El último y aciago día de marzo.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

Despedimos el mes de marzo con un día nefasto en varios sentidos.  La pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, sigue cobrando víctimas en el mundo entero. En Venezuela,  desconocemos los reales alcances no obstante las acertadas medidas profilácticas dictadas por el gobierno nacional, porque no se tiene lo primordial que es la confianza en que el gobernante nos esté diciendo la verdad, abriéndose así caminos a la imaginación y las conjeturas.

Además los venezolanos tenemos problemas adicionales que nos acogotan, como   la falta sostenida de servicios públicos suficientes y de calidad, de combustible y alimentos, cuya escasez se refleja por ley inexorable de las ciencias económicas, en precios exorbitantes que a su vez, se hacen impagables por las menguadas arcas de la familia promedio.

Despunta el día con una propuesta de Estados Unidos relacionada con la suspensión de las medidas económicas, siempre que se encargue  una especie de Junta de Gobierno o Consejo de Estado, integrada por cinco miembros entre oficialistas y opositores, excluidos Nicolás Maduro y Juan Guaidó (para que sea presidenciable), quienes en lapso determinado deben convocar a elecciones, en las cuales no puede intervenir el primero, pero si el segundo.

Este es un tema muy complejo por sus implicaciones jurídicas, políticas de alto nivel y por supuesto, siempre está presente un chispazo de nacionalismo, que nos hace pensar que no obstante que todos los países del hemisferio tienen derecho a la democracia, porque es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, como lo establece la  Carta Democrática Interamericana o Carta de Lima, signada por Venezuela del 10 de septiembre del 2001, existen límites fijados por el principio de Derecho Internacional Público denominado de la no intervención.

En este mismo sentido el instrumento fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) asienta que, la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, siendo uno de sus propósitos  la promoción y consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención.  

Ese derecho, en contra cara, se convierte en una obligación de los demás países del área, correspondiéndoles según el mismo documento regional, la promoción y defensa del sistema en nuestro continente, cuando esté en peligro y, en Venezuela, indiscutiblemente que lo está, porque todos los Poderes Públicos responden a una misma voz, como expondré infra, además que se están violentando muchas garantías estandartes del estado de Derecho.

El canciller Arreaza como portavoz  del gobierno nacional, aduce que ofrecer la suspensión de las medidas económicas como condición, hace la oferta obviamente inmoral, en medio de una crisis sanitaria que azota al mundo entero. Igualmente rechazó cualquier fórmula que tenga como finalidad que el presidente Maduro abandone el poder.

Creo que Estados Unidos no actúa sólo dentro de las previsiones del Derecho Internacional Público, sino además en aplicación de su normativa interna. Según han expuesto reiteradamente, Venezuela tiene las características de un narco gobierno, lo que por supuesto deberán demostrar porque se trata de una acusación muy delicada e, incluso, fuera del tratamiento diplomático al cual estábamos acostumbrados. Ahora es común y generalizado que los dignatarios, o algunos de ellos utilicen unos calificativos huérfanos del sentido común, humano y de palacio.

En efecto, a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso Norteamericano la  Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, simplificada como USA Patrit Act o Ley Patriota, que es una Ley Federal de aplicación extra fronteras, fundada en tratados bilaterales y multilaterales firmados por EEUU, para actuar libremente contra el terrorismo y todas las formas de financiamiento del mismo, como el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Esta Ley fue de duración limitada y muy cuestionada por diferentes organizaciones de derechos civiles, ya que limitaba el secretismo en las comunicaciones. Sin embargo, su vigencia se extendió con la Patriot Sunsets Extensión Act solicitada por el presidente Barak Obama y el presidente Donald Trump, asido de diferentes normativas, dicta Órdenes Ejecutivas en el mismo sentido, permitiéndose la calificación a algunos líderes mundiales o regionales, países u organizaciones, como aliados del terrorismo internacional.

Con el ocaso del día postrero de marzo 2020, el presidente Maduro llamó a reunión de un órgano extraordinario denominado Consejo de Estado, que es el órgano superior de consulta del gobierno  y la administración pública nacional, para asuntos de especial trascendencia como es, ciertamente, el tema del coronavirus y del cual surgieron como periféricos, la necesidad de un gran acuerdo nacional y la condena a las medidas económicas dictadas por Estados Unidos. En mensaje subliminal el gobierno nacional, seguramente, quiso demostrar que el Consejo de Estado está previsto en Venezuela, pero con objetivos distintos.

Todos pudimos apreciar a través de la transmisión en cadena, que  los órganos representados en esta reunión, han sido penetrados y están absolutamente controlados por el Ejecutivo, por lo que no hay independencia en las altas esferas del Estado, de manera que cualquier consulta se limita a que los interpelados digan al Presidente de la República lo que él quiere oír, actuando conforme sus mandatos. Nadie propuso nada extra al acuerdo que ya estaba escrito en espera de las firmas pertinentes.

