Extinción de dominio, ley rauda y sin análisis suficiente.

 

Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp

Las leyes no son buenas o malas. Ellas son actos sancionados por la Asamblea Nacional en su rol como cuerpo legislador, reguladoras de la acción y organización de los Poderes Públicos y de la conducta de los ciudadanos, con el fin de establecer pautas que permitan el establecimiento de la paz, la seguridad  y la armonía entre los seres humanos.

Si queremos adjetivarlas le pudiéramos agregar los vocablos  “útil” y “oportunas”. Su conveniencia depende del beneficio que presten en  un periodo determinado para la distribución de la justicia social, en lo cual juegan papel preponderante la intención del legislador que las aprueba y,  la sabiduría, probidad  y experiencia de los jueces que la aplican en los casos concretos.

El pasado 27 de abril del 2023 fue sancionada por la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, al día siguiente fue remitida a la Sala Constitucional, en procura de la declaratoria de constitucionalidad del carácter orgánico que exigen el artículo 203, segundo aparte de la CN1999, en concordancia con el 25,14 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia,  quien la aprobó inmediatamente, sin el análisis profundo que requiere la figura,  para ser publicada en la Gaceta Oficial n° 6.745 Extraordinaria  del mismo 28 de abril del corriente año.

          Sostenemos que la aprobación de la ley, independientemente de cualquier consideración, requería de un profundo examen de legalidad y constitucionalidad, además de su naturaleza orgánica, porque  no tenemos antecedentes doctrinarios ni jurisprudenciales como fuentes inmediatas en relación al concepto de  la extinción de dominio; la ley no tuvo debida discusión en el seno de la Cámara como requisito para la sanción  ni fue oída  la comunidad apropiadamente dentro de este proceso de formación; no tiene un mandato del constituyente para soportar las diferencias profundas entre el supuesto normativo de la extinción de dominio con vetustas y consolidadas instituciones provenientes desde el Derecho Romano, como el derecho de propiedad, la prohibición de confiscación (salvo las excepciones contenidas en la CN1999), la prescripción  de acciones reales y personales y la irretroactividad de las leyes.

          Basta, unido al cortísimo segmento temporal entre la recepción de la ley y la publicación de la sentencia (el mismo día),  para determinar la inmotivación de la decisión que declara el carácter orgánico de la ley bajo comentario, el hecho que consta de 33 páginas, de las cuales 25 contienen la transcripción literal de las normas remitidas por la Cámara Legislativa, 2 se utilizan en referir genéricamente las bases consideradas para la declaratoria de constitucionalidad en otras leyes como la de Telecomunicaciones y 2 en el Dispositivo y las firmas de los Magistrados que integran la Sala correspondiente.  

            Es un hecho público, notorio y comunicacional que la Fiscalía General de la República mantiene en la actualidad un procedimiento relacionado  con supuestos delitos de corrupción administrativa en las principales empresas públicas (PDVSA y las ubicadas en Guayana), también tiene bajo investigación los hechos presuntamente dolosos ejecutados durante el ejercicio ministerial presidido por el  ingeniero Rafael Ramírez, directamente acusado por el entonces presidente de PDVSA y Vice Ministro de Economía Tareck EL Aissami todo lo cual pudiera, en plano hipotético,  justificar la urgencia en la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial,  y su requerimiento para la preservación del patrimonio público y la moral republicana, en  lo cual el Estado pudiera necesitar   de instrumentos eficaces para su defensa.

Pero también es cierto, que todo debe ser conducido dentro de esquemas debidamente asentados y reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque en Venezuela no contamos con un mandato constituyente como en Colombia, con el artículo 34 de su Carta Magna de 1991 para desarrollar la compleja materia de la extinción de dominio, si fueron aprobados en la CN1999 dos artículos que de haberse regulado en forma oportuna por las diferentes Asambleas desde el año 2000, tendríamos el basamento con leyes debidamente discutidas y sancionadas e instituciones sólidas para la  defensa del Tesoro Público y el adecentamiento de la conducta administrativa de los funcionarios, incluyendo a los particulares y sociedades interpuestas cómplices de tales delitos, utilizados para ocultar los bienes directos o provenientes de las actividades ilícitas.

            Estos dispositivos son el artículo 116 CN1999, que permite la confiscación de bienes, previa sentencia firme,  a personas naturales y empresas nacionales o extranjeras, responsables de delitos contra la cosa pública. También es importante el artículo 271 CN1999 que impide la prescripción de las acciones judiciales en tales casos, o ante los delitos de tráfico de estupefacientes o por violación de DDHH.

Lastimosamente debo expresar que aunque el fin de la ley de Extinción de Dominio pareciera  justificada en teoría, porque el Estado requiere de instrumentos modernos para defenderse de las bandas delicuenciales que minan su patrimonio, la forma utilizada transgrede nuestro sistema jurídico y eso es igualmente grave. Creo debería procederse de inmediato aplicando las pautas procesales ya reconocidas en nuestro Código Penal y la Ley Anticorrupción más las afines, mientras se sigue el proceso legislativo para la creación de otros instrumentos más eficaces.

            En artículo especial para la Revista Lexitum, me dispongo analizar la sentencia líder dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, sobre el carácter exequible de algunos artículos de la Ley 1708 de enero del 2014 que aprobó el Código de Extinción de Dominio, vigente en el hermano país. Aun cuando se trata de una materia muy compleja y no soy especialista en la materia, considero una obligación ahondar hasta donde sea posible en el tema, siguiendo sus efectos en países del área como  Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia donde  constituyen Derecho positivo, mientras que Costa Rica y Ecuador debaten conscientemente proyectos para su implementación, y así   transmitir esas experiencias  de la mejor buena fe y voluntad, ya que la aplicación de la ley en comento, fundamentalmente por su improvisación,   presagia  incidencias tormentosas para la paz y la seguridad jurídica de la Nación. ¡Dios bendiga a Venezuela!                                                                                                                                                                                                                  jesusjimenezperaza@gmail.com                                                                                                                   04/05/2023.