Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
La frontera que separa los buenos y
malos gobiernos es el respeto a la Constitución. Cumplir y hacer cumplir las
leyes es el centro del juramento obligatorio, cuando los altos funcionarios
públicos toman posesión de sus cargos. La
Carta Fundamental se constituye con los principios básicos para configurar al
Estado; las líneas gruesas de la gestión de gobierno; las funciones o
atribuciones de los órganos públicos; el
sistema económico por desarrollar; las obligaciones y deberes de funcionarios y
ciudadanos, de manera que mantenerse
dentro de esos trazos es lo ideal para el fiel cumplimiento del mandato
asumido.
La
activación del referendo revocatorio con casi el 10% del padrón electoral, no
obstante era suficiente el 1%, marca el intento de desacato a la Carta Magna por el gobierno y
el partido oficialista. El propio presidente Maduro negó la posibilidad de un proceso referendario
“en el 2016, 2017…ni en el 2030”; Diosdado Cabello asomó que no podía otorgarse
contrato de obras públicas con quienes hubiesen firmado; el CNE comenzó por
alterar el propio procedimiento administrativo establecido desde diciembre del
2007, para su sustanciación; el gobernador de Nueva Esparta alertó a los
firmantes para que se atuvieran “a las consecuencias”; se amenaza con acusación de traición a la
patria a los diputados que llevaron la información ante los organismos
multilaterales y el vicepresidente Aristóbulo Isturiz “negó la posibilidad que
haya revocatorio porque se pidió tarde, se pidió mal y hubo fraude”. Tienen
dichos personajes la pesada carga de explicar, de manera convincente cómo
es que ejercer una garantía
constitucional, es inconstitucional.
Todo el pueblo de Venezuela sabe que
el referendo revocatorio es una salida prevista para recortar un cargo de
elección popular, el presidente Chávez
así lo dijo múltiples veces, realzando sus bondades y fue el protagonista del
primer ensayo fallido, año y medio después de cumplida la mitad de su primer
período. También saben el gobierno y el pueblo, que el presente ha sido un
proceso cristalino, que las colas para firmar no eran virtuales y que
reflejaron la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que nos agobia, de
manera que las declaraciones de los altos personajes públicos no constituyen
otra cosa que el intento de alargar la convocatoria, para que se materialice
más allá el 10 de enero del 2017 y pueda continuar hasta el 2019 en el poder,
el Vicepresidente designado para esa fecha. Este es el peor escenario para
Venezuela, el actual gobierno y el PSUV.
El
Vicepresidente en ese caso asumiría el gobierno con no menos del 80% del
rechazo popular, demostrado con votos y actas,
porque sería causahabiente de las razones consideradas para revocar al
Presidente. Seguramente le será difícil remozar el gabinete porque nadie querrá
ser co responsable en los días menguados por venir, con las alforjas vacías y
una serie de facturas vencidas sobre su escritorio; al PSUV le será difícil
explicar la situación de lo ocurrido y el destino del legado del comandante
eterno, sin contar que la casi totalidad de gobernadores serán opositores, lo
que imposibilita la creación de tantas Corpo como gobernaciones existen en el
país. Sería un escenario muy complicado
en todos los aspectos, que impedirían la preparación para la campaña electoral
que debe concluir en diciembre del 2018.
Aceptar
la celebración del referendo revocatorio dentro de los lapsos establecidos
implica para el gobierno y su partido, en primer lugar, el cumplimiento de la
Constitución y del juramento inicial, les permitiría una transición en paz,
hacer inventario de los errores cometidos, deslastrarse de muchos funcionarios
maulas y pasar a liderar la oposición, pudiendo seguir en el escenario político
para los procesos subsiguientes. Todo cuanto suceda dentro de la letra de la
Constitución, es bueno, simplemente sométanse a ella. Todo cuanto se trame
fuera de la Constitución, es malo, deséchenlo.
jesusjimenezperaza@gmail.com
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