Jesús
A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Con el Tratado de Versalles que entró en
vigor el 10 de enero de 1920 se dio fin formal a la I guerra mundial. En él se
recopilaron básicamente los acuerdos de paz aprobados en las reuniones de
París, las obligaciones pecuniarias que debía pagar Alemania y sus aliados como
causantes del conflicto, además de las reivindicaciones territoriales reconocidas al Reino Unido, al Imperio Ruso y a
Francia como potencias triunfantes. Pero igualmente sirvió de marco para la
constitución de la Sociedad o Liga de Naciones, la cual fue disuelta con más penas que glorias, el 18 de abril de 1946 por lo que se están cumpliendo precisamente setenta y
cinco años del hecho.
Durante la vigencia de ese primer gran
organismo internacional se sucedieron acontecimientos de enorme significación y
fatales consecuencias, que nos hacen dudar sobre su operatividad y eficacia como
centro de pacificación o de arbitraje para evitar guerras con la magnitud de
la, para entonces, recién finalizada. En efecto, en 1939 Hitler denunció el
Tratado de Versalles como una de las excusas para iniciar una grave y
generalizada conflagración en Europa, que poco más tarde daría paso propiamente
a la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses ejecutaron el ataque a Pearl
Harbor (1941), obligando a Estados Unidos a intervenir formando parte de los
Aliados.
Un hecho que tampoco pudo ser prevenido por
el organismo, fue la forma como concluyó
el enfrentamiento directo entre Japón y Estados Unidos de Norte América,
con las dos primeras bombas nucleares sobre la faz de la Tierra en Hiroshima y
Nagasaki los días 06 y 09 de agosto de 1945, pocos meses antes de cerrarse el
capítulo de la Sociedad de Naciones y a la vez, iniciar el de su sucesora
Organización de Naciones Unidas (ONU), con propósitos y número de miembros
ampliados, pero igualmente ineficaz para prevenir y resolver los grandes
conflictos internacionales, como las guerras de Viet Nam, del Medio Oriente o el
millón de muertos de Ruanda en 1994, al cual me referí hace unos días.
Influye decisivamente la
inoperatividad de la ONU, en mi concepto, en el hecho que el poder de decisión
reposa en los cinco países más poderosos en los aspectos económico y militar,
Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China y Francia, de manera que todo se
reduce a una negociación bilateral entre ellos. Los sufrimientos del pueblo
cubano desde hace algo más de 60 años y el venezolano, desde dos décadas atrás así
lo demuestran. En el primer caso la principal potencia occidental permitió que
el comunismo se impusiera despóticamente en la isla por Fidel Castro y sus
compinches, a cambio de negociaciones
directas y ultra secretas entre el presidente John F. Kennedy y Nikita Khrushchev,
de las cuales fue excluido incluso el propio Castro, lo que constituyó el más
grande de los agravios sufridos por el dueño
de Cuba en toda su vida.
En el siglo XXI correspondió el turno a
Venezuela, la cual quedó atrapada en una madeja de intereses. El mundo está
ahora con divisiones ideológicas menos
acentuadas en relación a aquél telón de acero del cual hablaba míster Winston Churchill
y que dieron origen a la guerra fría.
Los ideales políticos y filosóficos se han ido diluyendo, pudiendo esas mismas
potencias actuar con entera libertad a
través de sus patios traseros que somos el resto del mundo, mientras respeten
los mutuos y múltiples intereses entre los diferentes grupos, clasificados
según las atribuciones que se auto confieren, en “G5”, “G7”, “G15” etc. El
dígito que utilizan caprichosamente es inversamente proporcional al arsenal
bélico y monto de sus recursos materiales.
Por supuesto, no digo que la Organización de
Naciones Unidas deba cerrar su ciclo vital como en el año 1946 lo hiciera la
Liga de Naciones por su inacción. Siempre será útil como escenario de encuentro
para deliberar sobre puntos importantes relacionados con derechos humanos en
general, y específicos como alimentación y agricultura (FAO); educación,
ciencia y cultura (UNESCO); trabajo (OIT); salud (OMS) y otros 14 órganos similares, pero
si pienso que requiere de una gran reestructuración.
Los derechos humanos existen desde la
Creación pero formalmente se tipificaron desde
1948, siendo su reconocimiento y tutela la gran diferencia entre la Liga de Naciones
y la ONU. Ahora bien, es necesario establecer como verdad de Perogrullo, que el
beneficiario somos los seres humanos y por tanto la protección debe ser
directa, no a través de los gobiernos que usualmente son quienes los violentan
en lo interno.
Más de sesenta países en el mundo, entre
ellos los más importantes del hemisferio conocen la situación de Venezuela, en
lo político, en lo social y económico, pero no se han ocupado en forma eficaz
de prestarnos ayuda porque no existe el mecanismo idóneo para ejecutar algún
plan humano, no militar, que nos permita vivir dentro de los cánones normales
cónsonos con nuestras riquezas materiales, con nuestro Producto Interno Bruto,
como indicador más generalizado y con el crecimiento que hemos desarrollado
como Nación.
No sé cuántos Informes han presentado los
técnicos de avanzada y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH
e incluso, aprobados por el Consejo mismo en sus Períodos Ordinarios de
Sesiones, sobre violación de nuestras garantías soportadas en la CN1999 y los
tratados válidamente suscritos por el país, sin que haya ninguna consecuencia
práctica fuera de inadmitir en conciliábulos internacionales a algunos
personeros oficialistas, o para dictar las celebérrimas Medidas Económicas que
tienen negativas consecuencias más visibles en las propias víctimas que en los
victimarios, que además sirven para desunirnos puesto algunos la ven como
solución en potencia, mientras otros la apreciamos como sanción directa al
beneficiario.
El mundo entero fue atacado por una Pandemia
cuya causa aún no ha sido determinada por el organismo competente, la
Organización Mundial de la Salud, tampoco va a ser precisada porque está involucrado uno de los “G” con más
baja denominación, pero al menos en otros países ya se conocen los planes de
vacunación, que es la estrategia única para aminorar y después erradicar sus
efectos. En Venezuela no los conocemos
sino más bien se nos inunda con informaciones oficiales discordantes negando,
de paso, cualquier ayuda de
organizaciones privadas internas, quienes tienen el derecho y el deber de
prestar apoyo, conforme al artículo 84, in fine CN1999.
Dentro del derecho ilimitado a la vida y la
salud, también deberían ser tratados y encauzados los niveles de desnutrición
que, de manera pública y notoria, se pueden observar en el país. Dios bendiga a
Venezuela.
jesusjimenezperaza@gmail.com
17/04/2021.
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