Junín

 

El referendo revocatorio y los Derechos Humanos.

                        Jesús A. Jiménez Peraza

                                                                                               @jesusajimenezp. 

Había pensado ahondar  sobre el tema que, creo, debería ser el centro de la vida nacional en la actualidad: la posibilidad del referendo revocatorio contra el Presidente de la República, porque es evidentemente el deseo, justificado por lo demás, de un altísimo porcentaje de venezolanos. Los términos y condiciones establecidos en la CN1999, son realmente muy sencillos de cumplir vista la voluntad de la ciudadanía, que podemos captarla no solo en las encuestas realizadas al respecto sino en directo, en calles, mercados y demás sitios públicos, que también haría superar  las dificultades impuestas en vía jurisprudencial por los tribunales y la reglamentaria  por el Consejo Nacional Electoral, en los años anteriores.

Muy prometedor que la iniciativa haya sido asumida por al menos tres organizaciones, entre ellas el Movimiento Venezolano para el Revocatorio (MOVER) creado para su solicitud e instrumentación, y un grupo de connotados venezolanos como Nelson Chity La Roche, Miguel Parra Giménez, Román Duque Corredor y otros que además de ser juristas y duchos en la actividad pública, no pueden ser cuestionados políticamente porque al ejercer esta actividad, ha sido dentro de los parámetros aceptados por la ética, razón por la cual no tienen cuestionamientos de los connacionales. También es conveniente y ajustado a sentencia dictada por Sala Electoral del 17 de octubre del 2016 (Expediente N° AA70-E-2016-000074), que en cada circunscripción electoral de la República, se haya efectuado la solicitud presentada por el número de votantes exigidos.

Los aparentes opositores que de  alguna manera se oponen a esta forma constitucional de obtener pronunciamiento para una salida constitucional y pacífica del Presidente de la República, aducen argumentos sin fuerza sino al contrario, con intenciones de complacer a quien ejerce el poder, lo que me hace recordar un video que se difunde en las redes sociales, en el cual Nicolás Maduro jugando beisbol logra un jonrón, el cual fue celebrado efusivamente por los jugadores contrarios, en ese momento a la defensiva.

Algunos manifestaron  que no ha habido interés en el Poder Legislativo en desarrollar la norma central impuesta en el artículo 72 constitucional, otros  se fundan en  que si se aduce que Nicolás Maduro no tiene legitimidad, mal puede invocarse el referendo revocatorio, como forma de determinar su falta absoluta en aplicación del artículo 233 ejusdem.

Ambas son infundadas. La Asamblea Nacional electa en el 2015 con mayoría calificada opositora, sancionó una ley Orgánica de Referendos la cual chocó en primer término con el Consejo Nacional Electoral, unánimemente oficialista, quien dijo tener la iniciativa legislativa en la materia  conforme al artículo 204.6, lo que es cierto, pero esta competencia no excluye la del Parlamento de ordenar todos los temas nacionales y funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público (artículo 187.1 CN1999). Tan es así que antes, en el año 2009, aprobó motu proprio la Ley Orgánica de Procesos Electorales sin haberse gestado en el CNE, sino por iniciativa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

En cuanto la falta de legitimidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado y Gobierno, es tema abierto al debate. Realmente son diferentes instituciones oficiales quienes se han desviado de la sana y aceptable interpretación de nuestro tinglado jurídico, lo que deslegitima sus actuaciones, pero ejercen el poder efectivo,  hecho que justifica recurrir a los medios que estén sobre la mesa para sustituirlos. Inicialmente, como resabio del Derecho Canónico la legitimidad era sinónimo de legalidad, pero a raíz del tránsito entre la República de Weimar, fundada en el Constitucionalismo y el Tercer Reich, a cuya cabeza estaba Adolph Hitler, mediante la fuerza  y la interpretación abusiva de las leyes, se entiende que es válida la utilización de cualquier opción para el restablecimiento del estado de Derecho.

Indudablemente que hoy estamos ante una variante muy grave y poderosa. El rector Roberto Picón del CNE, anunció que es materialmente imposible recoger las firmas requeridas para activar el proceso revocatorio, “no es factible. Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”, expresó  en su cuenta de Twitter. Esto nos coloca no ante el estudio de la legalidad o la conveniencia política del revocatorio, sino ante una clara violación de nuestros derechos humanos, que vendría a abultar las denuncias y procesamiento ya bastante adelantado por las autoridades internacionales sobre la materia, agregando a los Rectores del CNE, con excepción de quienes hayan salvado el voto ante tan enojosa y arbitraria medida.

Los Derechos Humanos constituyeron inicialmente una tutela a la vida y la libertad, pero se ha ido extendiendo su espectro cubriendo otras áreas, doctrinariamente conocida como Generaciones, que hoy protegen incluso el derecho a los avances tecnológicos y, por supuesto, como el área que ahora nos interesa, los derechos políticos.

El artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos confiere protección personal, material y territorial, con una base muy amplia, cuando impone que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

El principio pro homine o pro persona que caracteriza la institución en las modernas corrientes doctrinarias y en la jurisprudencia, implica una interpretación amplia, cuando protege derechos y una restringida cuando los limita. La aplicación de este principio hace entonces,  plenamente operativo el artículo 23 del Pacto de San José o de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que trata sobre los derechos políticos de los ciudadanos. Por eso estoy plenamente convencido que a la par de las conductas que los directivos del Movimiento MOVER puedan ejecutar, para contra restar tan infame decisión administrativa, es posible solicitar una medida cautelar en los procedimientos ya instaurados para determinar la violación de derechos humanos en el país. Dios bendiga a Venezuela!.

jesusjimenezperaza@gmail.com