Jesús A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Seguramente la estrategia es la misma,
no tengo razones fundadas para dar cabida a la mala fe en algunos de los
grupos. Pero es obvio, que siendo el objetivo común restituir los elementos
principales que configuran el sistema democrático que, desde la segunda mitad
del siglo XX escogimos en Venezuela, uno de ellos quiere subir por el ascensor
a manera de cumplir el segmento en un solo viaje, mientras el otro va por la
escalera tratando de coronar en cada escalón
la consecución de un objetivo.
Me
refiero a la llamada Mesa de Oslo –
Bonaire y al Grupo Casa Amarilla. Los
primeros parten del todo o nada, nada
se hace o comunica hasta que todo esté cumplido. El segundo afirma haber
conseguido una reivindicación con la liberación de presos políticos, lo celebra y en seguida anuncia que continúa con
un segundo peldaño determinado por la elección de un nuevo Consejo Nacional
Electoral.
Como
en todo juicio dentro del fuero tribunalicio o el de la realidad social, es
necesario abrir un paréntesis o incidencia, para deslastrarnos de algunos
elementos que pudieran empañar el resultado. En cualquier análisis sobre este
tema, la legitimidad no puede quedar de lado porque es un concepto elemental dentro
de la necesaria legalidad para dar vida a un acuerdo potencial.
En
este sentido no termina de convencerme el Grupo Casa Amarilla, sobre quien les
confirió el mandato de representar al pueblo de Venezuela en las conversaciones
y acuerdos con el gobierno nacional.
Personalmente
acepto la representación por la Mesa de Oslo – Bonaire, independientemente que
comparta o no algunos planteamientos
generales o ideas de los personajes que la integran, pero obviamente ellos
están designados por los partidos que tienen mayoritaria representación en la
Asamblea Nacional, cuerpo legitimado por
las elecciones de diciembre del 2015. Es cierto que en esa oportunidad votamos
todos por la MUD, pero rápidamente los diputados se clasificaron en fracciones,
para lo cual tienen derecho, ya que sólo responden a sus respectivas
conciencias una vez electos.
De
esta manera programaron la alternativa en los cargos directivos de la Asamblea
Nacional, acuerdo que pueden por mayoría ratificar o cambiar cada 5 de enero.
La legitimidad de inicio y desempeño la tienen pues, junto con la obligación de
defender los postulados básicos del sistema.
No
creo deba pregonarse como triunfo de la Casa Amarilla la “liberación de presos políticos”. Que gracias a sus gestiones hayan
logrado medidas sustitutivas para el diputado Edgard Zambrano y sus más
inmediatos colaboradores es muy bueno, pero debería explicarse cómo es que fue
apresado sin la autorización de la Asamblea Nacional ni procedimiento para
neutralizar su inmunidad. También debería aclararse sobre la existencia de presos políticos, porque ello es
contrario al sistema universal de derechos humanos que impide pueda sancionarse
un hombre por sus ideas.
Como
punto de fondo, me parece que es imposible restituir el estado de Derecho en
Venezuela por etapas, porque el entramado del sistema requiere que todas sus
instituciones funcionen al unísono. Me pregunto cómo podemos liberar personas
cuya libertad esté restringida sin la existencia de tribunales presididos por
jueces probos o cómo se designa un Consejo Nacional Electoral, mientras la
Asamblea Nacional esté en desacato, según
múltiples decisiones de las Salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia. Este desaguisado del desacato no ha sido enmendado en las
conversaciones previas, al menos no se ha comunicado públicamente, aunque el
regreso de la bancada roja hace suponer que sin necesidad de nuevas sentencias
del más alto tribunal de la República el delito, porque eso es en teoría el
desacato, ha sido perdonado.
En
todo caso el método de acuerdos parciales o previos, tendría que comenzar
necesariamente por la desinstalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Hemos escrito en infinidad de oportunidades sobre su inconstitucionalidad de
origen y de desempeño, por falta absoluta de convocatoria empañando aún más la
juridicidad durante su ejercicio al dictar leyes, prorrogar su duración,
intervenir poderes constituidos, todo sin que conozcamos un cronograma y
avances en lo que debería ser su función principal que es la reforma integral
de la Constitución de 1999, que no tendría ningún efecto sin la aprobación de
la propuesta de reforma por el pueblo de Venezuela convocado a referendo.
Mientras
los dirigentes deciden un método apropiado para la restitución de nuestra cada
vez más menguada democracia, un pueblo disperso, hambriento e indefenso espera.
Dios bendiga a Venezuela!
27/10/2019.
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