Poder Judicial: Proyecto incumplido.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 

               En el año 1992, en medio de un país convulso fundamentalmente en lo ético y, en lo político como consecuencia del golpe liderado por el comandante Hugo Chávez Frías, el presidente Carlos Andrés Pérez creó el Consejo Consultivo de la Presidencia de la República, conformado por ocho ilustres venezolanos especialistas en diferentes áreas y de distinta formación política, a fin hicieran un diagnóstico y sugirieran soluciones sobre los grandes cambios que requería el país nacional, puesto prevalecía un grave y profundo esguince entre la acción de los  poderes públicos y la sociedad civil. Por cierto, dicho órgano aconsejaba la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, pero convocada dentro de los parámetros permitidos por la entonces Constitución Nacional de 1961 en vigencia,  esto es, previa reforma de su texto siguiendo las pautas que ella sancionó para tal fin.

               El Consejo Consultivo trabajó duramente, con prudencia pero aceleradamente; con  audacia, pero con respeto hacia  las instituciones en funcionamiento,  porque así lo imponía la  situación anómala que vivíamos. Fueron muchas las materias abordadas, algunas aprobadas por el presidente Pérez, otras acogidas por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada  en 1998 por el  presidente Chávez e incluidas en el texto constitucional del siguiente año. Me voy a referir a uno de estos ítems, cuyo diseño en la carta magna ha sido en panorama ampliado, irrespetado por la Asamblea Nacional lo que explica su funcionamiento indebido, su grave dependencia y el desdén hacia él, por un pueblo callado que observa y espera: el Poder Judicial.

               Partió el Consejo Consultivo del absoluto deterioro del sistema judicial, desde su cúspide, la Corte Suprema de Justicia y jueces de diferente jerarquía, fiscales, defensores, régimen carcelario, registros públicos, policías y abogados,  todo lo cual estaba totalmente partidizado y con deficiente formación profesional, proponiendo unas medidas de aplicación inmediata y otras diferidas, que debían ser incluidas en la reforma constitucional.

               Entre las primeras, la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, designando nuevos magistrados para suplir vacantes por renuncia y jubilaciones, exigiéndoles apropiadas credenciales académicas, cabal cumplimiento de los requisitos constitucionales y  desvinculados, por mandato legal, de los partidos políticos. Aconsejaron la creación de nuevas salas, incluida la Constitucional.

               En mi opinión, con muy buen tino se sugirió dividir las funciones del Consejo de la Judicatura para cubrir dos áreas absolutamente autónomas, una la administrativa, cuya función principal es la designación de los jueces y otra, la disciplinaria, para velar por su debido desempeño sin que esta última, de naturaleza jurisdiccional, se viera mediatizada por la primera.

               Se propuso la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, potestad que correspondía al presidente de la República, con la expresa recomendación que se eliminaran los concursos de credenciales por unos de oposición, configurados para evitar las influencias extrañas. Igualmente se abogó por la eliminación de la figura nefasta de jueces provisorios y “vacacionales”, que tanto daño hizo a la majestad de la justicia y su prestigio ante la comunidad.

               Señaló el Consejo Consultivo la necesidad de involucrar en la reforma a todos los órganos públicos relacionados con la administración de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del ramo, Ministerio Público, Procuraduría  General, Consejo de la Judicatura, Colegios de Abogados, Universidades, Comisión Para la Reforma del Estado (COPRE) e, igualmente propuso, que se diseñaran estrategias para controlar la labor de funcionarios subalternos, quienes por lenidad de sus jefes inmediatos, se habían constituido en proveedores de decisiones, mediante el ilegal cobro de tarifas.

               Como soluciones a largo plazo se propuso la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al funcionamiento de las salas y potestades de los jueces. La creación de una Sala Constitucional, para la interpretación y control de la Ley Suprema, con competencia además, sobre las materias que correspondían a la Sala Plena. Consideraron indispensable la revisión, discusión y sanción del conjunto de leyes reguladoras de este sector del Estado, incluido el presupuestario para garantizar la autonomía del Poder Judicial, siempre considerado como cenicienta del Ejecutivo. Todas estas leyes debían tener jerarquía constitucional.

               Otra propuesta interesante y necesaria fue la creación de la jurisdicción de paz y tribunales de “pequeñas causas”, que a la par de descongestionar los Tribunales de mayor jerarquía, debían resolver problemas diarios y muy sentidos por el común de los ciudadanos. Esta última intención se alcanzaría igualmente con el abaratamiento de los costos procesales, la utilización de medios conciliatorios y de solución pacífica de los conflictos, procedimientos expeditos y sin la rigurosidad de formalismos.

               A mediano plazo debían revisarse las leyes adjetivas, para modernizar los procesos y convertir estos en la búsqueda y consecución de la verdad sustancial, por encima de la formal. Se invocó como fundamental la revisión y mejoramiento del sistema penitenciario y la descentralización de las cárceles; revisión  de los sistemas registrales y del notariado. No podía faltar la propuesta de un profundo estudio y consecuencial decisión, para solucionar el estancamiento de los procesos y la cantidad de expedientes represados en los despachos judiciales, sin solución humana  posible por su vetustez y complejidad creada por procedimientos amañados.

               Como dije, algunas de estos sabios y desinteresados consejos fueron acatados por la actual Constitución Nacional pero los problemas continúan, es más, agravados, pero no por imprevisión sino por inejecución torpe, bien por dolo bien por culpa en los operadores de los programas. Corresponde a la próxima Asamblea Nacional, reorientar este proyecto macro, deshacer los entuertos, corregir  errores  y en fin,  hacer cuanto sea necesario para que Venezuela tenga un sistema judicial confiable, como base para su desarrollo integral.

jesusjimenezperaza@gmail.com