Jesús A. Jiménez
Peraza.
@jesusajimenezp
Venezuela se nos disuelve gradualmente y en
algún grado todos tenemos responsabilidad, bien por acción bien por omisión.
Algunos son imputables directamente porque desde el gobierno o desde la
oposición, no han cumplido con las acciones a su alcance para impedir la
debacle. Nuestro sistema de gobierno es la democracia representativa, significa
que todas las gestiones del Estado se ejercen mediante funcionarios que
designamos a través del único método posible: el voto.
No existe la democracia protagónica que sirvió a Hugo Chávez para captar
adeptos. La fuerza o influencia en la conducción del Estado que tenemos los
ciudadanos es siempre en forma indirecta. El referendo que se utiliza como
ejemplo de ejercicio del poder popular, no es más que una consulta que confluye
en la implantación de un órgano, una ley o una conducta a ser ejecutada por un
representante popular. Pero si tenemos la obligación personal de cuidar que ese
funcionario de gobierno o legislativo, bien sean nacionales, estatales o
municipales actúen dentro de las normas establecidas en el estado de Derecho.
Hemos fallado en elegirlo y en
controlarlo.
En términos llanos el estado de Derecho no es
otra cosa que el cumplimiento del tinglado de leyes que rigen en un país, en un
tiempo determinado. La ley suprema es la Constitución Nacional bifurcada en dos
líneas fundamentales, que deben ser respetadas y acatadas por todos los
ciudadanos formen o no parte del gobierno. La diferencia entre ambos es que los
primeros podemos hacer todo cuanto la ley no nos prohíba y los gobernantes,
solo lo que le es permitido en forma expresa.
Esas dos líneas de acción que sustentan la
Constitución son:
1) el reconocimiento de una serie de
derechos, que incluso la anteceden porque la titularidad nos corresponde por el
hecho de ser humanos, por tanto existe
antes que el Estado y las leyes. Pero además del reconocimiento o tipificación en el texto,
debe garantizar el cumplimiento efectivo. Nada hacemos con que el artículo 43
CN1999 señale que el derecho a la vida es
inviolable, o que el 115 indique que
se garantiza el derecho de propiedad, pero que existan cuerpos policiales
que cual Rambo puedan disparar contra un ciudadano, sin tratar de persuadirlo o
apresarlo a través de métodos permitidos por la propia ley. Eso transgrede el
derecho a la vida.
Un catedrático y diputado actual, ex chavista, ex opositor y ahora
nuevamente oficialista refería recientemente por televisión que el gobierno
nacional respeta, como debe ser, el derecho de propiedad y habló de un Estado
utópico que obviamente no es el nuestro. Basta con examinar las actuaciones del
Instituto Nacional de Tierras en los procedimientos de rescate, donde
usualmente los ejecutan sobre fincas
ocupándolas previamente sin la conclusión del procedimiento administrativo,
desconociendo títulos porque no son legibles por su antigüedad o por deterioro,
a pesar que al propio Estado corresponde la obligación de preservar los Libros
registrales porque es función exclusiva y excluyente de la administración. Eso
enerva el derecho de propiedad.
2)
elaborar el organigrama de las instituciones a quienes corresponde las
funciones propias del Estado: administrar recursos y bienes públicos, hacer
leyes y aplicarlas, a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La ley suprema señala cuáles son sus funciones propias y el sistema de control
sobre ellos.
En la democracia representativa existe un
grupo que debe hacer contrapeso al sector que ejerce el poder por haber
resultado mayoritario. Ellos no están exentos de obligaciones, les corresponde
denunciar, actuar dentro de los cánones previstos, proponer. Es cierto que al
menos desde el 2003 cuando el gobierno obvió la oportuna consulta referendaria
para el revocatorio, comenzó un rosario de violaciones constitucionales de
mucha gravedad a la cual nos hemos referido en anteriores entregas. Pero de
inmediato los líderes opositores erraron el camino omitiendo la consulta
popular del 2005, con lo cual abrieron paso a una mayoría calificada oficialista
generadora primaria del poder absoluto que, desde entonces, ejercen los
socialistas o comunistas.
En el 2015 con la instalación de una Asamblea
Nacional constituida con mayoría aplastante de la aposición, se cometieron
errores que se fueron acrecentando con las directivas posteriores, incluida la
del 2019 que quiso sustituir el gobierno por una fórmula no establecida en la
CN1999, hecho que se fue desdibujando con el tiempo, aunque al principio
parecía viable por la desesperación que causa los desvaríos
gubernamentales. Esta “directiva” aun pretende subsistir en el
panorama político nacional, lo que no solo es contra legem sino que no cuenta
con el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano.
Es tiempo de desbaratar los nudos que nos
ahogan. De ganar espacios. De organizarnos comenzando con los municipios
(alcaldes y concejales), gobernaciones y consejos legislativos estadales, quienes
habrán de constituirse en un liderazgo renovado (en ideas y acción) que nos
lleve felizmente a proponer, ganar y cobrar el referendo revocatorio, a partir
de enero del 2022, además de cumplir sus funciones propias.
Es tiempo de exigir rendición de cuentas. La
señora Carmen Meléndez fue designada como gobernadora de Lara, al cual
renunció después de tres años para asumir un cargo ministerial. No se vio ni
sintió ninguna gestión efectiva en la región durante su mandato y ayer por
televisión confesó la causa: dijo que nunca había vivido en Lara, que estuvo “tres años de vacaciones mientras fue
gobernadora”. El 21 de noviembre tendremos oportunidad de cobrar la afrenta
que no es solo su responsabilidad, sino imputable también al partido PSUV y sus
aliados que la postularon.
Entramos en la primera etapa para la recuperación definitiva de Venezuela. Es nuestra responsabilidad saber elegir. Dios bendiga a Venezuela!
jesusjimenezperaza@gmail.com
29/08/2021.
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