Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Analizar hechos cumplidos, se llama
historia. Hacerlo sobre hechos por venir, presentimiento. Escribo el domingo 20
de mayo del 2018, son las 5 de la mañana.
Observo nuestra historia reciente, fresca,
dolorosa. Por primera vez en mi vida como titular pleno de derechos civiles, no
siento gozo por la celebración de un acto democrático sublime, como es el
sufragio, hoy decidí permanecer en mi casa. Lo primero, porque considero que en
Venezuela no estamos celebrando una escogencia electoral legítima, para cumplir
con el derecho y garantía democrática de la alternancia en el poder. Llego a
esta conclusión independientemente del convocante, porque en definitiva lo es
el Consejo Nacional Electoral, aunque no haya actuado por iniciativa propia y cumpliendo mandato
constitucional, sino acatando orden de la irrita Asamblea Nacional
Constituyente.
Califico
la ilegitimidad por el hecho de la participación en la contienda del ciudadano
Nicolás Maduro, quien no podría ser candidato menos aún, Presidente de la
República en el período 2019 - 2025 por no haberse cumplido oportunamente el
referendo revocatorio en el año 2016, valido de la decisión del máximo órgano
electoral pero por instrucciones de unos tribunales penales de provincia sin
jurisdicción ni competencia, que truncaron la solicitud de un número de
ciudadanos que superamos largamente el exigido por el artículo 72
constitucional.
Lo
segundo, permanecer en casa, también tiene cierto dejo de tristeza ya que no es
acatando instrucciones de la dirigencia opositora, la cual no reconozco hasta
que se legitime ante los ojos del pueblo
de Venezuela. Lo hago por íngrima
convicción y eso no es conveniente cuando la lucha por el país, por la
restitución de sus instituciones y garantías tiene que ser colectiva, para que
sea posible.
El
análisis histórico me traslada a los días subsiguientes a la designación de una
mayoría calificada para integrar la Asamblea Nacional votada en diciembre del
2015. Realmente no entendí la información suministrada, en el sentido que la
primera directiva correspondía al partido con mayor cantidad de votos y, así
sucesivamente, durante las primeras tres legislaturas. Creo que no entendieron
el mensaje de unidad que les dimos a nuestros políticos de carrera. No podíamos
tener un archipiélago de opositores porque serían fácilmente penetrados por el
oficialismo, quien si entendió el cuadro y al poco tiempo había inhabilitado a
algunos líderes, apresado otros y descabezado a varios partidos anulado nombres, símbolos y tarjetas incluida
la Mesa de la Unidad. De haber sido un sólo grupo, se hubiese producido la
sustitución dirigencial inmediata y
habría continuidad en el accionar.
Tampoco
entendí el Diálogo de República Dominicana, si bien inicialmente no debía ser
rechazado, había que actuar conscientes y perdónenme la costumbre de utilizar
figuras jurídicas, que nos habían llevado a la suscripción un contrato de adhesión, ese mismo impreso
en las tintorerías donde se dice que pasa si se quema la camisa, usted no tiene
oportunidad de cambiar la cláusula, la toma o la deja. Así llegó el oficialismo
a la reunión, con todo preparado para obligarnos a legitimar o reconocer un acto electoral, en las circunstancias de
tiempo, lugar y modo que planteaba el gobierno nacional, a través de José Luis
Rodríguez Zapatero, que se están concretando hoy 20 de mayo del 2018 quizás
para no darle completo el mérito a Diosdado Cabello, quien propuso el primer
cuatrimestre. El diálogo debió ser entre los dirigentes opositores para
coordinar políticas, elaborar un programa de gobierno que todos entendiéramos y
lanzar un candidato unitario, que en bloque homogéneo con seguridad
respaldaríamos.
También
analizo un presentimiento que me atormenta: ganará Nicolás Maduro. El noventa
por ciento de la población estará desconcertada, algunos lo imputarán a la abstención, otros al candidato. Ambos tendrán razón. Ganará
Maduro pero perderá el país, el cual no soporta más promesas ni a Maduro.
Tendrá que reunificarse la oposición, comenzando por entender que no pueden
seguir bajo la concepción de ser un conjunto
de elementos con un fin común, sino que constituyen un elemento único conformado por un conjunto de personas jurídicas y
naturales, que deben apartar lo subalterno y ponerse al servicio de Venezuela. La
institucionalidad, es decir el Estado de Derecho, no está funcionando por falta
de autonomía orgánica. Por ende, deberíamos cobijarnos bajo tratados
internacionales aplicables, suscritos por Venezuela.
La Carta Interamericana del
11 de septiembre del 2011, suscrita en Lima ratifica por ejemplo el Protocolo
de San Salvador, del 17 de noviembre de 1988, Adicional a la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Conforme a este instrumento
firmado por Venezuela el 27 de enero de 1989, los trabajadores pueden asociarse
libremente para la defensa de sus fuentes de trabajo y de los ideales
democráticos, solicitando el apoyo interamericano rebasada como está la tutela administrativa
y jurisdiccional interna. También se prevé “un
mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción
abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del
legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una
antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en
defensa de la democracia”. Ese mecanismo no puede solicitarlo el Estado,
porque simplemente es el causante de la interrupción, nos corresponde hacerlo a
los venezolanos organizados apropiadamente.
Conforme
al Tratado de San Salvador, los Estados están obligados a adoptar medidas en el
orden interno y en cooperación entre los
Estados, tanto en los aspectos técnicos como económicos para la plena efectividad
de los derechos reconocidos en el Protocolo, relacionados con la alimentación,
niñez, familia, trabajo, seguridad social, salud y otros similares, todos en
grave peligro por las políticas estatales internas.
Vislumbro
que la mayoría del pueblo venezolano no participó en el llamado al proceso viciado de hoy y por tanto, tiene
plena libertad de buscar otros mecanismos válidos, pacíficos y, sobre todo
constitucionales. Recuerdo en este sentido que el artículo 23 de la Carta Magna
de 1999 prevé que los tratados y pactos internacionales tienen jerarquía
constitucional y prevalencia en el orden interno y que, conforme al artículo 31
ejusdem, los ciudadanos individualmente considerados, podemos dirigir
peticiones a los organismos internacionales solicitando amparo a los derechos
humanos trasgredidos. Dios proteja a Venezuela!
20/05/2018.
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