El caso del diputado que actuó como Presidente de la Asamblea Nacional, aunque existen serias y fundadas dudas de su legitimidad, donde por cierto no conozco si el Tribunal Supremo de Justicia hizo algún pronunciamiento al respecto, fue patético, se limitó a solicitar el raído diálogo nacional, a sabiendas del consiguiente respaldo porque ha sido tema fijo en el discurso presidencial. Inexplicablemente manifestó que el problema de la gasolina era puro ruido, con lo cual queda absolutamente descalificado como  portavoz popular, ya que es uno de los más graves y sentidos actualmente, al dificultar o impedir el abastecimiento y la movilización de los productos primarios de la dieta diaria.

Claro que el diálogo siempre debe estar en el tapete, pero forzando la conformación de la mesa con integrantes que, sin duda alguna, sean de corriente y opinión distinta al oficialismo, con agenda que eventualmente pudiera desatar el nudo gordiano, como la renuncia del Presidente de la República y la reinstalación de la Asamblea Nacional con los diputados electos el 05 de diciembre del 2015.  Hay varias fórmulas legales para restituir el Parlamento, impropiamente desmantelado, porque con ninguno de sus miembros se siguió el antejuicio de mérito.

Obviamente que el más desprevenido de los venezolanos siente la crisis política y sufre la económica. Pero son estos los momentos en los cuales se debe actuar con el mayor apego  posible a los esquemas constitucionales y legales, precisamente porque sus salidas fueron estudiadas en frío, por tanto con objetividad.

Me parece que la propuesta norteamericana está divorciada de principios elementales de nuestro sistema constitucional. Hay salidas más cónsonas con nuestro ordenamiento. Aunque irrestrictamente mantengo mi respaldo a Juan Guaidó, porque en democracia y en esta situación coyuntural que vive el país, se requiere de un líder con respaldo  para que sea opción válida, creo que no debió aceptar la propuesta en forma automática, sin contra réplica. Él ha hecho una argumentación jurídica que lo acredita como Presidente en Transición, por lo que su posición ha debido defenderla ya que supone defensa de la Constitución misma, y del piso jurídico llamado a cumplir y hacer cumplir.

Si la Constitución no prevé una salida, debe buscarse acuerdos  aceptables o al menos cónsonos con nuestra tradición política y régimen legal. Lo contrario implica sumirnos en la anarquía y la inestabilidad. No se concibe en Venezuela un órgano colegiado para el ejecutivo, ni siquiera interino, simplemente porque desde hace más de sesenta años consecutivos, y antes,  conforme constatables antecedentes históricos, los gobiernos han sido  presidencialistas y todas nuestras instituciones responden a ese esquema.

La junta de gobierno de 1952, prevista como transición,  fue un desastre que degeneró en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la de 1958, presidida por el contralmirante Wolgfang Larrazábal posterior al derrocamiento de aquella tiranía, tuvo como ingrediente especial de sustentación que estaba nucleada toda la nación, y contó con el respaldo de los principales líderes del país, que representaban la casi totalidad del mismo, quienes ya tenían in péctore el más grande documento político del siglo XX, como fue el Pacto de Punto Fijo de donde nació la gobernabilidad. Hoy no tenemos nada de eso, no tenemos un rumbo ni líderes consolidados y con respaldo robusto.

La renuncia del jefe de Estado y Gobierno es un acto volitivo de éste, pero le puede ser solicitada y, de negarse, se buscan otras fórmulas legales, como la aceptación de un referendo consultivo, conforme al artículo 71 CN99, cuyo tema central sería su dimisión. En la convocatoria que pudiera hacerla el mismo primer Magistrado nacional,  en Consejo de Ministro, se le daría carácter vinculante, así podría constatar si goza del favor popular que es la médula de la democracia. 

En todo caso, se supone que el presidente Maduro tiene interés en buscar soluciones pacíficas para un país con problemas más allá del virus. Si los americanos ya asomaron la posibilidad de suspender las medidas económicas, lo que en efecto, es urgente y necesario, corresponde a nuestros jefes políticos hacer contrapropuestas válidas, justas y legales, como un nuevo proceso electoral cónsono con nuestro ordenamiento jurídico.

Es aceptable porque es lo estatuido, que en caso de renuncia o desde la convocatoria a referendo consultivo, quede a cargo la Vice Presidenta Ejecutiva y siendo, una falta absoluta durante los primeros cuatro años del mandato, se procede a una nueva elección directa y secreta dentro de los treinta días siguientes.

Como parte del acuerdo, visto que está adelantada la conformación del Comité de Postulaciones para un nuevo CNE, sería procedente que de su seno se designen cinco Rectores, que se encarguen de ese proceso electoral.

Por supuesto, reinstalado el Parlamento, los créditos que de alguna manera deben llegar del exterior de inmediato, estarán previa y posteriormente controlados por el órgano legislativo a quien corresponde, que de una vez iniciaría los nombramientos de los altos funcionarios bajo su designación.

Me parece que con voluntad podemos enderezar entuertos y enrumbarnos dentro de cauces posibles, porque son pacíficos, constitucionales y dependientes  de todos los venezolanos. Dios bendiga a Venezuela.

jesusjimenezperaza@gmail.com

02/04/2020.