Jesús
Alberto Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
El mensaje, con
múltiples destinatarios, enviado por los ciudadanos de San Diego y San
Cristóbal en la consulta del pasado domingo 25 de mayo del 2014, demuestra con
contundencia que la fuerza de un gobierno, incluso como el que actualmente rige
los destinos de Venezuela, donde se conjugan
los poderes civiles y el militar, no es suficiente para doblegar la voluntad
de un pueblo que siente que su destino no está debidamente orientado por
políticas cónsonas, apropiadas para resolver sus necesidades y problemas y
producirle el merecido bienestar
económico y social.
Hace apenas cinco meses Vicencio Scarano logró en San Diego,
estado Carabobo, 29.665 sufragios que representaban el 75,24% de los
participantes, para convertirse en el alcalde de su ciudad. Daniel Ceballos se
impuso con 82.794 votos, equivalentes al 67,67 para cargo similar en San
Cristóbal, estado Táchira. El sometimiento a un inédito proceso ante el
Tribunal Supremo de Justicia del cual resultaron, con pruebas impertinentes y
opacos alegatos, despojados de sus deberes,
ocasionó que sus respectivas costillas salieran de la tranquilidad de
sus hogares a defender esos cargos en nuevos comicios, no porque sean propiedad
de sus familias sino porque era la mejor
forma de demostrarle al gobierno nacional
que el despojo sufrido por sus cónyuges, fue condenado por ambas poblaciones
quienes, en consecuencia, les dieron un contundente espaldarazo: 33.910 votos (87,74%) para Rosa
de Scarano y para Patricia de Ceballos, 88.991 votos (73,60%).
Resulta significativo que la diferencia nominal entre ellas
y sus maridos es más o menos igual a la existente entre los candidatos
oficialistas en diciembre del 2013 y mayo del 2014, es decir, Rigoberto Oropeza
y Alexis Abreu en San Diego y José
Zambrano y Alejandro Méndez en San Cristóbal, lo que significa que sufragaron
los mismos votantes, algunos de los cuales migraron del PSUV hacia la
oposición, lo que conlleva un mensaje que debe ser interpretado cabalmente por
los dos sectores en los cuales se divide políticamente el país.
Este recado parece no ha sido
debidamente interpretado por el presidente Nicolás Maduro, quien
intempestivamente amenaza con nuevas elecciones, cada tres meses de ser
necesario, si se repite la actitud de
las burgomaestres ante las manifestaciones estudiantiles, con lo cual les
impone una obligación que no les corresponde por ley y además, adelanta las
decisiones que en todo caso, corresponderían al Máximo Tribunal de la República
y al Consejo Nacional Electoral.
En cascada ese mensaje debe ser
igualmente analizado por los tribunales y demás órganos del Estado, porque sus
sentencias y providencias sólo contribuyen con la consolidación y la paz de la
República, cuando son cristalinos, apegados plenamente a la legalidad y la
justicia, porque sólo así son entendidos y acatados por los ciudadanos, lo que
a su vez, produce el necesario respeto hacia las instituciones.
La destitución de Scarano y Ceballos,
el encarcelamiento de algunos personajes por razones políticas, el despojo de
la curul en el caso de María Corina Machado, la interpretación constitucional
sobre el derecho a la protesta, la detención de un grupo de estudiantes “en
flagrancia” mientras dormían y otros casos similares, no han sido aceptados ni entendidos por
nuestra población, incluidos los chavistas de
base, lo que lastimosamente crea inseguridad, empatía y enerva la
credibilidad hacia los entes del Estado.
Nadie se beneficia de la debilidad
institucional, ni el gobierno porque son los Poderes del Estado las bases sobre
las cuales descansa su verdadera fuerza, ni la oposición porque no pueden
pretender gobernar en el futuro, un país anarquizado.
jesusjimenezperaza@gmail.com
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