Jesus A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
Las principales características sociológicas del hombre primitivo fueron el hecho de ser nómada y no regirse por leyes. Ambas condiciones cambiaron progresiva y paralelamente para enfrentar los problemas prioritarios de alimentación, vivienda y la inclemencia del clima. Así comenzó el sedentarismo que, a su vez, generó formas de asociación como la familia y las tribus, posteriormente los poblados. Con ello, sobrevino la necesidad de establecer normas para resolver los problemas generados por la convivencia.
El sedentarismo, en efecto, impuso la necesidad de defender el territorio, escogido en cada caso precisamente por tener las condiciones para producir lo necesario para la satisfaccion de necesidades primarias de alimentaciôn y vestido, que lo hacía atractivo para otros grupos y, a la vez se hizo necesario conferir atribuciones de gobierno a determinados integrantes del conglomerado social, para la organización interna y la defensa externa de ese territorio. Este sistema se conoce como el Estado Territorial.
Diferentes formas de organización política se desarrollaron a lo largo de los siglos, porque igualmente se fueron creando diferencias económicas, políticas y sociales notables entre los pobladores, cada vez más fragmentados: nace así el Estado Feudal, con plena proyección en los Siglos XIV y XV. Surge el poder de los señores feudales, la iglesia o clero y de los reyes, por lo que la característica fundamental durante ese período se desarrolla desde el ángulo económico.
A finales del Siglo XVI nace una nueva clase social, la burguesía, políticamente no era la más poderosa ya que no conformaba el clero ni la monarquía, por ende, no eran los titulares de los poderes de dirección, ni en el aspecto económico podía considerarse desprotegida como los campesinos, artesanos y comerciantes. Este cuadro de enfrentamiento de clases, uno con poder económico, otro con poder formal, originó el derrumbe del estamento políticamente dominante, lo cual se logró mediante la aplicación de políticas de control en el mercado y con él una nueva redistribución del poder. Este nuevo sistema denominado Absolutismo de Estado, obtuvo a la larga la centralización del poder político.
El ejercicio del poder como tal para ser preservado, requería de la existencia de normas claras, aplicables en circunstancias concretas a pesar de haber sido elaboradas de forma genérica y en abstracto, además requería de la capacidad para equilibrar intereses económicos y sociales siempre en discordia.
El Estado como estructura de organización política requirió entonces de un sistema jurídico para regularlo. El sistema medioeval no respondía en general a las necesidades planteadas porque era consuetudinario, basado en las costumbres. Se escogió entonces el sistema del Derecho Romano, escrito, codificado, debidamente clasificado desde el Siglo XII en Bolonia partiendo del Código de Justiniano y la Escuela de los Glosadores y Posglosadores. Todas estas condiciones le dieron la sustentación necesaria por su equidad y racionalidad, capaz de permitir el desarrollo del capital y de dar protección social a las clases más desposeídas.
Es así como a finales del Siglo XVIII surge el modelo del Estado de Derecho, para controlar los abusos del absolutismo y el despotismo. El Estado de Derecho requiere entonces para ser efectivo, para permanecer en el tiempo como debe ser, del imperio de la ley.
Hoy, analizada nuestra situación en Venezuela, creo no podemos establecer sólo como paradigma a la ley, porque ella se moldea caprichosamente por el sector gobernante para sustentar circunstancias que distorsionan la propia estructura del Estado, el equilibrio y control recíproco de los Poderes Públicos e igualmente, el respeto al sistema jurídico que nos rige, a los derechos individuales y con ello el principio de la legalidad, cuando de manera aparentemente lícita son enervados, minimizados esos Poderes Públicos, haciéndolos inoperantes.
La ruptura del Estado de Derecho en Venezuela tiene varios puntos de inflexión. Siguiendo la conseja de no ahondar mucho en el presente y el pasado para no comprometer el futuro, creo que debemos comenzar por la gravísima herida en 1999, precisamente cuando finalizó el Siglo XX, el más importante en nuestra historia republicana, porque durante su segunda mitad y por primera vez, había comenzado a fortalecerse de manera continuada.
Me refiero a las sentencias de la extinta Corte Suprema de Justicia, básicamente de la Sala Político Administrativa, enrevesadas y ambiguas, que permitieron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, su conformación, sus decisiones no sometidas a consulta popular como la integración del Congresillo e intervención del Poder Judicial, porque permitieron a Hugo Chávez erigirse como "dueño del país" al controlar los poderes para entonces constituidos, a personajes e instituciones.
Es tan compleja la situación que la Constitución Nacional de 1999 producto de esa Constituyente no resulta responsable del desastre, al contrario, al poco tiempo se transformó en una nueva víctima cuando se intentó reformar en sesenta y nueve artículos, el veinte por ciento (20%) del todo, para instaurar el socialismo que aún para el día de hoy no tiene fundamento jurídico y permitir la reelección indefinida.
Todos estos y otros que tenemos la obligación de analizar son resabios, son causa y efecto del peor gobierno de nuestra historia contemporanea y de la pérdida de nuestro Estado de Derecho. Dios proteja a Venezuela!
El sedentarismo, en efecto, impuso la necesidad de defender el territorio, escogido en cada caso precisamente por tener las condiciones para producir lo necesario para la satisfaccion de necesidades primarias de alimentaciôn y vestido, que lo hacía atractivo para otros grupos y, a la vez se hizo necesario conferir atribuciones de gobierno a determinados integrantes del conglomerado social, para la organización interna y la defensa externa de ese territorio. Este sistema se conoce como el Estado Territorial.
