Junín

La alternancia en el poder.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 La alternancia en el poder constituye uno de los principios fundamentales de nuestro sistema democrático. Los artículos 3 y 6, respectivamente, de nuestras dos últimas Constituciones  establecen clara e indiscutiblemente que nuestro gobierno es alternativo, entre otras características de igual importancia, como democrático, representativo y responsable según la Carta Magna de 1961, añadiéndose en 1999 las condiciones de participativo, electivo, descentralizado y pluralista que también existían en la primera, diseminadas en otras secciones del texto constitucional, pero concentradas en el supuesto normativo de la última la cual agregó “de mandatos revocables”, orden que deberá revisarse en futuras reformas.

No discuto que la alternancia sea fundamental, realmente lo es. Pero planteo que en ambos textos constitucionales se previeron excepciones incorrectas, en relación al cargo de mayor importancia como lo es la Presidencia de la República  y, ellas han producido situaciones políticas nefastas en el país, que debemos estudiar para corregirlas definitivamente.  Nuestro Congreso actuando como constituyente en 1961, impuso (artículo 185) que quien hubiese sido Presidente de la República o hubiese ejercido el cargo por más de la mitad del período, no podía postularse nuevamente hasta transcurridos diez años desde la terminación de su mandato. Con el respeto debido que profeso en memoria de los ex presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, sus familiares y partidarios, pienso que esa reelección después del transcurso de dos lustros causó mucho daño al país, ya que se impidió el necesario relevo generacional y creó conflictos innecesarios dentro de sus respectivas organizaciones, siendo de resaltar como elemento probatorio elemental, que ambos concluyeron sus carreras políticas fuera de sus organizaciones originarias, en vez de contribuir a su fortalecimiento y con ello a la paz y armonía de la República. Si los presidentes Caldera y Pérez hubiesen permanecido dentro de Copei y Acción Democrática, respectivamente, sin entrar en la diatriba diaria natural que produce la política, limitándose como órganos de conciliación interna y extra partido, se hubiese resuelto satisfactoriamente la convulsión social durante la segunda mitad de la década de 1980 con brotes de rebelión civil (caracazo) y militar a principios de 1990  (4 de febrero de 1992) y con ellas, la terminación de la República Civil  y la ascensión al poder de la anti política.

El artículo 230 de la Constitución Nacional de 1999, previó un período presidencial de seis años con reelección inmediata y por una sola vez. Posteriormente, por referendo nacional en el año 2009, se aprobó eliminar las condicionantes de la reelección con lo cual quedó indefinida, contrariando de fondo la alternancia en el poder, que si bien queda sujeta a la consulta popular, dejó de existir como elemento fundamental, radical de nuestro sistema democrático. La sola y frustrada posibilidad de eliminar la alternancia mediante la vía de la Reforma Constitucional propiamente dicha (la enmienda también lo es) en el 2007, causó conflictos en el seno del Polo Patriótico, llevando al presidente Chávez a radicalizarse e imponer su revolución bolivariana por vía legislativa, violentando la Constitución Nacional producto de una Constituyente originaria, que había sido su estandarte en 1998, como oferta electoral.

Todos los actos públicos del presidente Nicolás Maduro desde hace varios meses, apuntan hacia un nuevo desconocimiento del principio de la alternancia, aunque como hemos analizado está en mesa como punto de discusión doctrinaria, por las contradicciones entre los artículos 6 de la Constitución que la impone y el 230 que la deroga o deja sin efecto. En todo caso, la eliminación del principio fundamental a la vez derecho político y humano de la alternancia, es uno de los objetivos de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, junto a la implementación de los principios socialistas del Siglo XXI, ya que no resultó por la vía legislativa ordinaria, como pretendió el presidente Hugo Chávez.

Nos corresponde ahora como obligación patriota a todos los venezolanos enfrentar ese objetivo, lo que no es difícil porque somos mayoría aplastante. Basta con aprobar una propuesta política o programa de gobierno, técnicamente sustentable y políticamente comprensible, unida a un candidato presidencial producto del consenso, sin rechazo por ningún sector de la sociedad venezolana incluido el chavismo no comprometido, aupado por el pueblo llano que según Emmanuel – Joseph Sieyés, propulsor de la revolución francesa, fue capaz de derrotar el absolutismo monárquico del Siglo XVIII; por el clero venezolano, institución con la más amplia y bien merecida credibilidad actualmente en el país nacional; las academias; sindicatos; jóvenes y estudiantes, a quienes se les ha morigerado su futuro; productores primarios e industriales,  sector con sus derechos al trabajo y económicos en general, absolutamente conculcados. Existen graves  enfrentamientos de origen plural en el gobierno. Los doctores Luisa Ortega Díaz y Rafael Ramírez así lo determinan con sus declaraciones tratando de expiar o al menos, atenuar las penas de las cuales son acreedores. Se terminaron las ofertas engañosas, se requieren más de veinte Bonos Navideños y de Reyes, para que los beneficiarios puedan comprar un teléfono inteligente capaz de leer el código QR y saber si les llegó la dádiva engañosa.  Vamos a echarle pichón! manos a la obra!. Dios y la Divina Pastora, lista para su visita 162 a Barquisimeto, nos protegen!

jesusjimenezperaza@gmail.com

05/01/2018.