El Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL).

Jesús A. Jiménez Peraza

                                                                                               @jesusajimenezp.

La comunidad barquisimetana en especial y la del estado Lara en general, conocen o perciben que el Colegio de Abogados del Estado Lara, o CAEL, como le denominamos los agremiados, está atravesando por momentos muy tormentosos. En parte porque todas las instituciones que integran  las sociedades intermedias, es decir, la que están entre el individuo y el Estado, son presas fáciles de los gobiernos socialistas donde solo se reconoce fuerza política a esos dos extremos: las personas naturales, a quienes controla a través de diversos mecanismos, como políticas salariales; producción y distribución de alimentos; limitaciones crediticias etc y a quienes permiten asociarse únicamente en órganos de poca proyección, como las cooperativas o asociaciones de vecinos, siempre que les sean afectos.

Al Estado el socialismo le confiere todo  el poder pero centralizado, no admite que los órganos superiores que lo componen junto al ejecutivo, básicamente  el legislativo y el judicial, puedan  ejercer sus funciones propias y que se controlen entre sí. Todo debe ser regido por un gobierno central. Esto explica cómo es que se imposibilitó que la Asamblea Nacional, con mayoría opositora calificada en el 2016 – 2021, pudiera legislar,  controlar y participar en decisiones capitales de la República, al ser castrada por el Poder Judicial y, éste a través de diferentes tácticas de las cuales he hablado en otras reflexiones anteriores, comenzando desde el llamado Congresillo en 1999. Lo anterior debo decirlo como antesala obligada, pero no percibo que sea el problema actual y mayor en el Colegio de Abogados del Estado Lara.

CAEL es una corporación, que en el Derecho de origen romano son asociaciones de personas con intereses colectivos, aunque tenga personalidad jurídica propia. Es diferente a la concepción en el Derecho anglosajón, donde el término se refiere a la unión de diferentes empresas de gran capital, que nosotros conocemos como consorcios. Esta definición es importante para entender la fuerza que los abogados de Lara representamos en nuestra comunidad, primero, porque como corporación ejercimos una gran función, hemos sido centro de debates; de difusión de las ciencias del Derecho; lugar de reunión de las asociaciones y gremios de la región y de Venezuela; cumplido tomando iniciativas legislativas; centro de referencia regional y nacional; hemos prestado asesoramiento e incluso seguido procedimientos judiciales para ayudar a los más pobres a obtener justicia o como centro de conciliación; nos hemos destacado en actividad deportiva y cultural con una coral y el cine club, que funcionaron con mucho  esplendor.

Individualmente nuestros abogados afiliados han figurado en las academias; en funciones legislativas, como diputados y senadores;  sabios y probos jueces en todas las instancias; escritores; ilustres litigantes y jurisconsultos a los cuales no voy a individualizar porque la lista es prolija y seguro dejo algunos, muy meritorios, sin listar.

Por diferentes causas nuestra última junta directiva se disolvió. Ella fue electa para el período 2017 – 2019 y no fue renovada tempestivamente, ya que no es fácil realizar un proceso electoral que, en principio,  debería ser interno por la naturaleza corporativa ya analizada, pero que por disposición constitucional es ahora controlada por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral.

Uno de los dos integrantes de esa directiva atomizada por el cumplimiento del término, pero en funciones por el principio de continuidad administrativa y sin el apoyo del otro directivo, de su mismo origen y potestades,  convocó en forma unilateral y arbitraria para designar una nueva junta, lo que es ilegal porque solo le es posible a la Asamblea General,  nombrar una comisión electoral para que cumpla el mecanismo diseñado por el CNE y bajo su supervisión proveernos de los órganos directivos regulares por dos años.

Como quiera que CAEL tiene compromisos laborales, mercantiles y civiles con la preservación de sus activos y demás funciones que le son propias y, por la situación especial sobre venida por la muerte del presidente, mi apreciado amigo José Luis Machado Astudillo (QEPD), en base a otras fuentes alternativas a la ley porque no está la potestad específicamente prevista, podemos mediante  Asamblea General de Agremiados nombrar transitoriamente a los directivos faltantes.

A falta de quórum en la primera convocatoria, conforme a los dispositivos aplicables, se debía llamar a una segunda asamblea, donde se tomarían las decisiones de agenda. La casi unanimidad de los presentes se opuso a aprobar los puntos en debate porque, como antes dijimos, sería ilegal. Se convino entonces en nombrar una comisión especial que se encargaría de enderezar los entuertos. Esta comisión especial, fue designada por la Reunión Ampliada de abogados que allí mismo se constituyó y que no refrendó la Asamblea ilegal por el objeto para lo cual fue convocada.

Se autorizó preparar la convocatoria con el fin de “elegir la Comisión Electoral para  regir el próximo proceso  para elegir la nueva junta directiva del CAEL, así como adoptar  medidas prudentes y necesarias destinadas a lograr el funcionamiento normal de la dirección y administración del CAEL,  mientras se elige la nueva Junta directiva”. En mi criterio, por tener la Reunión Ampliada su fuente en una Asamblea General, aunque ésta formalmente no se haya constituido, es la que debe representarnos como voceros, sin funciones administrativas ni de disposición, hasta que se juramente una nueva junta directiva.

El primer y único convocante, a la vez secretario de la junta 2017 – 2019, después que se disolvió la reunión hizo un acta,  no sé con cuántos presentes si es verdad que estaban en el sitio y designó una “junta directiva” que ha  anunciado públicamente y ante órganos abogadiles nacionales e instituciones del Estado, como nuestros representantes legítimos, cuando ciertamente no lo son.

Un grupo de abogados, cumpliendo la ley que nos rige, y por mandato de la Comisión Especial designada  para esta misión, está cumpliendo los pasos legales y reglamentarios para cubrir las vacantes y designar la comisión electoral. Entre tanto estaremos en un limbo jurídico.

Personalmente recomiendo a todos los organismos gremiales, públicos y privados; especialmente a los demás Colegios de Abogados, a la  Federación de Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social; contratistas, proveedores y trabajadores; a la colectividad en general, entender que estamos en un período especial, pero que CAEL volverá con mayor fuerza y renovados bríos a prestar sus funciones internas y externas y a defender sus bienes.

Respecto a quienes hayan contratado con CAEL, deben asesorarse bien con profesionales del Derecho de su confianza. En mi criterio,  no existe actualmente persona o directiva facultada para recibir dinero, ni bienes; tampoco para contraer activa o pasivamente obligaciones o compromisos  con la corporación. Solo los trabajadores pueden válidamente recibir sus salarios, sin que tengan obligación de repetir, es decir, devolver después lo recibido.

Quiera Dios que el Poder Ejecutivo entienda que somos capaces de resolver nuestros conflictos internos y que si llegamos a necesitar del Estado, será a través de los órganos de administración de justicia, cuyos fundamentos y potestades conocemos porque es nuestro oficio. Dios bendiga a CAEL y a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

08/03/2022.