La desinstitucionalización de la República.

 

                        Jesús A. Jiménez Peraza

                                                                                               @jesusajimenezp.

La solución a la crisis horizontal, a la vez profunda, que vive el país debería comenzar por enfrentar la desinstitucionalización que nos agobia. Desde la organización más sencilla, la familia, hasta la más compleja, el Estado, sufren el mal de la atomización, la falta de conducción y el respeto recíproco entre sus componentes.

El núcleo familiar, entendido desde el restringido ángulo del padre, la madre y los hijos, porque no siempre tiene esa composición, ante la falta de ingresos económicos estables; la presunción con sólidas bases, de no tener un futuro cierto; la ausencia de instituciones educacionales que funcionen apropiadamente  y la imposibilidad, en muchos casos, de poder proveerse la dieta diaria se ha desintegrado, engrosando la migración interna o hacia otros países. Corresponderá a cada una de ellas, conforme a sus posibilidades y nivel tratar de mantenerse unidos, aun en la distancia, de manera que sean comunes sus problemas y las gestiones para superarlos. Pero en ninguna forma pueden permitir que además del distanciamiento físico, incurran en la desunión afectiva. El amalgamiento de cada unidad familiar permitirá, en su conjunto, la recuperación de otras instituciones y con ellas del país.

La desinstitucionalización del Estado, es fácil de apreciar y sus sórdidas consecuencias la sufrimos a diario. Todas las funciones públicas pasan por el filtro del Ejecutivo o de personas con influencias harto conocidas. Los jueces sin un nombramiento que haya cumplido los requisitos legales y constitucionales, amenazados por procedimientos administrativos o jurisdiccionales, sin escapar del diagnóstico  la deficiente calidad profesional y humana de los escogidos salvo honrosas excepciones, simplemente se someten a directrices ajenas a las que se corresponden con un estado de justicia y de derecho.

Las funciones de la  Fiscalía y la Contraloría General de la República, parecen estar acopladas a las instrucciones emanadas desde Miraflores y la Defensoría del Pueblo, institución de la cual tanto se esperaba en los días subsiguientes a la aprobación de la CN1999 por referendo nacional, es absolutamente anodina  puesto no sentimos su presencia en el ejercicio de las gestiones que les corresponde.

El Consejo Nacional Electoral de cuya independencia siempre tuvimos dudas, pero que hace pocas semanas pareció se convertiría en un precursor para la recuperación de la institucionalidad, volvió a sus andadas cuando sin justificación alguna impidió el nacimiento de un derecho constitucional como es el referendo revocatorio, imponiendo unas condiciones de imposible cumplimiento, contrarias a la justicia, a la ley, a la equidad, por lo que deben considerarse como nulas e inexistentes, si aplicamos la norma del artículo 1200 del Código Civil, encajándolo dentro del Derecho Público, no obstante su origen privado.

Por cierto, muchos dirigentes y ciudadanos comunes sienten el hálito triunfador, con un se los dije! Eso era previsible!, en vez de unirse a la protesta que debería surgir espontáneamente por haberse desconocido un derecho constitucional, además humano. Esta acción del Consejo Nacional Electoral debió ser considerado una afrenta, tanto para quienes veíamos en el revocatorio una solución a la indiscutible crisis política; como por quienes lo consideraban de buena fe, como extemporáneo y también por los oficialistas que quieren la continuidad del jefe de Estado, porque ganando limpiamente lo legitimaban interna e internacionalmente.

Cuando un Estado como el nuestro, definido en la ley suprema como “democrático y social de derecho y de justicia” no respeta el equilibrio en las fuerzas de los Poderes Públicos que lo integran y, no funciona el control recíproco entre ellos, no existe como tal, se desdibuja, dando paso a un órgano diferente.

La institucionalidad es una cualidad que se va formando con la actuación de una determinada entidad, bien sea pública o no gubernamental, porque ella no se decreta. Las normas o los reglamentos diseñan su creación y su funcionamiento, pero es el proceso en el cumplimiento de sus fines lo que les imparte la institucionalidad, como sinónimo de legitimidad por desempeño. Un ejemplo muy claro, por graficar alguno, es el Metro de Caracas, que  sigue siendo una institución después de cuarenta años, pero perdió su razón existencial. Corregir la movilización interna de la ciudad pasa por recuperar la institucionalidad de ese medio de transporte.

Pero hacer que el Estado funcione como debe ser, debido a lo complejo de su estructura y a la diversidad de sus instituciones, es muy difícil, debiendo comenzar por definir su orientación política. Desde hace muchos años el presidente Chávez dijo en cadena nacional que “el camino es el socialismo” y se comenzaron a dictar leyes que así lo advierten, pero todo en contradicción con los postulados constitucionales, que contiene principios claramente liberales al referirse a la economía, la propiedad, las concesiones de servicios públicos, la igualdad ante la ley y las limitaciones al poder del Estado.

El liberalismo es una corriente económica, política y filosófica que nace para enfrentar el absolutismo, por eso es fuente para el estado de Derecho y la democracia representativa. No es contradictorio el artículo 4 CN1999, que califica a la República como federal y descentralizada, simplemente trata de mantener la integridad territorial, trasladando autonomía a las entidades regionales para el mejor ejercicio en el cumplimiento de los fines supremos de proporcionar bienestar a la población.

El socialismo, por el contrario representa centralismo, estatismo, exclusividad en la propiedad de los  medios de producción. Tratar de implantarlo sin una legislación y ley suprema apropiada, sin tradición histórica, sin la pacífica aceptación ciudadana ha sido nuestro desastre.

De manera que retomar la normalidad y el ideal para cuando nos corresponda imponernos electoralmente, pasa por reorganizar la familia, como antes dijimos y democratizar las sociedades intermedias como partidos políticos, asociaciones vecinales, gremios, sindicatos, universidades, academias etc. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

12/02/2022.