Diferentes formas de organización política se desarrollaron a lo largo de los siglos, porque igualmente se fueron creando diferencias económicas, políticas y sociales notables entre los pobladores, cada vez más fragmentados: nace así el Estado Feudal, con plena proyección en los Siglos XIV y XV. Surge el poder de los señores feudales, la iglesia o clero y de los reyes, por lo que la característica fundamental durante ese período se desarrolla desde el ángulo económico.
A finales del Siglo XVI nace una nueva clase social, la burguesía, políticamente no era la más poderosa ya que no conformaba el clero ni la monarquía, por ende, no eran los titulares de los poderes de dirección, ni en el aspecto económico podía considerarse desprotegida como los campesinos, artesanos y comerciantes. Este cuadro de enfrentamiento de clases, uno con poder económico, otro con poder formal, originó el derrumbe del estamento políticamente dominante, lo cual se logró mediante la aplicación de políticas de control en el mercado y con él una nueva redistribución del poder. Este nuevo sistema denominado Absolutismo de Estado, obtuvo a la larga la centralización del poder político.
El ejercicio del poder como tal para ser preservado, requería de la existencia de normas claras, aplicables en circunstancias concretas a pesar de haber sido elaboradas de forma genérica y en abstracto, además requería de la capacidad para equilibrar intereses económicos y sociales siempre en discordia.
El Estado como estructura de organización política requirió entonces de un sistema jurídico para regularlo. El sistema medioeval no respondía en general a las necesidades planteadas porque era consuetudinario, basado en las costumbres. Se escogió entonces el sistema del Derecho Romano, escrito, codificado, debidamente clasificado desde el Siglo XII en Bolonia partiendo del Código de Justiniano y la Escuela de los Glosadores y Posglosadores. Todas estas condiciones le dieron la sustentación necesaria por su equidad y racionalidad, capaz de permitir el desarrollo del capital y de dar protección social a las clases más desposeídas.
Es así como a finales del Siglo XVIII surge el modelo del Estado de Derecho, para controlar los abusos del absolutismo y el despotismo. El Estado de Derecho requiere entonces para ser efectivo, para permanecer en el tiempo como debe ser, del imperio de la ley.
Hoy, analizada nuestra situación en Venezuela, creo no podemos establecer sólo como paradigma a la ley, porque ella se moldea caprichosamente por el sector gobernante para sustentar circunstancias que distorsionan la propia estructura del Estado, el equilibrio y control recíproco de los Poderes Públicos e igualmente, el respeto al sistema jurídico que nos rige, a los derechos individuales y con ello el principio de la legalidad, cuando de manera aparentemente lícita son enervados, minimizados esos Poderes Públicos, haciéndolos inoperantes.
La ruptura del Estado de Derecho en Venezuela tiene varios puntos de inflexión. Siguiendo la conseja de no ahondar mucho en el presente y el pasado para no comprometer el futuro, creo que debemos comenzar por la gravísima herida en 1999, precisamente cuando finalizó el Siglo XX, el más importante en nuestra historia republicana, porque durante su segunda mitad y por primera vez, había comenzado a fortalecerse de manera continuada.
Me refiero a las sentencias de la extinta Corte Suprema de Justicia, básicamente de la Sala Político Administrativa, enrevesadas y ambiguas, que permitieron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, su conformación, sus decisiones no sometidas a consulta popular como la integración del Congresillo e intervención del Poder Judicial, porque permitieron a Hugo Chávez erigirse como "dueño del país" al controlar los poderes para entonces constituidos, a personajes e instituciones.
Es tan compleja la situación que la Constitución Nacional de 1999 producto de esa Constituyente no resulta responsable del desastre, al contrario, al poco tiempo se transformó en una nueva víctima cuando se intentó reformar en sesenta y nueve artículos, el veinte por ciento (20%) del todo, para instaurar el socialismo que aún para el día de hoy no tiene fundamento jurídico y permitir la reelección indefinida.
Todos estos y otros que tenemos la obligación de analizar son resabios, son causa y efecto del peor gobierno de nuestra historia contemporanea y de la pérdida de nuestro Estado de Derecho. Dios proteja a Venezuela!
jesusjimenezperaza@gmail.com
10/08/2018.
Claro diagnostico del presente. Para construir el futuro, paradójicamente debemos regresar al Pasado: invocar el Derecho de Gentes y asumir la tarea frente a la Tirania. No hay mas, querido amigo-
ResponderEliminarSiempre diáfano en el mensaje y análisis de la situación. Habrá que recomenzar y apartar lo que nos trajo a esta trágica situación. Afortunadamente contamos con recurso humano suficiente dentro y fuera del país para lograrlo.
ResponderEliminarQuerido y respetado amigo. Como siempre su opinión y análisis revela la dura realidad que sufre nuestra Venezuela a la que nos han arrastrado sin compasión y cada vez nos hundimos mas. Como usted dice: Dios proteja a Venezuela y su pueblo bueno.
ResponderEliminarExcelente artículo ilustra claramente las terrible realidad en la cual vivimos,y deja un destello de luz para seguir mirando hacia ese final del túnel.
ResponderEliminarMuy bueno tu artículo-ensayo Chubeto. Nuestro incipiente Estado de Derecho, fue sustituido por una propuesta política ideologizada. En la ideología están las normas que rigen la actual vida social venezolana y no en la norma jurídica. He allí el problema.
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