Jesús A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Es
realmente inaudita la forma como alrededor del ochenta por ciento de los
connacionales, aún estando plenamente de acuerdo en que atravesamos la peor crisis política, económica y social de
la Venezuela contemporánea, buscamos en cada episodio por secundario que
parezca, un argumento para separarnos más y con ello fortalecer el gobierno
presidido por Nicolás Maduro, denominador común en la generación de la crisis.
A
principios del año 2019 todo parecía esperanzador, teníamos en el diputado Juan
Guaidó un líder común de la oposición, escogido como tal por haber sido
designado Presidente de uno de los Poderes del Estado, la Asamblea Nacional, a
su vez electa directamente por votación popular. De este órgano surgió una hoja
de ruta, también aceptada sin reservas por mayoría aplastante y admitida por el
resto con algunas observaciones secundarias: El Estatuto para la Transición a
la democracia y el restablecimiento de la Constitución Nacional.
Allí
se indicaron tres pasos que debíamos cumplir juntos, ante la inminencia
del inicio de un segundo mandato de presidente Maduro, esta vez irregular
porque las elecciones habían sido convocadas y celebradas en forma
intempestiva. Efectivamente, el primer período concluía el 10 de enero de 2019,
de manera que los comicios no podían ser antes del 10 de octubre del 2018, no
en mayo de ese año como se hizo, si
aplicamos el principio de la continuidad de la norma constitucional, puesto si
bien ni la Carta Magna de 1999 ni la de 1961 determinan lapso para la celebración del acto electoral, si la de 1953 y además la tradición en la materia,
es que la escogencia del Presidente de la República y del cuerpo legislativo se
hace con tres meses de anticipación a la asunción de los cargos.
Cierto
que la oposición había solicitado en República Dominicana y Oslo el adelanto de las elecciones, pero el
petitorio formaba parte de una agenda integral por lo que debía aceptarse o
rechazarse en bloque, no de manera fraccionada. Hoy esa pauta la critica algún
sector, pero entonces estaba admitido que nada
está aprobado, hasta que todo esté aprobado.
El
trípode establecido y acatado por la mayoría nacional, es el cese de la
usurpación; el establecimiento de un gobierno de transición y, las elecciones
definitivas con las debidas garantías, lo que permitiría volver a un régimen auténticamente democrático
en su origen y en su desempeño.
Sin
embargo, el veinte por ciento restante de venezolanos, conformes con la
legitimidad y acciones del actual gobierno, han logrado atomizar la aplastante
mayoría porque nos llevan de incidencia en incidencia siempre por la tangente
olvidando el proceso principal, ayudados por parte de la oposición, no sé si
como cómplices o de buena fe.
Esta
dispersión del grueso sector opositor no es nueva, en distintas circunstancias
algunos líderes en quienes confía el pueblo llano, angustiado y sufrido han
ayudado de alguna manera para fortalecer al gobierno con elementos secundarios,
no digo que no sean importantes, sino que nos desvían del objetivo fundamental
que es salir de la pesadilla, en la cual está sumido el país. Por supuesto, no
en todos los hechos se ve de bulto la ayuda proporcionada, pero si la
conducción errónea que en Derecho se traduce en culpa lata de algunos
dirigentes, de efectos similares al dolo.
En
abril del 2002 un golpe de Estado o vacío de poder, cada quien puede llamarlo
como quiera y, en 2004 con una solicitud de revocatorio, que sólo estaba
previsto genéricamente en la CN99, sin regulación legal o reglamentaria, dieron al traste con una derrota segura del
chavismo en el 2006, agotado en sus primeros pininos, por incapacidad gerencial
administrativa, la improvisación y corrupción desbordada con el Plan Patria
2000.
El
20 de mayo del 2004, con mayoría simple pero valiéndose de vericuetos legales,
la Asamblea oficialista aprobó 23
artículos ininteligibles y kilométricos, en una cosa que llamaron Ley del Tribunal
Supremo de Justicia que elevó a 32 el número de magistrados, permitiéndole al
presidente Chávez el control del Tribunal Supremo de Justicia. Esta
circunstancia no fue apropiadamente analizada y denunciada, a tal punto que la mayoría
de ciudadanos no tuvo conocimiento pleno de las consecuencias de esta ley.
