Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
- - La historia sirve como acto constricción y como propósito de enmienda.
Durante las últimas
dos décadas del siglo XX los venezolanos en general, salvo excepciones, dejamos de sentir interés por el país nacional.
Nos hicimos egoístas. La inmensa riqueza proporcionada fundamentalmente por el
petróleo, había permitido una vida de derroches a una capa poblacional
minoritaria, que en menor cuantía drenaba recursos hacia los medianamente
favorecidos, quienes podían disfrutar de esparcimiento, atención hospitalaria y
salud, además de estudios en los diferentes niveles y de alimentos en su mayor
parte importados y subsidiados, lo que les permitía su adquisición.
Otro sector
importante y más numeroso vivía en el anonimato, por inercia y en silencio, sin acceso a la
satisfacción de las necesidades básicas. En resumen éramos un país inmensamente
rico, con pujante clase alta; una clase media que vivía conforme y, con penurias la baja. Pero en general, muy
pocos se ocupaban del engrandecimiento económico, social y cultural del país.
El modelo de vida se
agotó creando una situación harto complicada, los insaciables grupos económicos
quisieron poder y los otros dos subir
escaños. Por eso todos aceptaron a Hugo
Chávez o le facilitaron su ascenso al poder.
Quienes fueron sus
patrocinadores proporcionando las relaciones políticas y recursos de los cuales
adolecía? Quienes permitieron que se violentara la Constitución de 1961, para
materializar la oferta, que no era novedosa, de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1999? Quienes abultaron su caudal de votos enceguecidos por la
oferta de recibir directamente y sin
contraprestación unas cuantas “gotitas de petróleo”?
Así nació Hugo
Chávez a la vida pública. Se presumía representaba un nuevo modelo que fracasó
rápidamente. Todos tenemos responsabilidad unos más que otros, por supuesto; algunos
por acción, otros por omisión al tolerar que Hugo Chávez gobernara a los realazos, sin planificación alguna,
interviniendo fincas y empresas industriales, sin respetar los límites de los
demás Poderes del Estado ni el contenido de la Constitución y el sistema
jurídico nacional, y finalmente que iluminado
con la certeza de existencia de una luna llena, propusiera la candidatura del
actual jefe de Estado.
Casi desde sus
inicios este sistema de gobierno llegó a su fin, es que la política es un arte,
no se improvisa. Lastimosamente el derrumbe no trajo el efecto colateral de
fortalecer a la oposición, siempre contradictoria y dispersa, incapaz de
enfrentar a un gobierno débil, pero con apoyo de grupos extraños para nuestra
idiosincrasia. Es así como hemos llegado a este punto. El tema no es ahora imputarnos
recíprocas acusaciones, sino que la aceptación de responsabilidad colectiva
debe ser el punto de unión para dejar el egoísmo y buscar las soluciones
insertas en el propio texto constitucional.
Los distintos
partidos políticos deben participar, incluso sin necesidad de pactos que crean
suspicacias en una población que no controlan. Los dirigentes y sus partidos lo que deben
aportar es vigilancia para que la votación refleje la tendencia del electorado.
Así es como debemos concurrir a las elecciones de gobernadores, alcaldes,
diputados regionales y concejales, quienes deberán convertirse en las cabezas
visibles y unitarias para proponer y sustanciar el referendo revocatorio, que
es el verdadero interés de la gente. Allí es donde sólo puede haber dos equipos en la cancha.
El gobierno
nacional, absolutamente débil y agotado vuelve a una vieja oferta: el Estado
Comunal. Recordemos que en el 2007 el presidente Hugo Chávez lideró
personalmente y, a través de la Asamblea Nacional que controlaba en forma
absoluta, dos bloques para una Reforma Constitucional también con doble propósito:
1) La reelección sin límites de períodos para el Presidente de la República
(artículo 230 CN1999), que era su interés principal, por no decir único. Adicionalmente
extensible para otros funcionarios de elección popular. 2) La conformación de
un Estado Comunal. Aunque fracasó en el primer intento, logró en el 2009
enmendar la Constitución para imponer la reelección y valido de una Asamblea Nacional
unicolor, gracias a la abstención opositora en las elecciones parlamentarias
del 2005, impuso la aprobación de un conjunto normativo relacionado con la potencial
y frustrada implantación del Estado Comunal.
