Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
En el
año 1992, en medio de un país convulso fundamentalmente en lo ético y, en lo
político como consecuencia del golpe liderado por el comandante Hugo Chávez
Frías, el presidente Carlos Andrés Pérez creó el Consejo Consultivo de la
Presidencia de la República, conformado por ocho ilustres venezolanos
especialistas en diferentes áreas y de distinta formación política, a fin
hicieran un diagnóstico y sugirieran soluciones sobre los grandes cambios que requería
el país nacional, puesto prevalecía un grave y profundo esguince entre la
acción de los poderes públicos y la
sociedad civil. Por cierto, dicho órgano aconsejaba la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente, pero convocada dentro de los parámetros
permitidos por la entonces Constitución Nacional de 1961 en vigencia, esto es, previa reforma de su texto siguiendo
las pautas que ella sancionó para tal fin.
El
Consejo Consultivo trabajó duramente, con prudencia pero aceleradamente; con audacia, pero con respeto hacia las instituciones en funcionamiento, porque así lo imponía la situación anómala que vivíamos. Fueron muchas
las materias abordadas, algunas aprobadas por el presidente Pérez, otras
acogidas por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada en 1998 por el presidente Chávez e incluidas en el texto
constitucional del siguiente año. Me voy a referir a uno de estos ítems, cuyo
diseño en la carta magna ha sido en panorama ampliado, irrespetado por la
Asamblea Nacional lo que explica su funcionamiento indebido, su grave
dependencia y el desdén hacia él, por un pueblo callado que observa y espera:
el Poder Judicial.
Partió
el Consejo Consultivo del absoluto deterioro del sistema judicial, desde su cúspide,
la Corte Suprema de Justicia y jueces de diferente jerarquía, fiscales,
defensores, régimen carcelario, registros públicos, policías y abogados, todo lo cual estaba totalmente partidizado y
con deficiente formación profesional, proponiendo unas medidas de aplicación
inmediata y otras diferidas, que debían ser incluidas en la reforma
constitucional.
Entre
las primeras, la recomposición de la Corte Suprema de Justicia, designando
nuevos magistrados para suplir vacantes por renuncia y jubilaciones, exigiéndoles
apropiadas credenciales académicas, cabal cumplimiento de los requisitos
constitucionales y desvinculados, por
mandato legal, de los partidos políticos. Aconsejaron la creación de nuevas
salas, incluida la Constitucional.
En mi
opinión, con muy buen tino se sugirió dividir las funciones del Consejo de la
Judicatura para cubrir dos áreas absolutamente autónomas, una la
administrativa, cuya función principal es la designación de los jueces y otra,
la disciplinaria, para velar por su debido desempeño sin que esta última, de
naturaleza jurisdiccional, se viera mediatizada por la primera.
Se
propuso la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, potestad que
correspondía al presidente de la República, con la expresa recomendación que se
eliminaran los concursos de credenciales por unos de oposición, configurados
para evitar las influencias extrañas. Igualmente se abogó por la eliminación de
la figura nefasta de jueces provisorios y “vacacionales”, que tanto daño hizo a
la majestad de la justicia y su prestigio ante la comunidad.
Señaló
el Consejo Consultivo la necesidad de involucrar en la reforma a todos los
órganos públicos relacionados con la administración de justicia, como la Corte
Suprema de Justicia, los ministerios del ramo, Ministerio Público, Procuraduría
General, Consejo de la Judicatura,
Colegios de Abogados, Universidades, Comisión Para la Reforma del Estado
(COPRE) e, igualmente propuso, que se diseñaran estrategias para controlar la
labor de funcionarios subalternos, quienes por lenidad de sus jefes inmediatos,
se habían constituido en proveedores de decisiones, mediante el ilegal cobro de
tarifas.
Como
soluciones a largo plazo se propuso la reestructuración de la Corte Suprema de
Justicia, en cuanto al funcionamiento de las salas y potestades de los jueces.
La creación de una Sala Constitucional, para la interpretación y control de la
Ley Suprema, con competencia además, sobre las materias que correspondían a la
Sala Plena. Consideraron indispensable la revisión, discusión y sanción del
conjunto de leyes reguladoras de este sector del Estado, incluido el
presupuestario para garantizar la autonomía del Poder Judicial, siempre considerado
como cenicienta del Ejecutivo. Todas estas leyes debían tener jerarquía constitucional.
Otra
propuesta interesante y necesaria fue la creación de la jurisdicción de paz y
tribunales de “pequeñas causas”, que a la par de descongestionar los Tribunales
de mayor jerarquía, debían resolver problemas diarios y muy sentidos por el
común de los ciudadanos. Esta última intención se alcanzaría igualmente con el
abaratamiento de los costos procesales, la utilización de medios conciliatorios
y de solución pacífica de los conflictos, procedimientos expeditos y sin la rigurosidad
de formalismos.
A
mediano plazo debían revisarse las leyes adjetivas, para modernizar los
procesos y convertir estos en la búsqueda y consecución de la verdad
sustancial, por encima de la formal. Se invocó como fundamental la revisión y
mejoramiento del sistema penitenciario y la descentralización de las cárceles;
revisión de los sistemas registrales y
del notariado. No podía faltar la propuesta de un profundo estudio y
consecuencial decisión, para solucionar el estancamiento de los procesos y la cantidad
de expedientes represados en los despachos judiciales, sin solución humana posible por su vetustez y complejidad creada
por procedimientos amañados.
Como
dije, algunas de estos sabios y desinteresados consejos fueron acatados por la
actual Constitución Nacional pero los problemas continúan, es más, agravados,
pero no por imprevisión sino por inejecución torpe, bien por dolo bien por
culpa en los operadores de los programas. Corresponde a la próxima Asamblea
Nacional, reorientar este proyecto macro, deshacer los entuertos, corregir errores
y en fin, hacer cuanto sea
necesario para que Venezuela tenga un sistema judicial confiable, como base
para su desarrollo integral.
jesusjimenezperaza@gmail.com
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