obligación de la Cámara velar por el respeto en plenitud, de la inmunidad que protege a sus miembros, pudiendo incluso paralizar los juicios ya instaurados y liberar a los detenidos por el tiempo de las sesiones o por el resto del período, salvo que el propio diputado o senador  solicite la continuación de los juicios.

          De la primera parte del artículo 147 CN1947, nace la interpretación conforme a la cual el privilegio no es propiamente del parlamentario, sino del pueblo que lo eligió y por tanto, no le es dado renunciar a él por lo que se delega en la propia Cámara la tutela de la inmunidad.

          La Constitución Nacional del 23 de enero de 1961 aplica varios  artículos (142 al 147) al respecto, que podemos desmenuzar de la siguiente manera, con fines didácticos:

1.     Exención total y absoluta de responsabilidad de senadores y diputados, por votos u opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. En este caso sólo responden ante el propio cuerpo, conforme a la Constitución y los Reglamentos internos. Este privilegio concreto conocido como inmunidad material, si es concretamente privilegio individual del parlamentario y de por vida, puesto jamás podrá exigirse responsabilidad por ese hecho.  

2.     La inmunidad se extiende desde la proclamación, hasta 20 días después de concluido el mandato o de la renuncia al cargo.

3.     Quedan expresamente protegidos de arrestos, detenciones, confinamientos, sometimientos a juicio penal, registros personal o domiciliario o coacción en el ejercicio de sus funciones.

4.     Ante un delito grave en flagrancia, la autoridad competente pondrá al parlamentario bajo custodia en su residencia, comunicándolo motivadamente y de inmediato a la Cámara o la Comisión Delegada.

5.     La Cámara tiene 96 horas para decidir el allanamiento, en caso de no hacerlo cesa la medida cautelar de inmediato.

6.     Los funcionarios que violenten este procedimiento, serán penalmente responsables.

7.     El Tribunal competente, una vez instruidas las diligencias sumariales, sin decisión, las pasará a la Corte Suprema de Justicia quien decidirá si hay mérito para la continuación de la causa, la cual no puede producirse sin el allanamiento.

8.     Los últimos dispositivos obligan que la sesión donde se trate el tema sea especialmente convocada e instalada; el régimen de los parlamentarios suplentes y las previsiones pertinentes cuando haya actuado la Comisión Delegada.

La Constitución Nacional aprobada por referendo del 15 de diciembre de 1999 (artículo 200), establece:

1.     La inmunidad se inicia con la proclamación, hasta la conclusión del mandato o la renuncia al cargo.

2.     De los presuntos delitos cometidos conoce privativamente el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar la detención del parlamentario y la continuación del enjuiciamiento.

3.     Para el procesamiento se requiere previa autorización de la Asamblea Nacional.

4.     En caso de delito flagrante la autoridad pondrá al Diputado bajo custodia y se comunicará de inmediato con el Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos que transgredan este procedimiento incurrirán en responsabilidad penal.

Resalto que tanto la Constitución de 1961 como  la de 1999, imponen como requisito sine qua non (indispensable):

Ø   La previa autorización de la Cámara, para proceder al enjuiciamiento. Esto se explica porque siendo la inmunidad procesal, no la material, una garantía para el elector, para  que su representante pueda ejercer las funciones sin cortapisas,  la excepción o allanamiento debe aprobarlo el propio pueblo a través de un Poder Público que emana directamente de él, como es el Legislativo, integrado por las diversas corrientes políticas. También el Presidente de la República tiene fuente popular directa, pero usualmente, pertenece a una sola de las corrientes que hacen vida política activa en el país.

Ø   Ninguna distingue entre delitos políticos y comunes, sólo hacen referencia a delitos graves y a los delitos en flagrancia.

Cabalgando sobre estas dos circunstancias se dieron, bajo el imperio de la Constitución Nacional de 1961 y se están dando en la actualidad con la de 1999, interpretaciones no apegadas a la exégesis (literalidad), lo que en doctrina constitucional está permitido, prevaleciendo hechos políticos los cuales referiré por separado, con objetividad e indicando las fuentes.

Por supuesto, la uniformidad de condiciones en los diferentes textos constitucionales, no siempre se corresponde con el respeto práctico o adjetivo a la institución. Está ampliamente documentado por ejemplo, como pisoteando la Constitución de 1830 que regía para entonces, el general – presidente José Tadeo Monagas, el 24 de enero de 1848 ordenó el asalto al Congreso Nacional, donde se proponía juzgarlo  por excesos en el ejercicio de la primera magistratura. Entre otros, allí resultó herido el diputado Santos Michelena de la bancada conservadora, seguidores de José Antonio Páez, muriendo algunas semanas más tarde.

Lo lamentable es que pueda repetirse la historia de fuerza y barbarie, que caracterizaron a la Venezuela de sable y caudillos del Siglo XIX. Dios Bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com

10/05/2019.