En
las elecciones parlamentarias del 2005, se pregonó que deslegitimaríamos al
gobierno si no participábamos en las parlamentarias de ese año, con lo cual lo
habilitamos para obtener una mayoría calificada, casi unánime, que le permitió al
oficialismo afianzarse mediante la sanción de leyes pseudo socialistas de todo calibre. Por cierto, estas elecciones
eran dentro de los márgenes y lapsos legales, por lo que no puede compararse la
renuencia a votar en los comicios impropios del 2018.
En
el 2007 los jefes de la oposición, quienes se supone deben orientar al pueblo,
no supieron o no quisieron conducir a buen puerto la victoria aplastante obtenida,
al negar la reforma constitucional para permitir en forma indefinida la
reelección presidencial.
Tampoco
supieron como alinearnos en el 2009 para desaprobar una propuesta de enmienda también inconstitucional, puesto
ambas son maneras de Reformar la Constitución (Título IX) y no puede, por ende,
plantearse ningún cambio nuevamente en el mismo período (artículo 345 CN99).
En
las postrimerías del 2015 el Parlamento con mayoría chavista pero después de
electos los nuevos diputados, acortaron lapsos y violaron procedimientos para
imponer nuevos magistrados sobre todo de Sala Constitucional, con lo cual
pulverizaron la mayoría calificada obtenida en las Parlamentarias del mismo año
y, con ello, quitaron las funciones legislativas y contraloras a la Asamblea
Nacional.
Como
propusieron 21 de 23 Colegios de Abogados, ese acto pudo haber sido anulado por
el principio de autotutela, porque se había violado el orden
público procesal administrativo. Esta misma figura es la que utiliza hoy Juan
Guaidó para dejar sin efecto las comunicaciones signadas por la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional.
En el 2016 el Consejo Nacional Electoral, con
el apoyo de unos jueces sin jurisdicción ni competencia, truncó el Referendo
Revocatorio esta vez ya regulado apropiadamente y, en el 2017, como joya de la
corona nos impusieron una Asamblea Nacional Constituyente, sin convocatoria
legítima, con ilimitadas funciones violatorias a las específicas señaladas en
el artículo 247 constitucional y sin duración definida.
Todos esos hechos listados a grandes zancadas
con el auxilio de la memoria, sin buscar reseñas en diarios u otro medio de
información lo que traduce la gravedad
de los mismos, tienen en común el desconocimiento del Estado de Derecho y una
inapropiada conducción.
Hoy la oposición luce más fraccionada que
nunca, con el agravante que estamos a pocos días de la renovación de la Junta
Directiva del Parlamento, en peligro de sucumbir no obstante ser el único Poder
no controlado, al menos en apariencia, por el gobierno y estamos igualmente en
las puertas de un año en cuyas postrimerías, debe ser renovada la Asamblea
Nacional.
Ante
las graves circunstancias actuales, donde unos diputados están cuestionados por
los hechos del Cucutazo y otros por actuaciones como miembros de la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con responsabilidad
y en estas horas aciagas para la patria, adopto la siguiente actitud: 1.- Como ciudadano continúo respaldando la gestión de
Juan Guaidó, es muy tarde para cambiar de caballo en la tormenta que se
avecina. Ello no significa que le releve de responsabilidad, porque en su
momento debe rendir cuentas conforme a la Constitución. 2.- Voy a sufragar en las elecciones parlamentarias del 2020. Este año los comicios son tempestivos y establecidos en la ley suprema. 3.- Espero las pruebas sobre la
participación de los diputados en el cucutazo
y la Comisión contralora, quienes no podrán dar la espalda a la designación de
un Presidente opositor en la próxima Junta Directiva del Parlamento, porque
ellos forman parte del liderazgo por el sólo hecho de haberse postulado como
diputados. 4.- Si estos diputados
resultan responsables de los actos que se les imputa, la mayoría parlamentaria debe
autorizar e iniciar el procedimiento
jurisdiccional previsto en el artículo 200 CN99. Ya veremos la conducta de los magistrados
del Supremo Tribunal de la República, quienes hasta ahora han sido muy
diligentes en sancionar diputados allanándoles su inmunidad. 5.- La culpabilidad comprobada de dichos
diputados implica, que son cómplices de los empresarios
encargados de la provisión de los CLAP, por lo que no puede salir inmune el
gobierno nacional puesto ese programa es oficial y por tanto, tiene la
responsabilidad de vigilancia y control sobre los mismos. 6.- Hago un llamado a la oposición para impedir que la minoría siga
imponiéndose sobre la mayoría, lo que se deberá determinar electoralmente. Feliz Navidad. Dios bendiga a Venezuela!.
04/12/2019.
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