Ensayo y error.

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

Dentro de la  heurística, arte iniciado por los antiguos griegos que significa inventar, hallar, se destaca el ensayo y error, que de fondo constituye un método de observación y aprendizaje, utilizando factores aleatorios para obtener un resultado concreto aunque variable y desconocido. Las soluciones no son determinadas ni seguras, de allí la posibilidad de incurrir en un error. Para enmendarlo se impone recurrir a la  reformulación de las ideas iniciales, pero con cambios o  nuevos elementos. Se utiliza tanto en la investigación científica como en el campo social.

Quizás la abstención en las elecciones parlamentarias del 2005, era permisible como un ensayo. Dentro de las posibilidades  estaba que el presidente Chávez, vista esa conducta temiera una potencial deslegitimación en el sistema, porque todo gobierno requiere de una oposición para mantener la cohesión en el partido gobernante, impidiendo así que se suelten los demonios internos.  Era posible que optara por propiciar una serie de concesiones a la oposición, que se verían reflejadas en los comicios presidenciales del año siguiente y en el fortalecimiento de la democracia, a través de un sistema de leyes, que les quedaba fácil aprobar vista la mayoría calificada que había obtenido en el Parlamento.

Pero no, craso error, ahondó en el socialismo sancionando leyes que contrariaban los lineamientos constitucionales; se procuró sin necesitarlas, unas leyes habilitantes para además de gobernar, asumir la potestad legislativa; hizo reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para dominar también el Poder Judicial, puesto de 15 magistrados ahora serían 32, con mayoría aplastante a su favor, quienes con el mayor desparpajo en actos públicos de la magistratura, le loaban  incondicional respaldo y solicitaban su permanencia en el poder.

El experimento no debió repetirse en el 2020. Como no hubo cambios en el planteamiento del ensayo, cuyo principal ingrediente fue la abstención electoral,  ya se conocía de antemano que el oficialismo lograría una mayoría casi unánime. También se  puede intuir el rumbo a seguir: un Poder Ejecutivo dueño y señor del Estado, sin necesidad de recurrir a las arbitrarias violaciones al sistema jurídico, como debió hacerlo a partir del 2016, gracias a la activa participación de los venezolanos que eligió una Asamblea Nacional marcadamente contraria al gobierno.

Hasta ahora la táctica de la dirigencia opositora, consistente en convocar a una gran encuesta nacional el 12D para manifestar su repudio al régimen, no ha producido ninguna consecuencia práctica, ni lo hará. Ya la Asamblea Nacional se instaló y ejerce sus funciones plenamente, con el anuncio de medidas y leyes que de fondo sólo buscan apuntalar a un gobierno que, a pesar de su aparente fortaleza, hace aguas por los ingentes problemas de índole social, económico, financiero, sanitario, que se multiplican a diario.

Es imperativo entonces cambiar el esquema, a sabiendas que no hay ninguna posibilidad, en verdad nunca la hubo, de hechos de fuerza externos o internos capaces de cambiar al actual gobierno socialista, lo que significa que debemos refugiarnos en las alternativas que permite nuestro propio sistema y ordenamiento jurídico.

En el 2021 están previstas elecciones de diferentes organismos públicos regionales y municipales, que son de extrema importancia porque a la par de promover la participación y la unión, sirven como incentivo para conseguir el referendo revocatorio, forma prevista para lograr la terminación, a la mitad del período de los cargos de elección popular.

El gobierno siempre le ha temido a esta consulta. En el año 2003 cuando por primera vez  se presentó la oportunidad de activarlo, el presidente Chávez por la falta de normas que desarrollaran la previsión programática de la CN1999, logró posponerlo hasta haber obtenido un panorama favorable, gracias a las misiones abonadas a su vez por una situación fiscal boyante. En el 2009 no se dieron  condiciones políticas viables para promoverlo, porque como consecuencia de la reforma constitucional de ese mismo año y, también en remoto, la abstención del 2005, la oposición lucía absolutamente desarticulada e inmovilizada.

En el 2016, la oportunidad era propicia y tanto le temía el gobierno, que Diosdado Cabello se anticipó a anunciar, falsamente, que no se había solicitado en forma tempestiva. Tan endeble era el argumento que debieron, en cambote, distintas autoridades del Estado, recurrir a unos jueces sin competencia por la materia, jerarquía y territorio, para interrumpirlo.

Para entonces la Asamblea Nacional tenía la posibilidad de haber luchado por la aplicación de los dispositivos existentes, pero ya la discordia y la desunión había hecho mella en el Parlamento y, así como no fueron capaces de anular la atropellada designación de magistrados a finales del 2015, por un Parlamento “moribundo”, ni de hacer quórum reglamentario para designar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, hecho aún no explicado en forma convincente, tampoco lo fueron para luchar por la celebración del revocatorio.

En enero de 2022, se cumplen los primeros tres años de la segunda presidencia de Nicolás Maduro, de manera que el 2021 es apropiado para prepararlo con tiempo suficiente. Pienso que este referendo debe sustentarse en dos elementos: 1.- La unidad de la oposición orientada hacia el mismo propósito y tejida con las elecciones de gobernadores y demás autoridades locales y regionales. 2.- Solicitar, dirán los expertos en la materia si ante la Corte o ante la Comisión del Sistema Interamericano de los DDHH, la primera con sede en San José de Costa Rica, la segunda en Washington, una medida cautelar para observar y cuidar del cumplimiento del proceso. La suspensión arbitraria en el 2016, constituye plena prueba de uno de los requisitos para el dictamen de la medida cautelar, que se denomina fumus boni juris o buen humo de derecho.

Ya un aliado del gobierno y actual diputado de la zona gris, adelantó que no existe la normativa legal para sustanciarlo. Falso. El Consejo Nacional Electoral publicó en la Gaceta Electoral N° 405 del 18/12/2007, las Normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, que se mantienen vigentes. Ellas son suficientes, a menos que la actual Asamblea Nacional publique, con tiempo, dispositivos de ley aplicables por ser de mayor fuerza, pero que en ningún caso pueden contravenir el marco constitucional.

De esta manera convertiremos el presente año en el más importante del siglo XXI, porque debe ser el de la compactación de la oposición y, con ella, derrotar al gobierno en forma contundente, pacífica, electoral y constitucional. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

20/01/2021.