Esas leyes no
tuvieron operatividad alguna porque para la fecha de su promulgación ya Chávez estaba
enfermo, además se aproximaba una campaña electoral y el tema no tenía interés
para las bases.
Ahora la Asamblea Nacional,
por supuesto bajo las órdenes del presidente Maduro, vuelve sobre el tema. Hace algunos días
analizamos la Ley de Ciudades Comunales, veamos ahora la Ley Orgánica del
Parlamento Nacional Comunal (LOPNC).
El primer punto
incuestionable es que para cambiar la distribución del Poder Público (artículo
136 CN1999), titular de todas las funciones correspondiente a los Poderes
Municipal, Estadal y Nacional, no puede insertarse otro sin modificar la carta
magna mediante una Reforma propiamente dicha o una Asamblea Nacional
Constituyente. Existe una tercera forma de reformarla que es la Enmienda, pero
en este caso no aplica porque ella se reserva sólo a la adición o modificación
de artículos sin cambiar la estructura fundamental de la ley suprema.
La LOPNC que propone
hoy la Asamblea Nacional, está redactada sobre una serie de galimatías,
mediante las cuales trata de crear un andamiaje
para el ejercicio del poder popular, que realmente existe, porque lo prevé el
artículo 5 CN1999, como también estuvo en la de 1961 (artículo 4), puesto que
la soberanía reside en el pueblo y la ejerce directamente a través de las
consultas populares, de la posibilidad de proponer la discusión de leyes
(iniciativa legislativa), cabildos abiertos, asambleas de ciudadanos o en forma
indirecta, mediante el sufragio, cuando elige a los altos gobernantes como presidente
de la República, gobernadores, diputados alcaldes, concejales.
El poder que puede
atribuirse el pueblo de Venezuela en base a ese dispositivo, es cuasi ilimitado
con las limitantes de no contrariar
valores, principios y garantías democráticas ni violentar derechos humanos,
pero para cambiar el régimen de los Poderes Públicos y diseñar un Poder entre
Dios y los hombres, que denominamos Popular o Comunal si así quiere, tiene que
comenzar por reformar la CN1999, a través de los mecanismos preestablecidos
entre los artículos 342 al 349 CN1999.
Ese Parlamento Nacional
Comunal invade la esfera de acción de los órganos públicos organizados conforme
a la Constitución vigente, incluida la Contraloría General de la República,
pues le atribuye el control y seguimiento
de la gestión en todas las materias de interés para la comunidad; está
previsto integrarlo con parlamentarios elegidos en segundo grado, puesto esa
función correspondería a los comuneros y los miembros de movimientos sociales
activos. Con la “elección de los
constituyentistas” en el 2017 ya tenemos una idea de las distorsiones del
método selectivo que se propone.
La implantación de
todas estas leyes relacionadas con el poder comunal, no es una forma de
descentralizar la toma de decisiones y gobernabilidad por los órganos constitucionales,
sino que el fin es atomizar el poder popular para hacerlo controlable por el poder
central. Es así como funciona el sistema cubano
con los llamados Comités de Base.
Creo que hoy nos
corresponde a los venezolanos participar en la vida pública, expresarnos,
respaldar las opciones acordes con nuestra línea de pensamiento, aunque sea sin
pactos previos, de todas maneras entre varias minorías si cuidamos los votos
recíprocamente, el gobierno siempre será minoritario; debemos ejercer todos los
derechos y salidas constitucionales, como el referendo revocatorio que se
activa en enero 2022, pero requiere el diseño de estrategias desde mucho antes.
Dios bendiga a Venezuela!
29/04/2021.
Comparto su opinión caro amigo, sin ninguna duda.
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