Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Anoche fue transmitido por algunos canales de la
televisión local un debate entre cuatro candidatos a la próxima Asamblea
Nacional, dos pertenecen a la corriente oficialista y dos a la llamada mesita,
que es una especie de oposición muy amigable, según se comenta en la calle y
demostró en la conversación.
El debate fue soso porque los expositores no gozan de
carisma ni fueron al fondo del verdadero caos que vivimos en Venezuela, que aún
reduciéndolo a la esfera de competencia del órgano legislativo, sin incluir las
secuelas de las nefastas políticas del ejecutivo, no deja de ser sumamente
grave. Tampoco fue ejemplo de urbanidad
y comportamiento social para los televidentes, porque se interrumpían
constantemente para introducir elementos que nada agregaban al debate.
El centro de gravitación por los candidatos del gobierno fue
el repetitivo argumento que las directivas del actual Parlamento se dedicaron a
conspirar contra el gobierno, en connivencia con países y personalidades del
extranjero, lo que constituye el delito de traición a la patria, por supuesto,
con amenazas de futuro procesamiento judicial. También salió a relucir la
hipotética pacificación del país gracias a la acción de la Asamblea Nacional
Constituyente, “convocada” por el
Presidente de la República, sin que esa sea una materia especialmente atribuida
al órgano, ni la señalada la forma de convocarla, sino únicamente de promoverla
o de tomar la iniciativa.
La contraparte, sin mucho entusiasmo, se limitó a señalar
la falta de acción gubernamental y proyectos de ley, in péctore, sin advertirle
a la población como lograrán la aprobación de un programa de leyes, con el
antecedente de declaración sistemática de inconstitucionalidad por la Sala
correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia. Ese punto es esencial al
hacer cualquier propuesta legislativa seria y con esperanzas de viabilidad.
El debate que tiene que plantearse en Venezuela, con
seriedad, con profundidad y despojado de intereses subalternos, es cómo podemos
recuperar el Estado de Derecho perdido, que haciendo abstracción de episodios
anteriores, se inicia precisamente cuando la oposición obtiene una mayoría calificada en el proceso
electoral parlamentario del 5 de diciembre del 2015 y, antes de iniciarse el
período un mes después, había sido reducida a una mayoría absoluta lo que ya implicaba una castración al Poder
Legislativo, conforme a la voluntad popular; al mismo tiempo fueron designados
algunos jueces principales y suplentes del máximo Tribunal de la República, sin
cumplir el procedimiento administrativo y por una directiva que parafraseando
la toma de posesión del presidente Chávez en 1998, “estaba moribunda”.
Acto seguido la Cámara fue despojada de sus potestades
legislativa, de control y funciones concurrentes, cuando el Presidente de la
República se negó a cumplir el iter legislativo, ordenando la promulgación a las leyes (art. 213 CN1999) para ser
publicadas en Gaceta Oficial, apoyado por la Sala Constitucional que las
desechaba, conforme criterio plagado de opacidad, por ser “contrarias
a la constitucionalidad”; se asentó por sentencias diversas que los altos
funcionarios no tenían la obligación de concurrir a las interpelaciones, ni se
requiere la aprobación del Parlamento en los contratos de interés nacional, con
lo cual se violentan los ordinales 3° y 9° del artículo 187 constitucional.
El Estado de Derecho en nuestro sistema constitucional no
puede en forma alguna ser bípedo. Al faltar el cabal y total cumplimiento de
las funciones por alguno de los Poderes del Estado, estamos ante otra figura,
más aun cuando el tercer Poder, el Judicial, no ha cumplido con sus funciones
en forma independiente y soberana. Alguna vez escribí que en democracia es
imposible “un choque de trenes” porque
cada uno, equivalente a los Poderes
Públicos, tiene su riel propio que es la competencia exclusiva y excluyente
determinada por la Constitución Nacional y, que en todo caso, al desviarse
siempre habría un sistema judicial que actuaría para dirimir el problema.
En la moderna doctrina constitucional, ante la falta del
Estado de Derecho, se habla del Estado de
Opinión, tema sumamente complejo que debería ser abordado por conocedores
de la Teoría del Estado, como mecanismo de superación de nuestro caos actual.
Jhon Locke[1], referido en un extraordinario
artículo sobre el tema por el doctor Armando Guio Español[2] ya se planteaba, qué hacer
ante “la necesidad de contener la
arbitrariedad propia del poder absoluto del monarca y de imponer límites a un
gobierno cuyas fuerzas nadie podía
enfrentar”, la respuesta no la sé, sólo creo que debemos ver esta materia
más allá de la banalidad transmitida en el debate televisado.
Personalmente me dispongo a hacer lo que me corresponde y
que puedo: votar en la consulta popular del 6 de diciembre, porque es un
derecho y una obligación que me da y me impone la Constitución y para exigir su
cumplimiento, primero debo cumplir. Dios bendiga a Venezuela!.
13/11/2020.
Formidable!!!!!!
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