Jesús A. Jiménez
Peraza.
@jesusajimenezp
Desde
mediados del siglo XVIII se gestó en Europa un movimiento cultural y político denominado
La Ilustración, en él convergieron
diversas ideas y doctrinas de avanzada, inspiradas primordialmente en el
filósofo positivista Jhon Locke,
reconocido como el padre del liberalismo clásico. Aunque murió a principios de
la centuria, sus ideas fueron cauce para la acción de diversos pensadores como
Charles Montesquieu, Francois Voltaire, Jean Jacques Rousseau, entre otros. Por cierto, este Movimiento tuvo marcada
influencia en Simón Bolívar, quien llegó a España y posteriormente a Francia,
en los primeros años de su adolescencia y formación intelectual.
La
idea de la existencia del poder popular; que tal poder no era un atributo natural conferido por Dios mismo a “sus representantes en la Tierra”, tesis
central de la monarquía y que esa fuerza
debía ser distribuida entre diferentes órganos, que se controlan en forma
recíproca y cuyos directivos deben ser designados directamente por los súbditos,
germinó en las bases populares gracias a La Ilustración.
La
Ilustración moldeó igualmente a la Revolución Francesa (1789), que se concreta con un golpe de fuerza representado
en el asalto a la Bastille, una edificación policial y cárcel ya desactivada,
que ha servido históricamente como símbolo y concreción revolucionaria. Previo
a ese acto de fuerza, el abate Emmanuel Joseph Sieyés, había organizado un movimiento pacífico para
destronar a Luis XVI, convocante de los Estados Generales para su propio
beneficio y reorganización de sus finanzas y fuerzas políticas. Este órgano era
una especie de Asamblea extraordinaria que podía convocar el Rey, para
asesorarlo en las materias que les delegara.
De
los 1200 diputados que conformaban los Estados Generales, la mitad pertenecían al
Clero y la Nobleza, quienes se suponía eran afectos al Rey. Si bien la otra mitad se correspondía con la Burguesía, el
tercer estado o pueblo llano, éste dependía social y económicamente de los
primeros, por ende le obedecían sin condiciones. Sieyés logró controlar esa
mayoría por lo que obviamente, los avances sociales logrados por la Revolución
Francesa, que produjo gran cantidad de enfrentamientos y muertes, pudo haber
sido producto de esa estrategia pacífica y de alta política de Sieyés, fundada
en el hambre y extremas necesidades del pueblo francés.
Estos
antecedentes podemos aplicarlos perfectamente hoy en Venezuela. Tenemos un
pueblo sufriendo como consecuencia, primordialmente, de las políticas
desacertadas de los dos últimos gobiernos, quienes si bien heredaron una crisis
nacional histórica desde nuestra formación como República, fueron
designados para mejorarla, no empeorarla. De manera que no debemos caer en la
estéril discusión de los errores básicos del pasado, sino sustentarnos en la
democracia y sistema perfectible que tenemos, para avanzar hacia el futuro.
Debemos
partir en primer término, de las normas constitucionales porque son aceptadas
por el gobierno y por la oposición. Sólo debemos hacerlas operativas. Gobierno
y oposición han cometido una serie de tropelías contra el sistema jurídico, pero el oficialismo las impone porque tiene la fuerza pública. La oposición,
por su parte, ha cometido desatinos similares resultando infructuosas sus decisiones porque no tiene forma de hacerlas obedecer.
Dos
simples ejemplos ilustrativos, la Asamblea Nacional designada legítimamente por
el pueblo de Venezuela en el 2015, no pudo cumplir sus funciones porque los
demás órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado lo impidieron, con
acciones no pocas veces infundadas y arbitrarias. Pero esa misma Asamblea, después
del vencimiento del término pretende continuar en su ejercicio, también sin
base jurídica alguna, y a sabiendas que aun
cuando pudiera hacerlo nada produciría
en beneficio de la nación venezolana, puesto no tiene el poder coercitivo ni el
apoyo de los organismos públicos para imponer sus hipotéticas actuaciones.
La
oposición debe plantear una salida lógica y constitucional, porque tiene a su
favor lo mismo que el abate Sieyés en su oportunidad, es decir, el respaldo
popular mayoritario. Esta vez con dos elementos adicionales del cual aquél
adolecía: una Constitución unánimemente aceptada y un escenario internacional
favorable, si le demuestran la legalidad de la acción.
Lo
primero que debemos hacer es organizarnos con un liderazgo y un programa. Ese
liderazgo debe ser necesariamente presidido por los partidos políticos, porque
conforme a nuestro ordenamiento jurídico, al cual nos debemos apegar irrestrictamente, es a quien le corresponde hacerlo. De la dirección debemos excluir a
aquellas organizaciones políticas que actualmente no responden a sus estatutos
y acuerdos internos, porque así lo
ordena la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones en
vigencia. Por esa razón no pueden conformar parte de la dirección política, los
partidos cuyas directivas están designadas por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto no convoquen sus asambleas y cuerpos internos
para conducir sus actuaciones.
Todos
los partidos políticos de oposición legalmente constituidos, deberán actuar
como federación, en forma igualitaria y no grupal, incorporando como asesores a
personalidades reconocidas en el país, a otros organismos de las sociedades
intermedias y posteriormente, a los demás partidos políticos que vayan
designando sus autoridades según sus instrumentos estatutarios.
Debe
nuestra dirigencia actuar inmediatamente en tres sentidos: 1) escoger un
mecanismo popular para postular los candidatos a gobernadores, diputados de
consejos legislativos y alcaldías, para las próximas elecciones. 2) designar un
cuerpo para la organización y sustanciación del proceso revocatorio al
presidente Nicolás Maduro, cuya mitad de mandato vence en enero del 2022,
porque así está previsto en los artículos 72 y encabezamiento del artículo 233
CN1999, como normas programáticas de máxima jerarquía, desarrolladas en las
disposiciones Reglamentarias aprobadas por el Consejo Nacional Electoral en el 2007
y el 2009. 3) Designar un equipo jurídico – político para solicitar la opinión
e intervención, respectivamente, de la
Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme corresponda
y el dictamen de las medidas provisionales que consideren convenientes, para controlar
la pureza de ambos procesos.
Si
bien los Tratados suscritos válidamente por la República no
prevén una intervención armada en el país, la Carta Democrática Interamericana firmada en
Lima el 10 de septiembre del 2001, en el vigésimo octavo período extraordinario
de sesiones de la OEA y la Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, permiten el ejercicio
directo del derecho de petición por los ciudadanos, cuando se hayan violado o
amenacen violar los Derechos Humanos.
Precisamente,
el derecho de participar en los asuntos
públicos, en forma directa o mediante representantes y el derecho de votar y
ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio
universal, son derechos humanos políticos protegidos por el Pacto de San José,
suscrito válidamente por Venezuela, cuya
violación puede ser demostrada, entre otros actos, por la forma como se
interrumpió el proceso revocatorio al Presidente en el año 2016.
Creo
la anterior es la ruta más corta, legítima, pacífica y constitucional para un
cambio de gobierno. Para lograrla tenemos once meses que ya están corriendo. Dios
bendiga a Venezuela!
06/02/2021.
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