Con la protección de Dios y el ejemplo de El Libertador.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

       Para su primera campaña por la presidencia de la República, Hugo Chávez Frías se basó en una vieja, engañosa e incierta oferta, la celebración de una asamblea nacional constituyente originaria, cuyo producto debería ser  aprobado por el voto directo y secreto de los ciudadanos mediante referendo.     No era una idea novedosa porque ya había sido ofrecida por distintos candidatos en anteriores campañas y, califico como engañosa, porque la Constitución Nacional de 1961 no la preveía. Lo apropiado, obviamente sin mayor atracción  como promesa electoral, era una reforma previa de la carta magna  para incorporar la propuesta constituyente, pero aquella requería un proceso largo y complicado que debía iniciarse con tediosos debates en las Cámaras de Diputados y Senadores y la ulterior aprobación de todas las Asambleas Legislativas del país. Estaba, para entonces, adelantada la discusión de una reforma constitucional a la cual fácilmente podía incorporarse el ofrecimiento, pero políticamente era inaceptable.  El resultado sería, además,  incierto porque el mundo político ya no estaba conformado por adecos y copeyanos, sino que al bi partidismo tradicional se había sumado el conjunto de mini partidos que convergieron para lograr el segundo mandato del Dr. Rafael Caldera más el Movimiento Bolivariano, si resultaba ganador como en efecto resultó.

          No obstante la falta de previsión constitucional, en su primer día de mandato el nuevo Presidente firmó el decreto que iniciaba el proceso prometido, fundado en la cláusula genérica de superior entidad según la cual la soberanía reside en el pueblo, lo que no era pertinente para cambiar un procedimiento que el propio poder popular había limitado y  en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio que tipificaba la posibilidad de celebrar referendos, pero no para reformar la Constitución. A mediados de diciembre de 1998 la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, fue activada con un recurso sobre el referendo consultivo, reconociendo el tímidamente  19 de enero de 1999 esa posibilidad, aunque en la materia de fondo no dio un dictamen contundente, pero obviamente dio paso a lo que Hugo Chávez  denominó “el torrente constituyente”.

Los magistrados de Sala Político Administrativa se vieron influidos, en mi concepto, por el clamor de las calles que querían recurrir a la asamblea constituyente y por eso habían votado mayoritariamente por Hugo Chávez. Esta circunstancia fue varias veces aducida por el Presidente en sus recurrentes cadenas nacionales de radio y televisión, lo que da pie para plantear hoy a las autoridades administrativas del Consejo Nacional Electoral y las jurisdiccionales de la Sala Constitucional, porqué no aplicar ese mismo principio, que jurídicamente pudiera tipificar una máxima experiencia  para los jueces y que, conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, les permite admitir un hecho como probado, cuando lo perciben en su vida cotidiana, en la calle, en el mercado, cuando lo oyen de sus parientes y amigos,  a fin de aplicar la justicia y la verdad, como límites de su oficio. Todos los rectores del Poder Electoral y Magistrados del Supremo Tribunal de la República vieron la manifestación de voluntad del pueblo venezolano el primero de septiembre del 2016 en Caracas,  leen los diarios de circulación nacional y ven los medios audiovisuales, pudiendo determinar que la nación venezolana está ansiosa por hacer un pronunciamiento sobre la revocatoria o no del presidente Maduro. Oigan a ese pueblo, no le cierren compuertas en el ejercicio de sus derechos constitucionales (artículo 72), asentados igualmente en el Pacto de San José o de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 23 que lista las garantías políticas, permitiendo votar y participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa.

          No es posible que en el marco jurídico impuesto por la Constitución, que califica al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la obligación de unificar, simplificar y buscar eficiencia a los trámites (artículo 257 constitucional), puedan los  jueces revisar y revertir a estas alturas del proceso la disposición normativa para dar inicio al revocatorio, cuando el  1% de los electores  fue sobradamente superado y demostrado con el mecanismo biométrico de bondades técnicas  y de seguridad, harta veces pregonadas por el Consejo Nacional Electoral, por el Ejecutivo y el partido de gobierno. Debe el Poder Electoral permitir la determinación constitucional y pacífica del 20% para convocar al acto decisorio antes del 10 de enero del 2017. Después de esta fecha el país correría el riesgo de tener, durante dos años, un Presidente impuesto por una sola persona que para colmo de males, sería heredero directo de las causas por la cual fue revocado su antecesor y padrino. Señores rectores, señores magistrados: Cuando el pueblo de Venezuela aprobó la Constitución vigente, lean y relean el preámbulo, invocó “la protección de Dios  y el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar”, en consecuencia, la obstrucción, impedimento o entorpecimiento de su texto por cualquier ciudadano investido o no de autoridad, implica el desconocimiento directo de esa protección y de ese ejemplo solicitado. Que Dios cuide a Venezuela y derrame sobre ustedes sabiduría, fuerza espiritual y humildad!

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