Jesús A. Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
Desde hace algún tiempo siento me invade una
sensación de anomia. Hablo en primera persona por resultar más fácil
describirla, pero estoy seguro que es sentimiento común entre todos los
ciudadanos de Venezuela, en particular y, del mundo en general. La anomia es un
estado de carencia o degradación de normas sociales. Sentimos que no estamos
regidos por leyes preestablecidas y que hemos vuelto a la edad de las cavernas,
cuando cada individuo aplicaba lo que le fuera más favorable sin cumplir
conductas generalmente aceptadas.La guerra
entre Rusia y la OTAN en defensa de Ucrania, irrespeta la Carta de la ONU
suscrita cuando el mundo apenado por los sesenta millones de muertos e
incontables lisiados que produjo la II guerra mundial, juró preservar las
generaciones venideras del flagelo bélico, reafirmó la fe en los derechos
fundamentales del hombre y se comprometió a crear las condiciones para conferir
fuerza coercitiva a los tratados internacionales, como fuente de paz y
prosperidad entre las naciones.
Nadie
está hoy muy seguro de las causas mediatas e inmediatas del enfrentamiento
entre los ex miembros de la URSS, solo sabemos que no tiene asidero alguno en
los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes y que la vida de hombres,
animales y vegetación en el planeta depende de lo que decida un grupo de
desquiciados. La sola amenaza de utilización de arsenal nuclear entre el
selecto grupo del Consejo de Seguridad de la ONU, ya constituye un delito y
para el resto de los mortales una sensación de anomia.
Por
Resolución del 27/09/2019 el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, designó una misión internacional independiente de
determinación de los hechos, relacionados con infinidad de denuncias sobre
violación de derechos individuales
fundamentales en Venezuela. Durante los dos años subsiguientes la misión presentó
sus observaciones denunciando “motivos
racionales” sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Ahora en el
tercer informe, se concretan dos circunstancias muy especiales: 1.- que tales
crímenes son cometidos por estructuras e individuos pertenecientes a los
servicios de inteligencia del Estado, como plan marco para reprimir a los
opositores del gobierno nacional. 2.- sobre la situación de los derechos
humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar.
En el
primer caso se describen específicamente los organismos involucrados y en el segundo se relatan hechos concretos relacionados con
explotación infantil y de indígenas, que son los grupos sociales más
vulnerables y con requerimientos de tutela especial; tratos crueles, inhumanos,
degradantes; enfrentamientos armados entre comandos paramilitares; constitución
y operaciones abiertas de sindicatos criminales etc. Me parece no ahondó mucho
la misión en la degradación ambiental, que es igualmente un bien que debe ser
protegido y constituye una de las más importantes generaciones relacionadas con
los DDHH.
La propia
misión señala que metodológicamente se aplicó el criterio de “motivos racionales para creer” como
estándar de prueba, la cual resulta más fácil de contrarrestar que el de “más allá de toda duda razonable”. La
inacción defensiva del Estado venezolano constituye fundados indicios de
veracidad en los dichos de la misión, lo que también nos sume dentro del peligroso ánimo de la
anomia.
Ante la
ineficacia de los gobiernos de turno,
tendemos a pensar en las bondades de la alternancia como una de las
características fundamentales de la democracia. Cuando vemos las denuncias
proferidas sobre la administración de Monómeros, una pujante empresa venezolana
con sede en Colombia, otorgada a un grupo de la oposición vernácula y la
ausencia de una apropiada rendición de cuentas por sus directivos, también
sentimos la posibilidad que en el futuro
continuemos sin reglas claras de conducta, si no escogemos con
propiedad, con seriedad, el necesario relevo para los actuales gobernantes.
Por
cierto, algunos políticos involucrados en el caso Monómeros, tratan de diluir
su responsabilidad en la societas delinquere non potest, vieja
tesis del Derecho Penal según la cual sólo son imputables las personas
naturales. Para su información, hoy se aplica la doctrina de la responsabilidad
penal empresarial, porque la sociedad es el bien jurídico tutelado ante la
acción ilegítima de empresas o corporaciones, dominadas por personas naturales
tras bastidores, por lo que llega hasta ellos la potestad punitiva,
extendiéndose así la acción de la
justicia porque le hicieron mal a Venezuela, a Colombia y al sector opositor
que les dio voto de confianza.
El mundo,
el gobierno de Venezuela y la oposición nacional tienen que asumir el
cumplimiento de normas establecidas, lógicas en Derecho y en política, para
salir de este marasmo en el cual nos encontramos, pero lógicamente es necesario
que los ciudadanos aceptemos la responsabilidad personal y colectiva, de
enfrentar los entuertos creados y en los cuales tienen interés de continuar los
dirigentes actuales, lo que no debemos permitir. Dios bendiga a Venezuela!
27/09/2022.
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