El imperio de la ley.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp 

El hombre siempre se ha regido por cánones morales. Cuando Caín mató a Abel, no existía norma escrita que condenara el hecho, sin embargo, sintió vergüenza ante la voz divina que le increpó preguntando por su hermano. Posteriormente comenzó a regir su conducta por disposiciones escritas pero aisladas. Aunque existen algunas recopilaciones anteriores, fue con el emperador Justiniano en el siglo VI, en Roma,  cuando se inició la compilación de leyes denominándolas Códigos, en ese caso el  Corpus Iuris Civilis o Código de Justiniano.

De esta manera nació la primera gran división del Derecho como ciencia: Derecho Natural o conjunto de normas ideales, justas y eternas reguladoras de la conducta humana, frente  al Derecho Positivo fundado en norma escrita que emana de un órgano con competencia para hacerla y aplicarla en forma coactiva.

La ley se sancionaba por la observación de los hechos sociales, incluso en la actualidad es el método de mayor aceptación. Se ponderan las circunstancias en abstracto,  los supuestos que la conforman se califican en base a la conducta de una persona considerada, en promedio, como normalmente prudente o diligente (bonus pater familiae) y, ante su incumplimiento, se impone una consecuencia justa.

Al principio las leyes no obligaban al poderoso, ellos tenían la exclusividad de una fuerza que les inmunizaba de los efectos de las normas, destinadas a mantener la conducta de los pobres y débiles sociales, dentro de cauces exclusivos para servir a sus amos. Los reyes sustentaban su poderío omnímodo en hacer creer que eran enviados de Dios. Con diversos movimientos colectivos, pero fundamentalmente con la Revolución Francesa (1789), el monarca como tal, perdió fuerza y nació la República.

Antes y ahora, los seres humanos hemos sido  incapaces de mantenernos dentro de la norma si no hay un organismo fuerte encargado de aplicarla y, una sanción ejemplarizante ante su violación. Hoy tenemos al Estado provisto de capacidad para sancionar la ley, imponerla y hacerla cumplir, incluso a través de las armas y la fuerza.

Siendo entonces que el Estado tiene un poderío inmenso pero razonablemente necesario, hubo de desconcentrarse ese poder de manera que diversas ramas a través de elementos propios, controlándose recíprocamente y colaborando entre sí, cumplieran la cuasi divina función de proporcionarnos a los habitantes de una Nación, la posibilidad de convivir en armonía, de satisfacer nuestras necesidades, desarrollarnos, multiplicarnos y en fin, disfrutar del don de la vida.

Todo esto se logra simplemente con el cumplimiento de la ley, es decir, sometiéndonos voluntariamente a su imperio! Pero el Estado que, repito, tiene como función propia, exclusiva y excluyente concebir, administrar y aplicar la norma, es un ente ideal, es una ficción regido por seres humanos e imperfectos. 

He allí el problema! cuando el hombre se cree Dios; aun siendo  mortal se siente eterno; cuando piensa que el poder es permanente y no efímero; cuando no tiene la capacidad o la humildad para entender que las normas que hace, lo rigen a él también  y a los suyos; si no tiene conciencia  o no acepta los límites, se desborda el poder  y surgen los demonios con el abuso  y la anarquía.

Venezuela tenía derecho a buscar otros caminos si consideró que los gobernantes de la República Civil lo habían hecho mal. El pueblo de Venezuela actuó dentro  de los límites de los derechos  individuales, al elegir a Hugo Chávez en 1998, pero también a revocarle el mandato en el 2003 y a que la Asamblea Nacional designada en el 2015, pudiera ejercer sus funciones de legislar y controlar. Todo eso estaba regido por la ley y debía cumplirse bajo su imperio.

Ha sido la interpretación e imposición anárquica del entramado legal, lo que  llevó al actual Presidente de la República  a convocar una Asamblea Constituyente, a pesar de estar claramente facultado sólo a proponerla para que el pueblo la convoque si esa era su voluntad. Indebidamente convocada e impropiamente instalada,  la Constituyente asumió de manera impropia sancionar leyes constitucionales, sin estar previstas en nuestro ordenamiento jurídico, aunque puede  transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución (artículo 347 CN99), sus efectos no son directos ni inmediatos porque el producto de su trabajo ha de ser aprobado por referendo popular, como se hizo en 1999 con la actual Constitución.

Los diferentes órganos del  Estado violentan continuamente nuestro ordenamiento y propician caos y anarquía cuando confunden, ex profeso, los límites del gobierno y del partido gobernante; cuando mantienen hombres en las cárceles por sus ideales, a pesar que las leyes  y tratados internacionales, que también lo son y tienen jerarquía constitucional (artículo 23 CN99), garantizan  la libertad de  pensamiento.

También se incumple la ley cuando los recursos básicos de una nación inmensamente rica no se distribuyen equitativamente, con los únicos límites de los esfuerzos personales de sus habitantes.

El Poder Judicial contraviene la norma cuando no aplica justicia distributiva o sus sentencias no son gratuitas, oportunas, coherentes, expresas y precisas.

Se desdibuja el Estado cuando el Contralor protege a quien debe controlar; cuando el Fiscal se alía al gobierno o el Defensor no ampara los intereses y garantías básicas del Pueblo. También cuando el árbitro electoral se parcializa o se designa en pago de lealtad.

Es inconveniente que el Derecho Administrativo contencioso, de relativa reciente creación en Venezuela, no se oriente a igualar derechos sino  para subir el pedestal del príncipe. Nos habituamos a la expropiación sin pago justo y oportuno, que lo transforma en confiscación, figura que convierte al Estado en forajido. Es la muerte del Derecho cuando la manifestación pública y pacífica es controlada con armas y se califica como un delito.

Lo peor de todo es el mal ejemplo que esa conducta anómala del gobernante  proyecta al ciudadano, obligándolo a actuar por imitación. Ahora pensamos que es lícito y conveniente no pagar por los servicios que utilizamos o que las luces rojas de los semáforos son adornos. Se ha hecho común cerrar las calles, técnicamente del dominio público, justificando nuestra conducta con la excusa  de la protección de nuestras vidas y bienes, acosados por el hampa común.

Ese es el mayor fracaso de la llamada Revolución Bolivariana, no se somete al estado de Derecho, ni impone para todos y conforme lo escrito, el imperio de la ley. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

11/03/2020.