Ya no son tiempos de reflexión, sino de acción.

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

Toma calor la compleja discusión entre votar y no hacerlo en las próximas elecciones parlamentarias. Inicialmente pensé la conveniencia de consultar a los distintos factores de oposición, para llegar a un acuerdo sobre qué hacer para salir de esta profunda crisis que vivimos y actuar conjuntamente, halando todos en el mismo sentido, pero un amigo me recordó que esa etapa estaba superada, ya se había sondeado la opinión de todos y el pueblo se había pronunciado. Es necesario entonces actuar de inmediato, porque el país no puede esperar mucho más, las necesidades son ingentes, graves y apremiantes.

En verdad, no se trata de una encrucijada donde debemos decidir en base a conveniencias personales, sino que debemos tomar en consideración circunstancias que involucran y afectan al país nacional. Personalmente opté votar, elaboré una lista de argumentos propios y otros transmitidos por conocedores del tema, que analicé de manera muy objetiva. La complejidad estriba en que no existen alternativas eclécticas, es sí o no, como el famoso monólogo del Hamlet de Shakespeare, que debe decidir entre morir o vivir, to be or not to be (ser o no ser).

Sólo queda agregar la necesidad de respetar la voluntad de cada uno, por lo que me atrevo a recomendar hacer el análisis de la conducta a seguir, ejecutando a conciencia la conclusión tomada. El peor de los escenarios es dejar que otros decidan, porque de todas maneras se cumplirá el mandato legal de designar un nuevo Parlamento, por lo menos 30 días antes del 05 de enero del 2021, con base al principio de la perpetuidad constitucional. Esta decisión no guarda relación con la de mayo del 2018, ya que ni la ley ni el texto constitucional, preveían el sufragio por Presidente de la República y ningún pacto político puede solapar la normativa de ley.

También es conveniente analizar si estamos o no conformes con las políticas generales ejecutadas por el actual gobierno nacional, puesto que aún cuando se trata de elecciones parlamentarias, no presidenciales, el Ejecutivo es el responsable principal del desastre que vivimos, al tomar para sí el control total de las instituciones y Poderes estatales, por lo que no puede exonerarse su responsabilidad. 

Es fundamental que tanto el sector que pregona conveniente la abstención electoral, como el que propugna participar en el debate, designando candidatos propios y sufragar, entiendan que el adversario común es el gobierno, el PSUV y sus partidos aliados y periféricos. Por la acción, la actitud y los discursos, por los cambios en el ritmo de vida de cada uno resulta fácil identificar sin mayores esfuerzos, quienes deben ser considerados opositores reales y quienes ficticios.

He seguido con atención la solicitud dirigida a otros países, por un grupo de connotados conciudadanos, relacionada con aplicar a Venezuela la protección a las obligaciones impuestas por la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y la acción multilateral que permite el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No puede ser apreciada superficialmente la propuesta porque los firmantes son personas, líderes serios y de buena fe. Aún cuando no compartamos la conclusión, entendemos que sus planteamientos deben ser analizados y compartidos o no, pero con argumentos.

Estos Tratados Internacionales no contienen una descripción clara y contundente, que permita atribuir directamente la responsabilidad penal a determinadas personas o grupos, porque siempre imponen en forma preeminente la soberanía y la integridad territorial de los Estados, con lo cual se cobijan fácilmente los gobernantes de turno, utilizando los órganos jurisdiccionales y contralores internos. Es uno de los problemas que se presentan cuando los demás Poderes, distintos del gobierno no son realmente independientes, es difícil por no decir imposible, que un órgano externo pueda actuar porque topará con la decisión de los órganos regulares del Estado. 

Un claro ejemplo lo constituye la Declaración de N° 009-18 del Grupo de Lima, mediante la cual desconoce la legitimidad del proceso electoral concluido el 20 de mayo del 2018, para la reelección de Nicolás Maduro, “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. En esa oportunidad Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, ofrecieron continuar “dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país”.

Transcurridos más de dos años desde entonces, ninguna medida adicional ha podido tomar el Grupo como tal, ni alguno de sus componentes, a pesar que el Ejecutivo, valido de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia, profirió el zarpazo final contra la legítima Asamblea Nacional, al permitir la instalación de una Junta Directiva paralela el 05 de enero del 2020, después de haber continuado la neutralización del ejercicio de sus funciones durante los años 2018 y 2019, porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidió un recurso de interpretación de los artículos 231, in fine y 347 CN1999, el día 08 de enero del 2019, declarando la validez de dichas elecciones y convocó al ciudadano Nicolás Maduro para prestar ante el propio Tribunal, el juramento de ley porque el órgano regular (Asamblea Nacional) estaba en “desacato”. Sobre esta decisión no puede pasar ningún órgano administrativo o jurisdiccional del extranjero, a menos que se siga un proceso por violación de derechos humanos, ante la Corte Interamericana de DDHH.

La hipotética intervención de EEUU o de los países europeos que respaldan al diputado Juan Guaidó, se rige por la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que delega en el Consejo de Seguridad, las decisiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Este organismo está integrado por 15 Miembros, requiriéndose para la aprobación de cualquier decisión por lo menos 9 votos, pero entre ellos deben estar necesariamente los de Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, cuando el asunto no sea ordinario o de mero procedimiento. Ya sabemos, porque lo han manifestado públicamente que China y Rusia son aliados estratégicos del gobierno venezolano, por lo que votarían negativamente, es lo que se conoce como derecho de veto.

Desde principios de la década del 90, en el Consejo de Seguridad se permite recibir personalidades e instituciones para exponer graves crisis que sean competencia de la Institución, pero según entiendo hasta allí llega la posibilidad: ser oídos. Esta novedad lleva el nombre de Doctrina o Fórmula Arria, porque fue bajo la presidencia del Dr. Diego Arria, cuando se implementó. Sin ser un estudioso del tema internacional, pero por evidente interés debido a la importancia actual para Venezuela, de la posibilidad de intervención legal mediante lo previsto en diferentes Tratados Internacionales, que internamente tienen la fuerza normativa de la Constitución Nacional, me dispuse a indagar sobre el mismo, llegando a la conclusión que la solución no depende de ayuda extranjera, sino de nosotros mismos, participando y defendiendo la decisión mayoritaria. 

Ya lo omisión pasiva del 2005, permitiendo que el chavismo obtuviera una mayoría parlamentaria calificada, nos costó la adjudicación al Presidente Chávez de la habilitación requerida para promulgar un conjunto de leyes socialistas y la convocatoria a referendo adicional, para aprobar mediante enmienda (2009) la inicial negativa de reforma constitucional (2007) y, con ella, la posibilidad de una presidencia perpetua. No podemos chocar dos veces contra la misma piedra. Dios bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com

01/07/2020.