Jesús A. Jiménez
Peraza.
@jesusajimenezp
"Laissez faire et laissez passer, le
monde va de lui même" (dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí
mismo), es una famosa máxima que explica la esencia de la teoría económica del
liberalismo o libre mercado. Uno de sus principales y más reconocidos divulgadores
fue Adam Smith para quien el Estado no debía intervenir en los asuntos
económicos internos, dejando las fluctuaciones económicas a las leyes del
mercado, lo que es principio es razonable y correcto, sobre todo en contracara
a la doctrina comunista, propulsores del intervencionismo estatal y sus
ejemplos fracasados en diferentes países del mundo y en distintas épocas.
Es la interpretación extremista de estas
ideas las que Juan Pablo II llamó, con toda razón, capitalismo salvaje. El Estado por ser la institución más poderosa
de la sociedad no puede ser absolutamente pasivo, al contrario, le corresponde utilizar su mano vigorosa para corregir
algunos abusos y desviaciones, haciendo respetar el medio ambiente, equilibrar
derechos naturales de los hombres y regular con leyes el accionar del capital
cuando se obvia el aspecto humano, para su producción y acrecentamiento.
En política el dejar hacer, dejar pasar in extremis tampoco tiene sentido
porque permite la consolidación de instituciones que pueden ser muy dañinas.
Por eso es necesaria la participación activa, la opinión tempestiva y la acción
oportuna de los ciudadanos. Este axioma se ha constituido en leitmotiv de los
abstencionistas en una Venezuela que se derrumba, algunos esperando que los
socialistas se cansen y se vayan, otros que vengan los marines norteamericanos
o los cascos azules de la ONU a liberarnos.
No es cierto que el diputado Henry Ramos
Allup, al tomar posesión como Presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero
del 2016 haya dicho que en seis meses habrían derrotado al presidente Maduro,
como infundadamente se repite. Él se limitó a manifestar que en ese lapso
tendrían diseñada la fórmula legal, pacífica y constitucional para hacerlo.
El tema es que no se hizo nada efectivo, no
se anuló el procedimiento administrativo indebido que se había utilizado para
designar a Magistrados principales y suplentes, especialmente de la Sala
Constitucional. Por allí se fue la majestad del Poder Legislativo que
representaba, permitiendo sin mayor resistencia que la Asamblea fuera declarada
en desacato y la anulación de todas las leyes que aprobaban. Dejaron pasar la
negativa de interpelación a funcionarios
públicos de alto rango y se creó un bestial desequilibrio en los órganos del
Estado. Durante su presidencia y las dos siguientes se aplicó de fondo la
política del “laissez faire et laissez passer”. Es cierto que hubo algunos
esfuerzos individuales, pero a la distancia me parece que no fueron
apropiadamente coordinados, quizás por la división interna de los partidos
representados en la Asamblea, quienes estaban allí por la tarjeta de la MUD.
Durante los dos últimos años del período
legislativo, desde enero del 2019, la Cámara aprobó el Estatuto para la
Transición a la Democracia, declarando ilegítimo al gobierno y se decretó la
constitución de un gobierno de transición hasta la celebración de unas
elecciones libres. El problema es que sin mucha resistencia se instaló una
Asamblea Nacional Constituyente, aunque el pueblo de Venezuela no instó su
convocatoria y se adelantaron de manera impropia, unas elecciones
presidenciales intempestivas en el 2018.
Todo esto se logró sin oposición contundente
de los legisladores, como líderes que conformaban el único poder opositor, independiente
y legítimo. Muchos de ellos recomendaron abstenernos de participar electoralmente,
poniendo en riesgo a jóvenes y ciudadanos, enfrentados en la calle a cuerpos
armados, lo que hacía suponer que no había posibilidad de triunfo alguno. Eso también
es un ejemplo de laissez faire et laissez passer.
Actualmente el gobierno nacional y todos los
Poderes Públicos que lo respaldan preparan una estocada muy grave contra el
sistema, cual es la implantación del estado comunal. No es válido el argumento
que ya lo negamos al rechazar la reforma constitucional del 2007, porque
después de un período se puede replantear la moción.
Aunque es indudablemente contrario a la carta
magna, puesto implica una nueva distribución vertical de los Poderes Públicos
agregando el Comunal al Municipal, Estatal y Nacional, no se ha hecho nada para
oponerse a la Ley Constituyente del Plan de la Patria, publicada en la Gaceta
Oficial N° 6.442 Extraordinaria del 03 de abril del 2019, que dio carácter
orgánico a la propuesta de Chávez como
candidato, para el período presidencial 2013 al 2019 y que le sirve al
oficialismo de soporte para su instauración, con la ventaja para ellos que no
requiere la consulta referendaria obligatoria que tendrían que cumplir de
hacerlo por reforma constitucional.
Una buena causa para enfrentar este problema
que se avecina, que además pudiera constituir un elemento unificador de la
oposición en algo útil, es coordinar un referendo
abrogatorio contra la mencionada Ley Constituyente. Ojalá que la
campaña para las elecciones de noviembre sirva como promotora de este referendo,
porque ese proyecto no se puede dejar pasar, Venezuela no puede andar sola sino
que debemos orientar sus movimientos. Dios bendiga a Venezuela!.
jesusjimenezperaza@gmail.com
04/08/2021.
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