Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
Las cotidianas
tertulias entre parientes y amigos relacionadas con el referendo revocatorio, tanto
en su sencilla previsión básica contenida en el artículo 72 de la Constitución
Nacional, como en su desarrollo procesal enmarañado, formalista, confuso y
complaciente diseñado en las ya famosas Normas de diciembre del 2007, dictadas
por el Consejo Nacional Electoral con el doble propósito de agilizar el proceso
o dificultarlo, según el funcionario
contra quien se instaure, no pocas veces termina con la construcción gramatical
que utilizo para nominar estas reflexiones, como si pudiera permitirse que decisiones
eminentemente políticas se despojen de los lineamientos que fijan la ética y el
Derecho, entre otras ramas del conocimiento humano.
La política fue
clasificada como ciencia práctica por una de las mentes más desarrolladas y
lúcidas de la historia, Aristóteles, cuando la definió como la actividad
orientada en forma ideológica, para la toma de decisiones dirigidas a alcanzar
los objetivos fundamentales del hombre, que redujo al bien común y la felicidad. En una de sus
obras, que precisamente llamó “Política”, Aristóteles se encargó de señalar las
formas de organización del Estado y sistematizar la toma de decisiones, dentro
de los cánones de la ética, de la justicia, la economía. De manera que no
pueden existir decisiones políticas huérfanas de otras ramas científicas,
incluida la lógica no clasificada por el ilustre genio, porque entendía que
ella es una constante dentro del “recto
discurrir de todas las ciencias”, dando
preponderancia al lenguaje, como
forma de conservar la memoria colectiva y al conjunto de leyes para diferenciar lo prohibido de lo permitido.
Tampoco es posible
que ese conjunto de normas que rigen el referendo revocatorio, sea analizado y
aplicado por las rectoras del Consejo Nacional Electoral y aguas abajo por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como punto de mero derecho,
fuera del contexto de la realidad social que vive el país. Nuestro sistema en
teoría es democrático, no obstante la degradación sufrida dentro de la pureza
del mismo porque evidentemente no se respeta, en la actualidad, el equilibrio natural de los Poderes, por lo
que tiende a degenerar, según la teoría
de Aristóteles en demagogia, abriendo cauce a
promesas insostenibles que a la
larga impiden el bien común y la felicidad. Nuestro sistema es además, aunque no esté expresamente admitido,
presidencialista, con natural tendencia en caso de degradación hacia la anarquía. Allí está, precisamente, el
peligro en la decisión que se tome porque el referendo revocatorio y la
oportunidad apropiada de ejecutarlo, es un tema que amalgama la política, el derecho
y la ética.
Pero, a beneficio de
inventario, admitamos que el referendo revocatorio es un asunto político
eminentemente; vamos a desembarazarnos de lo jurídico y lo ético; cerremos los
ojos ante el mensaje popular del 05 de diciembre del 2015; a la
insostenibilidad de decisiones de las Salas Constitucional y Electoral;
admitamos las alcabalas impuestas por el Consejo Nacional Electoral para
retrasarlo; obviemos declaraciones, al menos imprudentes, del propio Presidente
de la República, de otros altos funcionarios de su gobierno o del PSUV.
Pensemos que estirando la arruga y multiplicando excusas rebasemos el 10 de
enero del 2017 para dar cauce a la consulta popular. En este punto es necesario
concluir que revocado el mandato del señor Presidente, todas las razones negativas
consideradas para tan transcendental decisión, las asume automáticamente el
vicepresidente ejecutivo, quien por efecto del artículo 233 de la Constitución
se convierte en Presidente de la República hasta completar el mandato en el
2019, pero con el agravante que si bien no puede hablarse en tal caso de
ilegitimidad de origen, porque la causa está previamente establecida en la
carta magna, no tendría la aprobación referendaria del pueblo de Venezuela, que
es de fondo el titular de la Soberanía. Esta es una razón política indiscutible
de porqué el referendo debe ser antes del 10 de enero del 2017. Si gana el NO,
el presidente Maduro resultaría re legitimado y con la obligación de tomar las
delicadas decisiones de orden económico, social y político que requiere el
país; por el contrario, si triunfa el SI, el Presidente es revocado y en 30
días después de un breve proceso electoral el pueblo designará, en elecciones
generales un nuevo mandatario, del propio partido gobernante o de la oposición,
a quien le corresponderá esa misión.
Pero no podemos pensar ni
aceptar en un revocatorio posterior al
10 de enero del 2017, en ese caso es preferible jurídica y políticamente
que la historia continúe su curso, ya identificará el pueblo de Venezuela a los
responsables de cualquiera sean las consecuencias de la inapropiada
interpretación de la política, de la indebida lectura de las leyes y de la
transgresión de las normas éticas. Dios proteja a Venezuela!
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