Jesús A. Jiménez
Peraza.
@jesusajimenezp.
Desde hace mucho tiempo y por diferentes razones
nuestro sistema político ha venido transitando una etapa de
deslegitimación, que es seguramente el
más grave de los vicios que puede afectar la democracia. La invasión de las
atribuciones que corresponden a los diferentes Poderes Públicos, por parte del
Ejecutivo; la falta de interés de la población por participar en la designación
de las autoridades; la desconfianza que nos genera la posibilidad que el Estado
pueda resolver las más ingentes necesidades colectivas, incluidos servicios públicos,
como atención hospitalaria, medicinas, energías básicas, además de los
requerimientos de alimentación; la atomización de la oposición; la
militarización del país; la corrupción galopante y otros, sin que el listado
responda a un orden cronológico por aparición en el escenario nacional o por
su importancia, son elementos que
separadamente y en conjunto visibilizan el fenómeno de la deslegitimación.
La contramarcha para legitimar las
instituciones es una labor muy compleja por lo heterogéneo de las causas que,
obviamente, no pueden resolverse al mismo
tiempo sino en secuencia. Creo que los seres humanos somos quienes generamos
los problemas y, como aparente incongruencia, también quienes podemos resolverlos,
de allí que tenemos como obligación comenzar la reinstitucionalización con la
designación de los líderes que puedan ejecutar esa titánica labor.
Después de algunos intentos fracasados, al parecer los venezolanos estamos dispuestos
a volver a sufragar para renovar el mandato o sustituir los funcionarios
regionales y locales a quienes corresponda, conforme a la CN1999. Es cierto que algún
sector no está plenamente convencido, en lo que contribuye el hecho que se
hayan presentado diversas propuestas entre quienes se supone deberían tener el
interés común de cambiar a los causantes de nuestros males: el oficialismo.
En la ciudad de México se instaló una Mesa de
Diálogo, que si bien no puede considerarse una panacea definitiva, ni están
aceptados por unanimidad los representantes de la oposición, había venido
funcionando, sobre todo porque todos entendemos que por algún lado había que
comenzar la reunificación de los retazos, en lo que se ha convertido nuestro
país, su economía y el sistema que nos gobierna.
Pero no obstante la importancia de cualquier
elemento que contribuya con la legitimación institucional, el gobierno anunció
a través de su vocero principal en la Mesa de Diálogo, el retiro de la misma
como respuesta a la extradición del señor Alex Saab, desde Cabo Verde, África,
para ser juzgado en EEUU. No tengo bases ni pruebas para conocer las relaciones
del señor Saab con nuestro gobierno, de quien se comenta oficialmente es
diplomático, y ejerce funciones además como proveedor de bienes y servicios
relacionados con el Programa de los CLAP. Pero es indudablemente de mayor
importancia que continúe la reinstitucionalización del país, que la defensa por
parte de Venezuela del referido diplomático, además que las gestiones para el
cumplimiento del programa alimenticio, de extrema importancia, puede ser
delegado en otro funcionario.
No parece que el asunto judicial referido
pueda resolverse en corto tiempo. Según anuncio oficial de la Fiscalía
norteamericana, el señor Saab está acusado por lavado de activos, utilizando la
divisa americana e instituciones financieras de ese país, lo que implica imputaciones
por aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por
Foreign Corrupt Practice Act), una ley vigente desde 1977, pero que con
posterioridad a los hechos del 11 de septiembre del 2001, es decir, el derribo
del World Trade Center se unió al tinglado de leyes, instituciones y oficinas
federales para conformar la Ley Patriota, generadora de un acrónimo para Unir y
Fortalecer América al Proporcionar las Herramientas Necesarias para Interceptar
y Obstruir el Terrorismo.
La Patriot Act o Ley Patriota ha sido
reformada varias veces y es muy cuestionada por elementos de inconstitucionalidad,
violación de derechos humanos y a la privacidad, secretos comerciales e
industriales y extraterritorialidad, pero se mantiene incólume porque en el
fondo preserva la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones. Algunos
estudios bien fundamentados sobre el espíritu, propósito y razón de la ley,
llegan a la conclusión que la información sobre planes de potenciales ataques
terroristas, que es el fin aparente, lo
pueden conseguir los norteamericanos con otros medios técnicos e inteligencia
militar, por lo que obviamente son los aspectos económicos y la intervención
del sistema financiero, como elemento fundamental para perpetrar ataques
terroristas, lo que justifica el extremo celo sobre la conservación de la Ley
Patriota, que por el sólo hecho de la apertura de la investigación autorizada
por un juez, permite ilimitadamente, la determinación de los movimientos
financieros, dentro de los Estados Unidos y fuera del mismo cuando se utiliza
el dólar norteamericano, con dos consecuencias inmediatas para el involucrado,
además de su obligación a colaborar con las autoridades: 1) le impide dar a
conocer aspecto alguno de la investigación. 2) le confiere inmunidad en todo
cuanto contribuya a la determinación de los hechos.
Toda esta trabazón creo que obliga tanto al
Estado venezolano como a la oposición, a continuar con la tarea titánica de
tratar de legitimar nuestro sistema institucional y obviar otros elementos
extraños, que puedan complicar esa misión. Dios bendiga a Venezuela!.
jesusjimenezperaza@gmail.com
18/10/2021.
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