El 10 de enero.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 

          Ha venido corriendo en el ambiente político nacional que la legitimidad del presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de su cargo, concluye el 10 de enero del 2019. El planteamiento lleva implícita la idea de la falta de sustento constitucional en los comicios presidenciales por el período 2019 al 2025,  celebrados el pasado 20 de mayo del 2018.

En lo personal me abstuve de participar porque me pareció que las mismas no se correspondían con principios aceptados según nuestras leyes electorales y tradición,  ya arraigada en Venezuela.

No pude entender como la convocatoria fue a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente, ni cómo podían celebrarse unas elecciones que además se extendieron a los Consejos Legislativos Estadales y Alcaldías, estando en vigencia el cuestionado órgano Constituyente, en entredicho por los propios intervinientes activos por el sector opositor.

Ningún dispositivo señala un segmento temporal para la realización de las elecciones presidenciales, pero siempre fueron en el mes de diciembre del último año del período, excepto en el 2012, que se adelantaron para octubre visto el avanzado deterioro físico del presidente - candidato Chávez. Pero esta vez fue con ocho meses de anticipación, sin ninguna explicación convincente.

Habían sido desconocidos, además,  los principales partidos contrarios al oficialismo. El cronograma electoral fue refrendado por sólo tres organizaciones políticas (Avanzada Progresista, MAS y un retazo de Copei), quienes por su deterioro organizativo y  el raquítico respaldo popular no podían estar técnica, legal ni moralmente autorizados para ejercer la representación del robusto sector que conforma la oposición venezolana.

La designación del candidato requería, como primer requisito para constituirse en opción de triunfo, la unión de todos para enfrentar al régimen chavista – madurista. Ese líder debía ser producto de un consenso bien constituido y explicado, además provisto de un programa con el respaldo y compromiso de todos quienes hubiesen  colaborado en su estructura.

Coincido así con el grueso del Manifiesto emitido por el Congreso Venezuela Libre, en el Aula Magna de la gloriosa Universidad Central de Venezuela, mi Alma mater, donde prometen un Plan de Políticas Públicas, que si bien será presentado en el momento de la reconstrucción nacional, vale decir a futuro, listan claramente los elementos prioritarios que serán considerados para la transición. Todos ellos se corresponden  con los analizados por diferentes expertos, desde hace mucho tiempo.  

Atinadamente el Manifiesto se perfila en la demanda por la construcción de una unidad superior, la prevalencia del carácter democrático y la defensa de la Constitución Nacional, como el instrumento jurídico que une al pueblo venezolano.

Igualmente se hace un reconocimiento a la Asamblea Nacional como el único organismo con legitimidad, para garantizar y conducir la institución. Acá quiero hacer una observación.

Conforme al artículo 219 constitucional, el día 5 de enero debe designarse nueva Junta Directiva. El caso es que todo órgano colegiado es fácilmente contaminado por sus integrantes, de manera que facilitaría cualquier compromiso conocer anticipadamente quiénes integrarán esa nueva junta, porque durante las últimas horas han sido desclasificados una serie de documentos  por el sistema judicial norteamericano, que también marcarán un hito en nuestra propia historia. Muchos hechos, sucedidos a lo largo del Siglo XXI en Venezuela y personajes, tanto oficialistas como opositores   protagonizan la trama que algunos había denunciado, otros intuían pero que hoy salen a la luz debidamente demostrados.

Creo necesario que los miembros de la actual Asamblea Nacional que puedan estar comprometidos en ese cónclave de corruptelas se desincorporen oportunamente, para que el 10 de enero no se convierta en una  decepción para las esperanzas de un nuevo amanecer en Venezuela.

El 10 de enero debe ser planteado, así lo entiendo, como el inicio en el accionar de una  oposición bien cimentada y coordinada contra el gobierno, porque los problemas que enfrentamos son de gravedad extrema, no se trata de lo que por si es grave,  como la colosal hiperinflación, ocasionada a su vez por la escasez de alimentos, combustible y medicinas,  consecuencia de la destrucción del aparato productor en el sector primario de la economía, sino que paulatinamente estamos perdiendo la estructura del Estado.

En efecto, hemos ido paulatinamente achicando el territorio, ocupado hoy por hampa común y organizada. La diáspora ha diezmado nuestra población joven y formada, lo que desarticula los grupos familiares que permanecen en el país. Todo eso requiere  planteamientos serios y respuestas contundentes.

No podemos aferrarnos en potenciales soluciones que habrán de llegar de organismos multilaterales o de los países de la región, que no ven realmente a Venezuela como dificultad a resolver, sino dentro del contexto de los problemas que creamos internamente para ellos. Por eso no son uniformes las soluciones foráneas.

          Es esperanzador observar hoy como un grupo de extraordinarios profesionales del Derecho andan pregonando por Venezuela el programa de justicia transicional, mientras connotados economistas, productores,  empresarios y expertos relacionados con el tema, asoman como pudiéramos reflotar la industria petrolera y a las empresas en estado de atraso o quiebra, para retomar la producción en fábricas y fincas. Todos estos pasos generan confianza y nos reunificarán con toda seguridad. Dios proteja a Venezuela!

          jesusjimenezperaza@gmail.com

02/12/2018