Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Pero
visto en perspectiva y considerando como un elemento anecdótico, su fracaso
atribuido por el gobierno a la intervención de la Unión Europea con el dictamen
de sanciones, no para Venezuela sino contra algunos funcionarios públicos
venezolanos, las resultas fueron consecuencia de su indebida estructuración.
Habíamos advertido que no existía una Agenda propiamente dicha, donde las
partes hubiesen acordado puntos en discordia para buscar soluciones posibles, razón
final o teleológica del diálogo político. Los dialogantes plantearon hechos cuya
existencia no estaban recíprocamente aceptados y, que por esa misma causa, no
podían ser transigidos. Así por ejemplo, la oposición no admite la existencia
de la Asamblea Nacional Constituyente, como proponían los oficialistas, porque de antemano se aducía la ausencia
absoluta de convocatoria por el pueblo de Venezuela para su conformación. Tampoco podía ser debatida
la libertad de los presos políticos, porque “no
existen en el país”, ni permitir el
corredor humanitario ya que no hay crisis de alimentos y medicinas, a los
cuales se puede tener acceso con el carnet de la patria, según pregona el
gobierno. En medio de estas incidencias transcurrió un tiempo precioso, porque
desde hace mucho las autoridades del PSUV y el presidente Maduro habían insinuado
que las elecciones presidenciales serían en los primeros meses del 2018.
No he
podido entender a estas alturas como es que a la Mesa de la Unidad el gobierno
le reconoció legitimidad como sujeto
activo del Diálogo, pero los partidos más importantes que la constituyen no la
tienen para ejecutar los actos que legalmente le corresponde, como postular
candidatos a los actos electorales. Acción Democrática, Primero Justicia y
Voluntad Popular integran la Mesa pero están inhabilitados porque no
concurrieron a las elecciones de alcaldes, una sanción impuesta sin previsión
legal ni potestad por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que no está
convocado y por ende no tiene vida en Derecho, según acertadamente aducen los diputados
de la Asamblea Nacional que la representan, aunque ésta a su vez, tampoco está plenamente reconocida por el Ejecutivo
en acatamiento de diferentes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que la condenan
(a la Asamblea Nacional) por desacato y le
restringieron sus funciones de control “que deben ser
coordinadas” con el Vicepresidente Ejecutivo “para
evitar sean vulnerados los derechos fundamentales” (sentencia Sala
Constitucional del 01.03.2016, Exp. 16-0153). Al mismo tiempo, la
Asamblea Nacional desconoce la vigencia constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, razón que la llevó a designar nuevos Magistrados el 21 de julio del 2017,
quienes están en el exilio porque usurparon el cargo según las autoridades del
Ejecutivo Nacional. Lamentablemente varios años ha que murió Cantinflas, única
persona que quizás haya podido desenredar
este enredo tan enredado.
Durante
el día de hoy, 23 de enero del 2018 fue propuesto un Decreto a la Asamblea
Nacional Constituyente, cuyo proyecto fue unánimemente vitoreado por sus
integrantes, lo que implica su inminente sanción para que se convoque, por el
Poder Electoral, a elecciones presidenciales durante el primer cuatrimestre del
presente año. Esa no es función de la Constituyente, las cuales se limitan a proponer
la transformación del Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, lo que
requiere previa redacción de una nueva
Constitución, que debe ser aprobada en referendo nacional. Al parecer ya la
Mesa de la Unidad recogió el guante y plantea celebrar unas primarias para
escoger el candidato opositor, “porque
así había sido aprobado desde hace algunos meses”, no obstante que en
política las circunstancias cambian, como en efecto han cambiado en esta
materia. Es muy corto el lapso para rehabilitar partidos y celebrar las
primarias. El método abrirá heridas
entre los participantes, ocasionará enormes costos, dividirá la oposición y por
sobre todo, es un falso positivo o
planteamiento que en Derecho se conoce como capcioso,
porque se fundamenta en un supuesto falso. Aparentemente es un método democrático
para postular al candidato con mayor respaldo, sólo que en la realidad se
extrae de un universo de personas que
integran una minoría y por ende, no tiene influencia alguna en el conjunto, distinto
era, obviamente, el caso de las precandidaturas partidistas en la década de los
años 1980, cuando los dos partidos principales sumaban el noventa por ciento
del electorado, de manera que en el peor de los casos al presentarse
nacionalmente garantizaban una mayoría por lo menos, simple.
El
candidato opositor, para tener oportunidad de derrotar al oficialismo debe ser
producto de un gran consenso nacional, donde la Mesa de la Unidad y los
partidos que la integren sólo constituyen un factor, muy importante por cierto
pero sólo es un elemento, no el protagonista. Debe buscarse la fórmula de
integrar al sector académico, al estudiantil,
a los empresarios y trabajadores a través de sus grandes, medianas y
pequeñas asociaciones e incluso personalidades con voz y ascendencia en el gran
auditorio nacional, amas de casa, gremios etc. Debe coordinarse y garantizarse
en lo posible la participación de los miles de votantes que actualmente residen
en el exterior, sin olvidar a los sectores chavistas no comprometidos con el
gobierno. Estamos obligados a buscar un candidato, no que obtenga la mayoría
entre el 10% de los votantes, sino capaz de volar hacia un cielo abierto, sin
techo alguno, porque es la última oportunidad de evitar la consolidación del
llamado socialismo del Siglo XXI. El candidato de la oposición no debería ser escogido
con una participación tan magra, que justifique el lanzamiento de otras
candidaturas que, de buena voluntad o por favorecer al gobierno, se postulen
igualmente aduciendo tener una mejor oportunidad. Dios proteja a Venezuela!
23/01/2018
Los factores democraticos debemos ir a la eleccion de Presidente con un CANDIDATO NACIONAL
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