miércoles, 18 de noviembre de 2020

Carta abierta a Joaquín Giménez, Julio La Cruz y Leonardo Torres.

                                                                                       Jesús A. Jiménez Peraza

                                                                                                    @jesusajimenezp

Apreciados amigos: El acto electoral del 6D es una encrucijada muy compleja, porque el país está en una situación sistémicamente confusa. No es ni tan siquiera criticable el hecho que un vasto sector de votantes se niegue a concurrir, no lo hacen por apatía o desamor a Venezuela, sino que perciben como nuestros derechos individuales y colectivos han sido omitidos, en algunos casos y violentados en otros, por la acción combinada de los Poderes Ejecutivo y el Judicial  tomando así la determinación, seguramente con pesar y buena fe, porque en circunstancias normales el venezolano es adicto al voto.

Después de analizar la conveniencia de votar o no, persuadido que ninguna ventaja puede provenir de la abstención, sino al contrario, a través de ella abriría la puerta al abuso gubernamental que bajo el manto de la legalidad formal, proporcionada por una Asamblea mono cromática o roja rojita como la del 2005 – 2010, pueda empeorar nuestra situación política, social y económica.

El segundo paso fue determinar por quien sufragar. No es tarea fácil. El tarjetón está minado de candidatos corresponsables de todo este desastre que por conocido no vale la pena repetir. Postulados oficialistas, incluso a nivel nacional, quienes después de transitar por diferentes cargos ejecutivos, con más penas que gloria son enrocados, como en el ajedrez, para continuar en el  mismo tablero causando daño. Otros son verdaderos alacranes y camaleones, mimetizados para crear la apariencia de pluralidad, cuando en el fondo han recibido el encargo de transitar por vías distintas, para llegar al mismo destino de conchupancia, sin importarles para nada el cabal funcionamiento, que implica la sana discusión y la práctica de alta política para mejores resultados.

Fue así como resolví ofrecerles mi voto a través de la tarjeta verde y naranja de Unión y Progreso, porque no tienen un pasado acusador, ni ustedes personalmente ni el partido que les sirve de apoyo, sino que son personas que han escogido hacer frente a la recia situación que vivimos, desde lugar protagónico como indudablemente es la Asamblea Nacional y no optar por la conducta fácil y cómoda de quejarse sin actuar.

Por supuesto he analizado favorablemente el llamado que en favor de ustedes hace el Dr. Eduardo Fernández, amigo, reserva moral en esta Venezuela angustiada, quien en tiempo oportuno y aún contra sus intereses electorales, advirtió sobre la necesidad de seguir las pautas de la paz, del voto y la ley, lejos de las botas y balas que a lo largo de la historia  tanto daño nos han causado.

Habrán de luchar ustedes por el fortalecimiento del Estado de Derecho, cuya ruptura es nuestro mal mayor. Deberán proponer que se vuelva al respeto de la Constitución Nacional, parlamentar para que el Tribunal Supremo de Justicia no entorpezca las funciones de legislar, controlar y la revisión de los contratos de interés nacional que corresponde a la Cámara de Diputados; que se aplique el principio fundamental del fuero especial e inmunidad que protege a los congresistas, conforme al artículo 200 CN1999 y así puedan cumplir con su altísima misión y, por supuesto, que se abandone el criterio de declarar en desacato al cuerpo legislativo, porque ese es un delito que no está previsto para órganos colectivos y en todo caso, requiere un procedimiento impuesto por la misma Sala Constitucional cuando dictó sentencias a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, en el año 2014.

Requerimos con urgencia de inversiones nacionales y extranjeras, para lo cual será decisivo el papel de la Asamblea. La Ley Antibloqueo a la cual se le atribuye esa finalidad no podrá seducir a los inversionistas, quienes bien saben que al no estar aprobada por el órgano regular no es vinculante. Cuba, a pesar de ser un régimen dictatorial consolidado durante más de seis décadas, debio reformar recientemente su Constitución Nacional, vigente desde 1976, para tratar de convencer a los dueños del capital en el mundo, que los invirtieran en El Mariel, especialmente acondiconada como zona exclusiva, para proporcionar divisas a la isla.

Será importante igualmente que el Parlamento se constituya, como debe ser, en un centro de acuerdos políticos y lograr la imparcialidad absoluta del Consejo Nacional Electoral, para devolver la confianza de los ciudadanos en el voto. El próximo año deberán designarse alcaldes, concejales y gobernadores, fundamentales en nuestro sistema de gobierno federal. Estando fijado ese proceso en las leyes correspondientes, es necesario lograr que se destierre para siempre la figura de los Protectores, forma ilegítima de diluir la voluntad popular mediante decretos ejecutivos, que tanto malestar producen porque enervan la fe de los electores en el sistema democrático.

En la Venezuela que estamos obligados a rehacer, con acciones y no con la abstención, comenzaremos con una nueva Asamblea Nacional, porque ella nace directamente del voto popular y sirve, además, de plataforma para designar otros altos funcionarios.  El Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales deben ejercer sus funciones de control difuso de la constitucionalidad y, exclusivamente la Sala Constitucional el control concentrado, para desaplicar y anular dispositivos legales, respectivamente, pero no en la forma abusiva como se ha venido haciendo, sino con métodos claros, cumpliendo las observaciones que la doctrina señala para el caso. Si el Poder Judicial considera la conveniencia de algunos dispositivos para regular el funcionamiento del Estado y la conducta de sus ciudadanos, puede recurrir a la potestad de proponer proyectos de leyes a la Asamblea Nacional, relacionadas con el sistema judicial,  para que se siga el mecanismo de sustanciación que corresponde.

También el ciudadano Presidente de la República debe reducir su conducta a cumplir las funciones, que son bastantes y complejas y que le permite el artículo 236 de la Carta Magna, sin invadir la esfera de competencia de los demás órganos del Estado. Acatar cada uno sus funciones propias y el respeto a la esfera de poder que corresponde a otros, es fortalecer la democracia. 

El mundo en general  atraviesa en la actualidad problemas múltiples, complejos, algunos exclusivos de cada país y otros comunes, lo que incluye la pandemia del coronavirus productor del Covid – 19, con el cual deberemos convivir mucho tiempo, que además de la salud impide en mucho la interrelación comercial, industrial y el turismo, medio de sustento para el planeta. Esto nos obliga a revisar conductas, a respetarnos  para poder enfrentar esas adversidades.

No hay razón para que Venezuela, por su situación geográfica, por la productividad de sus tierras, su minería, su gente, sin divergencias intestinas nacidas del racismo, ni religiones ni ideologías radicales, se encuentre en tan precaria situación.

No les  exijo que puedan afrontar todas las líneas de conducta referidas, algunas ni tan siquiera son competencia de ustedes, quienes integrarán un cuerpo colegiado  donde las decisiones se toman por mayoría simple, absoluta o  calificada, según la magnitud, pero parafraseando a  Santa Teresa de Calcuta sus actos serán “menos que una gota en el océano, pero si la gota faltase, el océano no sería el mismo, carecería de algo”. Cuenten con mi voto y que Dios y la Divina Pastora les acompañen. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

18/11/2020.

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